
El Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) estableció una serie de sanciones en contra del periodista Héctor de Mauleón por haber publicado una columna donde señala posibles vínculos entre la próxima presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, y una red de huachicol que opera en el estado. Las medidas también alcanzaron a El Universal, el medio en el que colabora.
El pasado 1 de mayo, el periodista Héctor de Mauleón publicó una columna en El Universal titulada Huachicol y Poder Judicial en Tamaulipas en la que advirtió que el presunto líder de dicha red era Juan Carlos Madero Larios, director de Operación Aduanera durante el sexenio pasado y cuñado de Contreras López, quien en ese entonces competía por una magistratura del Pleno en el Supremo Tribunal de Justicia del estado, un cargo que obtuvo tras la elección judicial.
El periodista, además, hizo referencia a un reporte elaborado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que supuestamente identifica a Contreras López, quien previamente se desempeñaba como consejera jurídica del gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, como un enlace entre el gobierno y la red criminal.
Cuatro días después, Contreras López presentó una denuncia en contra de Héctor de Mauleón y El Universal ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, acusándolos de haber emitido presuntas calumnias electorales y de haber ejercido violencia política de género en su contra.

De acuerdo con el expediente IETAM-R/CG-10/2025, la entonces candidata argumentó que la publicación la ponía en riesgo de ser blanco de agresiones durante sus recorridos de campaña y la estigmatizaba al sugerir que su candidatura estaba siendo utilizada por hombres de un grupo delictivo.
Las medidas cautelares solicitadas por Contreras López fueron rechazadas en un inicio por el instituto, pero una semana después el Tribunal Electoral de Tamaulipas le dio la razón y ordenó a los acusados retirar la publicación de manera inmediata y no volver a emitir expresiones que la vincularan con “personas o actos delincuenciales”.
El Universal se negó a acatar la primeras medidas cautelares y denunció un intento de censura en contra del ejercicio periodístico.
Por su parte, Héctor de Mauleón atribuyó la decisión a la presencia de familiares y personas cercanas a la entonces candidata al interior del Tribunal Electoral local, entre ellas una supuesta prima y un exsubordinado de su esposo.
Pese a los reclamos, el 20 de junio, el Consejo General del IETAM emitió una nueva resolución sobre el caso en la que determinó que ambos incurrieron en violencia política contra las mujeres en razón de género por la publicación de la columna y les impuso sanciones más severas.
Entre estas se encuentra el pago de multas económicas, la publicación de una disculpa pública y de un extracto de la sentencia en el portal del medio, además de la inscripción de ambos en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género por cuatro años.
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“Las faltas leves por esta infracción la sancionan con tres años en el registro, entonces la nuestra es tan grave que amerita que permanezcamos cuatro años ahí”, dijo el periodista durante una entrevista con WRadio.
Asimismo, advirtió que su inscripción en el registro los pone en peligro de sufrir más y peores sanciones en caso de ser acusados de reincidir, además de limitar cada vez más la posibilidad de hacer investigaciones periodísticas relacionadas con corrupción.
“La batalla sigue, vamos a seguir litigando”, sostuvo. “La columna no ha sido bajada, está donde debe estar y lo que yo veo es que esto se suma ya a un inocultable patrón de censura que se está explotando por todas partes contra periodistas, medios y ciudadanos que han hecho comentarios en redes sociales, todo esto por parte de un régimen que todos los días se dice y se presume democrático, pero que lo que hace diariamente es dar muestras de intolerancia, de persecución, de censura y de represión“.
Además de las medidas señaladas, el IETAM volvió a ordenar a El Universal retirar la publicación y advirtió de nuevas sanciones en caso de persistir en desacato.
Tania Contreras López fue una de las candidatas ligadas a Morena que se vieron beneficiadas por el reparto de acordeones durante el proceso para elegir a jueces, magistrados y ministros. El próximo 1 de septiembre asumirá la presidencia del Poder Judicial en Tamaulipas tras haber obtenido la mayoría de votos por el cargo que compitió en los comicios locales.
Tras la resolución del IETAM, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) expresó su preocupación por el “continuo hostigamiento judicial” que sufre el comunicador y sostuvo que su caso es parte de una alarmante tendencia en la que periodistas son blanco de demandas aparentemente infundadas por su labor crítica.
“La resolución del Instituto Electoral de Tamaulipas que sanciona al periodista Héctor de Mauleón por violencia política representa una preocupante escalada del hostigamiento judicial usado para silenciar su labor crítica sobre la corrupción política en Tamaulipas”, manifestó Jan-Albert Hootsen, representante en México del comité a través de un mensaje en X.
“Hacemos un llamado a las y los políticos mexicanos para que dejen de presentar demandas infundadas con el fin de evitar la publicación de información de interés público”, agregó.
Según afirmó el comité en un artículo, este caso parece tener poco sustento, ya que no está claro el daño que habría causado la publicación ni el componente específico de género.
De acuerdo con Artículo 19, en los últimos cinco años al menos 158 periodistas en México han enfrentado demandas por difamación.
Este tipo de recursos llamados demandas estratégicas contra la participación pública se utilizan ampliamente en Europa y Estados Unidos como medidas de represalia para intimidar a periodistas y suprimir reportajes de interés público, indicó el CPJ.

Las incautaciones de cocaína con destino a Bélgica procedente de Sudamérica se multiplican. Mientras, la sociedad belga sufre las consecuencias del narcotráfico.
