La violencia en Guerrero evidencia la relación entre criminales y autoridades
Los acuerdos que existen entre los grupos criminales y autoridades de Guerrero son evidentes desde el momento en que no existe una estrategia real para contenerlos o frenarlos, coinciden organizaciones de derechos humanos ante los últimos hechos violentos ocurridos en la entidad.
En las zonas más violentas de Guerrero hay indicios que sugieren vínculos entre el poder político y grupos delictivos, porque, casualmente, ninguna operación policiaca funciona.
Por ejemplo, casos como el de Tierra Caliente, donde ocho de nueve alcaldes de la región son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE) por presuntamente participar en un bloqueo carretero para exigir la salida de la institución. Esto ocurrió en abril, después de una operación policiaca donde fueron decomisados 12 vehículos de lujo y de colección propiedad de los hermanos Jhony y José Alfredo Hurtado Olascoaga, líderes locales de La Familia Michoacana.
Los ediles de los municipios de Tierra Caliente son señalados por los propios pobladores de tener relación con La Familia Michoacana, organización que desde hace más de una década tiene operaciones en ocho de los nueve municipios: Arcelia, Pungarabato, Tlalchapa, Cutzamala de Pinzón, Tlapehuala, Ajuchitlán del Progreso, San Miguel Totolapan y Coyuca de Catalán.
En Zirándaro, el noveno municipio de la región, son otros los acuerdos.
Esta organización criminal fija los precios de los productos de la canasta básica y de otros productos y servicios como la cerveza, el refresco, el transporte público y materiales de construcción.
La situación de alza de precios afecta de manera directa a los pobladores de la Tierra Caliente, quienes han denunciado el control que ejercen sobre ellos para que consuman en ciertos establecimientos.
“Ya hay zonas establecidas: si eres de una comunidad, no puedes ir a comprar a otra porque te pueden detener los armados y hasta multarte, o en el caso de la Coca-Cola, no puedes ingresar a la región con paquetes porque existe el riesgo de que esos grupos armados te la quiten, porque solo ellos pueden distribuirla”, mencionó un poblador.
Testimonios de pobladores, de quienes se omite su nombre por seguridad, aseguran que todo lo anterior no podría ser posible sin acuerdos, y esto se extiende a otros roles, por ejemplo, en los ayuntamientos, donde ciertos grupos tienen injerencia para trabajar junto a quien es el encargado de la seguridad pública.
“Aquí todos nos conocemos, sabes quién es quién y a qué se dedica y, de repente, alguien que andaba con esos grupos delictivos vemos que ya es policía o incluso comandante, y ¿qué puede hacer uno? Si la seguridad pública depende de ellos, no hay ni dónde denunciar”, señala otro ciudadano.
Las estrechas relaciones
Durante el pasado proceso electoral local de 2021, los candidatos ganadores que hoy son alcaldes fueron los únicos que hicieron campaña.
De siete partidos en la contienda, la alianza PRI-PRD y Morena lograron ganar los municipios de Tierra Caliente; no tuvieron competencia.
En Coyuca de Catalán, la única candidata opositora al reelecto alcalde Eusebio Echeverría Tabares era la morenista Francisca Baltazar Bravo, que a 10 días de comenzar la contienda declinó la candidatura porque, presuntamente, recibió amenazas de grupos delictivos. Todo esto fue documentado en su momento por la prensa local.
Los alcaldes que ganaron sin competencia fueron los que el 28 de abril bloquearon los accesos carreteros a la región, exigieron la salida de la FGE y la renuncia de la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón.
Se trata de seis priistas que hoy gobiernan Pungarabato, Cuauhtémoc Mastachi Aguario; Cutzamala de Pinzón, Mayte Arce Jaimes; Arcelia, Bulmaro Torres Berum; Tlapehuala, José Luis Antunes Goicochea, y Ajuchitlán del Progreso, Víctor Hugo Vega Hernández. Además del alcalde perredista Eusebio Echeverría Tabares, de Coyuca de Catalán, y la morenista Tania Mora Eguiluz, de Tlalchapa.
