“Oaxaca no es mercancía”, reclaman activistas contra gentrificación; Gobernador Jara los acusa de promover “odio a extranjeros”
Seis activistas fueron detenidos el sábado pasado en Oaxaca y liberados entre 24 y 48 horas después, por participar en una protesta por las calles de la capital contra el fenómeno creciente de gentrificación turística, que aunque es global, ahora impacta a la población de este estado con la falta de servicios básicos, costos excesivos por viviendas y condiciones precarias de trabajo.
El gobierno del estado informó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvo a seis personas por los “disturbios” y como responsables del delito de daños a establecimientos ubicados en el centro histórico de la capital.
La manifestación convocada por colectivos y personas de la sociedad civil fue para exigir a las autoridades del estado la regulación inmediata de las prácticas arrendatarias que han encarecido las viviendas en la capital y en otras regiones del estado, obligando a la población local a vivir en las periferias.
Sin embargo, el gobernador morenista Salomón Jara Cruz asegura que esa manifestación “promueve el odio contra los extranjeros”. En su conferencia de prensa de este lunes se enfocó en los mensajes que los manifestantes pintaron durante la marcha, con leyendas como: El mestizaje entrama la explotación racial, ¡fuera gringos!
Según el gobernador, “no hay simpatía de la población por esta causa”. Dijo que su gobierno no le impide a nadie luchar por una causa, cuando se dan por motivos de un cambio en una política social, por mejores caminos, por agua, por mejores condiciones de vida o porque un gobierno solo vela por una clase social. Pero esta lucha “es repudiable”, dijo refiriéndose solo a las pintas sobre las paredes. Calificó la protesta de racista.
“La lucha racista es repudiable, tenemos el ejemplo de (Adolfo) Hitler, que se creyó una raza superior, yo no sé si esos jóvenes sean de una raza superior, los respetamos, pero en Oaxaca no hay razas superiores, nadie es más ni menos”, dijo.
“Oaxaca no es mercancía”, dicen protestantes contra gentrificación
La protesta, con la consigna “Oaxaca no es mercancía”, también fue para exigir un alto a la mercantilización de la cultura provocada por ese fenómeno de transformación de la ciudad, que los manifestantes calificaron como “injustas y desiguales”.
Fue a manera de una calenda tradicional en Oaxaca, tuvo dedicatoria al Estado, empresarios y extranjeros. “Esta marcha va para ustedes, para reclamar, exigir y hacer respetar este territorio que es nuestro”, dijo una de las participantes antes de iniciar la caminata.
Los manifestantes recorrieron las calles con música de banda, marmota, fuegos artificiales y pancartas. Gritaron consignas como “alto al despojo de nuestros bienes y cultura…”, reclamaron la falta de agua y servicios básicos; pintaron paredes con leyendas como: fuera Airbnb de Oaxaca, fuera gringos, entre otras; y rompieron cristales de algunos comercios y bancos.
Terminó en el zócalo capitalino cerca de las seis de la tarde. Minutos después, la Policía Estatal detuvo a seis activistas participantes identificados como Filadelfo Desiderio Aldaz, líder del proyecto La Comedora Comunitaria que brinda alimento a migrantes; Meztli Hernández Jiménez, de la colectiva La Campamenta, Ricardo Martínez y Antonio Díaz Mirón, Ruth Díaz y Nizayeéjh Chávez del colectivo de Derechos Humanos COJUDIDI.
Los familiares y la defensa integrada por las abogadas Mirian Elena Velazco Velazco, Erika Lili Díaz Cruz y Ariela Cristal Ruiz Rodríguez declararon que la detención se realizó de manera arbitraria, más de media hora después de que la protesta había terminado; que fueron detenidos con excesivo uso de la fuerza atentando contra su integridad y sus derechos humanos, y que el proceso ha sido irregular.
Liberan solo a dos, cuatro siguen detenidos
El domingo por la mañana dos de las activistas: Meztli Hernández Jiménez y Nizayeéjh Chávez fueron puestas en libertad, ante la presión de unas 80 colectivas feministas de diversos estados que exigieron al fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, su libertad inmediata.
Este lunes, la abogada Erika Lili Díaz Cruz acompañó la declaración de quienes aún están detenidos por el delito de daños en propiedad ajena, un delito que, de acuerdo con especialistas, no es grave, pero requiere una fianza, que depende de la cuantificación de los daños y la presentación de una querella, la persona afectada se debe presentar ante el juez a notificar sobre los hechos.
