Deja operativo en Ciudad Cooperativa Cruz Azul 33 detenidos
Tras un operativo realizado por autoridades de Hidalgo y el Estado de México, Animal Político confirmó la detención de 33 personas, quienes mantenían resguardada de manera ilegal la planta de cemento de la Cooperativa la Cruz Azul, ubicada en la ciudad de Tula.
Mediante el Registro Nacional de Detenciones, se confirmó que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvo a los habitantes de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, en Tula, que mantenían guardias en la planta, los mismos que fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo.
Por su parte, miembros de la disidencia de la cooperativa difundieron mediante redes sociales la detención de 31 personas, quienes habrían sido trasladadas a Pachuca a las 5:00 de la mañana de este jueves 12 de febrero.
El grupo que se hace llamar en redes La Nueva Cruz Azul acusó a las autoridades de la detención ilegal de sus compañeros, quienes se mantenían al interior de la cementera durante el operativo.
“No nos proporcionan nombres, ni estado de salud de nadie, lo cual es muy importante para todos los familiares que vengan a preguntar. Necesitamos más información respecto a la toma violenta y detención de trabajadores, Julio Menchaca. Ayuda, Claudia Sheinbaum Pardo, no es un conflicto entre particulares, el tema Cruz Azul está afectando a toda una comunidad con miles de familias”, señalaron en mensaje en Facebook publicado la mañana de este jueves.
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Postura oficial: 33 personas detenidas y sin reportes de desaparecidos o fallecidos
Horas más tarde, autoridades estatales difundieron un comunicado en el que confirmaron que, derivado de las acciones ministeriales realizadas por la fiscalía del Estado de México en la planta cementera, fueron detenidas 33 personas.
Según el informe, 31 de ellas son investigadas por desobediencia y resistencia de particulares, mientras que las otras dos fueron aseguradas por portación de armas, al encontrárseles dos revólveres calibre .38.
Las autoridades enfatizaron que no hubo personas desaparecidas ni fallecidas durante el operativo y precisaron que la Policía de Hidalgo acudió desarmada “para resguardar a la población civil” y evitar nuevos episodios violentos, considerando los antecedentes registrados en la planta.
Aunque el reporte oficial habla de 33 detenidos, el listado obtenido a través del Registro Nacional de Detenciones y proporcionado por las propias autoridades contiene solo 32 nombres, debido a que una de las entradas está duplicada.
Entre las personas registradas se encuentran Luis René Soberanes González, Juan José Godoy Lugo, Juan Luis Jiménez Larios, Miguel Ángel Morales Luna, Sergio Trejo Martínez, Adrián López Peña, Alejandro Cruz Magos, Carlos Antonio Lugo Jiménez y Carlos Daniel Avendaño Avendaño.
También figuran César Rodríguez Cano, Eduardo Morales Pozo, Emilio Rodríguez Puebla, Emeterio García Falcón, Emmanuel Acevedo Avendaño, Fernando Bravo García, Guillermo Acevedo Avendaño, Guillermo Godoy Lugo, Héctor Hernández Zuñiga, Hilario González Luna, Irving Josué Ayala Sánchez, así como Isaías Hilario González Lugo y Guadalupe de la Luz Trejo Barrera.
El registro incluye además a José Domingo Hernández Vázquez, José María Soberanes González, Juan Alberto Aguilar Camargo, Juan Alberto Aguilar Maceyra, Bernardo Jiménez Corona, Óscar Rodríguez Almaraz, Cruz Martínez Reséndiz, Ricardo Zúñiga Godoy, Carlos Mauricio Cruz Magos y Luis Benancio Ángeles Luna.
El operativo
Fue durante la madrugada de este jueves cuando la Fiscalía General de Justicia del Estado de México llevó a cabo una diligencia ministerial de restitución en la planta cementera de la Cooperativa Cruz Azul, ubicada en Tula, Hidalgo, lo cual fue confirmado por Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración, quien señaló en un video de redes sociales que esto marcaba el inicio de “una nueva etapa de diálogo”.
Tras la orden de un juez del Estado de México, elementos de la fiscalía ejecutaron el mandamiento judicial en la cementera y desplegaron un operativo de seguridad en coordinación con la Secretaría de Seguridad de Hidalgo.
De acuerdo con Criterio Hidalgo, alrededor de las 4:00 de la mañana de este jueves, se reportaron detonaciones desde el interior de Ciudad Cooperativa Cruz Azul, hecho que movilizó a los cuerpos de seguridad. Según testigos, se llegaron a escuchar ráfagas de armas de grueso calibre e incluso explosiones.
Antecedente violento
La disputa por el control de la planta de la Cooperativa Cruz Azul en Ciudad Cooperativa, Tula de Allende, Hidalgo, se ha convertido en uno de los conflictos empresariales y laborales más prolongados y violentos del país, con impacto directo en la economía regional y en la vida comunitaria.