En Zirándaro, gobernado por la morenista Tania Pacheco Duarte, la radiografía institucional indica que existen operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En septiembre del 2020 fue filtrado un video donde se observa una cabalgata pública por las calles del pueblo, encabezada por hombres armados, algunos en camionetas blindadas.
Otras regiones
Iguala y Taxco son otros municipios en crisis por la inseguridad, donde han sido revelados nexos con autoridades municipales.
En Iguala, desde hace dos meses los hechos violentos alertan a la población. A mediados de junio, el alcalde priista David Gama Pérez ordenó el cierre del Palacio del Ayuntamiento y dejó a la población sin servicios porque comenzó a recibir amenazas mediante cartulinas y lonas en la ciudad por no “cumplir acuerdos”.
Las amenazas llegaron acompañadas de hechos violentos: en dos días asesinaron a un trabajador del ayuntamiento, hubo ataques armados a oficinas y comercios.
En octubre de 2021, días después de que Gama Pérez asumió la alcaldía, hombres armados dejaron abandonada una camioneta con cuatro individuos asesinados afuera de su casa de campaña.
Hasta ahora, el alcalde no se ha pronunciado sobre la inseguridad, y menos ha dejado claro cuáles serán sus acciones para frenarla.
Desde 2014, cuando 43 jóvenes de la Normal Rural de Ayotzinapa fueron atacados y desaparecidos, Iguala es referencia de las relaciones de grupos criminales con políticos y miembros de corporaciones policiacas y militares.
En Iguala tienen operaciones los grupos criminales Los Tlacos y La Bandera, de acuerdo a un informe del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El mismo contexto de inseguridad existe en el “pueblo mágico” de Taxco, donde a mediados de junio hubo cierre de negocios, suspensión del servicio del transporte, ataques a tortillerías, el asesinato de un empleado del gobierno municipal, la desaparición de ocho policías municipales y del director de Protección Civil y el hallazgo de una granada de fragmentación que un grupo dejó en las oficinas del ayuntamiento.
Y el caso más reciente y notorio fue el de la alcaldesa de Chilpancingo, la morenista Norma Otilia Hernández Martínez, quien se vio envuelta en la polémica tras la difusión de imágenes de una reunión que sostuvo con uno de los presuntos líderes de Los Ardillos, Celso Ortega Jiménez.
La alcaldesa se ha negado a solicitar licencia del cargo, a pesar de que la FGR le ha solicitado declarar sobre estas reuniones y de que la dirigencia estatal de Morena le ha sugerido que colabore para esclarecer los presuntos nexos con grupos delincuenciales.
“Estoy curada de espanto”, dijo recientemente al ser cuestionada sobre la posible filtración de más evidencias de sus contactos con esos grupos.
Los Ardillos es un grupo que tiene operaciones en la zona Centro y Montaña de Guerrero y también tiene vínculos con el PRD, pues el diputado Bernardo Ortega Jiménez es hermano de Celso y Jorge Iván, líderes de Los Ardillos, cuyo padre —Celso Ortega Rosas— se ubica como fundador de dicha agrupación.
El diputado Bernardo Ortega niega alguna relación con sus hermanos y, en comunicado reciente, dijo que desde hace 15 años no los ve. Estos comunicados los emite cada que ocurren hechos de violencia en los municipios donde operan sus hermanos.
Este político ha ocupado cargos públicos y de representación popular en los municipios donde operan Los Ardillos desde 2002, cuando ganó la alcaldía de Quechultenango; actualmente, es su cuarto periodo como legislador local.
“Actúan como si no existiera un aparato de seguridad”
De acuerdo con pequeños comerciantes de la capital del estado, durante la Feria de Navidad y Año Nuevo de Chilpancingo hubo civiles armados que cobraron el derecho de piso a los locatarios acompañados de policías municipales.
