El Palmar de Todos Santos en Baja California Sur: un oasis en disputa por el avance inmobiliario y agrícola
El oasis del pueblo de Todos Santos en el noroeste de México es un espacio de alto valor para la comunidad local, sin embargo, desde hace cinco años se encuentra en un proceso de deterioro acelerado a causa del sector inmobiliario turístico y agrícola. En su defensa, la comunidad propone crear un parque público.
Desde la parte alta del pueblo se aprecia un bajío lleno de palmeras y algunas huertas paralelas a un cuerpo de agua que desemboca en La Poza, una laguna costera. Al paisaje los todosanteños lo llaman El Valle del Pilar, en honor a la Virgen del Pilar que es la santa patrona del pueblo, pero también El Palmar, recientemente designado por la academia como un oasis.
Baja California Sur es el estado más árido de México y el único con oasis, que representan menos del 1 % de la superficie total de la entidad. Los oasis son sistemas ecológicos compuestos por un cuerpo de agua y áreas de vegetación instaladas en zonas áridas creadas para facilitar la agricultura en el desierto.
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“El oasis permitió la sostenibilidad regional en un ambiente de escasez hídrica y tiene un factor social muy importante compuesto por entes y practicantes tradicionales que se encargaban de distribuir equitativamente los recursos para asegurar el bienestar de todos en un ambiente caracterizado por el aislamiento y la aridez”, señaló Teresa Egea, asesora en sostenibilidad y paisajista.
El oasis de Todos Santos es uno de los humedales más importantes de la entidad pero, de acuerdo a un estudio de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) publicado en 2020, se encuentra en un proceso de deterioro debido al turismo, la agricultura y eventos naturales extremos.
“El archipiélago de oasis sudcaliforniano está interconectado. Es un sistema a lo largo de toda la península de Baja California. El de Todos Santos es el segundo oasis con mayor agrobiodiversidad de todos los archipiélagos. Además, es el oasis más erosionado y en mayor peligro de extinción”, señaló Egea.
El estudio mostró con imágenes satelitales que la extensión del oasis disminuyó un 51.2% en 17 años (de 2002 a 2019), mientras que la laguna La Poza disminuyó un 63% y el paisaje natural un 21.7%.
En ese mismo periodo, el uso de suelo agrícola incrementó en un 86.59% y el uso de suelo urbano un 43.57% como se aprecia en el mapa comparativo donde a medida que aumenta el crecimiento urbano, disminuye la cobertura vegetal del oasis y se reduce la extensión de La Poza.
Las veredas del agua: propuesta de Parque Público
Como asesora en sostenibilidad, Egea llegó a vivir a Todos Santos en 2017. Estudió el oasis y lo integró a los diseños para los que fue contratada. Sin embargo, los desarrolladores no entendían la importancia del oasis y, en lugar de conservarlo, buscaban borrarlo con sus proyectos.
“Me canso de tener que lidiar con asesorías y con propuestas a desarrolladores y a personas extranjeras que me contratan con unos objetivos de integración y de compromiso con la comunidad, pero que no entienden mi asesoría porque no están integrados y porque realmente sus prioridades son otras. Tienen esta tendencia a llegar y borrar toda la historia, y de segregar a la población local, que cada vez es más desplazada de lugares privilegiados e históricos hacia lugares sin recursos”, señaló Egea.
Desde su expertiz, decidió emprender una propuesta de solución: un plan de ordenamiento territorial que pone al centro la identidad cultural, la memoria histórica y los recursos naturales, materializado en el proyecto Las veredas del agua.
El proyecto propone conservar el área del oasis que es de 5.2 kilómetros cuadrados y rehabilitarlo como un parque público. Incluye un ecosendero que lo recorre y reconecta los elementos clave del territorio para propiciar que las personas vuelvan a caminar las veredas del agua del oasis.
“Al caminar el territorio la población vuelve a tener conciencia del lugar, lo cual es clave para entender la historia y la cultura. Se crean conexiones entre las diferentes poblaciones locales que están muy desconectadas”, señaló Egea.
El proyecto considera crucial crear un mercado público donde se pueda vender lo producido en las huertas locales, para empujar una transición de la agricultura industrial a una tradicional de valor local.