El 23 de septiembre de 2024 se reportó un intento de toma de la planta cementera. En el sitio se desató una riña entre grupos en disputa que dejó personas lesionadas y detonaciones de arma de fuego en distintos puntos de la ciudad cooperativa.
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Tras estos hechos se suspendieron clases en escuelas de la zona por motivos de seguridad. El gobierno municipal pidió a la población resguardarse en sus hogares. Se desplegaron unidades médicas y vehículos de apoyo. La planta fue resguardada por trabajadores, mientras policías municipales y estatales reforzaron la vigilancia.
El episodio reactivó la tensión en una comunidad que arrastra años de confrontación interna.
Origen del conflicto: una pugna por el control (2020)
La crisis se remonta al 15 de septiembre de 2020, cuando el grupo encabezado por Víctor Manuel Velázquez denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a la facción liderada por Federico Sarabia, detenido el 1 de septiembre de 2025 por presunto desvío de recursos hacia empresas vinculadas con operaciones simuladas.
Aunque en abril de 2021 una Asamblea Extraordinaria ratificó a Velázquez y a José Antonio Marín en los consejos de Administración y Vigilancia, respectivamente, la disputa escaló en diciembre de ese año cuando, pese a una resolución judicial que otorgaba la posesión de la planta a Velázquez, la facción de Sarabia retomó el control de las instalaciones.
Hay muertes en esta historia
El momento de mayor violencia ocurrió el 27 de abril de 2022, cuando un enfrentamiento armado entre ambas facciones dejó ocho personas muertas y al menos 12 heridas.
Entonces, de acuerdo con autoridades estatales, más de 500 cooperativistas participaron en el intento de ingreso, se registraron vehículos incendiados y agresiones a trabajadores, y más de diez personas fueron detenidas tras los hechos.
La cooperativa, encabezada por José Antonio Marín y Víctor Velázquez, condenó entonces la violencia y sostuvo que sus acciones habían seguido la vía legal. El grupo disidente fue acusado de permitir el ingreso de personas ajenas a la planta y de agravar el conflicto.
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Las medidas tienen por objeto aumentar el control israelí sobre la Cisjordania ocupada en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
Los palestinos, varios países árabes, grupos israelíes contra la ocupación y Reino Unido han criticado las nuevas medidas aprobadas por el gabinete de seguridad de Israel para la Cisjordania ocupada, diciendo que equivalen a una anexión de facto.
El ministro de Finanzas israelí de extrema derecha, Bezalel Smotrich, anunció las medidas que facilitarían a los colonos judíos la toma de control de tierras palestinas. “Seguiremos destruyendo la idea de un Estado palestino”, afirmó.
Todos los asentamientos israelíes en Cisjordania se consideran ilegales según el derecho internacional.
Las medidas, que se espera que sean aprobadas por el máximo comandante militar israelí en Cisjordania, tienen por objeto aumentar el control de Israel sobre el territorio en materia de derecho inmobiliario, planificación, concesión de licencias y aplicación de la ley.
El anuncio se produjo pocos días antes de la reunión prevista este miércoles entre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el presidente estadounidense, Donald Trump, en Washington.
Los asentamientos en Cisjordania se expandieron el año pasado a su ritmo más rápido desde que se inició el seguimiento, según denunció la ONU.
Entre las nuevas medidas israelíes se encuentra la anulación de una prohibición vigente desde hace décadas sobre la venta directa de terrenos en Cisjordania a judíos, así como la desclasificación de los registros catastrales locales. Hasta ahora, los colonos solo podían comprar viviendas a empresas registradas en terrenos controlados por el gobierno de Israel.
Los ministros israelíes presentaron el cambio como “una medida que aumentará la transparencia y facilitará la redención de tierras”.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel afirmó posteriormente que se trataba de corregir una “distorsión racista” que “discriminaba a los judíos, estadounidenses, europeos y cualquier persona que no fuera árabe en lo que respecta a la compra de bienes inmuebles en Judea y Samaria”.
El gabinete también decidió derogar el requisito legal que exigía la obtención de un permiso de transacción para completar cualquier compra de bienes inmuebles, reduciendo así la supervisión destinada a prevenir el fraude.
La preocupación de los palestinos y del mundo árabe
Los palestinos temen que estas medidas aumenten la presión entre los habitantes de Cisjordania para que vendan sus tierras, y que se produzcan actos de falsificación y engaño.
El presidente palestino, Mahmud Abás, que lidera la Autoridad Palestina (AP), que gobierna partes de Cisjordania, calificó las medidas de “peligrosas” y de “intento abierto de Israel de legalizar la expansión de los asentamientos, la confiscación de tierras y la demolición de propiedades palestinas, incluso en zonas bajo soberanía palestina”.
Pidió a Estados Unidos y al Consejo de Seguridad de la ONU que intervinieran de inmediato.