Esta declaración la dio a conocer un empresario durante una reunión entre hoteleros y prestadores de servicios con el gabinete de seguridad.
Para el director de Tlachinollan, Abel Barrera, esta falta de gobernabilidad se debe a que los grupos criminales tienen como objetivo tener el control en las presidencias municipales, los negocios lícitos e ilícitos, así como del cobro de piso, las extorsiones y los secuestros.
“Por eso actúan como si no existiera un aparato de seguridad”, advierte.
También regulan el comercio, mantienen las extorsiones y los secuestros.
“Estos grupos criminales actúan como si no existiera un aparato de seguridad que ha sido creado expresamente para proteger a la población. Los policías y militares portan armas y están entrenados para contener y disuadir a grupos que ponen en riesgo la convivencia pacífica y atentan contra el orden y el Estado de derecho”, explica Barrera.
Para Tlachinollan, la violencia tiene un aumento desde hace cuatro sexenios, que va de Ernesto Zedillo hasta la actual administración de Andrés Manuel López Obrador.
En el presente sexenio, apunta Barrera, el incremento de elementos de seguridad y la permanencia del Ejército en las calles ha sido notorio, pero esto no ha dado resultado.
“En nuestro estado, a pesar del incremento del número de elementos de la Guardia Nacional y del mismo Ejército, la proliferación de las organizaciones delictivas sigue al alza en las siete regiones”, comenta el activista de derechos humanos.
Para el Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, otra organización que atiende casos de violencia en el estado, la situación es clara: hay una colusión entre criminales y autoridades electas en las urnas.
“Las presidencias municipales están coludidas con la delincuencia organizada, y depende del municipio: hay unos donde es el grupo criminal quien gobierna; entonces, eso nos pone en riesgo a todos los ciudadanos porque estamos sometidos, bajo un control que sin querer fue puesto sobre nosotros”, menciona la representante del Centro Morelos, Teodomira Rosales Sierra.
La activista asegura que no existen planes y programas para contener la violencia, porque es el mismo Estado el que la genera, a través de los grupos criminales.
Guerrero encabeza las estadísticas de políticos asesinados
En las elecciones de 2018, Guerrero encabezó las listas nacionales de candidatos y políticos asesinados con 24 casos registrados por la prensa local, además desde las elecciones de 2015 hasta 2018 otros 17 políticos fueron víctimas de violencia.
Algunos de los casos de políticos asesinados entre 2017 y 2018 son los perredistas Arturo Gómez Pérez, alcalde de Petatlán; Roger Arellano Sotelo, exalcalde de Acapetlahuaya; Demetrio Saldívar Gómez, exsecretario general del PRD estatal; Elí Camacho Goicochea, exalcalde de Coyuca de Catalán, y Francisco Tecuchillo Neri, exalcalde de Zitlala.
Del PRI fueron asesinados el aspirante a la alcaldía de Atoyac, Adolfo Serna Nogueda, y el excandidato a la alcaldía de Eduardo Neri, Francisco Torres Rendón.
En 2021, el último proceso electoral, el Indicador de Violencia Política en México elaborado por la consultora Etellekt arrojó que 23 políticos fueron asesinados.
Otro informe presentado a través del Atlas de Riesgo Electoral, elaborado por varias asociaciones civiles e instituciones electorales, contó hasta 45 actores políticos víctimas de la violencia, es decir, que sufrieron atentados y desapariciones o fueron asesinados.
El próximo año, 2024, en Guerrero se disputarán 81 alcaldías, 28 diputaciones locales y siete federales. El proceso inicia oficialmente el 7 de septiembre próximo, de acuerdo con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero.
Con el reacomodo electoral y el antecedente de violencia en la entidad, hay una alta probabilidad de que el proceso electoral de 2024 tenga el mismo comportamiento.
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Un análisis de los detalles clave de la nueva estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump y sus implicaciones para Europa, América Latina y el mundo.
