Integrantes del movimiento Lesbobatukada GDL denunciaron que fueron detenidas por elementos de la policía mientras participaban junto con comerciantes en una protesta por el cierre del Parque Rojo en Guadalajara, Jalisco.
Manuel Romo, secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara, informó que fueron detenidas 9 personas por faltas administrativas y que en este momento se encuentran “calificando su falta en el Juzgado Cívico que se encuentra ubicado en la Calzada Independencia”.
En entrevista con medios, indicó que solo son cinco mujeres detenidas: Nohemí, Alicia, Rosa, Alexis, Júpiter y cuatro hombres: Marco Francisco, Martín y Roberto.
En tanto, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), aseguró que las activistas detenidas son 10 mujeres.
Romo aseguró que es la tercera ocasión en que un grupo de manifestantes, comerciantes del parque no han aceptado ni han querido reubicarse y solo reinstalarse donde se puede ejercer el comercio.
“Cierran las principales avenidas de Guadalajara como lo es avenida Juárez y Federalismo. En esta ocasión, desde las 07:00 de la mañana un grupo de aproximadamente 70 personas cerraron las principales avenidas. Hubo varios ejercicios para acercarnos a platicar con ellos y pedirles que se retiraran. Llegó a tal punto esta situación que empezaron a agredir a elementos de policía y algunos civiles”, explicó el funcionario.
Indicó que el día lunes habrá una reunión con un representante de los comerciantes que se manifestaron esta mañana.
“Las otras personas insisten en estar en ese mismo espacio, y la realidad es que no es posible que puedan trabajar en un lugar que se está interviniendo y mucho menos en la vía pública de estas principales avenidas”, añadió.
Por su parte, el movimiento Frente Feminista de Jalisco denunció que las mujeres fueron sometidas con brutalidad por la policía.
“Vivimos un hecho sumamente indignante al ver los videos de tres compañeras de la Lesbobatukada GDL, además de comerciantes, mujeres y hombres en resistencia que protestaban contra el desplazamiento en los cruces de Juárez y Federalismo. En plena vía pública fueron arrastradas y golpeadas por avenida Juárez, subidas a patrullas a la fuerza y desde entonces desaparecidas sin información oficial”, señalaron.
Pidieron la restitución inmediata, pues estaban ejerciendo su derecho a la libre manifestación por lo que no cometieron delito alguno.
“Esto no es “seguridad pública”, es detención y desaparición forzadas, lesbofobia de Estado y limpieza cultural, al servicio de intereses empresariales y de extranjeros rumbo al Mundial 2026”, indicaron.
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Exigieron a la edil de Guadalajara, Verónica Delgadillo, “la presentación inmediata y con vida de nuestras compañeras, comerciantes y demás manifestantes” y al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a detener la represión y garantizar el pleno respeto a la protesta pacífica de mujeres y hombres.
“Comisión Estatal de Derechos Humanos, actúen ya: visiten, documenten y protejan a las nuestras compañeras, mujeres y hombres que hoy fueron detenidas, y exijan su liberación sin condiciones. Transparencia absoluta: informen dónde y en qué condiciones las tienen”, añadió el comunicado.
Exhortaron que haya un castigo ejemplar a quienes ordenaron y ejecutaron “esta desaparición forzada”.
“Tenemos el rostro de quien encabezó el operativo; en los comentarios de esta publicación anexamos su fotografía para que no haya impunidad”, señalaron.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países. La administración Trump anunció que apelaría la decisión.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha bloqueado los aranceles generalizados del presidente Donald Trump, asestando un duro golpe a un componente clave de sus políticas económicas.
El Tribunal de Comercio Internacional dictaminó que una ley de emergencia invocada por la Casa Blanca no otorgaba al presidente la autoridad unilateral para imponer aranceles a casi todos los países.
El tribunal, con sede en Manhattan, afirmó que la Constitución de EE.UU. otorga al Congreso poderes exclusivos para regular el comercio con otras naciones, y que esto no queda anulado por las facultades del presidente para proteger la economía.
La administración Trump anunció que apelaría la decisión minutos después de conocerse el fallo.
El fallo se basó en dos casos distintos. El Liberty Justice Center, una organización no partidista, presentó una demanda en nombre de varias pequeñas empresas que importan productos de países afectados por los aranceles. Al mismo tiempo, una coalición de gobiernos estatales de EE.UU. también impugnó los impuestos a la importación.
Estos dos casos representan los primeros desafíos legales importantes a los aranceles que Trump denominó como de “Día de la Liberación”.
Un panel de tres jueces dictaminó que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), una ley de 1977 en la que Trump basó su justificación para imponer los aranceles, no le otorga el poder para aplicar impuestos de importación tan amplios.
El tribunal también bloqueó un conjunto separado de gravámenes que la administración Trump había impuesto a China, México y Canadá, en respuesta a lo que calificó como el inaceptable flujo de drogas e inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos.
