Javier Armenta, Iván Cisneros y José Alexis Rojas, estudiantes de la Universidad de Guadalajara (UdeG) son acusados de despojo con violencia, al oponerse a la construcción de un complejo habitacional en un espacio originalmente destinado al Parque Huentitán en la capital de Jalisco.
Este 5 de enero, un juez decidió imponerles prisión preventiva oficiosa tras citarlos a declarar en el caso, por lo que autoridades universitarias se declararon en “estado de emergencia” y han convocado a protestas para su liberación.
“No cometimos ningún delito, lo único que hicimos fue defender un parque de las garras de la impunidad de empresas corruptas y de la impunidad del gobernador para este crimen y este despojo”, denunció Javier Armenta en un video, antes de ser encarcelado.
Jalisco está de luto, la división de poderes ha muerto.
Tres estudiantes con papá y mamá, con hermanos y hermanas, con amigas y amigos fueron hoy encarcelados por indicaciones de @EnriqueAlfaroR. pic.twitter.com/hJXMnOcasD
— Ricardo Villanueva (@rvillanueval) January 6, 2023
De acuerdo con el abogado de los estudiantes, Juan Carlos Guerrero, la Fiscalía de Jalisco presentó como pruebas contra los jóvenes que acudieron “armados” al predio del parque, pues los jóvenes acudieron al Parque de Huentitán a sembrar árboles con picos y palas para reforestar el predio.
Además, dijo que los testimonios presentados, todos de trabajadores de la empresa constructora, eran idénticos y sostenían que los estudiantes había entrado al predio “de noche, en bola y con armas de fuego”, lo que, dijo, derivó en que se otorgara la prisión preventiva oficiosa para los estudiante en el Penal de Puente Grande.
“Negamos categóricamente que llevaran armas, las únicas armas que llevaban son las de la resistencia, las armas de la dignidad y en eso se basó el juez para dictarles prisión preventiva oficiosa, los están tratando como delincuentes”, insistió.
Sostuvo que la audiencia estuvo “plagada de irregularidades” y cuestionó la resolución del juez Felipe de Jesús Rivera.
El día de hoy acompañé a @JavierArmentaMX Illich Cisneros y Alexis Rojas a su audiencia de vinculación y terminé desconcertado con lo que sucedió, por lo que compartiré algunas reflexiones.
Abro hilo
— Juan Carlos Guerrero (@carlosguerrerof) January 6, 2023
“Estamos consternados, jamás me había tocado un proceso penal tan fatuo, tan falto de veracidad y objetividad como este; se presentaron cuatro agentes del Misterio Público y tres asesores jurídicos de la empresa para imputar a tres estudiantes. Toda la fuerza de la fiscalía estuvo hoy haciendo señalamientos mentirosos, señalamientos falsos”, dijo.
La audiencia contra los estudiantes se reanudará este martes 10 de enero.
Enrique Alfaro niega detención por protesta
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que los tres jóvenes no fueron detenidos por protestar, sino por invadir un predio que es propiedad privada.
“El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque sino una propiedad privada. Este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal siendo presidente Alfonso Petersen. Los dueños de este terreno están en todo su derecho de exigir que se aplique la ley contra quienes a su juicio lo invadieron ilegalmente”, explicó el gobernador.
El mandatario estatal aseguró que se debe buscar una ruta que permita a los jóvenes llevar su proceso en libertad.
“Con absoluto respeto al poder judicial y en el marco de la comunicación institucional entre poderes que siempre hemos tenido, hago un exhorto para que se encuentre una ruta que permita que los jóvenes enfrenten su proceso fuera de la cárcel”.
Activan defensa de estudiantes detenidos
Este 7 de enero, el Consejo General Universitario (CGU) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) aprobó un plan de acción ante la detención de Javier, Iván y José que incluye un posicionamiento del Consejo de Rectores condenando los hechos, así como comisiones que den acompañamiento legal a los jóvenes.
“Desde octubre ya sabíamos que se estaba usando al Poder Judicial para una afrenta política y no hay mejor prueba de esto” dijo el rector Ricardo Villanueva Lomelí, quien ha tenido conflicto con el gobernador Alfaro, tras el recorte presupuestal a la universidad.
“A esos jóvenes los voy a defender como si yo fuera su papá, son nuestros y no vamos a permitir esta injusticia, por eso convocamos al Consejo de manera urgente, por eso quiero proponer que declaremos a la Universidad en Estado de Emergencia, estamos viviendo los momentos más autoritarios en el Estado de Jalisco”, sostuvo.
De acuerdo con integrantes de este Consejo, en 2008 el Ayuntamiento de Guadalajara entregó una parte de estos predios en Huentitán a particulares para un desarrollo privado de miles de unidades departamentales, con la promesa de tener áreas verdes públicas.
