Suman 24 funcionarios del Edomex detenidos por Operativo Enjambre, están relacionados con homicidios, secuestro y extorsión
A través del Operativo Enjambre realizado en el Estado de México, han sido detenidos 24 servidores públicos de distintos municipios y cargos, quienes estarían relacionados con actividades delictivas de alto impacto como homicidio, secuestro exprés y extorsión.
En un comunicado, la Fiscalía del Edomex detalló que en cordinación con las autoridades que integran el Gabinete de Seguridad Nacional, así como el Gobierno del Estado de México y la Secretaría de Seguridad estatal (SSEM) realizaron labores de investigación e inteligencia con el propósito de desarticular la red de apoyo municipal a miembros de diversas organizaciones criminales que operan en la entidad tales como la Familia Michoacana, Jalisco Nueva Generación, Unión Tepito, Nuevo Imperio y Anti-Unión Tepito.
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“Como resultado de ello se logró la obtención de mandamientos judiciales en contra de 24 servidores públicos de ese orden de gobierno –1 Presidenta Municipal, 1 Presidente Honorario del DIF, 8 Comisarios y/o Directores de Seguridad Pública, así como 4 mandos y 10 elementos de corporaciones de seguridad de 12 municipios: Nicolás Romero (10), Acambay (1), Aculco (1), Amanalco (2), Coatepec Harinas (1), Ecatepec (2), Ixtapaluca (2), Naucalpan (1), Tejupilco (1), Texcaltitlán (1), Tlatlaya (1) y Tonatico (1)”, detalló la Fiscalía a través de un balance procesal.
¿Cuáles son los casos relacionados con el Operativo Enjambre en el Edomex?
Uno de los hechos investigados es el homicidio de un hombre de iniciales I.B.S.C., ocurrido el pasado 5 de octubre en el municipio de Ecatepec. Tras identificar a un mando y una elemento de la policía municipal como probables responsables, el miércoles 27 de noviembre fueron aprehendidos Rafael “N”, jefe de la Célula de Combate a la Extorsión y Vianey Analleli “N”, elementos en activo de la corporación.
Presuntamente, ambos en complicidad con otros individuos, arribaron a un inmueble en donde golpearon a la víctima hasta privarla de la vida. Sin embargo, hicieron una narración distinta de los hechos, afirmando que se trató de un “linchamiento por agredir sexualmente a una mujer”.
Por este caso, fueron puestos a disposición al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde este viernes se les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.
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Sobre las personas detenidas el 22 de noviembre, fueron puestos a disposición y en audiencia celebrada el 27 de noviembre, el Juez de Control de Tenango del Valle vinculó a proceso a Eraclio “N”, director de Seguridad Pública de Tejupilco, por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, por hechos registrados el 13 de septiembre pasado, en agravio de un comerciante.
Por su parte, el Juez de Control de Toluca, vinculó a proceso a María Elena “N”, actual presidenta Municipal de Amanalco, por el delito de homicidio calificado en agravio de las víctimas de iniciales G.J.R. y M.A.L.C., registrado el 25 de enero de 2023 por supuestos conflictos por el control del Ayuntamiento con una de las víctimas, quien también era integrante del Cabildo.
También fue vinculado Manuel Alejandro “N”, director de Seguridad Pública de Amanalco, por el delito de secuestro exprés con fines de robo.
En el juzgado de Control de Otumba se dictó auto de vinculación a proceso en contra de Ellery Guadalupe “N”, presidente honorario del DIF de Tonatico, por su probable intervención en el ilícito de secuestro exprés.
En los casos de Rodolfo “N” y Roberto “N”, director Operativo y jefe Regional de Seguridad y Prevención Ciudadana de Ixtapaluca, respectivamente, fueron vincularlos a proceso por su probable intervención en el delito de secuestro exprés con fines de extorsión, pues a la víctima le exigieron entregar una “cuota quincenal” para permitirle vender sus productos.
En tanto que, Omar “N”, subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan fue vinculado a proceso por extorsión, toda vez que el pasado 6 de septiembre al ir a bordo de una patrulla municipal, él y otro sujerto le cerraron el paso a dos personas que viajaban en otro auto. Los elementos con palabras altisonantes les exigieron una cantidad de dinero y posteriormente obligaron a una de las víctimas a subir a la patrulla donde fue golpeado y amenazado.
Otra investigación que forma parte del trabajo coordinado “Enjambre”, es la relacionada con la desaparición de Agustín “N”, comisario de Seguridad Pública de Temascalcingo, registrada el pasado 5 de agosto, así como su probable participación en diversos hechos delictivos. Como resultado de las indagatorias fueron llevadas a cabo acciones operativas que permitieron la captura de cuatro Directores de Seguridad Pública Municipales.