La idea de hacer un parque público en el oasis ya rondaba desde hace tiempo entre la población pero Egea la fundamentó a través de entrevistas e investigación. Así creó una primera propuesta conceptual que recibió una mención honorífica en la categoría de planeación territorial en la Bienal Latinoamericana de Arquitectura de Paisaje 2024.
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Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase de construir alianzas a nivel local para crear el diseño técnico del proyecto de forma participativa.
“Lo ideal es crear una gobernanza local con todos los sectores. La sociedad civil diseña, las empresas apoyan a nivel financiero, la academia guía el proceso y el gobierno aprueba. No se puede hacer sin uno de estos actores”, señaló Egea.
En alianza con la organización Proteger Todos Santos, el próximo 20 y 21 de junio, se presentará el proyecto en un evento público a la comunidad donde a través de mesas de trabajo podrá formar parte de su diseño.
Propuestas como el parque público han cobrado relevancia entre la población residente después de que se hicieran públicos dos megaproyectos turísticos e inmobiliarios cerca y en el oasis: The Palmoral by Santa Terra y Cabo Santos, a los que la comunidad se ha opuesto a través de manifestaciones y recolección de firmas.
El crecimiento urbano y, particularmente, este tipo de proyectos comprometen al acuífero del que se abastece la comunidad residente y del que se alimenta el oasis, señaló Diego Ramírez, director de Proteger Todos Santos.
“El problema del aumento de la densidad poblacional es precisamente que el agua que se extrae para abastecimiento doméstico, comercial y agrícola lo sacan del acuífero Todos Santos y ese acuífero es precisamente el lugar en donde está el oasis. Su deterioro se debe en gran medida al entubamiento del agua. Muchos de los árboles se empiezan a secar porque ya no reciben agua que ahora va dentro de un tubo”, señaló Ramírez.
El estudio de la UABCS definió al acuífero del Oasis de Todos Santos como sobreexplotado debido a una reducción de los niveles de agua y al aumento de la salinidad cerca de la costa.
Antes los manantiales corrían continuamente durante todo el año, pero desde el 2007 el caudal es limitado la mayor parte del año, a excepción de los cortos periodos de ciclones tropicales, señala el estudio de la UABCS.
Para Ramírez, el crecimiento urbano para proyectos de alta densidad ha transformado lo que era un paisaje histórico, creado para la producción de alimentos, en un lugar privilegiado y usado para la especulación inmobiliaria.
Eso se ve reflejado por ejemplo en el Programa Subregional de Desarrollo Urbano del pueblo donde en la última actualización que tuvo cambió de zona de palmares y huertas a aprovechamiento paisajístico.
“La palabra implica muchas cosas porque ahora tiene una connotación más enfocada al turismo, a diferencia de palmares y huertas que su definición era producir comida, entonces pierde también la esencia y se convierte ahora en un concepto más apegado al desarrollo turístico simbólicamente”, señaló Ramírez.
Antes los todosanteños acudían al oasis a nadar, lavar ropa, jugar, hacer fiestas, por lo que tenía un alto valor social que se ha ido perdiendo. Actualmente, la mayoría de las huertas se han perdido y poco a poco la propiedad privada ha ido cerrando el acceso al arroyo que corre en el oasis.
“El parque sería como una forma de volver a usar esos espacios, y como una manera también de protegerlo, porque ya no estaría abandonado”, señaló Ramírez.
Cuando los jesuitas llegaron a Baja California Sur, cambiaron el paisaje al crear estos oasis alrededor de las misiones, pero eso implicó el desplazamiento y extinción de los pueblos originarios. Ramírez teme que si se vuelve a cambiar ese paisaje que ha permitido la supervivencia por tanto tiempo en una región árida, esta vez implique la extinción de saberes tradicionales y de la herencia cultural.
“Tenemos muy poco tiempo con las amenazas inminentes de los desarrollos. Ese corredor biológico y socioambiental que constituye el oasis, lo quieren convertir en un corredor turístico. Este momento es clave para evitar ver en frente de nuestros ojos transformarse un lugar que es patrimonio de la humanidad en un corredor turístico en el que poco a poco el oasis desaparecerá del todo”, señaló Egea.
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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU denunció crímenes de lesa humanidad e identificó a 54 presuntos responsables entre políticos, militantes y militares.
Asesinatos, torturas, desapariciones forzadas.
Estas son solo algunas de las violaciones a la integridad humana que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas considera crímenes de lesa humanidad.
