Nepotismo estilo PAN: los Guzmán Avilés buscan consolidar cacicazgo de 30 años en Tantoyuca, Veracruz
El PAN busca consolidar un cacicazgo familiar de casi tres décadas, apenas interrumpido durante un trienio, en el municipio de Tantoyuca, Veracruz, donde el próximo domingo 1 de junio volverá a votarse para “renovar” el ayuntamiento.
El candidato del PAN en este municipio del norte veracruzano es Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, quien ha ocupado el cargo en tres periodos anteriores (1997-2000, 2004-2007 y 2010-2013), siempre bajo las siglas de Acción Nacional.
Su cuarto periodo gubernamental -en caso de ganar las elecciones– no sería un caso único en México, a no ser porque en los últimos 28 años se ha intercalado la presidencia municipal con dos de sus hermanos, fincando un largo periodo gubernamental apenas interrumpido en el periodo 2007-2010, cuando el priista Trinidad San Román les ganó las elecciones.
El candidato, de 64 años, es un polémico político que también ha sido tres veces diputado local y secretario estatal de Desarrollo Agropecuario en el gabinete del exgobernador Miguel Ángel Yunes.
Sus hermanos, Jesús Guzmán y Amado Guzmán, también han ocupado la presidencia municipal; su hermana, Rosario Guzmán, ha sido senadora y diputada federal por el PAN, y su otro hermano, Omar Enrique Guzmán, también fue funcionario municipal y diputado.
La familia entera ha ocupado cargos municipales y legislativos en Veracruz, pero entre ellos destaca Joaquín Guzmán, quien llegó a ser presidente estatal del PAN de 2017 a 2021, año en el que intentó reelegirse -sin éxito- en un polémico proceso que fue resuelto en el Tribunal Electoral.
En la actual campaña para renovar los 212 ayuntamientos de Veracruz, Joaquín Guzmán volvió a acaparar los reflectores, cuando el pasado 22 de mayo denunció una agresión por parte de hombres armados en contra de su equipo de campaña y un candidato a regidor.
Historia de un cacicazgo familiar
Todo comenzó en 1997, cuando Joaquín Guzmán Avilés abandonó el PRI, que le cerró las puertas para ser su candidato a la presidencia municipal de Tantoyuca. Curiosamente, quien operó para ello fue el entonces secretario de Gobierno, Miguel Ángel Yunes Linares, con quien a la larga terminaría haciendo una amistad de décadas.
Al perder la postulación priista, Guzmán buscó a la dirigencia estatal del PAN, que lo hizo su candidato y consiguió la victoria en el ayuntamiento en una apretada contienda que se definió por menos de cien votos.
En 2000, el PAN volvió a ganar Tantoyuca, esta vez con Héctor Lara Argüelles, quien había sido director de Obras Públicas de Joaquín Guzmán y fue obligado a colocar a Omar Enrique Guzmán como tesorero municipal y a Jesús Guzmán como síndico. En ese año, Joaquín Guzmán fue electo diputado local.
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Cuatro años después, en las elecciones de 2004, Joaquín regresó como candidato y ganó con un margen amplio, para iniciar meses después un segundo periodo como presidente municipal.
En 2007, su hermano Jesús fue el candidato panista en Tantoyuca, pero perdió las elecciones frente al priista Trinidad San Román, quien interrumpió -tan sólo por tres años- la dinastía de los Guzmán Avilés.
Actualmente, el candidato de Morena que disputa la presidencia municipal y busca terminar con este cacicazgo es el diputado Roberto Francisco San Román, hijo de aquel priista que gobernó entre 2007 y 2010.
Ese año, el PAN decidió postular al expriista Miguel Ángel Yunes a la gubernatura de Veracruz, pero perdió frente a Javier Duarte.
Quien no perdió en los comicios veracruzanos de 2010 fue Joaquín Guzmán, quien fue electo por tercera vez presidente municipal de Tantoyuca, dando inicio a un periodo de 15 años ininterrumpidos de gobiernos encabezados por los tres hermanos.
