Un juez imputó por presunta apología del delito a los integrantes del grupo musical Los Alegres del Barranco, acsu representante y a su promotor, a la vez que se abrieron dos nuevas carpetas de investigación en su contra por el mismo ilícito y este jueves tendrán otra audiencia en seguimiento a la indagatoria abierta tras su concierto en Villa Purificación, informó la Fiscalía de Jalisco.
La dependencia solicitó la vinculación a proceso y la prisión preventiva justificada ante lo cual la defensa pidió ampliar el término constitucional a 144 horas y la próxima audiencia se fijó para el lunes 12 de mayo.
Por lo pronto, como medidas cautelares, el juez ordenó que en este lapso de tiempo los imputados no podrán salir de Jalisco y tendrán que pagar una garantía económica de 1 millón 800 mil pesos, 300 mil cada uno.
Este proceso corresponde a la carpeta ya judicializada por su presunta responsabilidad en apología del delito luego de que en un concierto el 29 de marzo en el Auditorio Telmex en Zapopan proyectaran imágenes del Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Cabe destacar que tras darse a conocer este caso, el gobierno de Estados Unidos les revocó sus visas de trabajo y turismo.
Este lunes, a la par que se realizaba la audiencia de Los Alegres del Barranco, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que se abrieron dos nuevas investigaciones más en contra del grupo musical también por presunta apología del delito tras dos concietos dados el fin de semana.
El 3 de mayo se presentaron en la Monumental Plaza de Toros en Cihuatlán y el 4 en el Lienzo Charro Mario Orendain en Tequila, eventos en los cuales, bajo la modalidad de karaoke, proyectaron las letras de canciones alusivas a líderes criminales para que la gente cantara mientras ellos tocaban.
De acuerdo con videos que circulan en redes sociales, las canciones que tocaron en este formato son El 701, inspirada en Joaquín “El Chapo” Guzmán; El del palenque, dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho” y líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y El Doble R, apodo de Ricardo Ruiz Velasco, identificado como jefe regional del CJNG en Michoacán, Colima y Jalisco.
“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social abrió de manera oficiosa dos carpetas de investigación a un grupo musical por presunta apología del delito, tras recientes presentaciones en sendos Municipios del Estado de Jalisco”, señala el comunicado de la dependencia.
Al ser cuestionado sobre el tema, el gobernador Pablo Lemus calificó los hechos como “un abuso” e hizo un llamado a la fiscalía para que citen a declarar a los alcalde de Cihuatlán y Tequila.
“No es estar jugando a que medio cumplo, medio le hago caso. Yo no sé si los presidentes municipales se dejen que este grupo pues quiera verles la cara. Este ‘narcokaraoke’ que armaron durante el fin de semana lo único que hace es apología del delito”, mencionó.
Este lunes, al ser cuestionada sobre el caso de Los Alegres del Barranco y la prohibición en contra de la interpretación de corridos bélicos o ‘narcocorridos’ que se ha dado en algunas ciudades y estados, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que se debe apostar a la educación para que sea la propia gente la que rechace ese tipo de contenidos.
“Hay veces en que es necesaria la prohibición, el evitar que legalmente se haga algo, prohibir explícitamente. Y hay otros casos en que, desde mi perspectiva, es mejor la educación y que la propia gente y los propios jóvenes rechacen esa música”, mencionó.
La mandataria también mencionó haber visto una encuesta que reflejaba el rechazo de la sociedad a distintos géneros musicales que hacen apología del delito y destacó que se haya abierto un debate sobre si esta música debe prohibirse o no y cuál se considera que es el impacto que ha tenido.
“Desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva, más que prohibir es educar, orientar y que la misma gente y los mismos jóvenes vayan dejando de escuchar esa música”.
El entonces obispo Robert Prevost fue uno de los jerarcas católicos que tuvo que gestionar la crisis provocada por el escándalo del Sodalicio en la iglesia peruana.
El papa León XIV es recordado en Perú por su tiempo allí como obispo de Chiclayo y por su desempeño en otros cargos eclesiásticos.
