Por unanimidad, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), por medio del amparo en revisión 795/2023, votado y aprobado ayer miércoles 8 de mayo del 2024, determinó que el Estado Mexicano está obligado a garantizar el acceso a la reparación integral del daño de la familia Ponce Ríos, desplazada del estado de Chihuahua por la violencia del crimen organizado.
Esta decisión sienta un precedente judicial de gran importancia para esta familia y también para las más de 300 mil víctimas de desplazamiento interno forzado que se calcula que hay en el país.
Las y los representantes legales que han acompañado el caso de la familia Ponce Ríos resaltaron que, con este fallo, la justicia mexicana está reconociendo la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las víctimas de desplazamiento, y además se está marcando el camino que deben seguir las instituciones públicas que atienden los casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos.
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Esta decisión se produce después de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no emitiera una resolución de la reparación del daño sobre el caso de la familia Ponce Ríos, a pesar de disponer de un extenso expediente que detalla los hechos de violencia que sufrieron en los últimos 14 años. En el documento se expone que, en el 2010, aproximadamente 100 miembros de esta familia fueron desplazados de distintos municipios del estado de Chihuahua debido a la violencia perpetrada por grupos del crimen organizado y la impunidad con la que operaban. Tras una serie de intimidaciones, secuestros y asesinatos de sus integrantes, huyeron de su lugar de origen hacia distintos estados de la República.
Desde su desplazamiento, los Ponce Ríos acudieron ante la extinta PROVICITMA en búsqueda de ayuda y reparación del daño y continuaron su búsqueda de reparación ante la CEAV. Pero su recorrido en está institución ha estado lleno de obstáculos: en el 2016 esta Comisión se negó a reconocerles su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos y su acceso al Registro Nacional de Víctimas (RENAVI).
A lo largo de este tiempo, la familia Ponce ha tenido que enfrentar las consecuencias del desplazamiento sin recibir soluciones ni atención por parte de las autoridades. En mayo de 2023, estas omisiones tuvieron repercusiones: el señor Víctor Manuel Ponce Ríos, una de las víctimas, fue secuestrado en el Estado de Jalisco y encontrado sin vida en Zacatecas. Esta pérdida refleja la realidad a la que se enfrentan las víctimas en México y el ciclo de violencia en el que están inmersas.
Ahora bien, más allá del reconocimiento del más alto tribunal de justicia, lo cierto es que hasta el momento el reconocimiento del Estado de la existencia del fenómeno del desplazamiento forzado interno no ha tenido aún grandes repercusiones en beneficio de las víctimas, ni en la prevención del fenómeno.
La activista Ligia de Aquino, especialista en el tema, recordó en este sentido que ya hay varios antecedentes de reconocimiento gubernamental previos a 2019, primer año del actual gobierno de López Obrador, entre ellos la Ley de Chiapas (2012); la Ley de Guerrero (2014), la reforma a la Ley General de Víctimas (2017), la Recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como el Informe (2016) y Protocolo (2017) elaborados por dicha Comisión.
Sin embargo, hasta ahora, los casos de desplazamiento interno como el de la familia Ponce continúan siendo invisibilizados, subestimados e incluso negados por las autoridades gubernamentales, expuso la activista.
Miguel Ángel Alcaraz, quien acompaña legalmente a la familia Ponce Ríos, señaló que este precedente debería llevar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a modificar sus formas de trabajo, desistir de “la permanente obstaculización” para el acceso a servicios y procedimientos, y atender la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas que buscan en la CEAV “una institución sensible a sus necesidades”.
A partir de este momento, las personas desplazadas contarán con un precedente judicial emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante el cual se reconoce la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas desplazadas y en donde se hace especial énfasis en que los principios previstos en la Ley General de Víctimas reconocen esta situación especial de vulnerabilidad, y, que, quien lo opera (CEAV), tiene que observar y delinear su trabajo conforme a ello, explicó el representante legal de las víctimas.
Por su parte, el abogado especializado en temas de litigio de Derechos Humanos, Víctor Alonso Del Pozo, señaló que esta sentencia es importante porque supone un reconocimiento a la larga lucha que ha dado la familia Ponce “para combatir la impunidad, el olvido y la negligencia estatal”.
“La Corte vio la necesidad de poner un alto al vaivén burocrático y judicial por el que han atravesado las personas desplazadas durante la última década, por lo que tomó la decisión de ordenar una reparación integral que deberá implementar en corto plazo”, planteó.