La Estrategia de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump ha generado alarma entre los aliados más cercanos de Estados Unidos y marca un alejamiento dramático de los principios fundamentales de la política exterior estadounidense de décadas.
El documento de 33 páginas, divulgado por el gobierno hace unos días, presenta el mundo primordialmente como un escenario económico, resaltando los acuerdos bilaterales y el nacionalismo económico por encima del multilateralismo y la promoción de la democracia.
La estrategia refleja las “cepas más ideológicas” del gobierno de Trump, comentó el corresponsal de BBC News en el Departamento de Estado, Tom Bateman, en el podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC.
Esta también tiene implicaciones para América Latina, tanto en cómo se relaciona Washington con los cada vez más numerosos gobiernos de derecha, hasta la nueva versión de la Doctrina Monroe, que reafirma a la región como el “patio trasero” de EE.UU.
Igualmente impactante es lo que el documento omite, sin casi una sola crítica hacia adversarios tradicionales como Rusia y China.
En cambio, reserva el lenguaje más cargado para con Europa, lo que dio pie a la preocupación a lo largo de las capitales europeas.
“Eliminación civilizacional”
Mientras que anteriores estrategias de seguridad nacional tendían a reafirmar los valores y prioridades compartidos de EE.UU. con los países europeos, este documento toma un giro diferente.
Europa será “irreconocible en 20 años a menos”, declara, por la acogida del continente a las instituciones multilaterales y sus políticas migratorias, que se han convertido en una influencia corruptora de la “identidad occidental”.
En esa sección, la estrategia crudamente declara que los estados de Europa enfrentan lo que llama la “eliminación civilizacional”.
Los líderes europeos han quedado, por lo menos en privado, “horrorizados” por el documento, dijo al podcast nuestro corresponsal en el Departamento de Estado.
“No están sorprendidos de que esta sea la postura ideológica de algunas partes del gobierno, pero verlo articulado dentro de un documento formal de política es bastante preocupante para ellos”, expresó.
Un “divorcio”
La reacción en Europa de lado y lado del espectro político no se ha hecho esperar.
El diario francés de izquierda Le Monde catalogó el quiebre como un “divorcio”, señalando que marca una ruptura histórica con la era posterior al final de la Segunda Guerra Mundial
“El divorcio está finalizado, pendiente de la división de bienes”, escribe el diario en su artículo.
Más diciente aún en términos de la prensa francesa, indica el corresponsal Tom Bateman, es el comentario del diario conservador Le Figaro sobre la aparente contradicción de lo que afirma el documento sobre lo que llama la “pretensión del no intervencionismo” por un lado y, por el otro, el intervencionismo explícito en el caso de los países europeos.
La estrategia textualmente indica la intención de EE.UU. de cultivar la resistencia de los partidos de oposición en los países europeos. Eso implica apoyo a partidos de extrema derecha como el AfD en Alemania, el Partido Reforma en Reino Unido, y la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, entro otros.
Es un apoyo explícito a los movimientos políticos en Europa que abogan por un nacionalismo económico y una oposición férrea a la migración, que el documento tilda de “partidos patrióticos”.
El paralelo con América Latina
La estrategia hacia Europa sería una repetición de cómo ha accionado el gobierno de Trump en relación con América Latina, opina el corresponsal de la BBC.
En Argentina, por ejemplo, menciona el rescate económico que Trump aprobó para el gobierno de Javier Milei días antes de que su partido enfrentara elecciones legislativas que definirían el futuro de su proyecto político.
“Eso fue interpretado por los opositores (de Milei) como una evidente interferencia por Estados Unidos”, expresó Tom Bateman.
Ese apoyo se repitió antes de las recientes elecciones en Honduras, cuando Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, que cumplía una condena de 45 años en EE.UU. por narcotráfico, al tiempo que manifestó su apoyo al candidato de derecha Nasry “Tito” Asfura.
Lo mismo se ha visto en Brasil, con los ataques de Trump contra los tribunales de ese país que condenaron al expresidente de corte “trumpista” Jair Bolsonaro por su intento de golpe tras haber perdido las elecciones en 2022.
