Mujeres e infancias frenan temporalmente un proyecto minero en Morelos; amparo impide explotación de oro y plata
El Juzgado Segundo de Distrito en Morelos concedió una suspensión definitiva a comunidades, mujeres e infancias de Morelos contra el proyecto minero Esperanza Silver. La resolución frena de momento cualquier actividad de explotación de oro y plata en el territorio, que abarca la zona arqueológica de Xochicalco, en lo que se resuelve el juicio contra las concesiones.
De acuerdo con habitantes y ambientalistas, de concretarse dicho proyecto, se pondría en riesgo el acceso al agua, la salud y el derecho a un medio ambiente sano en las comunidades de Xochitepec, Miacatlán y Temixco.
La batalla jurídica en contra del extractivismo en la región comenzó en el año 2012 con una demanda de juicio de amparo promovida por integrantes de la Unidad Habitacional Morelos y colonias adyacentes, junto a un grupo de mujeres e infancias del municipio de Xochitepec, que sostienen que el caso evidencia también una situación de racismo ambiental.
La representación legal de las comunidades, a cargo de la organización Territorios Diversos para la Vida (Terra Vida), presentó dictámenes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) que concluyen que el proyecto minero es ambientalmente inviable y representa riesgos para la salud, la seguridad hídrica y la biodiversidad.
A pesar de estos pronunciamientos oficiales, los títulos de las concesiones siguen vigentes. Por ello, el siguiente paso para las comunidades, luego de obtener la suspensión definitiva que frena temporalmente las actividades de extracción, será buscar que se cancelen las seis concesiones mineras, cuya extensión es de 2 mil 949.236 hectáreas en Xochitepec, Miacatlán y Temixco.
“Decidimos usar la herramienta de juicio de amparo y acudir al Poder Judicial de la Federación para obtener una cancelación a través de estas instituciones”, explicó en conferencia de prensa Gabriela Carreón, abogada y defensora de los derechos humanos en la organización Terra Vida.
El agua: un recurso crucial a defender
Hasta ahora se han realizado en la zona actividades de exploración minera, como estudios geológicos, construcción de socavones y perforaciones, que ya han provocado daños e impactos ambientales.
“En este caso, particularmente, hemos contado con documentos valiosos, cuya conclusión básica es que este proyecto es inviable con el tema del agua”, explicó la abogada de Terra Vida, Gabriela Carreón, quien subrayó la importancia de hablar sobre este recurso al ser uno de los más usados en la industria minera
Un diagnóstico socioambiental elaborado por la Semarnat en 2023 indica que para el proyecto no hay suficiente agua superficial en arroyos, lagos y ríos, mientras que la subterránea, que se extrae mediante pozos, no puede utilizarse, ya que se destina a usos domésticos y público urbano.
“La Semarnat señaló que esta agua está reservada para este tipo de usos, por lo que se excluye de la actividad minera”, dijo Carreón. “La Manifestación de Impacto Ambiental fue rechazada hace varios años (…) y es que la Conagua dio un dictamen técnico en el cual concluyó que la extracción de agua para este proyecto pondría en riesgo el abasto para cubrir las necesidades de las personas habitantes”, añadió.
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La abogada resaltó que la situación de por sí ya es difícil, pues las comunidades han manifestado que tienen acceso al agua cada tercer día, por un tiempo aproximado de una hora y media, y la utilizan para abastecer todas sus necesidades pero no es suficiente. En cuanto a calidad del agua, la defensa de las comunidades mencionó los riesgos de esta industria para el territorio por posibles derrames de químicos.
Las conclusiones del diagnóstico de la Semarnat destacan que los “cambios en la topografía y deforestación causados por el desarrollo de un proyecto minero provocarán el cambio del comportamiento hidrológico-hidráulico, aumentando con ello el riesgo asociado a inundaciones en zonas urbanizadas”
También advierte de posibles afectaciones a la flora y la fauna, incluyendo especies con alguna clasificación de la Norma Oficial Mexicana NOM 059-SEMARNAT-2010 en categoría de amenaza, peligro de extinción, sujeta bajo protecciones especiales y vulnerables.
Finalmente, en materia socio ambiental, el análisis señala que existe un interés sociocultural y de patrimonio biocultural que mantiene las tradiciones de la población que, con el proyecto, se verían afectadas.
Un proyecto de vida libre de minería
La estrategia legal de Terra Vida también defiende el proyecto de vida comunitario de las mujeres e infancias de la Unidad Habitacional Morelos, el cual no contempla tener un cráter de minería a cielo abierto a 1.6 kilómetros.
“Eso no es lo que pensaron en 1985 cuando fundaron esta comunidad. Lo que estamos planteando es que las concesiones ponen en riesgo estos sueños y este proyecto de vida que las comunidades se han planteado y que está protegido constitucionalmente con instrumentos internacionales”, afirmó Gabriela Carreón.
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En lo respecta a “racismo ambiental” la abogada resaltó cómo el desarrollo del proyecto Esperanza Silver amenaza con convertir al territorio en una “zona de sacrificio”, en comunidades que, de por sí, padecen desigualdad estructural al no tener asegurado acceso a a la educación, salud y vivienda, entre otros derechos.
Terra Vida enfatizó que mientras las comunidades buscan ampliar la suspensión para frenar la explotación de manera definitiva, la Secretaría de Economía intenta anularla.
El caso se encuentra ahora a cargo de la jueza Frida Fernanda López Hernández en el Segundo Tribunal Colegiado de Distrito en Morelos.
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En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
Mientras la atención internacional se centra en el cambio de mando en Venezuela y en el giro del país tras el ataque de EE.UU. y la captura de Maduro, en las calles de Caracas una gran preocupación de los venezolanos vuelve a ser el costo de la vida, los altos precios y la economía del país.
En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
“Me siento más pobre hoy que en diciembre”, dice María Luisa, de unos 50 años, mientras compra hortalizas con su hija Sofía en el mercado de Chacao, en el este de la ciudad. “El dinero rinde menos ahora que hace un mes”, insiste.
Sofía explica que pasó parte del día buscando comida para su gata.
Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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