A tres años del colapso de la Línea 12, algunas de las víctimas presentaron ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México una demanda de reclamación del pago del seguro por parte del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SCT).
El abogado de las víctimas, Teófilo Benítez, dijo a Animal Político que la demanda fue presentada por 14 personas que hasta la fecha no han recibido el pago del seguro del Metro.
Asimismo, señaló que la dependencia no ha citado ni buscado a ninguna de las personas que representa para tratar este tema por lo que se vieron en la necesidad de proceder vía judicial.
Abogado acusa a Tribunal de obstaculizar demanda
Al respecto, Benítez acusó al Tribunal de actuar en contubernio con autoridades de la Ciudad de México y exfuncionarios, cuyo nombre no mencionó, para obstaculizar la recepción de la demanda.
Detalló que llegó alrededor de las 16:00 horas del jueves para hacer la reclamación, sin embargo, le pusieron trabas para proceder siendo que el proceso para hacer el trámite vencía a las 23:59 horas de ese día.
“Nos comentan que no porque teníamos que sacar una cita y que como no sacábamos cita, pues entonces no nos podían recibir nada y que le hiciéramos como quisiéramos, que eran órdenes del presidente del Tribunal y también de la propia directora del área de Oficialía de Partes Común”, dijo.
Para entender: Cronología sobre la Línea 12: a un año del colapso, no hay responsables procesados y la rehabilitación de la obra sigue
Sin embargo, luego de mostrarles que no era necesaria una cita para los casos en los que pueda operar la preclusión del ejercicio de la acción, es decir, que venza el plazo para presentar la demanda, logró que lo atendieran. Aún así tuvo que esperar cinco horas.
“Nosotros sospechamos que había línea por parte de las autoridades del gobierno y exautoridades con el presidente del Tribunal para que precisamente no nos recibieran esa demanda que se vencía su reclamación el día de hoy”, señaló.
‘Víctimas no están en desamparo’: Martí Batres
En contraste, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres dijo esta mañana que todas las víctimas del colapso de la Línea 12 han sido atendidas e hizo un llamado a dejar de “lucrar con el dolor de las personas”.
“Desde un principio se señaló que ninguna víctima estaría en el desamparo y se ha cumplido”, sostuvo durante la conferencia de prensa con motivo de la puesta en marcha del Operativo Xochimilco.
De acuerdo con Batres, el Sistema de Transporte Colectivo Metro “gestionó una indemnización con la compañía aseguradora” y “se suscribieron 118 acuerdos reparatorios”.
Además, señaló que las víctimas recibieron atención médica y psicológica gratuita en 19 hospitales públicos y siete privados; se les asignó un funcionario público como enlace con el gobierno; se les reembolsaron los gastos en medicinas y se gestionaron apoyos en forma de becas, empleos y proyectos de vivienda.
El funcionario también indicó que el “92% de las víctimas y sus familiares han optado por un proceso de justicia restaurativa”, en tanto que el gobierno “mantiene el seguimiento a los casos que aún lo requieran”.
Abogado dice que autoridades engañaron a víctimas
Cuestionado sobre las declaraciones de Martí Batres, Teófilo Benítez las calificó de mentiras y señaló algunas de las presuntas faltas en las que han incurrido las autoridades.
El abogado indicó que dos de las 14 víctimas que representa han solicitado la nulidad del acuerdo reparatorio tras identificar que funcionarios del gobierno capitalino y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) les realizaron dictámenes de lesiones falsas para que recibieran menos dinero.
“No existían esas lesiones que ellos estaban estipulando, sino que eran lesiones mucho más graves y ¿para qué lo hacían? Para que el acuerdo reparatorio, si les tenían que dar 500 mil pesos entonces les dieran solamente 50 mil pesos y con eso se acaba”, detalló.
Benítez indicó que en uno de esos casos el juez les dio la razón. El otro sigue en proceso.
Colapso de Línea 12 del Metro: Víctimas y juicio contra responsables
El 3 de mayo de 2021, un tramo del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco colapsó a las 22:22 horas cuando un tren pasaba, dejando 26 personas muertas y más de un centenar de heridas.
El 5 de mayo de 2021, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México comenzó a realizar peritaje del accidente. Mientras que el gobierno local anunció que la empresa noruega DNV, especialista en la investigación de accidentes, también realizaría trabajos de peritaje en la zona colapsada.
El gobierno capitalino también dio a conocer que el Metro daría 650 mil pesos como indemnización a familiares de víctimas; además, ofrecería un monto inicial e inmediato de 50 mil pesos para los deudos de las personas fallecidas y las heridas.
Sin embargo, el 3 de agosto personas lesionadas y familiares de los fallecidos señalaron que no habían sido atendidos de forma permanente, como dijo la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum y solicitaron tener acceso a las investigaciones.
