Matrícula en primarias de Guerrero cayó 22 % debido a la violencia que lleva a suspensión de clases y abandono escolar
Daylin cursa segundo de primaria, y a sus siete años ya conoce qué implica ir a la escuela en un escenario de riesgo. Su maestro de educación física fue asesinado el pasado lunes 27 de enero, al salir de las clases del turno vespertino.
Al día siguiente, por la ejecución de su profesor, Daylin y cientos de niñas y niños de los dos turnos de la Escuela Primaria Nicolás Bravo, ubicada en la colonia Obrera, en una calle paralela al bulevar Vicente Guerrero, en Chilpancingo, no fueron a clases. Esa semana, ella tendría la clase semanal de educación física, pero su maestro fue asesinado.
“Hoy tenía clases de física, pero no fui a la escuela”, compartió la niña, a quien su mamá y papá no le contaron las razones por las que no la llevaron a clases.
Dos días después del homicidio, las clases se reanudaron sin ningún tipo de vigilancia.
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La mamá y el papá prepararon a Daylin para llevarla a la escuela, preferirían no hacerlo, pero ambos tenían que ir a sus respectivos trabajos. El día es más complicado si la niña no tiene clases.
Maestros se ausentan de sus clases por temor a la violencia en Guerrero
En Guerrero, constantemente, madres y padres de familia de áreas rurales, sobre todo, protestan en calles de la capital para que la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) mande maestros a dar clases, los que se ausentan por la violencia. Dejan de ir durante semanas y las autoridades no hacen nada para que cambie la inseguridad y las maestras y maestros retornen a sus funciones.
“La comprensión lectora de las niñas y los niños en México está bajando porque acuden a la escuela en escenarios que no son los apropiados para aprender”, indicó Juan Martín Pérez García, de Tejiendo Redes Infancia de América Latina y El Caribe, en entrevista realizada a distancia.
Pérez García alertó que esto afecta sobre todo a las comunidades indígenas y se debe a una discriminación estructural del Estado mexicano hacia estas poblaciones.
En noviembre pasado, por ejemplo, el Consejo Indígena y Popular del Estado de Guerrero, Emiliano Zapata (Cipoeg-EZ) cerró las oficinas de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), para exigir que manden maestros a comunidades de municipios de la región Montaña, en donde desde hace dos años no hay clases normales. La organización protestó dos días seguidos, también tomaron edificios públicos, y se retiraron sin recibir atención de la autoridad educativa.
“Ya nos vamos, solo vinimos a comprobar que en Guerrero hay un gobierno insensible, porque no le interesan las necesidades de la gente pobre”, acusó el dirigente de la Cipoeg, Jesús Plácido Galindo.
En los dos últimos años, en varios municipios de la entidad se suspendieron por meses las clases, debido a episodios reiterados de violencia. Es el caso de Chichihualco, cabecera del municipio de Leonardo Bravo, en donde desde julio del 2023 no hay clases normales.
En esta cabecera, colindante con la capital del estado, desde 2023 se registra una disputa de grupos criminales, razón por la que continuamente ocurren enfrentamientos en las calles y parques públicos.
A finales de 2024, en los municipios de Cuajinicuilapa, región de la Costa Chica, y en Tecpan, Atoyac y Coyuca de Benítez, se suspendieron las clases el pasado mes de octubre por diversos hechos de violencia.
En Cuajinicuilapa, a principios de octubre del 2024, personas desconocidas colocaran mantas en varios puntos de esta población en contra del alcalde, Heriberto Salinas, y otros integrantes del Ayuntamiento para que abandonaran los cargos, a quienes acusaron de ser integrantes del grupo criminal encabezado por Licho Ventura. Días después, hombres armados incendiaron la casa y automóvil del tesorero municipal y secuestraron a un regidor, por lo que el alcalde y la sindica solicitaron licencia. Las clases reiniciaron hasta este 13 de enero del 2025.
En Tecpan de Galeana, municipio de la Costa Grande, se suspendieron las clases desde el 24 de octubre de 2024, cuando un grupo armado identificado como Gente Nueva Generación (GNG) irrumpió en la cabecera municipal, supuestamente, para pelear el control económico, político y de actividades criminales, del grupo conocido como Los Granados. La irrupción significó la muerte de unos 30 integrantes y unas 20 detenciones por los enfrentamientos que se libraron en varias de las calles de la cabecera. Las clases reiniciaron hasta el 13 de enero.
En Chautipan, una comunidad serrana de la capital, se suspendieron las clases en septiembre pasado en los tres niveles educativos disponibles, primero por las lluvias y afectaciones en el camino que dejó el huracán John y después por la desaparición de 17 habitantes, once de ellos, entre cuatro menores y dos mujeres, fueron asesinados, desmembrados, decapitados y desollados. En esta comunidad, las clases del nivel primaria se reanudaron hasta el 20 de enero, pero sigue sin haber actividades en los niveles de preescolar y secundaria.
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El derecho a la educación, un proyecto de vida trunco
Daylin no forma parte de una primaria rural, tampoco se trata de una institución marginal de la ciudad. Se trata de una primaria dentro de la zona urbana, con décadas de historia en la formación de varias generaciones de chilpancingueños. Aún así, la niña no va a clases muy seguido, a consecuencia de la violencia.