Es un delito tiene una sanción de 5 a 10 años, pero debe ser analizado caso por caso y puede puede haber atenuante o agravante.
“Aunque es un delito que se persigue de oficio, en este caso es por querella”, considera el abogado Porfirio Zuñiga. Pero aclara que es probable que esa detención es más de carácter político ya que incluso alargaron su declaración.
Ya en la noche del lunes, se informó que fueron liberadas las cuatro personas restantes, al retirarse los cargos.
“No es escasez sino despojo”
Esta es la primera marcha que realiza la capital del estado, aunque alrededor de este tema han habido diversos foros ciudadanos en la capital, en los que se ha evaluado el cambio acelerado de las condiciones sociales y económicas de la población orientándola a la precarización.
Habitantes de distintas colonias y barrios, incluyendo al “Barrio Mágico” de Jalatlaco, han padecido la falta de agua, debido a que el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable distribuye en períodos de entre 35 a 40 días.
Los jóvenes participantes de la protesta argumentan que no es escasez sino despojo; reclaman que los hoteles hacen uso excesivo del agua para sus servicios.
“Nadie puede negar a estas alturas que hay una cantidad de turistas de primer mundo que viene a Oaxaca a quedarse, encantados por su riqueza cultural y territorial, y a crear “jugosos negocios”, declararon en la marcha.
En los últimos años, la inversión inmobiliaria y la turistificación han provocado que los turistas que se quedan a vivir y trabajar en Oaxaca comienzan a rentar departamentos en zonas céntricas y periféricas estratégicas, desplazando a la población local de sus hogares para después subarrendar en plataformas como Airbnb a un público extranjero, o bien trabajan como guías de turistas cobrando en dólares, sin pagar impuestos.
Familias oaxaqueñas se han tenido que mudar a las periferias ante la falta de regulación en los costos de la renta de departamentos, habitaciones o alojamientos en general. En esa situación no hay acuerdos lógicos con los arrendatarios, y menos ahora que la ciudad de Oaxaca fue reconocida por segundo año consecutivo, el título de ciudad favorita en 2023 por parte de la revista especializada en turismo Travel + Leisure.
Como parte de esos negocios creados con capital extranjero, también han llegado empresas de moda en busca de textiles tradicionales de los pueblos para revenderlos; cadenas de streaming que se benefician lucrando con su cultura; empresarios que invierten en la industria del mezcal, documentadas como una de las más “avasalladoras”, convirtiendo a una gran parte del estado en territorio de monocultivo y causando daños ambientales.
Todas estas prácticas han generado disgusto entre sectores de la población oaxaqueña. Refieren que no solo atenta contra la economía, los diversos ecosistemas que hay en el estado, sino que se atenta además contra las prácticas culturales y formas de subsistencia de los pueblos.
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Miles de inversores apostaron a colocar sus ahorros en lo que creían que era engorde de ganado en Uruguay. Pero la realidad era muy distinta.
Un prominente empresario que se suicida, cientos de millones de dólares que se desvanecen, miles y miles de supuestas vacas de las que no existen ni los huesos y una de las mayores estafas que Uruguay jamás haya conocido.
“Engordamos tus ahorros. Invertí en el negocio más seguro de la historia”, proclamaba Conexión Ganadera, empresa pionera en fondos de inversión ganaderos en el pequeño país sudamericano en el que por cada tres personas hay 10 vacas.
Pero lo que prometía ser un negocio sin fisuras acabó siendo un esquema Ponzi, una estafa piramidal a la que se investiga por presunto lavado de activos a gran escala.
El escándalo le explotó en la cara al país más vacuno del mundo y desnudó las carencias de un sistema de identificación de cada animal del que Uruguay se jactaba como único en el planeta.
¿Cómo se llegó a eso? Esto es lo que ocurrió.
La génesis del engaño
Conexión Ganadera nació en 1999.
Captaba fondos de inversores –principalmente locales y argentinos– con la promesa de ser el nexo con productores rurales.
El inversor ponía el dinero, Conexión Ganadera compraba el equivalente a ese dinero en vacas y se las cedía temporalmente a un productor para que las engordara.
A cambio, el inversor –que no necesitaba tener ningún conocimiento agropecuario– recibiría un porcentaje fijo de rentabilidad.
En sus inicios ofrecía más del 20% anual en dólares. Últimamente las tasas oscilaban entre el 7% y el 11% anual en divisa estadounidense, dependiendo del monto de la inversión y el plazo.