Para septiembre, el dictamen técnico final de la investigación de la empresa noruega DNV determinó que el colapso ocurrió como resultado del pandeo de dos vigas, debido a la falta de pernos funcionales, causando que parte del tramo elevado perdiera su estructura.
Además, identificó prácticas de soldadura deficientes, específicamente las relacionadas con el uso de barras de acero como material de relleno de soldadura, así como deformaciones en vigas.
En octubre de ese mismo año, la empresa Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), de Carlos Slim, negó tener responsabilidad alguna en el incidente.
No obstante, dio a conocer a la Bolsa de Valores que había celebrado un convenio de colaboración y un acuerdo reparatorio con el gobierno capitalino y con el Metro para que, a cargo de CICSA, se llevaran a cabo los trabajos de rehabilitación y reforzamiento del tramo metálico elevado.
En ese mismo mes, la fiscalía judicializó la carpeta de investigación por el colapso de la línea, por lo que solicitó citar a comparecer a 10 exfuncionarios encargados de su construcción, entre ellos, el exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.
Los delitos por los cuales se responsabilizó a los exservidores públicos fueron homicidio culposo, lesiones culposas y daño a propiedad.
Para el 2 de febrero de 2022, el 80% de las personas que sufrieron lesiones y los familiares de quienes fallecieron por el accidente ya habían aceptado el acuerdo de reparación de Carso, según datos de la fiscalía capitalina.
Hasta la fecha, el proceso en contra de los exfuncionarios y supervisores de la obra está empantanado a causa de distintos amparos pendientes de ser resueltos. Mientras que el juicio en su contra ni siquiera ha empezado.
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El delfín de Ricardo Martinelli, quien está asilado en la embajada de Nicaragua, se impuso en unas elecciones de una sola vuelta con alrededor de un tercio de los votos.
La elección de José Raúl Mulino como presidente de Panamá este domingo puede resultar paradójica vista desde ciertos ángulos.
Mulino ganó los comicios de una sola vuelta con 34% de los votos, según resultados parciales, y al recibir la noticia de su triunfo por parte del Tribunal Electoral se comprometió a formar “un gobierno de unidad nacional lo antes posible”.
“Implica un enorme peso sobre mis hombros, que recibo complacido”, dijo.
Mulino es delfín político del expresidente Ricardo Martinelli, quien quedó fuera de la competencia electoral por estar condenado por lavado de dinero, y esto quizás sea llamativo en un país donde la corrupción figura en encuestas como el tema que más preocupa a la gente.
El ahora presidente electo indicó incluso en campaña que piensa “ayudar” al magnate Martinelli, refugiado en la embajada de Nicaragua, a evitar que cumpla su pena de 10 años de cárcel, porque sostiene -como él- que fue resultado de una persecución política injusta.
También podría sorprender que en un país como Panamá, donde estallaron protestas masivas en años recientes, haya triunfado un exministro de Seguridad Pública criticado por una represión policial de manifestantes en el pasado.
Sin embargo, los analistas señalan distintos factores que explican este éxito electoral.
Para entenderlos, hay que comenzar por conocer quién es el próximo presidente panameño, alguien a quien pocos veían como tal hasta hace unos meses.
“Leal al expresidente”
Abogado de 64 años, Mulino alcanza la cima del poder en su país tras una larga trayectoria política, algo que quizá también luzca contradictorio con el descontento popular expresado por los panameños hacia su clase dirigente.
Es hijo de un exgobernador de la provincia de Chiriquí, en la región occidental de Panamá y limítrofe con Costa Rica.
Su madre solía pedirle que riera para cambiar el talante adusto por el que algunos le apodaron “Stalin”, según el diario panameño La Prensa.
Sin embargo, en el plano ideológico Mulino está lejos del extinto líder comunista soviético: se define de centroderecha en un país donde la izquierda política es irrelevante.
Casado y con cuatro hijos, Mulino posee una licenciatura universitaria en derecho y ciencias políticas, una maestría en derecho marítimo en Estados Unidos y ha trabajado en el sector privado como socio de un bufete de abogados en Panamá.
Incursionó en política participando en la “cruzada civilista”, un movimiento que reunió a distintos sectores de la sociedad panameña contra el régimen militar que hubo en el país entre 1968 y 1989.
Luego de la invasión de EE.UU. y la caída del régimen del general Manuel Noriega, Mulino fue vicecanciller y canciller del gobierno de Guillermo Endara (1989-1994).
Años después ganó más notoriedad y protagonizó polémicas como ministro del gobierno de Martinelli (2009-2014), primero de Justicia y luego de Seguridad Pública.