Del Pozo agregó que la sentencia es muy relevante por sí misma, pero ésta “quedará vacía de contenido si no se asume con seriedad el proceso de ejecución de la decisión judicial”. De ahí, subrayó, que resulte muy valioso que la Corte haya fijado plazos estrictos para reparar el daño a las víctimas.
¿Qué sigue para la familia Ponce Ríos?
Miguel Ángel Alcaraz explicó que procesalmente sigue la etapa de cumplimiento de ejecutoria de amparo, en donde la CEAV tendrá que emitir una resolución motivada y fundada, en la que deberá atender de manera pormenorizada la multilateralidad de los daños causados a las quejosas en el amparo (más de 90), tanto en su calidad de víctimas de violaciones a derechos humanos, como de víctimas del delito, considerando sus características y necesidades especiales, tomando en consideración si la víctima pertenece a un grupo en condiciones de vulnerabilidad, como niñas, niños y adolescentes, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y otros elementos de interseccionalidad.
Alcaraz subrayó también que el cumplimiento del amparo involucrará no solo a la CEAV, sino a diversas autoridades federales, estatales y municipales, por lo que tendrá que realizarse un verdadero ejercicio de coordinación gubernamental para lograr reparar de forma integral el daño de la familia Ponce Ríos.
Esta resolución es significativa no solo por el reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas, sino también porque resalta la importancia de la reparación integral del daño como un aspecto fundamental en la atención a las víctimas de desplazamiento forzado interno y sienta las bases para una mayor protección y atención hacia las personas desplazadas internamente en México.
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La familia de origen iraquí había pedido asilo en varios países de Europa, pero dicen que se lo denegaron y les dijeron que iban a ser deportados.
Ahmed Alhashimi está en la playa, gritando a las olas que van y vienen, golpeándose y arañándose el pecho, entregándose al dolor, la rabia y la culpa, que no desaparecen.
“No pude protegerla. Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía”, solloza.
La semana previa, al amanecer, en ese mismo tramo de la costa francesa al sur de Calais, el hombre de 41 años se vio atrapado dentro de un bote inflable mientras gritaba para pedir ayuda, arremetía contra los cuerpos que lo rodeaban y rogaba a la gente que se moviera para darle espacio y poder agacharse.
Quería así rescatar a su hija Sara, de 7 años, de la oscuridad sofocante en la que había sido aplastada.
“Sólo quería que aquel hombre se moviera para poder levantar a mi bebé”, explica Ahmed.
Se refiere a un joven que era parte de un grupo más grande que embarcó en el último minuto, cuando el bote ya estaba alejado de la costa.
El hombre primero lo ignoró. Luego lo amenazó.
“Eso fue como la muerte misma. Vimos gente morir. Vi cómo se comportaban esos hombres. No les importaba a quién pisaban, fuera un niño o la cabeza de alguien, joven o viejo. La gente empezó a asfixiarse”, cuenta Ahmed con amargura.
Aunque Ahmed es iraquí, su hija ni siquiera conocía ese país. Nació en Bélgica y pasó la mayor parte de su corta vida en Suecia.
En total, cinco personas murieron en el mismo incidente, víctimas de lo que debió parecer una agonizante estampida a cámara lenta.
Un equipo de la BBC presenció lo que sucedió.
Los traficantes escoltaban a sus pasajeros a través de la playa hacia un pequeño bote mientras usaban fuegos artificiales y empuñaban palos para protegerse de un grupo de policías franceses que intentaba, sin éxito, impedir que el grupo abordara en el bote.
“¡Ayuda!”
A medida que el barco se alejaba mar adentro, escuchamos a alguien gritar débilmente desde a bordo. Pero en la penumbra que precede al amanecer era imposible saber qué estaba pasando.
Al amanecer, la policía se alejaba ya de la orilla junto a un presunto traficante de personas y algunos de los migrantes que no subieron al bote.
Ahmed confirmó más tarde que el hombre que gritaba pidiendo ayuda era él, implorando desesperadamente a quienes lo rodeaban que salvaran la vida de Sara.
La esposa de Ahmed, Nour AlSaeed, y sus otros dos hijos, Rahaf, de 13 años, y Hussam, de 8, también quedaron atrapados entre la gente, pero podían respirar.
“Soy un trabajador de la construcción. Soy fuerte. Pero ni siquiera yo podía sacar mi pierna, atrapada en la multitud. No me extraña que mi pequeña tampoco pudiera. Estaba bajo nuestros pies”, dice Ahmed.
