Jueza impone censor judicial al medio Tribuna en Campeche para revisar sus publicaciones; no pueden hablar de Layda Sansores
Edelmira Jaqueline Cervera Sánchez, jueza del Segundo Juzgado de Control del Primer Distrito Judicial en Campeche, declaró improcedente un recurso de revocación presentado por el diario digital Tribuna y les ordenó entregar los datos del community manager de dicho medio en menos de 48 horas para imponer un censor judicial que revisará sus publicaciones, para evitar hacer referencias a la gobernadora, Layda Sansores.
“Esta medida busca manipular la información relacionada con el Cuarto Informe de Layda Sansores, que es precisamente este viernes”, señaló el director del medio Jorge González.
En su página, el medio indicó que dicha medida cautelar fue justificada bajo el argumento de que habrá una verificación del contenido subido a redes sociales por parte de Tribuna Campeche para revisar si hay publicaciones relacionadas con Sansores San Román.
“En caso de incumplir la orden judicial, se aplicará una multa económica de 5 mil 657 pesos a la Organización Editorial del Sureste, editora de Tribuna Campeche”, señaló el medio.
Tribuna Campeche afirmó que la resolución pretende inhibir cualquier publicación o crítica que exhiba la deficiencia del gobierno de Layda Sansores.
Defensores señalan que son medidas excesivas
Artículo 19 y defensores de derechos consideraron que las medidas son excesivas y van en contra de la libertad de expresión. Tanto el medio como el comunicador se encuentran en proceso por el presunto delito de incitación al odio en contra de Sansores, por publicaciones realizadas entre 2021 y 2025.
Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, organización en defensa de la libertad de expresión, manifestó que independientemente de la causa, sancionar penalmente estos actos es un exceso y que pone en riesgo la libertad de expresión no solo en la entidad, sino en el resto del país.
Lee más: “Ley censura, segura dictadura”: protestan frente al Senado contra iniciativa de telecomunicaciones
“No tiene ninguna base, es una aberración jurídica, es un ataque directo a la Constitución por parte de esta jueza. Y evidentemente eso, pues tiene que ser revertido de inmediato por parte de los tribunales federales en el caso de que acuda al juicio de amparo”, anticipó.
Por separado el académico de la UNAM, Raúl Trejo Delarbre, consideró que las medidas anunciadas son un abuso en contra del periodista y el medio.
“Ahora una juez en Campeche, para satisfacer a la gobernadora Layda Sansores, dispone ¡un mecanismo de censura previa!, para determinar qué pueden publicar el diario Tribuna y el periodista Jorge Luis González. La censura previa está expresamente prohibida en el art. 7 o. de nuestra Constitución”, escribió en su cuenta de X.
Tribuna dejará de publicar contenido de Sansores
El medio Tribuna anunció que, ante la decisión, dejará de publicar contenido mientras estas medidas sigan vigentes. “Lo más aberrante es que la jueza afirmó que no se impide la libertad de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la gobernadora Sansores”, mencionó.
Te podría interesar: Periodista debe disculparse por 15 días con alcaldesa de Acapulco por violencia política de género; acusa censura
Sobre el caso, Juan Pedro Alcudia, consejero jurídico del Gobierno del Estado, manifestó en el programa Martes del Jaguar de la gobernadora Sansores que defendió que las medidas no impiden el ejercicio de la libertad de expresión.
“Lo que se está imponiendo como medida cautelar hoy es literal esta protección y este control previo que debe tener una empresa. Y para ello, bueno, tendrán que acudir a las instancias de la Unidad de Medidas Cautelares o bien a la instancia de derechos humanos del Tribunal para que se verifique y se controle que no excedan esta libertad de expresión y ejercicio del periodismo. Hoy pueden ejercer de verdad el ejercicio periodístico y su derecho de libertad de expresión”, sostuvo.
Relacionado
El acuerdo regula cómo ambas naciones deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, que forman parte del límite territorial entre ambas.
La disputa sobre la implementación de un tratado firmado en 1944 que regula cómo Estados Unidos y México deben repartirse el agua de los ríos Bravo y Colorado, vuelve a intensificarse.
El presidente Donald Trump anunció este lunes que dio luz verde a la documentación para imponer un arancel del 5% a los productos procedentes de México si el país vecino “continúa incumpliendo” el tratado.
En un mensaje publicado en su red Truth Social, el mandatario subrayó que México debe más de 986 millones de metros cúbicos de agua a EE.UU. y estableció el 31 de diciembre como el plazo para que México entregue más de 246 millones de metros cúbicos de agua.
