Van 40 menores asesinados en crisis de violencia en Sinaloa; no hay claridad en impartición de justicia
Para entender mejor
En Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando detonó la crisis de violencia en el estado, han sido asesinados 40 menores de edad, la mayoría de ellos en hechos relacionados al contexto de inseguridad que enfrenta la entidad.
Las cifras representan el asesinato de un menor de 18 años cada seis días en promedio, con corte al 19 de mayo.
Los datos desglosados fueron otorgados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp) a principios de abril, cuando eran 35 los asesinatos de menores de edad. En el periodo de septiembre 2024 a marzo 2025, el Secretariado documentó 35 asesinatos de varones menores de edad: uno de 2, 6, 9 y 12 años de edad; dos de 14 años; siete víctimas de 15 años; nueve fallecidos de 16 años; y 13 jóvenes de 17 años que habían sido asesinados.
Solo en los primeros tres meses del 2025, el Sesesp contabilizó la muerte de 14 menores de edad producto de la violencia.
Desde entonces han sido asesinados otros tres menores de edad, entre ellos las niñas Alexa y Leidy.
De los 40 casos registrados en total de septiembre de 2024 a mayo de 2025 hay información sobre la investigación de uno y la judicialización de otro caso, de los que fueron víctimas las niñas Alexa y Leidy y Gael y Alexander respectivamente. Por lo anterior no existe información pública de las investigaciones o judicializaciones de 36 homicidios de menores de edad en el estado.
Los casos que se han difundido por las autoridades que presentan avances fueron atraídos por la Federación, por lo que no existe información pública de judicializaciones de casos que sean investigados por la Fiscalía General del Estado.
Noroeste buscó información con la Fiscalía General del Estado para conocer si existían judicializaciones recientes de homicidios de menores de edad, sin embargo el ente determinó necesitar información exacta de cada uno de los 36 casos de menores asesinados para transparentar la información pues se carece de una base de datos sobre estas carpetas de investigación.
En los casos que se ha informado su avance, en uno ya se inició un proceso penal contra los sospechosos, y en otro el Ejército Mexicano puso a disposición a algunos elementos que fueron señalados por los familiares de agredir de manera directa a las menores.
Casos de homicidios de menores en Sinaloa durante crisis de violencia
Entre los casos de los menores asesinados en Sinaloa uno de los más mediáticos y mayor documentados fue el de Gael y Alexander, de 12 y 9 años, que fueron asesinados junto a su padre Antonio, el sábado 18 de enero en el fraccionamiento Los Ángeles en Culiacán.
La familia fue agredida de manera directa durante la madrugada mientras se desplazaban en un vehículo particular.
El caso desencadenó una manifestación en el Palacio de Gobierno en la que los manifestantes entraron por la fuerza al lobby del despacho del gobernador Rubén Rocha Moya exigiendo atención.
Durante la tarde del lunes 24 de marzo, en Culiacán, fueron detenidos por fuerzas de seguridad federales Jesse “N” 22 años y Juan Carlos “N” de 33 años, quienes enfrentan delitos relacionados al crimen organizado y al asesinato de los niños.
La primera audiencia del caso fue llevada por la Federación y se continúa con el proceso.
Otro caso documentado por medios de comunicación fue el de Carlos Felipe, de 14 años, que fue asesinado durante un ataque armado en un autolavado de Culiacán sobre la calle General Rosendo Rodríguez en la colonia Adolfo Ruiz Cortines el 24 de febrero.
El 27 de febrero ocurrió un enfrentamiento en Villa Juarez, Navolato, en el que resultó herida la niña Regina de 14 años. La menor murió el 4 de marzo, hospitalizada, derivado de las heridas ocasionadas por las balas.
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El 24 de marzo, cerca de las 17:00 horas, ocurrió otro asesinato de menor cuando la niña Danna Sofía regresaba de la escuela Secundaria General Número 4 “Pablo de Villavicencio”. Danna viajaba junto a su padre y hermano mayor y, cuando circulaban por calles de la colonia Revolución, fueron interceptados por un grupo de sujetos armados que disparó en su contra.
El 6 de mayo se registró el asesinato de Alexa y Leidy, quienes perdieron la vida en Badiraguato, en la comunidad La Cieneguilla. Las niñas murieron por heridas de bala cuando el vehículo en el que viajaban con su familia fue atacado, de acuerdo con declaraciones de testigos.
De acuerdo con declaraciones de los familiares que sobrevivieron el vehículo fue atacado de manera directa por militares.
El 12 de mayo, en un mensaje dirigido a los padres de ambas menores, al personal docente y a la comunidad escolar de la escuela Rafael Ramírez de Culiacán, el gobernador Rubén Rocha aseguró que el caso está en proceso de judicialización y que los responsables ya han sido plenamente identificados.
El 13 de mayo Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, confirmó que la Secretaría de la Defensa Nacional puso a disposición de las autoridades ministeriales a algunos de sus elementos para investigar la muerte de las niñas Alexa y Leidy.
Esta nota se publicó originalmente en Noroeste.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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