Mujeres e infancias frenan temporalmente un proyecto minero en Morelos; amparo impide explotación de oro y plata
El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos concedió una suspensión definitiva a comunidades, mujeres e infancias de Morelos contra el proyecto minero Esperanza Silver. La resolución frena de momento cualquier actividad de explotación de oro y plata en el territorio, que abarca la zona arqueológica de Xochicalco, en lo que se resuelve el juicio contra las concesiones.
De acuerdo con habitantes y ambientalistas, de concretarse dicho proyecto, se pondría en riesgo el acceso al agua, la salud y el derecho a un medio ambiente sano en las comunidades de Xochitepec, Miacatlán y Temixco.
La batalla jurídica en contra del extractivismo en la región comenzó en el año 2012 con una demanda de juicio de amparo promovida por integrantes de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, junto a un grupo de mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, que sostienen que el caso evidencia también una situación de racismo ambiental.
La representación legal de las comunidades, a cargo de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terra Vida), presentó dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que concluyen que el proyecto minero es ambientalmente inviable y representa riesgos para la salud, la seguridad hídrica y la biodiversidad.
A pesar de estos pronunciamientos oficiales, los títulos de las concesiones siguen vigentes. Por ello, el siguiente paso para las comunidades, luego de obtener la suspensión definitiva que frena temporalmente las actividades de extracción, será buscar que se cancelen las seis concesiones mineras, cuya extensión es de 2 mil 949.236 hectáreas en Xochitepec, Miacatlán y Temixco.
“Decidimos usar la herramienta de juicio de amparo y acudir al Poder Judicial de la Federación para obtener una cancelación a través de estas instituciones”, explicó en conferencia de prensa Gabriela Carreón, abogada y defensora de los derechos humanos en la organización Terra Vida.
El agua: un recurso crucial a defender
Hasta ahora se han realizado en la zona actividades de exploración minera, como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones, que ya han provocado daños e impactos ambientales.
“En este caso, particularmente, hemos contado con documentos valiosos, cuya conclusión básica es que este proyecto es inviable con el tema del agua”, explicó la abogada de Terra Vida, Gabriela Carreón, quien subrayó la importancia de hablar sobre este recurso al ser uno de los más usados en la industria minera
Un diagnóstico socioambiental elaborado por la Semarnat en 2023 indica que para el proyecto no hay suficiente agua superficial en arroyos, lagos y ríos, mientras que la subterránea, que se extrae mediante pozos, no puede utilizarse, ya que se destina a usos domésticos y público urbano.
“La Semarnat señaló que esta agua está reservada para este tipo de usos, por lo que se excluye de la actividad minera”, dijo Carreón. “La Manifestación de Impacto Ambiental fue rechazada hace varios años (…) y es que la Conagua dio un dictamen técnico en el cual concluyó que la extracción de agua para este proyecto pondría en riesgo el abasto para cubrir las necesidades de las personas habitantes”, añadió.
Lee más: Comunidades de los valles de Oaxaca se amparan contra concesiones mineras; logran suspensión
La abogada resaltó que la situación de por sí ya es difícil, pues las comunidades han manifestado que tienen acceso al agua cada tercer día, por un tiempo aproximado de una hora y media, y la utilizan para abastecer todas sus necesidades pero no es suficiente. En cuanto a calidad del agua, la defensa de las comunidades mencionó los riesgos de esta industria para el territorio por posibles derrames de químicos.
Las conclusiones del diagnóstico de la Semarnat destacan que los “cambios en la topografía y deforestación causados por el desarrollo de un proyecto minero provocarán el cambio del comportamiento hidrológico-hidráulico, aumentando con ello el riesgo asociado a inundaciones en zonas urbanizadas”
También advierte de posibles afectaciones a la flora y la fauna, incluyendo especies con alguna clasificación de la Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2010 en categoría de amenaza, peligro de extinción, sujeta bajo protecciones especiales y vulnerables.
Finalmente, en materia socio ambiental, el análisis señala que existe un interés sociocultural y de patrimonio biocultural que mantiene las tradiciones de la población que, con el proyecto, se verían afectadas.
Un proyecto de vida libre de minería
La estrategia legal de Terra Vida también defiende el proyecto de vida comunitario de las mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, el cual no contempla tener un cráter de minería a cielo abierto a 1.6 kilómetros.
“Eso no es lo que pensaron en 1985 cuando fundaron esta comunidad. Lo que estamos planteando es que las concesiones ponen en riesgo estos sueños y este proyecto de vida que las comunidades se han planteado y que está protegido constitucionalmente con instrumentos internacionales”, afirmó Gabriela Carreón.
Sigue leyendo: Asesinan al defensor Eustacio Alcalá en Michoacán, opositor a minera en la comunidad de Huitzontla
En lo respecta a “racismo ambiental” la abogada resaltó cómo el desarrollo del proyecto Esperanza Silver amenaza con convertir al territorio en una “zona de sacrificio”, en comunidades que, de por sí, padecen desigualdad estructural al no tener asegurado acceso a a la educación, salud y vivienda, entre otros derechos.
Terra Vida enfatizó que mientras las comunidades buscan ampliar la suspensión para frenar la explotación de manera definitiva, la Secretaría de Economía intenta anularla.
El caso se encuentra ahora a cargo de la jueza Frida Fernanda López Hernández en el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.
Relacionado
El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