A finales de octubre, una magistrada de instrucción belga causó revuelo al publicar una carta abierta para pedirle ayuda “urgente” al gobierno de su país.
La funcionaria aseguraba que el narcotráfico estaba convirtiendo a Bélgica en un narcoestado y advirtió que el Estado de derecho estaba amenazado en este país ubicado en el corazón de Europa y cuya capital es también la capital de la Unión Europea (UE).
“¿Nos estamos convirtiendo en un narcoestado? ¿Exagerado? Según nuestro comisionado antidrogas, esta evolución ya ha comenzado”, acusó la jueza de Amberes, una ciudad cuyo puerto se ha convertido en una de las principales entradas de cocaína en Europa.
La magistrada de instrucción describió al narcotráfico como una “amenaza organizada que mina las instituciones”.
“Se han consolidado grande estructuras mafiosas, que se han convertido en una fuerza paralela que desafía no sólo a la policía, sino también al poder judicial”, añadió.
Aunque los expertos consideran que la denuncia de que Bélgica ya es un narcoestado es una exageración, alertan que el tráfico de drogas se ha convertido en un gran problema en el país europeo.
Debido a una creciente demanda de drogas en toda Europa, los narcotraficantes aprovechan la ubicación estratégica de Bélgica y del puerto de Amberes, como punto de distribución de la mercancía ilícita.
Pero quizá el factor más importante que ha hecho de Amberes un hub de la cocaína en Europa es el hecho de que su puerto es uno de los más grandes del continente: el flujo constante de contenedores ofrece oportunidades para ocultar productos ilícitos en cargamentos.
“Amberes tiene el segundo puerto más grande de Europa y tradicionalmente recibe mercancías de América Latina. Por eso, se ha convertido en un punto de entrada natural, junto con el puerto de Róterdam, para la cocaína”, le dice a BBC Mundo Letizia Paoli, criminóloga y profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lovaina, en Bélgica.
“Y las autoridades neerlandesas comenzaron a intensificar los controles en Róterdam antes que las belgas”, prosigue.
“Pienso que la acusación de ‘narcoestado’ es exagerada, pero hay tendencias preocupantes, sin duda”, añade.
El año pasado, los funcionarios de aduanas belgas interceptaron 44 toneladas de cocaína en el puerto de Amberes, una caída significativa respecto a las 121 toneladas incautadas en 2023.
Pero las autoridades belgas afirman que estas cifras no son necesariamente una señal de progreso.
Durante el primer semestre de este año, 51 toneladas de cocaína con destino a Bélgica fueron interceptadas en Sudamérica, un aumento del 155% en comparación con las 20 toneladas del mismo período del año anterior.
Pero el problema no sólo se limita al sur del continente americano, si no que va más allá.
En diciembre de 2024, las autoridades de República Dominicana informaron la incautación de más de nueve toneladas de cocaína, la mayor en la historia del país.
La droga se encontró en dos contenedores de banano procedentes de Guatemala y que tenían como destino el puerto de Amberes.
Este relativamente nuevo problema belga no se limita a Amberes.
En Bruselas, la capital del país y de la UE, el narcotráfico también está dejando huellas.
Según cifras de la policía de Bruselas, en 2023 se registraron 1.977 casos de tráfico de drogas, un aumento del 26% respecto a 2022 y del 76% desde 2015.
También en el año 2023 se registraron en la capital belga 6.595 incidentes de posesión de drogas.
Y la violencia, que algunos vinculan al uso y tráfico de drogas, parece estar saliéndose del control de las autoridades.
En 2024 se registraron 89 tiroteos en la capital belga y los reportes apuntan que este año la cifra será aún mayor.
De igual forma, desde el año pasado, Bruselas tiene catalogadas 16 zonas que se consideran especialmente peligrosas llamadas hotspots, principalmente relacionadas con bandas criminales y el narcotráfico.
También se han registrado varias muertes relacionadas con las drogas, algo rarísimo hace tan sólo una década.
“Mientras que en 2013 no encontramos ningún asesinato relacionado con el comercio de cocaína en Bélgica, entre 2014 y 2025 encontramos que en Amberes, que es el centro del tráfico de cocaína, hubo seis asesinatos relacionados con la droga”, explica la criminóloga Letizia Paoli.
“Pero si consideramos que en un solo año ocurren alrededor de 160 homicidios en Bélgica, los asesinatos relacionados con las drogas no son muchos. No representan ni siquiera el 10% de los asesinatos asociados con el tráfico de cocaína de alto nivel en Amberes, fueron solo seis en diez años”, matiza.
La carta abierta señala que las organizaciones criminales se han infiltrado en los puertos, las aduanas, la policía e incluso en los sistema penitenciario y judicial.
También afirma que jueces, incluida la autora, han sido amenazados y pide acción gubernamental.
La criminóloga Letizia Paoli asegura que apoya el llamado a que las autoridades destinen más recursos y ofrezcan una mayor protección a los magistrados: “Son peticiones realmente razonables y necesarias”.
Pero insiste en que no hay razón para hablar de Bélgica como un narcoestado.
En su opinión, un narcoestado tiene tres características: un nivel muy alto de violencia que afecte la vida comunitaria, una corrupción relacionada con las drogas tan extendida que alcance las más altas esferas del gobierno y una economía de la droga que aporte mucho al PIB.
“Ninguno de estos tres criterios se aplica a Bélgica”, apunta.
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