Detienen a Alma por cobrar 500 pesos de una tanda y la condenan a 40 años de cárcel por extorsión en el Edomex
Por insistirle a una vecina el pago de 500 pesos por una tanda, Alma Abigail fue denunciada por el delito de extorsión y deberá cumplir una condena de 40 años de cárcel en el Estado de México.
Con 38 años, Alma se dedicaba a la albañilería y el trabajo del hogar para mantener a sus tres hijos, hasta que, en abril de 2023, fue detenida, luego de que una vecina la denunció por el delito de extorsión, tras negarse en varias ocasiones a pagarle 500 pesos por una tanda de ahorro.
Alma insistió por el pago, hasta que un día J. le pidió acudir a su domicilio para hacerle entrega del dinero; sin embargo, al tocar a la puerta de la vecina, fue recibida por policías que le informaron que tenía una orden de aprehensión.
“J. era su amiga desde hace muchos años, se conocieron en la primaria de sus hijas, en Santa María Caliacac, una comunidad precarizada del municipio de Teoloyucan, Estado de México. Ambas mantenían una relación cercana, por eso Alma la invitó a una tanda“, señaló Carlos Olvera, abogado de la sentenciada.
“Ella cuenta que al momento de su detención, los policías la golpearon y la violaron, y después de eso comenzó un proceso lleno de irregularidades, en el que no admitieron pruebas para desahogar las acusaciones y se negó a la defensa la posibilidad de preguntar durante las audiencias”, mismas que terminaron el pasado 15 de agosto con la sentencia de 40 años, detalló Olvera.
Debido a estas inconsistencias, el defensor anunció que apelarán la sentencia, y lamentó que las autoridades “están condenando a personas inocentes que no tienen posibilidad de defenderse, piensan que condenarlas ayuda a decir que están haciendo algo para combatir la extorsión y no es así, porque están castigando a quienes no se dedican a eso, sin tomar en cuenta que eso arruina la vida de familias enteras”.
El proceso contra Alma, sentencia por extorsión
Carlos Olvera conoció del caso de Alma a través de la organización Mujeres Unidas por la Libertad, que realiza distintas actividades dentro de centros penitenciarios. Para cuando tomó la defensa, la investigación se encontraba en la etapa intermedia, sin que se hubieran aportado pruebas para desvirtuar la acusación.
“Vimos que ya había pasado el plazo de seis meses para presentar pruebas, y los primeros abogados que tenía no hicieron nada, por lo que presentamos una nulidad y nos dieron 10 días para presentar algunas pruebas, pero fue muy difícil conseguirlas en poco tiempo. Así fue como llegamos a la audiencia de la semana pasada donde Alma fue sentenciada“, lamentó el defensor.
Olvera agregó que, en la audiencia, “bloquearon todo tipo de preguntas contra la parte acusadora, sobre el hecho de que se conocían aunque J. lo negó en su declaración, acerca de la falsedad de los testimonios presentados, pero no nos permitieron indagar”.
“Creemos que puede haber una tendencia a condenar a personas con un perfil similar al de Alma, porque cuando salimos de la audiencia platicamos con abogados que llevaban otro caso de extorsión y tuvieron una experiencia parecida; además, estando en prisión ella ha conocido a otras mujeres que fueron encarceladas por este delito, por montos de hasta 50 pesos”, subrayó el abogado.
¿Qué es el delito de extorsión y cuáles son las cifras en México?
De acuerdo con el Código Penal del Estado de México, el delito de extorsión, definido como el acto de “obligar a otro a hacer, tolerar o dejar de hacer algo, con la finalidad de obtener un lucro o beneficio para sí o para otro o causar un daño”, una definición que de acuerdo con el defensor es muy amplia y ambigua, que contempla sanciones que van de los 8 a los 12 años de prisión.
Además, como ocurrió en el caso de Alma, la legislación señala que el delito tiene como agravante cuando la extorsión sea cometida contra una mujer, una persona menor de edad, con discapacidad o que sea mayor de 70 años, con penas de entre 40 y 70 años de cárcel, o prisión vitalicia.
Según los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2023 fueron iniciadas 10 mil 337 carpetas de investigación por el delito de extorsión en el país, de las cuales 4 mil 10 (38.77%) se presentaron en el Estado de México.
Entre enero y julio de 2024, el número de carpetas de investigación por extorsión en el país fue de 5 mil 962, con 2 mil 4 en el Estado de México (33.61%).
“Salir de prisión, aún siendo inocente, es un calvario”
Por casos como el de Alma, el abogado manifiesta preocupación por la intención que han manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, de incluir la extorsión entre los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa.
“Resulta terrorífico, al considerar que la extorsión es un delito muy amplio, en casos como el de Alma, la aplicación de penas es totalmente desproporcionada, y este es solo uno de los miles que hay en el Estado de México”, apuntó.
Ahora, tendrán que esperar a que proceda la apelación de Alma para presentar las evidencias necesarias que permitan su liberación, aunque, como lamentó el defensor, llevará tiempo, ya que “salir de prisión, aún inocente, es un calvario”.
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Mientras tanto, Alma permanecerá encarcelada en el Penal de Barrientos, en el Estado de México. Afuera, sus tres hijos la esperan, aunque ya no en el mismo domicilio, pues tuvieron que mudarse para no encontrarse en la calle a J., lo que los obligó a dejar la escuela y dedicarse a trabajar en labores del hogar.
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El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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