En un caso inédito de nepotismo municipal, en 2014 Jesús Guzmán recibió el poder de su hermano Joaquín; en 2018, Amado Guzmán sucedió a su hermano Jesús, quien a su vez volvió a ser electo en 2021 para tomar protesta l 1º de enero de 2022.
En febrero pasado, el PAN registró como su candidato a la presidencia municipal a Joaquín Guzmán, quien de ganar las elecciones del próximo domingo sustituiría a su hermano Jesús a partir del 1º de enero de 2026, y se quedaría en el poder hasta 2029.
El “camino de la constancia”
El municipio de Tantoyuca se ubica en el norte de Veracruz, cerca del estado de Hidalgo y en la región de la Huasteca, que corre desde San Luis Potosí hasta el norte veracruzano y el sur de Tamaulipas.
Con más de 100 mil habitantes, de los cuales 70 mil tienen credencial para votar, Tantoyuca es la cabecera del distrito 02 local y tiene una población indígena importante. Enfrenta problemas de marginación, pobreza y carencia de servicios básicos, atención a la salud y empleo.
Según el sistema “conóceles” del Organismo Público Local Electoral de Veracruz, el candidato Joaquín Guzmán Avilés dice pertenecer a la acción afirmativa indígena.
Entre sus propuestas está la de mantener la seguridad en el municipio y avanzar en el rubro de la salud y, al explicar por qué quiere ocupar el cargo público al que se postula, no oculta su linaje familiar.
“Creo que Tantoyuca va por un camino de constancia, creo que Tantoyuca merece seguir siendo uno de los municipios en la zona norte del estado de Veracruz donde se respira seguridad, tranquilidad y paz social; creo en los gobiernos anteriores y seguiré en la escuela que han forjado”, dice, en clara referencia a las administraciones que él y sus hermanos han encabezado en Tantoyuca.
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Sofía recibe atención médica para su grave síndrome en California gracias a un permiso humanitario con el que su familia ingresó al país desde México en julio de 2023. Ahora recibieron un aviso anunciándoles su revocación.
“En 2023 recibimos un permiso humanitario que hasta ahora le ha salvado la vida”.
La mexicana Deysi Vargas habla sobre su hija, cuya identidad se protege con el seudónimo de Sofía, ante la decena de periodistas convocados a una rueda de prensa en Los Ángeles, en California.
La niña de 4 años también está presente y la observa de reojo mientras juega con un cochecito en una mesa contigua llena de libros infantiles.
Los hoyuelos que se le forman al sonreír y su vitalidad camuflan el grave síndrome que padece, al tiempo que desvían la atención de la mochila que carga permanentemente a la espalda y que la mantiene con vida.
Es parte del tratamiento que sigue gracias a la autorización con la que ella y sus padres ingresaron a Estados Unidos desde México en julio de 2023 y a la que su madre hace referencia.
Sin embargo, el pasado abril a la familia le fue notificado que la administración Trump les revocó el también llamado parole humanitario, así como las correspondientes visas de trabajo.
“En las cartas que hemos recibido desde entonces nos dicen que corremos el riesgo de ser deportados y que lo mejor para nosotros es irnos”, dijo Vargas en la conferencia del pasado miércoles.
La abogada Gina Amato, del proyecto Derechos de los Inmigrantes de la organización Public Counsel, informó que volvieron a solicitar el permiso humanitario, algo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) le confirmó a BBC Mundo, añadiendo que la petición está bajo evaluación y rechazando que este sea un caso “activo” de deportación.
“En México no crecía ni mejoraba”
Sofía nació prematura en Playa del Carmen, en las costas del Caribe mexicano, a donde su madre, originaria de Oaxaca, y su padre, natural de Colombia, se habían mudado por trabajo.