La ONG israelí Peace Now afirmó que la decisión del gabinete ponía en peligro la Autoridad Palestina e implicaba la cancelación de acuerdos y la imposición de una anexión de facto.
Acusó al gobierno israelí de “romper todas las barreras posibles en el camino hacia el robo masivo de tierras en Cisjordania”.
Reino Unido se sumó a las críticas condenando “enérgicamente” la medida y pidió a Israel que revocara la decisión, afirmando que “cualquier intento unilateral de alterar la composición geográfica o demográfica de Palestina es totalmente inaceptable y sería incompatible con el derecho internacional”.
Los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, Jordania, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Pakistán, Turquía, Arabia Saudí y Qatar calificaron el anuncio como “una aceleración de los intentos de anexión ilegal y desplazamiento del pueblo palestino”.
En su declaración “advirtieron contra las continuas políticas expansionistas y las medidas ilegales aplicadas por el gobierno israelí en la Cisjordania ocupada, que alimentan la violencia y el conflicto en la región”.
Los derechos sobre la tierra se encuentran en el centro del conflicto entre Israel y Palestina, y la venta de terrenos a colonos es un negocio turbio en el que a menudo intervienen intermediarios.
La Autoridad Palestina lo considera traición y, por lo tanto, técnicamente se castiga con la pena de muerte, aunque a los condenados se les suele imponer penas de cárcel.
La expansión de los asentamientos
Otras medidas controvertidas anunciadas por Smotrich, responsable ministerial de las políticas de asentamientos, y por el ministro de Defensa, Israel Katz, incluyen la transferencia de la concesión de licencias de construcción exclusivamente a las autoridades israelíes en la Tumba de los Patriarcas y sus alrededores, un importante lugar religioso.
Conocida con este nombre por los judíos y como Mezquita de Ibrahim por los musulmanes, este lugar situado en el corazón de la volátil ciudad palestina de Hebrón es venerado por judíos, musulmanes y cristianos como el lugar de enterramiento de Abraham, Isaac y Jacob. Es el segundo lugar más sagrado del judaísmo y el cuarto del islam.
Las nuevas medidas también otorgan a los organismos israelíes poderes de supervisión y ejecución en materia medioambiental y arqueológica en las zonas administradas por la Autoridad Palestina.
Además, se reactivaría un comité para permitir al Estado de Israel realizar compras “proactivas” de terrenos en Cisjordania, lo que se presenta como “una medida destinada a garantizar reservas de terreno para los asentamientos de las generaciones venideras”.
A raíz de los históricos Acuerdos de Oslo de 1993, la recién creada Autoridad Palestina recibió el control total sobre las zonas urbanas palestinas —aproximadamente el 20% del territorio— conocidas como Zona A.
En la Zona B, con un porcentaje similar, la Autoridad Palestina solo tenía control administrativo, mientras que Israel mantenía el control sobre la seguridad.
Israel conservaba el control total sobre la seguridad y la administración del 60% de Cisjordania, donde se encuentran los asentamientos, conocida como Zona C.
Más de 700.000 colonos israelíes viven en la Cisjordania ocupada y en Jerusalén Este (que Israel se ha anexionado), territorios capturados por Israel a Jordania en la Guerra de Oriente Medio de 1967. Los palestinos reclaman esas tierras para su futuro Estado independiente, junto con la Franja de Gaza.
La Administración Trump ha descartado la anexión israelí de Cisjordania, pero no ha intentado frenar la acelerada construcción de asentamientos por parte de Israel.
En respuesta a la última medida, un funcionario de la Casa Blanca reiteró la oposición de Estados Unidos a la anexión, afirmando que “una Cisjordania estable mantiene la seguridad de Israel y está en consonancia con el objetivo de esta administración de lograr la paz en la región”.
Smotrich, un colono que dirige un partido a favor de los asentamientos, ha prometido duplicar la población de colonos en Cisjordania.
En diciembre, el gabinete de Israel aprobó una propuesta para construir 19 nuevos asentamientos. Israel también se está preparando para iniciar la construcción de un polémico proyecto de asentamientos cerca de Jerusalén, conocido como E1, que dividiría efectivamente el norte y el sur de Cisjordania.
Según la ONU, solo en 2025 se desplazó a más de 37.000 palestinos, una cifra récord, en un año en el que, según la organización, también se registraron niveles sin precedentes de violencia por parte de los colonos israelíes.
La coalición gobernante de Netanyahu incluye a muchos miembros favorables a los colonos que quieren que Israel se anexione Cisjordania, con la que afirman tener vínculos religiosos e históricos.
El primer ministro, que se enfrenta a unas elecciones a finales de este año, ha declarado que nunca aceptará la creación de un Estado palestino, ya que, según él, supondría una amenaza para la seguridad de su país.
En 2024, la Corte Internacional de Justicia, el máximo tribunal de la ONU, emitió un dictamen consultivo no vinculante en el que afirmaba que la ocupación israelí de los territorios palestinos era ilegal y debía terminar.
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