“Hoy en día no hay ninguna garantía de que estén entregadas ni siquiera las obras que bajo rebaja se comprometieron a entregar en 2016, entonces nadie tiene la constancia de que ese parque, o esos terrenos hayan perdido su condición de públicas porque no se han pagado, porque no han cumplido con lo que establecen esos convenios”, denunció el rector.
Cerca de 4 mil miembros de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) han realizado movilizaciones e instalaron un plantón frente a Casa Jalisco en protesta por la detención de los estudiantes.
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Noboa obtuvo el triunfo en 9 de las 11 preguntas contenidas en el plebiscito. Los votantes rechazaron las medidas económicas y dieron su respaldo a las preguntas relacionadas con la seguridad.
Las nuevas medidas de seguridad en Ecuador propuestas por el presidente Daniel Noboa recibieron el respaldo de los ciudadanos en el referendo y la consulta popular celebrados este domingo.
Con más del 60% de los votos escrutados, las preguntas relacionadas con la seguridad recibieron un mayoritario “sí”.
“Hemos defendido al país, ahora tendremos más herramientas para luchar contra la delincuencia y devolverle la paz a las familias ecuatorianas”, publicó el presidente Noboa en su cuenta de Facebook tras conocerse los primeros resultados de la consulta y referendo.
La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint, dijo en entrevista con un canal de televisión local que en las próximas horas se confirmará si los resultados son irreversibles, aunque la diferencia a favor del “sí” es tan amplia que parece irremontable.
La votación convocada por Noboa sobre reformas en seguridad, justicia, inversiones y empleo concluyó con una participación del 72% de los 13,6 millones de ecuatorianos que estaban convocados a las urnas.
El nivel de ausentismo fue calificado como “muy alto” por Atamaint al compararlo con otros procesos electorales.
De acuerdo a los resultados parciales, Noboa obtuvo el triunfo en 9 de las 11 preguntas contenidas en el plebiscito.
Los votantes dieron su respaldo a las preguntas relacionadas con el ámbito de la seguridad, como el rol de las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado, el incremento de las penas en delitos graves y la posible extradición de ecuatorianos requeridos por la justicia de otros países.
Sin embargo, rechazaron medidas económicas que habían generado polémica, como la creación de contratos de trabajo por horas y el arbitraje internacional para inversiones y asuntos comerciales.
El proceso ha sido visto por analistas como una “prueba de fuego” a la gestión del presidente Noboa, a mitad de su corto mandato y a menos de un año de unos nuevos comicios, en los que se espera que compita por la reelección.
Las próximas elecciones presidenciales y legislativas están previstas para febrero de 2025.
Las 9 preguntas en las que gana el sí
Resumen de las preguntas incluidas en la consulta popular y referendo que recibieron el respaldo de los votantes.
- Aprobar que las Fuerzas Armadas le den un apoyo complementario a la Policía Nacional para combatir el crimen organizado.
- Permitir la extradición de ecuatorianos.
- Establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional.
- Que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios, permanentemente en las calles.
- Incrementar las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros.
- Que las personas privadas de la libertad cumplan la totalidad de su pena.
- Tipificar el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional.
- Que las armas que fueron instrumentos u objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas.
- Que el Estado proceda a ser el titular (propietario) de los bienes de origen ilícito o injustificado.
Las 2 preguntas en las que gana el no
Resumen de las propuestas rechazadas por los votantes, según los primeros resultados:
- Rechazo a que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales.
- Rechazo a cambiar las leyes para establecer un contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez.
Una de las mayores tasas de homicidios
La jornada de votación transcurrió con normalidad hasta que fue asesinado el director de una cárcel, la tercera autoridad que es víctima de un atentado mortal a manos de presuntos sicarios después de que esta semana también murieran a tiros dos alcaldes de localidades donde existe presencia de minería ilegal.
Ecuador lleva tres años sumido en un clima de inseguridad, con un aumento récord de homicidios que elevaron la tasa de muertes violentas a 40 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente, en 2023.
Secuestros, asaltos, extorsiones y otros delitos también han registrado un aumento en un país duramente golpeado por la acción del crimen organizado.
Como parte de la estrategia para combatir la violencia, el gobierno de Noboa declaró que el país está en un conflicto armado interno, ordenó el despliegue de las fuerzas armadas en las calles y las cárceles del país e identificó a como “terroristas” a bandas dedicadas al narcotráfico.
La consulta popular se llevó a cabo además en medio de una crisis energética que en los últimos días provocó racionamientos eléctricos de al menos seis horas diarias. Tan crítica llegó a estar la situación que el gobierno suspendió la jornada laboral por dos días.
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