Desde este cargo impulsó políticas de “mano dura”, ya fuera con retenes policiales en las calles o con la represión de protestas contra una ley que resultó en dos muertes y decenas de heridos en la provincia de Bocas del Toro en 2010, hechos por los que el Estado tuvo que resarcir a las víctimas con pensiones vitalicias.
Tras salir del ministerio, Mulino pasó seis meses preso de forma preventiva por presunto peculado en un contrato millonario del gobierno para adquirir radares de una firma italiana.
Pero el caso terminó anulado y Mulino, que llegó a definirse como “preso político”, siempre reivindicó su proceder.
Fue precandidato presidencial para las elecciones de 2019 por el partido Cambio Democrático con que Martinelli había llegado al poder, pero resultó derrotado en las primarias por Rómulo Roux, un abogado que volvió a postularse este año.
Mulino se pasó al partido Realizando Metas que fundó Martinelli en 2020 y fue su candidato a vicepresidente para estas elecciones, hasta que el expresidente quedó inhabilitado en marzo por su condena por lavado.
Fue entonces cuando Mulino se convirtió repentinamente en candidato presidencial en una coalición con el partido Alianza.
Mientras Martinelli es “quizás la figura más popular del país”, Mulino “no es conocido por ser una figura carismática o popular, pero sí leal al expresidente”, dice Juan Diego Alvarado, un politólogo e investigador panameño experto en elecciones, en diálogo con BBC Mundo.
Abrazados
El ahora presidente electo de Panamá realizó una campaña corta y efectiva, sin arriesgarse a participar en los debates entre candidatos, apelando al caudal de votos de su padrino político.
“Vamos a ganar y Ricardo Martinelli estará conmigo desde el primer día”, tuiteó Mulino en marzo.
Este domingo, en plena jornada electoral, visitó al expresidente en la embajada de Nicaragua y su campaña divulgó imágenes de ambos abrazados.
Los analistas señalan que buena parte de los votantes de Mulino están disconformes con el gobierno actual de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), y con el sistema político en general.
En un país que durante la pandemia tuvo un severo confinamiento y su primera recesión en años, y donde ahora asoma una desaceleración económica tras la recuperación reciente, esos votantes añoran el crecimiento sostenido próximo a un 8% del PIB anual que hubo en la presidencia de Martinelli.
La base electoral de Martinelli que heredó Mulino para ganar con mayoría simple las presidenciales de una sola vuelta “es una minoría consolidada”, señala Harry Brown Araúz, investigador del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en Panamá.
“Esa parte de la población tiene un recuerdo bueno del período presidencial del presidente Martinelli, donde hubo una dinámica económica muy fuerte”, le dice Brown Araúz a BBC Mundo.
Mulino ha prometido volver a aquellos años de bonanza con creación de empleos, mejoras en la seguridad pública y mayor acceso a servicios como agua potable o electricidad, que escasean sobre todo en zonas rurales e indígenas del país.
También propuso ampliar el metro capitalino que fue inaugurado en 2014 por Martinelli, el primero de Centroamérica, construir carreteras y un tren entre Ciudad de Panamá y el interior, así como parar el creciente flujo de migrantes que entra al país por la selva del tapón del Darién rumbo a EE.UU.
El presidente electo ha ofrecido pocos detalles en campaña de cómo piensa lograr todo eso y Alvarado advierte que “las condiciones económicas no están dadas para regresar a ese crecimiento” del gobierno de Martinelli, que respondía en buena medida a factores exógenos.
Recientemente Panamá ha sufrido una sequía que bajó el nivel de agua y el flujo de barcos en el canal marítimo que es un pilar de su economía.
El cierre de una gran mina de cobre tras las masivas protestas del año pasado por su impacto ambiental le costará al país este año cinco puntos del PIB, que pasará de expandirse 7,5% en 2023 a 2,5% en 2024, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Y la deuda pública panameña ha crecido en los últimos años hasta alcanzar US$47 mil millones o la mitad del PIB a fines de 2023.
Alvarado concluye que quienes apoyan a Martinelli y dieron el triunfo a Mulino priorizaron sus logros en el gobierno a los señalamientos de corrupción que les hacían sus adversarios, a veces sin presentar alternativas creíbles.
Señala además que hay una demanda de “mano dura” de parte de la población contra la criminalidad o para enfocar la migración como un problema de seguridad, lo cual pudo haber beneficiado a Mulino.
Pero para el presidente electo empieza ahora el desafío de gobernar sin mayorías legislativas un país en crisis y que tuvo grandes protestas callejeras recientes, no sólo contra la mina sino también por el costo de vida y su gran desigualdad social.
“En la medida en que las condiciones económicas en Panamá no se den para el crecimiento”, advierte Alvarado, “es probable que las políticas económicas que se tomen sean impopulares y lleven entonces a nuevas movilizaciones”.
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