Se trata de Eulises “N” de Acambay, por el delito de extorsión y desaparición forzada; Carlos Alberto “N”, de Aculco, y Juan Carlos “N”, de Coatepec Harinas, ambos por el hecho delictivo de extorsión; en tanto que Luis Ángel “N”, de Tlatlaya, por secuestro exprés con fines de robo. Estos individuos quedaron sujetos a proceso en septiembre pasado y se encuentran recluidos en Centros Penitenciarios y de Reinserción Social de la entidad.
En relación a estos mismos hechos, también fueron detenidos Ana María “N”, Aarón “N” (padre), Aarón “N, N” (hijo), Abelardo “N” alias “Don Bel”, Javier Armando “N” y Roberto Carlos “N” alias “Bávaro”, por su probable intervención en actividades extorsivas en la región norte de la entidad mexiquense, a favor de un grupo delincuencial con orígenes en Michoacán.
Estos seis sujetos no son servidores públicos, su actividad principal era la prestación del servicio de transporte público tipo taxi, misma que habrían aprovechado para favorecer la participación de policías municipales en la desaparición del Comisario de Temascalcingo. Tras su detención fueron ingresados a Centros Penitenciarios.
El comienzo de las acciones coordinadas de “Enjambre” derivó del hallazgo de los restos de 10 víctimas que se encontraban dentro de dos pozos en el municipio de Nicolás Romero, en abril de 2024. Las investigaciones permitieron identificar que los probables responsables eran mandos y elementos de la policía.
Durante los meses de mayo y junio, fuerzas federales y estatales realizaron los primeros despliegues por lo que han sido detenidos y vinculados a proceso 11 policías de dicho municipio, por delitos de homicidio y secuestro exprés, entre otros.
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El presidente electo de EU, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional y de utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de migrantes
Una de las mayores preocupaciones de los votantes en las últimas elecciones presidenciales en Estados Unidos fue el control migratorio en la frontera de ese país con México.
Tras su contundente victoria electoral, el presidente electo, Donald Trump, confirmó su intención de declarar una emergencia nacional (que le permitiría conseguir recursos adicionales) y utilizar el ejército para implementar su plan de deportación masiva de inmigrantes indocumentados.
Su recién nombrado “zar de la frontera”, Tom Homan, ha dicho que los inmigrantes que sean considerados como una amenaza a la seguridad nacional o la seguridad pública serán una prioridad, sin ofrecer más detalles.
Y el vicepresidente entrante, JD Vance, ha declarado que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas.
Cuando Trump llegue a la Casa Blanca el 20 de enero de 2025, es posible que inicie de inmediato el proceso de deportaciones como lo ha prometido en innumerables ocasiones.
“Vamos a cerrar la frontera porque ahora mismo tenemos una invasión”, dijo el sucesor de Joe Biden.
“Vamos a hacer la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados.
Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.
¿Cuánto aportan a la economía del país?
El debate es intenso porque muchas de las cifras son estimaciones y porque hay poca información reciente.
Algunas investigaciones señalan que los migrantes aumentan el tamaño de la economía, pagan más en impuestos de lo que reciben en servicios públicos, hacen el trabajo que otros no están dispuestos a hacer y elevan el consumo interno.
En cambio, los partidarios de las deportaciones aseguran que los “sin papeles” les quitan los puestos de trabajo a los estadounidenses, tienen bajos salarios, consumen poco, no pagan impuestos (o pagan muy poco) y son una carga para las redes de asistencia social.
¿Quiénes son los indocumentados en Estados Unidos?
De todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, unos 3 millones no son “deportables”, dado que tienen permiso para vivir y trabajar en el país, según le explica a BBC Mundo Jeffrey Passel, investigador del centro de estudios Pew Research Center.
En ese grupo están aquellas personas que han solicitado asilo, los que se han acogido al Estatus de Protección Temporal (TPS), los que pertenecen al programa de personas llegadas en la infancia (DACA), y aquellos que están en el país con permisos de permanencia temporal conocidos como parole.
Sin embargo, bajo la nueva administración, puede haber cambios que le quiten esa protección a quienes no tienen una residencia permanente.
Como en el último par de años se ha disparado el número de migrantes que cruzan la frontera sur, es posible que los indocumentados sean muchos más de lo que señalan las estimaciones.
Sea cual sea su estatus, dice Passel, “lo que sabemos es que contribuyen al aumento del tamaño de la economía”.
Gabriela entró a Estados Unidos hace más de dos décadas en el maletero del auto de un contrabandista.
Ahora empleada doméstica en Maryland, la boliviana es una de los millones de migrantes que viven en el país.
Ella no está preocupada por lo que pueda ocurrir con las deportaciones.
“En realidad, no tengo miedo en absoluto”, le dice a la BBC. “Eso es algo de lo que deben preocuparse los criminales. Yo pago impuestos y trabajo”.