Según le contó Vargas al Los Angeles Times, uno de los primeros medios en hacerse eco del caso, la niña pronto mostró complicaciones de salud y tuvo que ser sometida a seis cirugías para aliviar su bloqueo intestinal.
Aquello desembocó en un síndrome del intestino corto, una afección grave por la cual el cuerpo no absorbe los nutrientes que necesita.
Cuando Sofía tenía siete meses, un médico le recomendó a la familia mudarse a Ciudad de México, donde encontrarían la mejor atención médica del país para su condición.
Allí, permaneció prácticamente confinada en el hospital, sobreviviendo pero sin mostrar avances. Para cuando cumplió dos años, “mi hija no crecía ni mejoraba”, relató Vargas en español, durante la cita ante los medios.
Fue en ese tiempo que la madre supo que en otros países pacientes como su hija llevaban una vida normal y que uno de ellos era EE.UU.
También averiguó que había una forma de migrar legal— un programa impulsado por el gobierno entonces encabezado por Joe Biden—, y que implicaba pedir cita a través de la aplicación telefónica CBP One y presentarse en un cruce fronterizo determinado el día indicado.
La cita se la otorgaron para el 31 de julio de 2023. Y ese día ingresaron a territorio estadounidense desde el puerto de entrada Tijuana-San Ysidro, donde solicitaron el permiso humanitario.
Más conocido con parole, se otorga de manera discrecional a extranjeros que, pese a no cumplir los requisitos para obtener una visa, soliciten ser admitidos en EE.UU. de forma transitoria por “razones humanitarias urgentes o por un beneficio público significativo”.
El mecanismo migratorio no abre la puerta a la ciudadanía pero permite vivir y trabajar durante dos años en EE.UU., y fue uno de los recursos usados por la administración Biden para aliviar la presión en la frontera con México. Con él ingresaron al país legalmente unas 532.000 personas, entre ellos los Vargas.
Siendo ya beneficiarios de este permiso, Sofía fue hospitalizada primero en un centro de salud de San Diego, donde el tratamiento inicial implicó estar conectada las 24 horas del día a un sistema de alimentación.
Una vez fortalecida, sus médicos la refirieron al Hospital Infantil de Los Ángeles, donde le asignaron el tratamiento que hoy puede seguir en su casa situada a 160 kilómetros al norte de la ciudad, en Bakersfield.
Ahora la niña pasa 14 horas cada noche conectada a un sistema intravenoso, y cuatro veces al día, durante una hora, su madre le administra una solución con otros nutrientes a través de una sonda conectada a su estómago.
Sofía carga el líquido de aspecto lechoso en una mochila allá donde va, y cuando acude a su clase de preescolar es la enfermera de la escuela quien se lo suministra.
“Con la ayuda que ha recibido en EE.UU., mi hija tiene la oportunidad de salir del hospital, conocer el mundo y vivir como una niña de su edad”, dijo Vargas en la rueda de prensa.
Una oportunidad que la familia teme se desvanezca, y con ella la salud y, según apuntan los médicos, potencialmente también la vida de su hija.
Revocación del permiso humanitario
Desde que el republicado Donald Trump llegara a la Casa Blanca habiendo prometido llevar a cabo “la mayor deportación de la historia de EE.UU.”, las detenciones de indocumentados se han multiplicado y se registran incluso cuando estos acuden a citas en los tribunales que son parte de su proceso de regularización.
Asimismo, la administración ha despojado a miles de las protecciones humanitarias con las que ingresaron a EE.UU. bajo varios programas de la era Biden.
En esa línea, la Corte Suprema de Estados Unidos le dio luz verde el viernes al gobierno para revocar este estatus legal que protegía a inmigrantes provenientes de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití.
Son miles los que, como los Vargas, recibieron ya avisos del gobierno federal en los que se les informa que ya no cuentan con estatus legal y se les insta a abandonar el país por sus propios medios antes de ser perseguidos y deportados.
