FGR investigará a alcaldes de Morelos por presuntos nexos con el crimen organizado
La Fiscalía General de la República (FGR) será la responsable de investigar los presuntos nexos de los alcaldes de Cuautla y Atlatlahucan con el crimen organizado, informó este miércoles el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Edgar Maldonado Ceballos.
Esto luego de que se difundiera un video donde aparece el alcalde de Cuautla, Jesús Corona Damián y el de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, en una reunión con un sujeto identificado como Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, presunto líder de una célula criminal que opera en la región oriente del estado.
Al respecto, Maldonado Ceballos señaló que se trata de un asunto de competencia federal que deberá ser investigado por la delegación de la FGR en Morelos, mientras que la Fiscalía estatal sólo intervendrá en caso de ser necesario.
Puntualizó que hasta el momento no se tienen denuncias formales por actos ilícitos en contra de los dos alcaldes.
Cuestionado sobre si los funcionarios debían pedir licencia mientras se llevan a cabo las indagatorias, el secretario de Gobierno, Juan Salgado Brito, sólo indicó que los hechos serán sancionados de acuerdo a los resultados que se obtengan.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, refirió que en el video se estarían configurando diversos delitos de orden federal en materia de delincuencia organizada, entre ellos, la portación de armas largas.
Sobre los grupos delictivos que operan en el estado, el funcionario indicó que tienen registro de una disputa entre dos grupos criminales en la ciudad de Cuernavaca, otra en Jiutepec, una más que abarca este último municipio y Yautepec, así como así como en la zona de Volcanes.
Además de los alcaldes, en el video también se puede observar al actual secretario del Ayuntamiento de Cuautla, Samuel Márquez, conocido como “El Mayor”, así como a Jorge Bazán Reyes, director de mercados del municipio.
Ataques contra funcionarios de Cuautla
Jesús Corona Damián tomó protesta como alcalde de Cuautla a finales del 2024 tras haber ganado las elecciones municipales en junio de ese mismo año.
El 25 de marzo de 2024, durante su campaña como candidato de la coalición “Dignidad y Seguridad por Morelos, Vamos todos”, integrada por PAN, PRI, PRD y RSP, sufrió un atentado mientras viajaba a bordo de su camioneta.
El entonces candidato fue interceptado por sujetos armados mientras regresaba a casa después de haber presentado una denuncia ante la Fiscalía Regional de la Zona Oriente por amenazas para que abandonara la contienda. Tanto él como sus acompañantes resultaron ilesos.
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Dos meses después, el 29 de mayo de 2024, su suplente, Ricardo Arizmendi Reynoso, fue asesinado mientras se encontraba en su negocio. El organismo de seguridad precisó en ese entonces que la víctima no contaba con antecedentes de incidentes en materia de violencia ni había solicitado medidas de protección.
Previamente, en enero de ese año, fue asesinado el candidato a regidor en Cuautla por el PAN, Geovanni Lezama, así como Darío García Cortés, exdirector de Gobierno con Corona Damián.
Corona Damián ganó la presidencia municipal de Cuautla en 2018 con la coalición conformada por Morena, PT y Encuentro Social. En 2021, buscó la reelección a través del PAN y el ya extinto Partido Humanista, sin embargo, perdió frente al morenista, Rodrigo Arredondo. De 2009 a 2012 fungió como regidor del mismo municipio.
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El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
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