Al cabo de determinado tiempo, el animal crecía lo suficiente como para ser vendido –por un precio muy superior al que se había pagado– por lo que el productor agropecuario obtenía una suculenta diferencia con la que pagar el arriendo del campo más insumos, costos laborales y demás, y quedarse con su ganancia.
O al menos eso era lo que decían.
“La vaca siempre tuvo la nobleza de producir lo suficiente para que el inversor no perdiera con este sistema”, afirmaba en 2023 Pablo Carrasco, uno de los dueños de la empresa, en una presentación ante clientes.
“Esto es ganar-ganar, y 24 años alcanzan para que uno esté seguro de que eso es así”.
Hasta ese momento la firma siempre había cumplido con sus pagos.
Pero no faltaba mucho tiempo para que el desfalco quedara expuesto y se supiera que la cantidad de ganado que debían tener no estaba.
¿Se compró alguna vez? Si así fue, ¿adónde fue a parar? La justicia uruguaya lo está investigando.
Un esquema Ponzi
A comienzos de 2025, Conexión Ganadera anunció que no podría cumplir con los pagos a sus 4.300 clientes con inversiones por US$400 millones, ya que solo tenía US$150 millones en activos.
Un contador contratado por la empresa para estudiar su situación financiera dijo públicamente que “sin haber empezado con un esquema Ponzi, terminó como un esquema Ponzi”.
Es decir, en su visión, comenzó siendo un negocio legítimo que después sostuvo sus pérdidas con la captación de nuevos fondos para pagar a los inversores más antiguos.
“La única forma de mantener esto era que nueva gente diera plata para pagar los intereses y así no se caía el esquema”, le dice a BBC Mundo el abogado Leonardo Costa, uno de los litigantes.
Eso sucedía pocos meses después de que otras dos compañías del mismo rubro comunicaran la cesación de pagos y dejaran sin su dinero a miles de pequeños inversores que sumaban unos US$100 millones.
Tras la caída de esas empresas, uno de los dueños de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, decidió acelerar hasta 211 kilómetros por hora cuando manejaba su Tesla por una carretera uruguaya y estrellarse contra maquinaria vial al costado de la ruta.
Murió en el acto. Las computadoras y cámaras del Tesla fueron investigadas y un fiscal determinó que se trató de una “acción voluntaria”.
Cuando su socio, Pablo Carrasco, debió dar explicaciones a los inversores por no devolverles su dinero, dijo que desconocía lo que sucedía en la compañía, que él solamente se ocupaba de la parte ganadera y que el hombre detrás de la estafa era Basso.
Basso ya no podía defenderse.
“Un encantador de serpientes”
Martín Fablet (62 años) comenzó a invertir parte de sus ahorros en Conexión Ganadera en 2011.
Además de empresario, Fablet es una personalidad de la radio y televisión uruguaya. Un periodista agropecuario compañero en la AM Sarandí le hizo conocer el producto de inversión y lo acercó a Basso.
“Era un encantador de serpientes”, piensa ahora, sin demasiadas esperanzas de recuperar los US$270.000 que puso en lo que creía que eran vacas.
En todos estos años, a Fablet le surgieron dudas del negocio. No le cerraban los números de rentabilidad que le pagaban.
“No puede ser que dé esa guita (plata), porque tengo amigos que tienen campo y no les da ese número”, le decía al cofundador de Conexión Ganadera.
Los conocedores del negocio decían que no llegaban ni a la mitad de rentabilidad que la ofrecida por la sociedad Basso-Carrasco.
Fablet tuvo varios encuentros con Basso y le planteó su desconfianza, incluso se reunió con él y con contadores que llevó para que les explicaran cómo hacían para tener semejantes márgenes de ganancia, pero el empresario ganadero siempre se las ingeniaba para convencerlo de que, con su modelo de negocios, era posible.
El sistema de trazabilidad
Uno de los pilares sobre los que se erigió la estafa fue el sistema de trazabilidad del ganado uruguayo.
El país sudamericano se jacta desde hace años de haber implementado un método que permite saber dónde está cada una de sus vacas desde que nace hasta, inclusive, el plato donde se sirve en forma de bife.
En una de las orejas de la vaca se le pone una etiqueta analógica y en la otra una digital, ambas codificadas para saber de qué vaca se trata.
Esto complementa la identificación con la marca a fuego y los documentos de propiedad.
Para los inversores de estos fondos ganaderos, ese código era la certeza de que había una vaca registrada a su nombre ante el Ministerio de Ganadería.
Sin embargo, la investigación judicial constató que en muchos casos esas vacas no estaban.