El cuarto intento
Este era el cuarto intento de la familia para cruzar de Francia a Reino Unido desde que llegaron a la zona hace dos meses.
La policía los sorprendió dos veces en la playa cuando luchaban por el seguir el ritmo del resto de migrantes, que corrían hacia el bote de un traficante.
Ahmed cuenta que esta vez, los traficantes -que cobraban US$1.600 por adulto y la mitad por cada niño-, les habían prometido que sólo 40 personas subirían a su bote, pero se sorprendieron cuando otro grupo de migrantes apareció en la playa e insistió en subir a bordo.
Sara estuvo tranquila al principio. Sostenía la mano de su padre mientras caminaban desde la estación de tren de Wimereux la tarde anterior. Luego, durante la noche, se escondieron en unas dunas al norte de la ciudad.
Poco antes de las 6 de la mañana, el grupo ya había inflado su bote. Luego, los traficantes les ordenaron que lo llevaran a la playa y corrieran con él hacia el mar antes de que la policía los interceptara.
Dice Ahmed que, de repente, un bote de gas lacrimógeno de la policía explotó cerca de ellos y Sara comenzó a gritar.
Una vez que subieron a la embarcación, Ahmed sostuvo a Sara sobre sus hombros durante aproximadamente un minuto, pero luego la bajó para ayudar a subir a bordo a su otra hija, Rahaf.
Fue entonces cuando perdió de vista a Sara.
Solo más tarde, cuando los equipos de rescate franceses los interceptaron en el mar y desembarcaron a algunas de las más de 100 personas hacinadas en el bote, Ahmed pudo por fin llegar hasta el cuerpo de su hija.
“Vi su cabeza en la esquina del barco. Estaba toda azul. Ya estaba muerta cuando la sacamos. No respiraba”, explica entre sollozos.
Desde entonces, las autoridades francesas atienden a la familia mientras esperan para enterrar el cuerpo de Sara.
“Era la única opción que tenía”
Ahmed dice que es consciente de las fuertes críticas en las redes sociales que ha enfrentado por parte de personas que le acusan de poner a su familia en un riesgo innecesario. Parece debatirse entre aceptar y rechazar tales acusaciones.
“Nunca me lo perdonaré. Pero el mar era la única opción que tenía. Todo lo que pasó fue en contra de mi voluntad. Se me acabaron las opciones. La gente me culpa y dice: ‘¿Cómo arriesgaste a tus hijas?’ Pero he estado 14 años en Europa y he sido rechazado”, dice Ahmed, y detalla los años de intentos fallidos para asegurar su residencia en la Unión Europea tras de haber huido de Irak después de lo que describió como amenazas de grupos de milicias.
Al parecer, Bélgica le denegó el asilo con el argumento de que Basora, su ciudad natal en Irak, estaba clasificada como zona segura.
Cuenta que sus hijos pasaron los últimos siete años con un pariente en Suecia, pero que recientemente le informaron que serían deportados, junto a él, a Irak.
“Si supiera que hay un 1% de posibilidades de quedarme con los niños en Bélgica, Francia, Suecia o Finlandia, me quedaría allí. Lo único que quería para mis hijos es que fueran a la escuela. No quiero ningún tipo de ayuda social. Mi esposa y yo podemos trabajar. Sólo quería protegerlos a ellos, a su infancia y a su dignidad”, continua.
“Si la gente estuviera en mi lugar, ¿qué harían? Aquellos que (me critican) no han sufrido lo que yo he sufrido. Ésta era mi última opción”, dice, apelando al gobierno británico en busca de solidaridad y apoyo.
Eva Jonsson, profesora de Sara en Uddevalla, Suecia, describe a la niña como “amable y buena” en un mensaje de vídeo enviado a la BBC.
“Tenía muchos amigos en la escuela. Jugaban juntos todo el tiempo… En febrero nos enteramos de que la deportarían y de que sería rápido. Nos avisaron con dos días de antelación”, explica.
Después de enterarse de su muerte, la clase se reunió en círculo y guardó un minuto de silencio.
“Es muy desafortunado que esto le pase a una familia tan agradable. He enseñado a (otros) niños de esta familia y me sorprendió mucho la deportación”, dice la maestra.
“Aún tenemos la foto de Sara delante de nosotros y la guardaremos aquí mientras los niños quieran”.
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