Reducen de 40 a 10 años de prisión la sentencia de Alma, acusada de extorsión por el cobro de una tanda
Alma –acusada del delito de extorsión por cobrar una tanda de 500 pesos a una vecina en el Estado de México– consiguió la reducción de su sentencia de 40 años de prisión por una de 10 años, tras la resolución de un recurso de apelación.
Carlos Olvera, abogado de Alma, explicó que la reducción de la sentencia se dio ante el reclamo de diversas irregularidades en el juicio, como la falta de valoración adecuada de las pruebas presentadas para demostrar su inocencia, la imposibilidad de que se interrogara a la denunciante y las agravantes que se le impusieron por su presunta pertenencia al crimen organizado y que la víctima era mujer.
“En este caso, lo que hizo la Sala de Apelaciones fue un estudio de la proporcionalidad de la pena por el delito de extorsión, y con base en él se determinó que la pena, como estaba planteada, no era proporcional, por lo que se redujo a 8 años, con 2 más por la agravante de que la acusan de pertenecer a un grupo delictivo, aunque eso no se acreditó”, detalló el defensor.
Aunque Alma y sus abogados consideran positivo el cambio de la sentencia que le reduce 30 años de prisión, Olvera adelantó que presentarán un amparo para buscar que se le deje en libertad y se le absuelva del pago de más de 100 mil pesos de reparación del daño, “porque ella no cometió el delito por el que la acusan”.
El caso de Alma y la sentencia por extorsión
En abril de 2023, Alma fue detenida cuando acudió a la casa de su vecina J. para cobrarle 500 pesos por una tanda de ahorro, pero al llegar fue recibida por policías que le informaron que tenía una orden de aprehensión.
Para entonces, Alma tenía 38 años y se dedicaba a realizar trabajo del hogar y labores de albañilería para mantener a sus tres hijos.
De acuerdo con la defensa de la sentenciada, J. era su amiga de años y se conocieron en la primaria de sus hijas, en Santa María Caliacac, una comunidad precarizada del municipio de Teoloyucan, Estado de México, y por esa confianza fue que iniciaron la tanda de ahorro.
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Sin embargo, J. se negó a realizar el pago de 500 pesos de la tanda, por lo que Alma le insistió por varios días, hasta que la vecina le pidió acudir a su domicilio para darle el dinero, pero en lugar de eso fue detenida, en un operativo en el que acusó que fue golpeada y violada.
Según la denuncia de J., días antes de la detención dos hombres acudieron a su domicilio para exigirle 2 mil pesos a cambio de no hacerle daño a ella y a su familia, y le informaron que una mujer acudiría a hacer el cobro. Esta mujer, de acuerdo con la versión de la vecina, era Alma, por lo que fue encarcelada en el Penal de Barrientos, en el Estado de México.
“Después de eso comenzó un proceso lleno de irregularidades en el que no admitieron pruebas para desahogar las acusaciones y se negó a la defensa la posibilidad de preguntar durante las audiencias”, mismas que terminaron el pasado 15 de agosto con la sentencia de 40 años de cárcel, detalló Olvera.
Alma “está muy esperanzada y alegre”
La abogada Mariel Avendaño, quien también acompaña el caso, comentó que Alma “tomó la noticia positivamente, está muy esperanzada y alegre”, aunque sabe que todavía falta otra etapa del proceso para conseguir su libertad.
“Desde que nosotros tomamos el caso, cuando ya estaba avanzado el juicio en su contra, hemos tenido contemplado el amparo como un camino para conseguir su libertad, y tanto Alma como sus hijos saben que para llegar a este recurso teníamos que pasar antes por otras instancias, en las que se dictó la sentencia de 40 años y con el Juez de Alzada (encargado de revisar la apelación)”, apuntó.
Sin embargo, ante la falta de análisis de fondo del caso, deberá seguir presa en el Penal de Barrientos, en tanto se resuelve el amparo que será presentado por sus abogados.
Esto, aunque el notificador que acudió para hacer de su conocimiento la resolución de la apelación le recomendó a Alma que no interpusiera el amparo, “porque podrían darle una pena mayor”, acusó Avendaño.
“Con el testimonio de Alma nos hemos percatado de que existe esta mala práctica: cuando los notificadores van y hacen de conocimiento las sentencias le dicen a la gente que no se vaya al amparo; estos servidores públicos les meten miedo y en algunos casos las convencen de no buscar la reposición del procedimiento que podría resultar a su favor”, señaló la abogada.
Abogados alertan riesgos de la prisión preventiva para casos de extorsión
El pasado 28 de noviembre, el Congreso aprobó la reforma al artículo 19 constitucional, con la que se amplió el catálogo de delitos del fuero federal que ameritan prisión preventiva, entre los que se incluyó la extorsión.
Al respecto, Mariel Avendaño enfatizó que la prisión preventiva oficiosa “es inconvencional”, además de que “quienes caen en prisión por estos supuestos delitos como extorsión son personas como Alma, que son inocentes y terminan presas por falta de una defensa adecuada o de procesos injustos en su contra, porque lamentablemente no se investiga de manera correcta para llevar a la justicia a los verdaderos criminales”.
Por su parte, Olvera indicó que es preciso que cuando se dicte prisión preventiva para las personas acusadas esta sea justificada, “porque no sólo se desgasta la persona que queda detenida, sino que las familias sufren económicamente también”.
Los abogados coincidieron en que, lo que se requiere, es que los Ministerios Públicos de las distintas fiscalías realicen buenas investigaciones que demuestren la implicación de los acusados en los delitos, “porque muchas veces sólo dan a conocer a la opinión pública las detenciones de personas que terminan en prisión preventiva y al final terminan en libertad, aunque aparentan que no hay impunidad”.
“El incremento de los delitos con prisión preventiva oficiosa refleja la mala impartición de justicia del país, y en vez de atacar el problema de fondo lo están aumentando”, expresó Olvera.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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