“Era ganado virtual, no existía”, dice Felipe Caorsi, un asesor en finanzas uruguayo que investigó el accionar de estos fondos.
Tal vez nunca se habían comprado, tal vez alguna vez existieron pero ya habían pasado a faena, o tal vez terminaron en alguno de los tantos embarques de ganado en pie que Basso envió a Turquía, le cuentan a BBC Mundo fuentes del caso.
La investigación judicial halló identificadores -que debían estar en las orejas del ganado- guardados en cajas.
Y el sistema de rastreo vacuno al milímetro resultó basarse en declaraciones juradas que podían ser falseadas para hacer creer que había vacas donde no las había.
“Cuando ibas al Ministerio de Ganadería a ver dónde estaba tu ganado, de los 500 bichos que tenías figuraba que tenías 200. ‘Che, Gustavo, tengo 200 bichos, ¿y los 500? Ah no, lo que pasa es que hubo un movimiento, dejame ver’. Y al otro día entrabas a la página del Ministerio de Ganadería y estaban los 500 bichos. Yo no sé qué manejos hacía”, le dice Fablet a BBC Mundo.
El método Conexión Ganadera
Conexión Ganadera había logrado una alta reputación en el mercado uruguayo.
Pablo Carrasco era la cara más visible. Participó durante años en un prestigioso programa periodístico radial en el que debatía de política y sociedad, al tiempo que se mostraba como un empresario exitoso con proyectos ambiciosos.
“Los roles estaban bien separados. Carrasco era la imagen, el personaje que hacía vendible el producto. Gustavo Basso captaba dinero”, indica Caorsi.
Reconocidos políticos, profesionales y hasta sacerdotes les creyeron e invirtieron sus ahorros en su esquema.
“La gente confiaba como si le estuviera dando su dinero a un banco. Te decían ‘deposité mi dinero'”, explica Nicolás Ghizzo, abogado de un grupo de víctimas.
Y el negocio se fue agrandando tanto que otros emularon el modelo, aunque no fuera posible pagar lo que se prometía.
Esto a pesar de que la ganadería tradicional en ese país se ha financiado con capital propio, con el sistema bancario y con proveedores, y no con fondos ganaderos, explica a BBC Mundo el presidente de la Asociación Rural del Uruguay, Rafael Ferber.
Tanto Conexión Ganadera como los otros fondos de inversión del sector no eran controlados por el Banco Central de Uruguay porque, ante una advertencia del organismo regulador, modificaron los contratos para que no pareciera una inversión financiera, sino productiva.
¿Dónde está la plata?
De las inversiones que recibían, un alto porcentaje no era destinado a la compra de ganado como se estipulaba en los contratos, sino que fueron derivadas hacia otros fines, según se desprende de la investigación del fiscal.
“La mayoría de los inversores, el 70%-75%, no tienen un solo animal”, señala Juan Pablo Decia, otro de los abogados de un grupo de víctimas.
Según Caorsi, Basso desvió fondos de Conexión Ganadera a inversiones personales como un frigorífico, préstamos a otro frigorífico, compra de tierras, autos de alta gama, inversiones inmobiliarias y cuentas bancarias en el exterior.
“Hay dinero aparentemente en el exterior que también sería de los inversores y que no habría sido contemplado en el número inicial (de activos)”, señala el abogado denunciante Ignacio Durán.
“Cuando hicimos una ampliación de denuncia dimos información de una cuenta en un paraíso fiscal, en Andorra”, agrega.
“Son unas 30 empresas satélite. Eso fue lo que la Fiscalía les informó a los abogados de los damnificados”, apunta Santiago Alonso, otro de los letrados que denunció a los empresarios.
Caorsi denuncia que existieron contratos de inversión apócrifos. “Fuimos a buscar a las personas y nos encontramos que algunos sabían y habían prestado su nombre para el contrato, en otros casos era gente que no sabía que estaba su nombre ahí”, relata.
Agrega, entonces, que la cantidad de damnificados no sería de 4.300, como había comunicado Conexión Ganadera inicialmente, sino la mitad, por US$220 millones.
En la primera de las causas que se inició en este sector, la de Grupo Larrarte, la justicia uruguaya imputó a su titular, Jairo Larrarte, por los delitos de estafa, apropiación indebida y liberación de cheques sin fondos.
¿Podrán recuperar las víctimas algo de su dinero? De momento es incierto.
“Hablando con otras personas, las veo demolidas. Y sé que hablando con los abogados les dicen ‘si no me conseguís la plata, me voy a tener que suicidar’. Me da miedo”, expresa Fablet.
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