Y la app que la familia de Sofía usó para ingresar al país se ha convertido en CBP Home, un sistema para ayudar a los inmigrantes a “autodeportarse”. Si no lo hacen, “el gobierno federal los encontrará”, avisa.
“Accedieron a EE.UU. por un período limitado (…) y DHS está ejerciendo ahora su discreción para terminar su parole”, reza la notificación que recibió la familia de Sofía y a la que BBC Mundo tuvo acceso.
“Si no sale de los Estados Unidos de inmediato, estará sujeto a posibles acciones de orden público que resultarán en su deportación de EE.UU., a menos que haya obtenido de otra manera una base legal para permanecer aquí. Cualquier beneficio que reciba en los Estados Unidos relacionado con su libertad condicional, como la autorización para trabajar, también se terminará. Estará sujeto a posibles acciones penales, multas civiles y sanciones, y cualquier otra opción legal disponible para el gobierno federal”, dice la carta fechada el 11 de abril.
Tal como se les adviritió, al poco de recibir la notificación sobre la revocación del permiso humanitario, los Vargas también se quedaron sin autorización para trabajar.
La desesperación los llevó a contactar a la firma legal sin ánimo de lucro Public Counsel y su proyecto de Derechos de los Inmigrantes, y a través de ellos han solicitado la continuación de su permiso humanitario por la condición médica de la niña.
“Nuestro objetivo es evitar que Sofía sea deportada y muera. Ahora que el gobierno ha revocado el estatus legal de ella y sus padres, están en riesgo de ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en cualquier momento bajo esta administración. Manejar las necesidades médicas de Sofía es un proceso muy complejo, por lo que si ella y su madre fueran siquiera detenidas por ICE, se pondría en riesgo la salud de Sofía”, le dice la abogada Gina Amato a BBC Mundo.
“Deportar a esta familia en estas condiciones no solo es ilegal, sino que constituye un fracaso moral que viola los principios básicos de humanidad y decencia”, subrayó ella misma en la conferencia de prensa de la semana pasada.
“Sería letal en cuestión de días”
El Hospital Infantil de Los Ángeles, que sigue asistiendo a Sofía de forma regular, rechazó la petición de BBC Mundo para hacer comentarios sobre el caso.
Sin embargo, en una carta solicitada por la familia y a la que tuvo acceso el LA Times, el médico que ve a la niña cada seis semanas, John Arsenault, escribió que “los pacientes que reciben Nutrición Parenteral Total en casa no se les permite salir del país porque la infraestructura para proporcionarlo o hacer una intervención inmediata si hay un problema con el acceso depende de los recursos sanitarios con sede en Estados Unidos y no se transfiere a través de las fronteras”.
Y agregó que una interrupción de esa alimentación “sería letal en cuestión de días” para la niña.
El caso de Sofía ha acaparado titulares y focos en un contexto en el que los dramas migratorios se acumulan día a día.
El jueves de la semana pasada 38 congresistas demócratas firmaron una carta dirigida a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en la se urge a la administración reconsiderar el estatus de los Vargas.
“Creemos que la situación de esta familia responde claramente a la necesidad de ayuda humanitaria. Es nuestro deber proteger a los enfermos, vulnerables e indefensos”, reza la misiva.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México también se ha pronunciado al respecto, recordando que la familia de Sofía “no ha incumplido las condiciones de su estancia”.
Los abogados “están en contacto con el consulado general de México en Los Ángeles y el consulado de México en Fresno para interceder ante legisladores estatales y federales a fin de evitar la deportación”, informó el jueves la SRE.
En una declaración enviada a BBC Mundo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que “cualquier reporte que diga que la familia está en (proceso de) deportación activa es falso”.
“Esta familia solicitó un permiso humanitario al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) el 14 de mayo de 2025 y la petición aún está siendo considerada”.
Mientras se evalúa la solicitud, la madre de Sofía advierte: “Si nos deportan y le quitan a mi hija el acceso a su sistema especializado, ella morirá”.
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