Tras conocerse que el elegido para ocupar el trono de San Pedro sería el cardenal Robert Prevost, abundaron los testimonios de personas que lo trataron y destacaban su humildad, cercanía y compromiso.
Pero Prevost tuvo que lidiar con un asunto especialmente incómodo para la comunidad católica peruana: las denuncias de abusos y agresiones en el Sodalicio de Vida Cristiana, un influyente grupo religioso en el centro de un escándalo que la Iglesia trataba de zanjar y que dio lugar a un pulso interno en la jerarquía católica local.
El Sodalicio fue finalmente disuelto por el papa Francisco solo unos días antes de morir.
Según cuentan varias personas que vivieron el asunto desde dentro, el cardenal Prevost jugó un papel fundamental en la eliminación de un movimiento al que muchas de sus presuntas víctimas consideraban tan corrupto como invencible.
El grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana se fundó en 1971 por el laico peruano Luis Fernando Figari y llegó a tener más de 20 mil seguidores en 25 países.
Figari y otros fundadores buscaban crear un movimiento que contrarrestara el auge que en aquella época vivía en América Latina la llamada Teología de la Liberación.
En 1997 el papa Juan Pablo II le dio reconocimiento oficial y quedó integrado en la estructura de la Iglesia.
Según testimonios de quienes formaron parte del Sodalicio, la vida comunitaria estaba regida por una estricta disciplina y se exigía una obediencia total a los líderes.
En 2015, el libro “Mitad monjes, mitad soldados”, de los periodistas Pedro Salinas y Pao Ugaz, recogió los testimonios de una treintena de antiguos miembros del grupo que decían haber sido víctimas de abusos físicos, sexuales y psicológicos perpetrados por Figari y otros responsables de la organización.
La publicación del libro provocó una gran escándalo en Perú y removió los cimientos del mundo católico allí.
Óscar Osterling, antiguo sodálite que denunció haber sido víctima de Figari y los otros líderes, le dijo a BBC Mundo: “Durante años nadie nos hizo caso y queríamos que alguien adentro de la Iglesia tomara la bandera de la lucha de las víctimas”.
La Fiscalía peruana comenzó a investigar en 2015, pero nunca se produjo ninguna condena y las víctimas protestaban porque tanto la iglesia peruana como el Vaticano ignoraban sus denuncias.
El periodista Pedro Salinas, que ha seguido el tema todos estos años, asegura que “el Sodalicio parecía intocable, pero todo cambió después de un viaje del papa Francisco a Chille en 2018”.
El pontífice se encontró con una respuesta muy fría o incluso hostil.
Gran parte de la sociedad chilena estaba indignada por el escándalo de abusos sexuales a menores por el que había sido condenado el conocido sacerdote Fernando Karadima y que salpicó al obispo emérito de Osorno, Juan Barros, al que se acusaba de encubrir a Karadima.
En medio de la polémica por el destacado papel de Barros en la visita papal, varias iglesias fueron atacadas y en algunas los descontentos escribieron la palabra “pedofilia” y consignas críticas con la jerarquía católica.
Salinas estuvo en ese viaje a Chile y afirma que la actitud de Francisco “cambió radicalmente después de aquel desastre”.
El Papa expulsó del sacerdocio a Karadima y se abrió una crisis en la iglesia chilena que llevó al cese de siete obispos.
El efecto de lo ocurrido en Chile llegó hasta Perú.
“En 2019 Pedro Salinas me avisó de que la Conferencia Episcopal nos iba a atender en una reunión y me pidió que convocara a los antiguos sodálites que pudiera”, recuerda Osterling.
Según cuenta, una veintena de ellos, también de fuera de Perú, participaron en una reunión en la que, recuerda, estuvieron cinco obispos, entre ellos Robert Prevost.
“Era la primera vez que nos escuchaban en años”, asegura Osterling.