El equipo de expertos determinó en su último informe, presentado el 3 de abril, que el “Estado persigue a su propia gente” con acciones represivas que, para el derecho internacional, entrarían en la categoría de crímenes de lesa humanidad.
“Este informe es un llamado de atención para la comunidad internacional sobre la situación de Nicaragua y su deber de proteger a su población”, le dice a BBC Mundo el abogado y presidente del grupo, Jan-Michael Simon.
El documento identifica a 54 personas entre los que figuran ministros, miembros de las fuerzas de seguridad y de la sociedad civil como responsables de la “represión sistemática y generalizada” del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Aunque ésta no es la primera vez que el equipo técnico creado en 2022 denuncia los hechos ocurridos en Nicaragua a partir de las protestas de 2018, ahora le pone nombre y apellido a los supuestos responsables, cuya culpabilidad deberá determinar la justicia en ámbitos internacionales como la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
Como resultado del informe, los “copresidentes” Daniel Ortega y Rosario Murillo decidieron retirar a su país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
“Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarse del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este consejo y todos sus mecanismos satélites”, comunicó Murillo.
“Es una evidencia del doble rasero y la politización de cada uno de estos mecanismos que cotidianamente instrumentalizan los derechos humanos, usándolos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados e irrespetar la soberanía”, agregó la Cancillería de Nicaragua.
Jan-Michael Simon calificó a Nicaragua como “dictadura anacrónica”.
“Estamos hablando de una dictadura anacrónica en donde la familia es el partido, el partido es la familia y ambos son el Estado. Esto es absolutamente anacrónico en este mundo”, dijo el presidente del grupo.
El gobierno de Nicaragua no respondió a la solicitud de comentarios realizada por BBC Mundo.
Estos son los seis tipos de crímenes de lesa humanidad identificados en el informe.
1. Ejecuciones extrajudiciales
Las muertes documentadas por los expertos tuvieron lugar durante la primera fase de la represión, en especial después de los meses en los que se registraron movilizaciones en contra de Ortega en 2018.
La mayoría de las personas asesinadas eran manifestantes.
Para calificar un asesinato como crimen de lesa humanidad, según el derecho internacional, es necesario confirmar que la muerte haya sido causada por una acción u omisión de la persona acusada, entre otros elementos.
El equipo investigador indagó sobre 40 muertes que se dieron en el contexto de protestas de 2018, concluyendo que en todos los casos se cometieron ejecuciones extrajudiciales.
Al mismo tiempo, se determinó que los asesinatos fueron cometidos por agentes de la Policía, del Ejército e integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes del presidente y de la vicepresidenta Murillo.
Según el texto, los ataques tuvieron lugar mientras los disidentes se manifestaban. Las armas de fuego fueron apuntadas directamente contra esas personas con la intención de matarlas o, al menos, de infligir intencionadamente daños o lesiones corporales graves.
El grupo de expertos concluyó que las ejecuciones extrajudiciales de personas opositoras o percibidas como tales durante la primera fase de represión forman parte del ataque generalizado y sistemático que existe en Nicaragua desde 2018.
2. Detenciones arbitrarias
Miembros de la policía entraron en noviembre pasado, de manera simultánea, a la casa de al menos 45 personas y las detuvieron por consideradas peligrosas para el régimen por sus ideas políticas.
Estas personas no recibieron ningún tipo de explicación ni tuvieron derecho a un abogado de su elección que los defienda, según reconstruye el informe en base a decenas de entrevistas y documentos.
Durante algunas semanas, pocos fueron los familiares de los detenidos que recibieron algún tipo de información sobre sus seres queridos.
Para la mayoría, durante semanas, el destino fue desconocido.
Y aunque muchos de ellos fueron liberados con el correr de los días, la mayoría declaró que siguió sufriendo visitas semanales de policías a quienes debían entregar informes sobre sus actividades.
Desde las protestas de 2018 y hasta el 26 de marzo de este año, más de 5.000 personas han sido detenidas de manera arbitraria, aunque los expertos estiman que podrían ser más.
Tan solo en el último año, 131 personas fueron encarceladas por motivos políticos, no solo por miembros de la Policía sino por integrantes de grupos armados progubernamentales que seguían órdenes de Ortega, según sostiene el informe.