“Cuanto más tarde México en liberar el agua, más perjudicados resultarán nuestros agricultores”, advirtió Trump, instando al gobierno de Claudia Sheinbaum a “solucionar ya” la cuestión.
La implementación del tratado ha generado en el pasado fuertes protestas de agricultores mexicanos, según los cuales la extracción de agua para EE.U. en tiempos de sequía amenaza seriamente su medio de vida.
En abril, Trump ya había amenazado a México con aranceles e incluso sanciones por el tema del agua.
“México está incumpliendo su obligación. Esto …perjudica gravemente a los agricultores del sur de Texas”, escribió entonces Trump en su plataforma Truth Social.
“El mes pasado detuve los envíos de agua a Tijuana hasta que México cumpla con el Tratado de Aguas de 1944… y seguiremos intensificando las consecuencias, incluyendo aranceles y, quizás, incluso sanciones, hasta que México cumpla con el tratado y le dé a Texas el agua que le corresponde”, agregó.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió en ese momento a Trump con un mensaje en su cuenta oficial de X.
“El día de ayer fue enviada al subsecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos una propuesta integral para atender el envío de agua a Texas dentro del tratado de 1944, que incluye acciones de muy corto plazo. Han sido tres años de sequía y, en la medida de la disponibilidad de agua, México ha estado cumpliendo”.
“He instruido a los secretarios de Agricultura y Desarrollo Rural y Relaciones Exteriores, así como a la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales que de inmediato hagan contacto con la Secretaría de Agricultura y el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos. Estoy segura que, como en otros temas, se llegará a un acuerdo”, dijo la mandataria en abril.
¿Qué dice el tratado?
De alguna manera, se podría decir que el llamado Tratado de la Distribución de las Aguas Internacionales firmado por México y EE.UU. en 1944 tiene su origen en otro acuerdo alcanzado casi un siglo antes de esa fecha.
El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo (más conocido como Tratado de Guadalupe Hidalgo), firmado en 1848 al final de la guerra entre ambos países iniciada por la disputa de Texas, fue el que estableció que México cedería a EE.UU. más de la mitad de su territorio en aquel entonces.
Pero además, también fijó la frontera entre ambos países en el río Bravo -conocido como río Grande por los estadounidenses- y cuyas aguas han sido centro de conflicto en Chihuahua.
La ubicación estratégica del río hacía necesario un plan de distribución entre ambos actores. Tras años de negociación y varias propuestas fallidas, México y EE.UU. firmaron en Washington el tratado vigente en la actualidad.
Según el acuerdo, México se queda con dos tercios de la corriente principal del Bravo y cede a su vecino el resto, que no podrá ser menor de unos 432 millones de metros cúbicos (Mm3) anuales.
Como contraparte, EE.UU. cede a México cada año 1.850 Mm3 del río Colorado, que en su mayoría se encuentra en suelo estadounidense pero que también pasa por la frontera entre ambos países hasta desembocar en el golfo de California, entre los estados mexicanos de Baja California y Sonora.
El acuerdo también establece que la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), un organismo binacional, es el encargado de resolver las posibles diferencias en materia de límites.
El pacto estipula que EE.UU. cumplirá con su entrega de agua cada año, mientras que México podrá hacerlo en períodos de cinco años.
“Es de los mejores acuerdos que se han logrado en la historia con relación a EE.UU.”, afirmó en 2020 el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
¿Debería reformarse el tratado?
Reformar o actualizar las condiciones de un tratado que fue firmado hace 76 años podría ser una de las opciones para tratar de solucionar conflictos.
Pero algunos analistas consideran que tanto los litros de agua acordados como la posibilidad de entregar su parte cada cinco años en lugar de anualmente son ventajas que México no debería perder.
Para los agricultores del lado mexicano de la frontera, lo que está en juego en tiempos de sequía agravada por el cambio climático, es algo mucho más inmediato que los vaivenes diplomáticos entre ambos países.
Los enfrentamientos de 2020 entre agricultores y la Guardia Nacional en Chihuahua tuvieron lugar tras la decisión del gobierno de extraer agua de la presa de la Boquilla para cumplir el tratado con EE.UU.
En ese entonces, el vocero de los agricultores, Salvador Alcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua (Aurech), señaló que estaba en riesgo el futuro de unas 20.000 familias que viven del campo en la región.
Alcantar compartió con BBC Mundo uno de sus mayores temores:
“En 1995 no se abrieron las presas para sembrar y hubo una migración masiva desde nuestros municipios. Los hombres en edad productiva se marcharon para dar sustento a la familia, fue una desintegración familiar fuerte que aún estamos sufriendo”, recuerda.
“Y ese es el problema social que podemos volver a ver si no sembramos el año próximo”.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