A otros, en cambio, les preocupa que su familia sea dividida.
Brenda, una dreamer (como se les dice a las personas protegidas por el programa DACA que llegaron a EE.UU. de forma irregular siendo menores) piensa que su marido y su madre podrían ser deportados.
Sus dos hijos nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.
“La idea de estar separados asusta”, le explica a la BBC.
Estas son algunas de las contribuciones que hace este grupo de personas que actualmente están en el centro de una batalla política que divide profundamente al país.
Mercado laboral
Según el Pew Research Center los indocumentados representan cerca del 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos.
La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.
Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.
Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, le dice Wu a BBC Mundo.
Probablemente aumentaría los costos de producción, causaría retrasos en los proyectos de construcción y provocaría interrupciones en los servicios, argumenta.
“Haría que los alimentos y la vivienda sean aún menos asequibles en muchas partes del país” y causaría un aumento de la inflación.
Potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40% y un 50% de ellos son indocumentados.
En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.
“No es un juego de suma cero”, escribió Chloe East, investigadora no residente del Hamilton Project del centro de estudios Brookings Institution.
La evidencia muestra que no es verdadera la creencia de que cuando un migrante ocupa un puesto de trabajo, un estadounidense lo pierde.
El pago de impuestos
¿Cuánto pagan en impuestos los migrantes?
Según el Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP por sus siglas en inglés), los indocumentados pagaron casi US$97.700 millones en impuestos en 2022.
Lo hicieron, y lo hacen, cada vez que compran un producto o un servicio, cuando arriendan o adquieren una propiedad y cuando pagan tributos sobre la renta personal y empresarial.
Una parte de esos recursos, señala el ITEP, fue destinada al financiamiento de servicios públicos a los que por ley no pueden acceder, como por ejemplo, la seguridad social, el seguro de desempleo, o la mayor parte de los programas de salud para personas en una situación económica precaria.
El Consejo Americano de Inmigración, por otro lado, calcula que en 2022 el pago de impuestos hecho por los indocumentados fue cercano a los US$76.000 millones.
Más allá de las distintas estimaciones sobre la contribución impositiva, lo que está claro es que existe un aporte importante de recursos.
“Una deportación masiva privaría a los gobiernos federales, estatales y locales de miles de millones de dólares en ingresos fiscales”, dice Nan Wu.
Sin embargo, los partidarios de las deportaciones argumentan que estas personas son una carga fiscal neta porque reciben más recursos en servicios gubernamentales de lo que pagan en impuestos.
Consumo, inflación y crecimiento económico
Un estudio del Instituto Peterson de Economía Internacional (PIIE, por sus siglas en inglés) plantea que si se concretan los planes de deportación anunciados por Trump (bajo el supuesto de que afecten a 1,3 millones de personas), las consecuencias para el crecimiento económico serían negativas.
Calculan que para el año 2028, el Producto Interno Bruto (PIB) bajaría un 1,2% y disminuirían los puestos de trabajo.
Por otro lado, argumentan, los indocumentados también son consumidores.
“Deportarlos significa menos demanda de alimentos, vivienda, servicios y otras necesidades domésticas”, escriben Anjali Bhatt, Megan Hogan, Marcus Noland y Warwick J. McKibbin.
Bajo su perspectiva, “las deportaciones masivas aumentarían los precios, costarían empleos y dañarían la economía estadounidense”.
El debate político actual se ha centrado en la llegada de inmigrantes en el último par de años.
Poca información hay disponible sobre este período, dado que los estudios disponibles trabajan con datos hasta 2022.
Sin embargo, lo que se conoce oficialmente es que el año pasado hubo un récord de inmigrantes de 2.5 millones que cruzaron la frontera sur, según el Departamento de Seguridad Nacional.
Esas personas solicitan asilo y, mientras esperan durante varios años una respuesta a su solicitud, tienen permiso para vivir y trabajar en Estados Unidos en calidad de indocumentados, contribuyendo a la economía.
Pero “una economía más grande no equivale necesariamente a una mejor economía”, dice un artículo del Wall Street Journal.
Economistas han advertido que “se espera que los inmigrantes recientes tengan salarios más bajos y sean menos productivos que sus predecesores”, señala la publicación.
Aunque a largo plazo, agrega, podrían tener un efecto positivo al ser más jóvenes que el promedio de la población estadounidense.
Como tienen una vida laboral más extensa, tienden a contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios.
Cuando Donald Trump llegue a la Casa Blanca en menos de dos meses, se espera que entregue los detalles de su plan de deportación que, como él ha prometido, comenzará desde el primer día que asuma la presidencia.
Mientras, el anuncio de que va a declarar una emergencia nacional y que utilizará al ejército para deportar a los indocumentados resuena en los oídos de quienes pueden verse afectados.
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