En tales condiciones, los proyectos de vida de las niñas y los niños se truncan por no tener acceso a una educación de calidad, alertó la Red. Parte de las consecuencias de estos escenarios es que los menores no se concentran y no aprenden.
Entre julio de 2023 y febrero de 2024, en tres ocasiones las escuelas de todos los niveles de Chilpancingo, entre ellas, la escuela a la acude Daylin, cerraron por la violencia, la que se centró en el sector de los transportistas y abarcó a todos los demás sectores de la ciudad, porque sin transporte público la ciudad se paralizó.
La primera jornada de violencia ocurrió en julio del 2023, cuando habitantes de diferentes pueblos que conforman el llamado Circuito Azul, de los municipios de Mochitlán y Quechultenango, entraron a la ciudad de forma violenta; la segunda vez fue en agosto del mismo año, después del asesinato de tres conductores en la base del servicio de la colonia Los Ángeles, al oriente de Chilpancingo. Los conductores fueron baleados y calcinados. La tercera jornada, la más larga y violenta, fue en febrero de 2024, cuando siete conductores del transporte público fueron asesinados. La ciudad se paralizó totalmente cinco días.
Además de los episodios violentos que repercuten en toda la ciudad, la primaria a la que acude a clases Daylin, en la colonia Obrera, forma parte de un territorio con altos niveles de violencia. Alrededor de esta primaria ya ha habido varios asesinatos, aunque es la primera vez que la violencia le tocó a un integrante de la planta docente.
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Diversas administraciones municipales clasificaron a las colonias Los Ángeles, al oriente de Chilpancingo; La Obrera, al poniente; El PRI, al sur, y El Amate, al norte, como los cuatro centros urbanos más inseguros de la ciudad, por los asesinatos ocurridos en sus calles y parques.
Por esta violencia, Pérez García afirma que en todo el país han abandonado la escuela el 25 % de estudiantes, debido principalmente a que en las áreas rurales las maestras y los maestros no van a clases cuando se presenta un episodio de violencia.
“Eso hace que baje el rendimiento escolar y todo termina en el abandono escolar”.
“Cuando a una niña y niño no se le garantiza el derecho a la educación se está violentando su derecho a un proyecto de vida”, sostiene la Red Tejiendo Infancias.
En Guerrero ya están los efectos. La eficiencia terminal en educación primaria disminuyó dos puntos porcentuales, al pasar de 95.7 a 93.6, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre el ciclo escolar 2023-2024.
Unas ocho mil niñas y niños abandonaron la escuela en cualquiera de los seis años que comprende la educación básica.
De acuerdo con la misma fuente, la situación educativa en Guerrero se complica año con año, porque la cantidad de inscritos de este nivel disminuyó drásticamente. Para el ciclo escolar 2023-2024 la matrícula escolar de este nivel educativo es de 408,727 inscritos, mientras que en el ciclo escolar 2010-2011 fue de 524, 292 estudiantes. Es decir, hay 115 mil 565 niñas y niños menos en el nivel primaria en los planteles educativos de Guerrero, lo que equivale a una caída en la matrícula del 22 %.
La razón de la caída en la cantidad de inscritos no puede ser la disminución de la población, porque esta aumentó de 3 millones 338 mil a 3 millones 606 mil, entre 2010 y 2024.
Esta situación de acuerdo con Red Tejiendo Infancias es en todo el país. “En todo el país hemos perdido al 25 por ciento de estudiantes”, señaló Pérez García.
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Las Naciones Unidas y otras organizaciones de ayuda humanitaria han cuestionado la forma en que se están distribuyendo los alimentos en Gaza.
Al menos 46 personas que estaban esperando para recibir alimentos murieron por disparos del ejército israelí en dos incidentes en el sur de Gaza, de acuerdo a reportes del personal paramédico y rescatistas que trabajan en la zona.
Las agencias de atención humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han condenado el sistema de distribución de alimentos en esta región apoyado por Israel y Estados Unidos, y lo han considerado “una abominación” y una “trampa mortal”.
Estos incidentes mortales se han vuelto más frecuentes en los últimos días, aunque han generado poca atención por fuera de Gaza desde que Israel atacó Irán hace más de una semana.
Sin incluir este último reporte, la ONU ha dicho que más de 410 palestinos habrían muerto por disparos o bombardeos israelíes desde que la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF) comenzó a operar a fines de mayo.
¿Por qué la vida de nuestros niños vale tan poco?”, reclama Umm Raed al Nuaizi, una mujer viuda cuyo hijo fue herido cuando iba a recolectar comida para su familia hambrienta en la parte central de Gaza.
“Mi hijo fue por harina para poder comer él y sus hermanos, pero ahora está en una unidad de cuidados intensivos”, anota.
Imágenes del hospital al Awda, en el campo de refugiados de Nuseirat, muestran escenas caóticas con jóvenes heridos de bala que son ingresados al centro médico, muchos de ellos gimiendo de dolor y cubiertos de sangre.
