Integrantes de la comunidad otomí denunciaron represión y violencia por parte de policías de CDMX luego de que intentaron desalojarlos de la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores”, antes Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
Las acciones del gobierno capitalino ocurrieron durante la noche del domingo 15 de octubre y la madrugada del 16, “como respuesta a diversas denuncias ciudadanas sobre la afectación producida por el bloqueo al libre tránsito de miles de personas de toda la ciudad”.
De acuerdo con la comunidad otomí, al lugar llegaron miles de granaderos que intentaron levantar el campamento y desalojarlos de manera violenta de la Casa de los Pueblos, a pesar de que en el lugar hay presencia de mujeres, niños y adultos mayores, y de igual manera señalaron que “grupos de choque” realizaron al menos tres disparos.
En un video difundido por Radio Zapote se puede apreciar a otomíes con lesiones en el rostro y a mujeres con bebés en brazos.
La Red de Resistencia y Rebeldía de la Comunidad Otomí responsabilizó al jefe de Gobierno, Martí Batres, por estos hechos y señalaron a Juan Gutiérrez Márquez, coordinador de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno de CDMX, como el funcionario que encabezó a los granaderos.
A su vez, anunciaron que mantendrán la ocupación de la avenida México-Coyoacán en tanto no sean atendidos por Martí Batres y seguirán exigiendo en su demanda, que es una vivienda digna.
“No estamos dispuestos a doblegarnos ante la represión y despojo de nuestra casa, no nos vendemos, no claudicamos y no perdonamos”, señalaron en un comunicado difundido a través de redes sociales.
Por su parte, el gobierno capitalino señaló que al momento de que se implementó el operativo interinstitucional para desalojar la vialidad, “un grupo de 40 personas iniciaron una agresión unilateral y altamente violenta contra los equipos de trabajo”.
La Seguridad Ciudadana de Ciudad de México (SSC) solo contuvo las agresiones, apegándose a los protocolos y garantizando la protección de los derechos humanos de los presentes, e informaron que en el enfrentamiento resultaron heridos varios servidores públicos, aseguraron.
Por último, la dependencia dijo que desde el miércoles pasado llamaron a mesas de diálogo con la comunidad otomí en atención a sus demandas en tanto liberaran la avenida México-Coyoacán lo cual, afirman, “fue abiertamente rechazado”.
En el operativo participaron equipos de las Secretarías de Gobierno (SECGOB), Seguridad Ciudadana (SSC), Obras y Servicios (SOBSE) y Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), los cuales fueron acompañados por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Sucede un día después de que el Departamento de Seguridad Interior anunciara que revocará el acceso de la universidad a los programas de visas de estudiantes.
La Universidad de Harvard presentó una demanda contra el gobierno de Trump, después de que este le revocara este jueves la facultad de matricular a estudiantes internacionales, intensificando la disputa entre la Casa Blanca y una de las instituciones más prestigiosas de EE.UU.
En la demanda presentada en Boston, la universidad denunció las acciones del gobierno como una “violación descarada” de la ley.
Este jueves el Departamento de Seguridad Interior de EE.UU. (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que le quitará a la universidad el acceso a los programas de visas de estudiantes.
El gobierno de Trump afirma que Harvard no ha hecho lo suficiente para combatir el antisemitismo ni para cambiar sus prácticas de contratación y admisión, una acusación que la universidad ha negado enérgicamente.
Hay aproximadamente 6.800 estudiantes internacionales en esa universidad, que representan más de 27% de sus matrículas este año.
“De un plumazo, el gobierno ha buscado eliminar a una cuarta parte del personal estudiantil de Harvard, estudiantes internacionales que contribuyen significativamente a la universidad y su misión”, alegó Harvard en su demanda.
Harvard ha solicitado una orden para frenar la medida del Departamento de Seguridad Interior para revocar la certificación del Programa de Visitas de Intercambio de Estudiantes de la universidad, un mecanismo mediante el cual se el permite matricular a alumnos extranjeros.
“Condenamos esta horrible e injustificada acción”, expresó en una carta el presidente de la institución Alan Garber.
“La revocación continúa una serie de acciones del gobierno para tomar represalia contra Harvard por nuestra negativa a entregar nuestra independencia académica y someternos a la toma de control ilegal por parte del gobierno federal de nuestro currículum, de nuestro cuerpo docente y nuestro alumnado”, escribió.
El gobierno de Trump tiene en la mira a Harvard y a otras universidades élite, a las que acusan de no hacer lo suficiente para reprimir a los activistas pro palestinos, y de discriminar los puntos de vista conservadores.
Harvard ha dicho anteriormente que ha adoptado muchas medidas para abordar el antisemitismo, y que las exigencias del gobierno son un esfuerzo por regular las “condiciones intelectuales” de la universidad.
El gobierno ha amenazado con revocar la exención de impuestos de la que se beneficia la universidad y ha congelado miles de millones de dólares en subvenciones gubernamentales a la institución.
Harvard no solo es la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, sino también la más rica de ese país y del mundo.
La institución acumula un “endowment” (fondo patrimonial propio que invierte para financiar sus actividades) de US$53.000 millones, más que el producto interno bruto de 120 países, entre ellos Islandia, Bolivia, Honduras o Paraguay.
Donaciones millonarias, inversiones exitosas y una estricta gestión han hecho de Harvard una entidad con recursos suficientes.
Su fortaleza financiera es una poderosa herramienta para resistir presiones políticas y económicas que harían tambalear a otras universidades.
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