La privación arbitraria de libertad, es decir, sin una base legal para hacerlo, “bajo acusaciones penales infundadas” es uno de los motivos que explican cómo una detención puede derivar en un crimen de lesa humanidad.
3. Torturas
“Nos entrenaban y nos decían que la orden era aniquilar”, le contó un exmiembro de la Policía al grupo de expertos de Naciones Unidas.
“Nos orientaban que, si hallábamos a alguien, que lo metiéramos en la celda de castigo, que usáramos la asfixia con bolsas de plástico en el cuello, hacerles continuas repeticiones de palabras, colgarlos y dejarlos solo de las puntas de los pie”, siguió.
La práctica de este miembro de la Policía, según relatan los expertos, no es una excepción sino la regla dentro instituciones penitenciarias de Nicaragua.
La lista de sucesos de este tipo dentro de los centros de detención está integrada por diferentes formas de violencia sexual, restricciones alimentarias y condiciones de aislamiento e incomunicación por períodos prolongados, entre otras prácticas.
Los actos de tortura -que buscan obtener información, castigar o intimidar a la víctima- son “generalizados y sistemáticos” desde 2018 y van “contra una parte de la población”.
Es por eso que el equipo de Naciones Unidas tiene motivos razonables para creer que los “actos documentados constituyen el crimen de tortura o trato cruel, inhumano o degradante como crimen de lesa humanidad”.
4. Deportaciones masivas
Ortega y Murillo ordenaron en septiembre de 2024 la expulsión de Nicaragua hacia Guatemala de 135 personas que se encontraban detenidas.
A diferencia de la deportación de las 222 personas a Estados Unidos en febrero de 2023, en esta ocasión no hubo una orden de deportación ni tampoco un listado oficial, limitando el acceso a la justicia de estas personas.
“Los actos de deportación fueron ordenados directamente por el presidente y la vicepresidenta y, siguiendo estas órdenes, llevados a cabo por agentes de la Policía, el Ejército, el Ministerio del Interior y del poder judicial”, dicen los expertos.
El hecho de que estas personas hayan sido expulsadas del territorio nicaragüense por el solo hecho de no coincidir con el gobierno es un accionar que puede ser penalizado por el derecho internacional.
Tales deportaciones constituyen, según el equipo, un “crimen de lesa humanidad” debido a que son prácticas sistemáticas en contra a un grupo de la población y perpetradas desde la cúspide del poder político.
5. Desapariciones forzadas
Durante gran parte del año pasado, los familiares de Jaime Navarrete Blandón se acercaron cada día a la cárcel de máxima seguridad conocida como “La 300” para preguntar dónde estaba.
Por más de ocho meses, después de haber sido llevado por la Policía y en medio de rumores de traslados, las autoridades penitenciarias no solo no permitieron que nadie lo visitara sino que se negaron a confirmarle a sus familiares dónde estaba Jaime.
La falta de información sobre las personas detenidas de manera arbitraria en Nicaragua constituye, según los expertos, un patrón en Nicaragua.
“Estas desapariciones forzadas causan y causaron gran sufrimiento e impactan la integridad física y la salud mental de las víctimas y sus familiares”, dice el informe.
Además de las desapariciones forzadas de corto plazo, producto de detenciones arbitrarias, el equipo registró 12 casos de desapariciones forzadas por períodos de más de un año.
En todos los casos registrados, el mecanismo fue el mismo: las víctimas fueron arrestadas de manera irregular por oficiales de la Policía o de grupos civiles cercanos al gobierno y llevados a los centros de detención, sin prestar información a sus familiares.
6. Persecución
Los crímenes anteriores han sido cometidos, según el Grupo de Expertos, “en el marco de una campaña discriminatoria por motivos políticos, instrumentalizada desde las más altas esferas del gobierno contra parte de la población de Nicaragua”.
Por eso, para el equipo, constituyen el crimen de lesa humanidad de persecución política.
Las conclusiones recabadas por este grupo no representan una sentencia sino que podrían funcionar como material probatorio para ser utilizado ante la justicia.
La Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia o los tribunales de otros países que cuenten con víctimas de sus nacionalidades, como es el caso de Brasil, son las instancias donde podrá avanzar un proceso legal.
Según los expertos, la Corte Internacional de Justicia sería el foro reconocido por Nicaragua en donde debería ser juzgado el gobierno “por la simple razón de haber violado flagrantemente sus obligaciones internacionales”.
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