Todas las camas del hospital se ven llenas y las imágenes muestran a las víctimas en el suelo.
En las imágenes también se ve a un hombre mayor que yace muerto, mientras su esposa le toma el rostro con un gesto de dolor.
Disparos contra civiles
Los funcionarios del hospital y la agencia de Defensa Civil de Gaza, dirigida por Hamás, informaron que al menos 21 personas murieron y otras 150 resultaron heridas en el reciente incidente.
Testigos señalaron que miles de personas se encontraban en el punto de despacho de alimentos de la GHF en una zona militar israelí cuando los soldados abrieron fuego.
Las Fuerza de Defensa de Israel (FDI) indicaron que se había “identificado una reunión en un área adyacente a las tropas de las FDI que operan en el corredor de Netzarim”.
“Se ha reportado que varias personas resultaron heridas debido al fuego de las FDI en el área. Se están investigando los hechos”, señalaron en un comunicado.
Las autoridades de la GHF indicaron que “no hubo incidentes cerca de los lugares de reparto de comida durante esta mañana”.
Paramédicos y rescatistas informaron que, además, al menos 21 personas murieron cerca de un centro dirigido por la GHF en el sur de Gaza, en la mañana del martes.
Un testigo dijo a la BBC que había ido a un punto al norte de Rafah a las 05:00 hora local, pero poco antes de la hora de apertura, prevista para las 10:00, los tanques israelíes avanzaron hacia ellos y abrieron fuego sin previo aviso.
“Los disparos fueron directo contra los civiles y se podía ver sangre por todas partes”, dijo Hatem Abu Rjileh.
“Todos a mi alrededor terminaron heridos. Había más de 30 a quienes nadie pudo venir a ayudar. Nosotros solo pudimos sacar a un familiar y llevarlo con nosotros”, añadió el testigo.
Por su parte, las fuerzas israelíes le dijeron a la BBC que “contrario a los reportes que han sido difundidos, las FDI no tienen conocimiento del incidente en cuestión en Rafah en el punto de distribución de comida”.
Israel alivió su bloqueo sobre Gaza hace un mes y la GHF comenzó a operar unos días después. Esta organización señala que hasta el momento ha entregado cerca de 41 millones de viandas de comida.
La GHF está oficialmente clasificada como una organización privada, está respaldada por Estados Unidos e Israel y no se conoce mucho sobre cómo se financia. De hecho, usa un equipo privado y armado para su seguridad.
La ONU y otros grupos de ayuda humanitaria han rechazado colaborar con esta fundación, a la que acusan de cooperar con las metas de Israel en su guerra contra Hamás de un modo que viola los principios humanitarios.
Sin embargo, Israel considera que la GHF es una pieza clave en el nuevo plan de ayuda a los gazatíes y señala que socavará lo que queda del control de Hamás en Gaza.
Cuestionamientos
Tras conocerse la noticia de los últimos incidentes, un portavoz de la oficina de derechos humanos de la ONU, Thameen al Kheetan, ofreció una sesión informativa en Ginebra condenando el sistema.
“El mecanismo militarizado de asistencia humanitaria de Israel contradice las normas internacionales sobre distribución de ayuda”, declaró.
“La militarización de la entrega de alimentos para civiles, además de restringir o impedir el acceso a servicios básicos, constituye un crimen de guerra”, añadió.
El vocero además señaló que correspondía a los tribunales decidir si se habían cometido crímenes de guerra.
En declaraciones a la prensa en Berlín, Philippe Lazzarini, director de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), declaró: “El supuesto mecanismo recién creado es una abominación que humilla y degrada a personas desesperadas. Es una trampa mortal que cuesta más vidas de las que salva”.
Ante la solicitud de una respuesta a las recientes críticas de la ONU, las FDI le explicaron a la BBC que permiten a la GHF “operar de forma independiente en la distribución de ayuda a los residentes de Gaza” y que están “trabajando para garantizar su distribución segura y continua, de conformidad con el derecho internacional”.
La idea de Israel de una nueva fase de la guerra en Gaza, presentada hace varias semanas, no se ha materializado.
Esto implicaba que la GHF gestionara los únicos puntos de distribución de ayuda.
Por ahora, Israel sigue permitiendo la entrada a Gaza de decenas de camiones con asistencia básica para la ONU y otras organizaciones humanitarias.
El sábado, World Central Kitchen informó que los camiones de ayuda habían llegado a sus equipos en Gaza por primera vez en más de 12 semanas, lo que les había permitido reanudar la preparación de alimentos en algunos de sus centros.
Sin embargo, el volumen de provisiones sigue siendo insuficiente y los expertos advierten que Gaza sigue al borde de la hambruna.
En la ciudad de Gaza, un padre de cuatro hijas nos contó que su familia se limitaba a comer pan y sal, pero que no arriesgaría su vida para acudir a los centros de ayuda del GHF.
“Las llaman zonas de la muerte”, dijo Mahmoud al Ghura.
“Mi hijo ya ha sido martirizado. Me temo que si fuera a buscar un saco de harina, volvería con mi cuerpo metido en un saco. Todos los días la gente va allí y muere. ¿Qué vamos a hacer?”.
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