Pese a rehabilitación, la Línea 1 es la más lenta del Metro CDMX; autoridades dicen que velocidad aumentará progresivamente
La rehabilitación de la Línea 1 del Metro CDMX no solo suma 19 meses de retraso, sino que los trenes que ya circulan en el tramo abierto lo hacen a una velocidad de 23.8 kilómetros por hora, 8 kilómetros por hora más lentos que antes de que la línea fuera intervenida.
En 2024, el Metro operó a una velocidad promedio de 33.4 kilómetros por hora, por lo que el tramo Pantitlán-Balderas de la Línea 1 ofrece servicio 10 kilómetros por hora más lento que el promedio, lo que la ubica como la línea más lenta de toda la red, informó vía transparencia el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
De acuerdo con datos del STC, en 2021 -antes de que la línea fuera cerrada para su intervención- los trenes que circulaban en la “Línea Rosa” lo hacían a 32 kilómetros por hora.
Consultados al respecto, el Metro dijo que la Línea 1 es lenta porque no se ha terminado de rehabilitar integralmente y no están en operación los 29 trenes que se adquirieron como parte de la rehabilitación.
Será hasta que concluyan las obras en la terminal Observatorio cuando de forma paulatina se pueda explotar al máximo la inversión.
“La Línea 1 se encuentra en fase de rehabilitación en el tramo Balderas – Observatorio. En cuanto la intervención concluya y sea posible incorporar un mayor número de trenes, aumentará la velocidad de operación de forma progresiva”, señaló el Metro en una ficha informativa.
Actualmente en el tramo Pantitlán – Balderas que ya está en operación, circulan 16 de los 29 trenes que se compraron como parte de la rehabilitación integral de la línea, la más antigua del sistema.
“Para la explotación al máximo del software del Control de Trenes Basado en Comunicaciones se requiere concluir la fase de rehabilitación, lo cual será posible, de forma gradual, con la reapertura al servicio hasta Chapultepec, y posteriormente a Observatorio”, agregó el Metro.
Sin embargo, hasta ahora no hay una fecha tentativa para que la L1 sea abierta en su totalidad.
El compromiso al anunciarse su intervención total, cuando la hoy presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de Gobierno de la CDMX, fue que todos los trabajos estarían concluidos en agosto de 2023, pero a la fecha aún falta la apertura de siete de las 20 estaciones que conforman la línea.
Se prevé que para finales de marzo se pongan en operación cuatro estaciones más: Cuauhtémoc, Insurgentes, Sevilla y Chapultepec, con lo que aún quedaría pendiente el tramo de Juanacatlán a Observatorio, es decir, tres estaciones.
Y aunque se estima que este mismo año se ponga en operación hasta Tacubaya, la estación Observatorio quedará pendiente hasta que no se terminen las obras del Tren Insurgente, una obra de movilidad metropolitana que está próxima a cumplir 11 años en ejecución.
De hecho, en semanas pasadas Clara Brugada, jefa de Gobierno, envió una solicitud al Congreso capitalino para ampliar el plazo del contrato firmado con la empresa china CRRC Zhuzhou Locomotive para la rehabilitación integral de la Línea 1. El Gobierno capitalino pagará 39 mil millones de pesos en mensualidades durante 19 años.
Por lo que La Línea 1 seguirá lenta hasta nuevo aviso.
Animal Político realizó distintos recorridos entre Pantitlán y Balderas, tramo ya rehabilitado y confirmó que el trayecto se completa, en promedio, en 32 minutos.
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Después hay que salir y tomar los camiones dispuestos por el Gobierno capitalino para completar el recorrido hasta Tacubaya u Observatorio, según se requiera.
También se detectó que, aunque la afluencia de pasajeros en la Línea 1 va en aumento, los usuarios apuestan por usar la Línea 9 -ya sea para salir de Pantitlán o llegar a esta zona de la CDMX-, por lo que en las mañanas y después de las 17:00 horas opera a su máxima capacidad.
El trayecto por la llamada “Línea café” se completó, en promedio, en 25 minutos.
Una vez concluida la rehabilitación total de la Línea 1 se estima que se beneficiará a 1 millón 149 mil usuarios que a diario utilizan esta línea.
¿A qué velocidad debería circular el Metro de la CDMX?
De acuerdo con las especificaciones que el Metro presenta en su sitio web, los trenes neumáticos -mismos que circulan en 10 de las 12 líneas, con excepción de la A y la 12- pueden alcanzar una velocidad de hasta 100 kilómetros por hora, sin embargo, la velocidad comercial a la que ofrecen servicio puede oscilar entre 50 y 55 kilómetros por hora.
Cuando llueve, por ejemplo, para seguridad de los usuarios, la velocidad tiene que ser de entre 30 y 35 kilómetros, básicamente la velocidad a la que hoy toda la red del Metro está dando servicio.
En 2018, Claudia Sheinbaum, entonces aspirante a la Jefatura de Gobierno de la CDMX, afirmó en uno de sus spots que el Metro CDMX circulaba a 15 kilómetros por hora, por lo que su estrategia de movilidad incluía acciones para lograr que el Metro recuperara la velocidad a la que fue concebido.
“¿Sabías que la velocidad promedio de las avenidas de la Ciudad de México es de 7 kilómetros por hora y que el Metro en lugar de alcanzar los 50 kilómetros por hora como fue diseñado corre tan solo a 15 kilómetros por hora? Me rehúso a pensar que esa es la Ciudad del futuro, hay manera de cambiar, con innovación vamos a cambiar nuestra ciudad”, señalaba la entonces aspirante al Gobierno capitalino.
Línea A, de las más rápidas, pero de las que más falla
En contraste con la Línea 1 que ofrece servicio a 23.8 kilómetros por hora, las Línea 6, 7 y A son las más rápidas del sistema con 38 y 37 kilómetros por hora.
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La línea 6 que va del Rosario a Martín Carrera es la más rápida de toda la red con una velocidad promedio de 38.85 kilómetros por hora, mientras que la Línea 7 que va del Rosario a Barranca del Muerto opera a 38.12 kilómetros por hora.
En tanto, la Línea A -que en promedio tiene una falla cada tercer día, lo que implica que hay que desalojar a los pasajeros, como te contamos en esta nota– es la tercera más rápida del sistema con una velocidad promedio de 37.54 kilómetros por hora.
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
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Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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