Localizan cuerpo de activista y defensora de animales; fue secuestrada en Culiacán, Sinaloa
Para entender mejor
La mujer localizada sin vida la tarde de este viernes 9 de mayo en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, fue identificada como María Dolores Patiño Moreno, de 46 años de edad, reconocida activista y defensora de animales.
Patiño Moreno fue privada de su libertad la mañana de ese mismo día por un grupo armado que irrumpió en una vivienda de la colonia 5 de Mayo, donde la activista se encontraba preparando el desayuno en casa de una amiga, aproximadamente a las 10:00 horas.
De acuerdo con los primeros reportes, los hombres armados ingresaron con violencia al domicilio y se la llevaron con rumbo desconocido. Tras su desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió una alerta para dar con su paradero.
En redes sociales, su hija, Sofía, expresó la desesperación de la familia. “Esta mañana, mientras mi mamá preparaba el desayuno en casa de una amiga, un grupo armado irrumpió en nuestra calle. Entraron a varios domicilios y, lamentablemente, en uno de ellos estaba mi mamá; al parecer, se la llevaron sin motivo aparente. Mi mamá nunca ha estado involucrada en nada ajeno a su labor como protectora de los animales; su única ‘arma’ siempre ha sido el amor y la dedicación hacia quienes no tienen voz. Solo queremos traerla de vuelta a casa”, escribió en su cuenta de Facebook.
Sin embargo, alrededor de las 14:10 horas, autoridades localizaron el cuerpo de la activista en el sector Tierra Blanca, envuelto en plástico.
Desaparecidos en Sinaloa
En tanto, Hendrika María Derks Martínez, expolicía municipal de 59 años, su hija Kennet Hendrika, de 28, y sus nietos Kennay Javier y Jimmy Dominik, de 9 y 10 años respectivamente, cumplen 10 días que fueron secuestrados en su domicilio en Navolato, Sinaloa.
La familia fue privada de la libertad por sujetos armados la noche del 22 de marzo, alrededor de las 23:00 horas, en su domicilio en la colonia Amalia Plata, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, y un día después la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas emitió las respectivas fichas.
En ese mismo hecho fue secuestrado un hombre identificado como Alberto, de aproximadamente 45 años y cuyo cuerpo fue localizado un día después sobre la carretera vieja a Navolato, a la altura del ejido Buenos Aires.
Exponen inseguridad de Sinaloa en Congreso de Desapariciones Forzadas
María Isabel Cruz Bernal, líder del colectivo “Sabuesos Guerreras”, explicó que la crisis de seguridad se agravó.
Durante su participación en el Congreso Mundial sobre Desapariciones Forzadas en Ginebra, Suiza, destacó que la violencia que se ha registrado y que se ha incrementado desde el mes de julio de 2024, fecha en la que iniciaron rencillas entre facciones del crimen organizado que detonaron el 9 de septiembre en una pugna del Cártel de Sinaloa
“Tenemos una guerra sin cuartel donde los cuerpos están tirados en las calles y las familias hablan para que vayamos por ellos”, manifestó Cruz Bernal.
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Durante su visita a la entidad, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida por un grupo de familias de desaparecidos que a gritos le exigieron atender sus peticiones y buscar a sus familiares.
“¡Vivos se los llevaron y vivos los queremos!” “Justicia” y “Te queremos de regreso”, gritaban.
Ante los gritos, la presidenta respondió: “si les parece terminando el mitin voy para allá y las atiendo, ¿les parece bien?”
Al final del evento acordaron que las familias aportarán la información sobre sus desaparecidos al exalcalde de Mazatlán, Édgar Augusto González Zataráin, quien ahora trabaja en el gobierno del estado y, posteriormente, los datos serán canalizados al Gobierno federal.
Violencia en Sinaloa
En Sinaloa hay 6 mil 261 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, y desde que inició la crisis de violencia en septiembre pasado se han registrado mil 197 privaciones de la libertad.
El titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en Sinaloa, Óscar Loza Ochoa, señaló que la autoridad está rebasada en materia de desaparición forzada de personas, pues la Fiscalía General del Estado reconoció la falta de agentes del ministerio público e investigadores tras la crisis de seguridad que se vive.
“La autoridad había reconocido antes del 9 de septiembre que les faltaban MP, que le faltaban investigadores, o sea estaban rebasados y esta situación pues se ha profundizado, si antes era un promedio de tres personas las que no regresaban a su hogar cada 24 horas pues ahora es el doble, entonces con eso podemos imaginarnos que está rebasada la autoridad en esta materia de desaparición forzada”, expresó Loza Ochoa.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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