El “corolario Trump” a la Doctrina Monroe
La nueva estrategia realza al continente americano, referido como el “Hemisferio Occidental”, como un principal foco de la política exterior de EE.UU.
El gobierno quiere “asegurarse… de que la región permanezca estable y suficientemente bien gobernada para evitar y desalentar la migración masiva hacia Estados Unidos”, lee el documento.
La estrategia introduce la idea de un “corolario Trump” a la doctrina Monroe, posicionando la táctica del gobierno como una secuela a la política del presidente James Monroe en el siglo XIX afirmando la primacía de EE.UU. en el continente americano y repeliendo la interferencia de los poderes coloniales europeos.
El gobierno considera esta renovada atención como necesaria para contrarrestar la influencia de China en América Latina, señala nuestro corresponsal, a pesar de que China no está mencionada directamente en el documento.
China ha logrado obtener demasiada posición económica en la región, según Trump, aunque su insinuación de que está “operando” el Canal de Panamá no es literalmente verdad.
Los recientes esfuerzos diplomáticos, incluyendo la visita del secretario de Estado, Marco Rubio, a países latinoamericanos a comienzos de año, son una señal de la intención de Washington de reafirmar su dominio tanto económico como estratégico en la región.
Aunque la estrategia no se extiende en la dimensión militar de esta política, la campaña de bombardeos aéreos contra supuestos narcotraficantes en el Caribe y la presencia de múltiples acorazados y personal militar estadounidense frente a las costas de Venezuela subraya la amenaza del uso de fuerza militar.
Un deterioro anunciado
El deterioro de las relaciones entre EE.UU. y Europa ha sido aparente durante meses.
Una de las primeras señales de la actitud del gobierno de Trump hacia Europa se produjo en enero, cuando el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, emitió un cáustico ataque contra las democracias europeas, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en el que reprendió a sus líderes por ignorar las preocupaciones de sus votantes sobre la migración y la libertad de expresión.
Pero en la práctica, esta incómoda relación se ha desarrollado en otro escenario; la guerra en Ucrania.
El documento parece sugerir que Europa no ha entendido las dinámicas de poder que están en juego y que Estados Unidos debe invertir energía diplomática para estabilizar la región.
La Unión Europea está acusada de obstaculizar los esfuerzos de Washington por termina la guerra en Urania, según el documento, y que EE.UU. deber “restablecer una estabilidad estratégica hacia Rusia”, que a su vez “estabilizaría las economías europeas”.
El mensaje central es que Ucrania debería permanecer siendo un estado viable pero eso requiere reconocer la posición dominante de Rusia.
Donald Trump está “perdiendo la paciencia” con Europa y Ucrania, señala nuestro corresponsal.
“Está claro… la presión está sobre los europeos para que asientan a una postura que los ucranianos básicamente interpretan como una capitulación”, comentó en el podcast.
La tensión en torno a Ucrania ya se manifestó en momentos de alto perfil, incluyendo la reunión en el Despacho Oval de Trump y Vance con el presidente Volodymyr Zelensky en febrero, en la que tacharon al presidente ucraniano de “irrespetuoso” y “desagradecido”.
Los líderes europeos ahora enfrentan la realidad de que EE.UU. podría presionar para lograr un resultado mucho más preferencial para Moscú que para Kyiv.
Rusia recibió con beneplácito la Estrategia de Seguridad Nacional, describiéndola como “ampliamente consistente” con su visión.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional ya ha reconformado los debates en Washington y a lo largo de Europa.
Sus implicaciones para Ucrania, las relaciones EE.UU.-Europa y el orden global más amplio siguen desarrollándose.
Pero el documento deja una cosa inequívocamente clara: el gobierno de Trump pretende redefinir las prioridades de la política exterior de EE.UU. y espera que sus aliados se adapten a esa nueva realidad.
*Con información adicional del podcast The Global Story del Servicio Mundial de la BBC
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