Según Salinas y Osterling, de aquella reunión surgió la propuesta de redactar una carta que sería enviada al Papa, pero que nunca se concretó porque el arzobispo Miguel Cabrejos, entonces presidente de la Conferencia Episcopal peruana, se echó atrás después.
BBC Mundo intentó sin éxito contactar con monseñor Cabrejos.
A partir de ahí, las cosas empezaron a moverse.
“Prevost se puso en la piel de las víctimas y comenzó a actuar de manera muy discreta y efectiva”, señala Salinas.
“En una ocasión recibí un mensaje de un sodálite que me decía que se iba a quitar la vida. Se lo hice llegar a Prevost y a Carlos Castillo (hoy arzobispo de Lima) y esa persona finalmente no se suicidó”, asegura Salinas.
En 2023 el papa Francisco llamó a Roma a Prevost, que asumió el cargo de prefecto del Dicasterio para los Obispos.
El nuevo prefecto forzaría la renuncia del obispo emérito de Piura, José Antonio Eguren, uno de los miembros de la élite que fundó el Sodalicio y que fue implicado en investigaciones periodísticas en un presunto caso de tráfico de tierras.
“La caída de Eguren fue un signo de que la cosa estaba girando y se estaba haciendo algo de justicia”, afirma Osterling.
Ese mismo año, el Papa enviaba a Perú al arzobispo de Malta Charles Scicluna y el sacerdote español Jordi Bertomeu con la misión de investigar los abusos en el Sodalicio.
El año siguiente, el Vaticano expulsó del Sodalicio a su fundador, una decisión que fue valorada entonces por la periodista especializada Pao Ugaz como “el anuncio del principio del fin de una organización que hasta ahora había gozado de impunidad”.
El fin se concretó solo días antes de la muerte del papa Francisco y su sucesión por Léon XIV. El 14 de abril de 2025 se firmaba en el Vaticano el decreto de supresión del Sodalicio por “la falta de carisma de origen divino en el fundador (Luis Fernando Figari) así como en los abusos y el comportamiento impropio y abusivo de Figari y de muchos de sus colaboradores”.
“Prevost fue fundamental en los últimos pasos, porque entre 2015 y 2023 no se hizo nada y es a partir de que él llega al Dicasterio para los Obispos que las cosas empiezan a moverse”, asegura Osterling.
El padre Bertomeu lo corroboró en unas recientes declaraciones a El Periódico de Tarragona: “El papel del nuevo papa León XIV en la supresión del Sodalicio es imprescindible: fue él mismo, como Prefecto del Dicasterio para los Obispos, quien estudió y valoró nuestras investigaciones y, en nombre de Francisco, exigió la renuncia del arzobispo José Antonio Eguren”.
Salinas sostiene que las acusaciones de que Prevost no elevó las denuncias de abusos sexuales cometidos por sacerdotes que recibió en su etapa como obispo de Chiclayo, que volvieron a aparecer en los medios en los días previos al cónclave que lo eligió Papa, responden a “una campaña de sectores conservadores vinculados al Sodalicio que buscaban desprestigiarlo ante la perspectiva de que fuera él quien sucediera a Francisco”.
Osterling cree que “las denuncias volvieron a surgir como venganza del Sodalicio, pero la Diócesis de Chiclayo aseguró que se enviaron al Vaticano y se tramitaron según el manual; otra cosa es que ese manual sea insuficiente y ese sea uno de los lastres que debe sacudirse la Iglesia en los próximos años”.
Ese será uno de los retos del nuevo Papa.
José Enrique Escardó, primer exsodálite que denunció públicamente abusos, mostró en sus redes su confianza en él y compartió el mensaje que le envió a Prevost tras conocer su elección como papa.
“Si bien no soy católico, creí en Francisco y en lo que hizo y creo en usted. Ojalá que pueda escuchar este mensaje. Creo que usted puede hacer muchísimo, muchísimo más. Estoy sumamente emocionado y espero poderlo visitar”.
Escardó también compartió la que dijo era la respuesta de León XIV: “Cuenta conmigo. ¡Fuerza y vamos adelante!”
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