Sin embargo, el tribunal no abordó los aranceles aplicados a ciertos productos específicos, como automóviles, acero y aluminio, los que se amparan en una ley distinta.
La Casa Blanca ha criticado el fallo, aunque Trump aún no ha comentado directamente al respecto.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo el secretario de prensa adjunto de la Casa Blanca, Kush Desai, en un comunicado.
“El presidente Trump prometió poner a Estados Unidos primero, y la administración está comprometida a utilizar todos los mecanismos del poder ejecutivo para enfrentar esta crisis y restaurar la grandeza estadounidense”, añadió.
Sin embargo, Letitia James, la fiscal general de Nueva York -uno de los 12 estados que participaron en la demanda- valoró la decisión.
“La ley es clara: ningún presidente tiene el poder de aumentar los impuestos de forma unilateral cuando le plazca”, afirmó James.
“Estos aranceles representan un enorme aumento de impuestos para las familias trabajadoras y las empresas estadounidenses, lo cual habría provocado más inflación, daños económicos a compañías de todos los tamaños y pérdida de empleos en todo el país de haberse mantenido”, agregó.
Los mercados globales han respondido positivamente al fallo. Las bolsas en Asia subieron el jueves por la mañana, las acciones a futuro en EE.UU. también repuntaron, y el dólar estadounidense ganó terreno frente a monedas más estables como el yen japonés y el franco suizo.
La Casa Blanca tiene 10 días para completar el proceso burocrático para detener los aranceles, aunque la mayoría ya están suspendidos de todos modos.
El caso debe pasar por el proceso de apelación. Si la Casa Blanca no tiene éxito en su apelación, entonces la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés) emitirá instrucciones a sus funcionarios, explicó John Leonard, ex alto cargo del CBP, a la BBC.
Dicho esto, un tribunal superior podría ser más favorable a Trump.
Pero si todos los tribunales confirman el fallo, las empresas que han tenido que pagar los aranceles recibirán reembolsos, con intereses, por los montos abonados. Esto incluye los llamados aranceles recíprocos, que se redujeron al 10% para la mayoría de los países, pero se elevaban hasta el 145% para productos chinos, y que ahora están en el 30%.
Leonard señaló que no habrá cambios inmediatos en la frontera, y que por ahora los aranceles se deberán seguir pagando.
Las reacciones del mercado reflejaron, en parte, cómo los inversores “respiraron aliviados tras semanas de volatilidad extrema provocada por el tira y afloja de la guerra comercial”, escribió Stephen Innes, de SPI Asset Management, en un comentario.
Innes afirmó que los jueces estadounidenses enviaron un mensaje claro:
“La Oficina Oval no es una mesa de operaciones bursátiles, y la Constitución no es un cheque en blanco”.
“La extralimitación del ejecutivo puede haber encontrado finalmente su límite. Y con ello, una nueva dosis de estabilidad macroeconómica, al menos hasta el próximo titular”.
Por su parte, Paul Ashworth, de Capital Economics, dijo que el fallo “obviamente desbaratará el intento de la administración Trump de cerrar rápidamente ‘acuerdos’ comerciales durante la pausa de 90 días en los aranceles”.
Ashworth predijo que otros países preferirán “esperar y ver” qué ocurre a continuación.
El 2 de abril, Trump presentó un régimen arancelario global sin precedentes al imponer impuestos a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales de Estados Unidos.
Se estableció un arancel base del 10% para la mayoría de los países, junto con aranceles recíprocos más altos aplicados a decenas de naciones y bloques, incluidos la UE, Reino Unido, Canadá, México y China.
Trump argumentó que esta política económica generalizada impulsaría la manufactura estadounidense y protegería los empleos.
Los mercados mundiales se han sumido en la confusión desde el anuncio y, más tarde, después de que Trump diera marcha atrás y pausara los aranceles a medida que los gobiernos extranjeros acudían a la mesa de negociación.
A la confusión se sumó una prolongada guerra comercial con China, en la que las dos superpotencias económicas del mundo se enredaron en una escalada mutua de aranceles, que alcanzó su punto máximo con un impuesto estadounidense del 145% sobre las importaciones chinas y un arancel chino del 125% sobre productos estadounidenses.
Desde entonces, las dos mayores economías del mundo han acordado una tregua, con los aranceles de EE.UU. sobre China reducidos al 30%, y los aranceles chinos sobre algunas importaciones estadounidenses bajando al 10%.
El Reino Unido y EE.UU. también han anunciado un acuerdo para reducir los aranceles entre ambos gobiernos.
Trump amenazó con un arancel del 50% a partir de junio sobre todos los productos procedentes de la Unión Europea, tras expresar su frustración por el ritmo de las negociaciones comerciales con el bloque.
Sin embargo, luego acordó extender el plazo por más de un mes, después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmara que se necesitaba más tiempo.
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