
Para entender mejor
Estudiantes y padres de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa exigieron justicia para Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús, quienes presuntamente fueron asesinados por policías durante un desalojo en la Autopista del Sol el pasado 12 de diciembre del 2011.
“Hace 14 años, cuando perdieron la vida los compañeros. (…) Cuando se encontraban organizando una movilización pacifica aquí en la Autopista del Sol a la que hoy tenemos que llegar para honrar el nombre y la memoria de los compañeros normalistas caídos”, señaló uno de los activistas durante la manifestación.
Comentó que seguirán las protestas para exigir avances sobre el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa.

“Mientras no tengamos información del paradero de los compañeros, mientras no veamos avances en las investigaciones seguiremos gritando el nombre de los 43 compañeros que nos hacen falta”, señaló.
Dicho vocero hizo un llamado a la unidad para seguir “reclamando los derechos que aún debe al pueblo”.
Al término de su mitin político, los normalistas quemaron monigotes de trapo con los rostros del expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, del exgobernador Ángel Aguirre Rivero y del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam
Por su parte, Caminos y Puentes Federales (Capufe) aseguró que la circulación se restableció.
“Libramiento Chilpancingo, km 278. Parador del Marqués (fuera de la cobertura de CAPUFE). Se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos por presencia de manifestantes. Para más información llama al 088 de @GN_Carreteras. Toma tus precauciones”, indicó.
El pasado 4 de diciembre, falleció Genoveva Sánchez Peralta, madre de Israel Caballero Sánchez, uno de los 43 normalistas del caso Ayotzinapa, desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez informó sobre el fallecimiento de Genovena y señaló que murió sin saber sobre el paradero de su hijo.
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“Doña Genoveva falleció sin conocer el paradero de su hijo. Nuestro abrazo sentido para sus hijas, su familia y para todas las familias de los 43 normalistas”, expresó el organismo mediante redes sociales.

Otras colectivas se pronunciaron ante el fallecimiento de la madre de Israel Caballero Sánchez, originaria de Atliaca, en Guerrero.
La Antimonumenta “Vivas nos queremos” expresó que la muerte de la “tía Genoveva”, como se referían a ella, “duele profundamente” debido a que murió sin saber dónde están sus hijos y sus 42 compañeros.
“Su muerte es también responsabilidad del Estado, la tristeza, y la enfermedad van minando la salud de las madres y padres de los estudiantes”, sentenció en una publicación en redes sociales.
El pasado 26 de septiembre se cumplieron 11 años de aquella noche de Iguala de 2014.
A más de una década, la búsqueda de justicia sigue atrapada entre promesas incumplidas y líneas de investigación congeladas, y para las madres y los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el caso ha transitado de “las mentiras del gobierno de Enrique Peña Nieto” a avances parciales con Andrés Manuel López Obrador, que se detuvieron al “toparse con los militares”, para llegar al actual sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, con quien consideran que el proceso sigue estancado.
En entrevista con Animal Político, Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y representante del colectivo “Nos Faltan 43”, advirtió que el voto de confianza que le otorgaron los padres y madres de los 43 normalistas a la presidenta “se va diluyendo poco a poco al no tener los resultados”.
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La percepción de Vicario es clara: “A la presidenta se le dio un voto de confianza, muchos padres y muchas madres decían, sobre todo las madres, ‘ella es mujer, nos va a entender, probablemente sea mamá y tenga un hijo, va a entender nuestro dolor’. Pero con estas reuniones que se han tenido, han visto que la disposición y la voluntad que ha referido tener en el caso de Ayotzinapa no se refleja en los hechos”.

El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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