Habitantes de Papantla, Veracruz, sufren afectaciones a salud por fuga de hidrocarburos; Pemex omite el desastre ambiental
Habitantes, animales y vegetación de al menos cuatro comunidades en el municipio de Papantla, Veracruz, se han visto afectados por un derrame de hidrocarburos que ocurrió hace 42 días y que a la fecha no ha sido atendido integralmente por el responsable, Petróleos Mexicanos (Pemex).
Daños a las milpas, cosechas y pozos artesanales para consumo local, la muerte de ganado y animales que frecuentan el cuerpo de agua afectado –incluyendo tortugas–, e incluso problemas de salud a los vecinos, son las consecuencias del derrame, sin que Pemex tome las medidas necesarias para resolverlo, según colectivos de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que hicieron un recorrido por la zona hace una semana para supervisar los daños.
“La gente se empezó a dar cuenta de que algo estaba pasando porque empezaron a percibir un fuerte olor a azufre”, detalló Alejandra Jiménez, integrante de la asociación. “Esa fue la primera alerta, y luego cuando ya está el escurrimiento del derrame por el arroyo, lo que relatan es que sí tuvieron malestar en vías respiratorias, mareos y náuseas”.
El derrame fue ocasionado por una fuga en un oleoducto de la empresa paraestatal, según pudieron identificar habitantes de la comunidad totonaca de Ojital Viejo el pasado 21 de agosto.
Posteriormente, los hidrocarburos se propagaron a causa de las lluvias a un arroyo del Río Cazones, mismo que desemboca al Golfo de México, de acuerdo con los activistas. Al momento ha dejado afectaciones a lo largo de 12 kilómetros.
En tanto, Pemex no ha reportado el volumen del derrame ni se ha pronunciado sobre el tema. Animal Político buscó a la empresa de hidrocarburos y a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) para obtener información sobre el derrame y las acciones que están tomando, sin que tuviera respuesta por parte de Pemex al momento de esta publicación.
Por su parte, ASEA indicó por medio de su oficina de Comunicación Social que no fue notificado del derrame por parte de Pemex.
El 25 y 26 de septiembre, oficiales de la institución realizaron labores de inspección en materia ambiental y de seguridad operativa e industrial en la región de Papantla para dar seguimiento por otro derrame suscitado en 2022, momento en el que fue notificado del nuevo acontecimiento por los habitantes de la comunidad de Ojital y dio seguimiento al tema.
Acusan a Pemex de omisión; presentan denuncia contra la empresa
Las organizaciones denunciantes han señalado que Pemex fue omiso en atender el derrame, pues inicialmente los hidrocarburos sólo habían contaminado un aguaje hecho por la comunidad para que su ganado pudiera consumir agua, y en cuanto se percataron de los hechos, los vecinos lo denunciaron ante la empresa paraestatal.
“Ese es el problema, que Pemex no recogió debidamente el crudo que se había derramado, no lo retiró en el momento y provocó esta situación”, indicó Jiménez.
Las labores de limpieza iniciales por parte de las autoridades fueron limitadas, por lo que cuando cayeron fuertes lluvias a mediados de septiembre, la contaminación por hidrocarburos se propagó.
Para atender la situación, los habitantes de Ojital Viejo presentaron una denuncia contra Pemex ante la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que se encarga de regular y supervisar la protección y seguridad medioambiental del sector de hidrocarburos.
Habitantes no han recibido información sobre afectaciones, señalan
A un mes y medio de los hechos, ya hay un grupo de alrededor de ocho trabajadores de Pemex atendiendo el derrame, indicó Jiménez, pero no cuentan con el equipo de protección necesario y únicamente remueven la tierra contaminada hacia los lados del arroyo, por lo que no se trata de una solución integral.
La integrante de la Alianza Mexicana contra el Fracking apuntó que los trabajadores de Pemex no se han acercado con los vecinos de las comunidades afectadas para informarles sobre las afectaciones por el derrame, medidas para prevenir problemas de salud o para recuperar sus cultivos, algo que les ha afectado también económicamente.
A falta de atención gubernamental, las autoridades comunitarias, habitantes y activistas de localidades cercanas se han organizado para atender la flora y fauna afectada, así como crear bebederos de botes de PET para los animales que frecuentan el arroyo contaminado.
“Quienes les han apoyado son personas que han ido a título personal, como voluntarios, a compartir su conocimiento. Por ejemplo, el día domingo hubo una brigada de voluntarios y asistió un ingeniero petrolero que les comentó que no podían usar el agua del arroyo, y que tendrían que pasar al menos 10 años para que se recuperara el arroyo”, relató Jiménez.
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Según expertos, el Clan del Golfo es la organización criminal más poderosa de Colombia y dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Nuevo capítulo en la campaña de Estados Unidos contra el narcotráfico y el crimen organizado en América Latina.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, fue designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado estadounidense.
“Es una organización violenta y poderosa con miles de miembros. Su principal fuente de ingresos es el tráfico de cocaína, que utiliza para financiar sus actividades violentas”, según un comunicado de la oficina liderada por Marco Rubio.
Surgido de remanentes del paramilitarismo de los años 90, el EGC, que defiende tener motivos políticos, es considerado el grupo criminal más poderoso de Colombia.
Es la cuarta agrupación armada colombiana que EE.UU. incluye en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, uniéndose así al Ejército de Liberación Nacional (ELN), las FARC-EP y la Segunda Marquetalia, disidencias de las FARC que se desmovilizaron tras el acuerdo de paz de 2016.
La decisión de Washington ocurre en un momento de alta tensión en América Latina.
Desde septiembre, militares estadounidenses han atacado a decenas de supuestas embarcaciones narco en el Caribe y Pacífico sudamericanos donde han muerto al menos 95 personas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado que la campaña contra el narcotráfico pronto incluirá acciones terrestres en Venezuela.
Trump acusa a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, de liderar una organización criminal llamada Cartel de los Soles, algo que Maduro niega.
El estadounidense tampoco ha descartado que los ataques se extiendan a territorio colombiano, donde más cocaína se produce en el mundo, generando fuertes críticas del presidente Gustavo Petro, al que EE.UU. sancionó recientemente por presuntos vínculos con el narcotráfico.
El Clan del Golfo, por su parte, se encuentra en negociaciones con el gobierno de Petro como parte de la estrategia de “paz total”.
La designación del grupo como organización terrorista por parte de EE.UU. parece poner todo este contexto en vilo.
Quiénes son y cómo surgió el Clan del Golfo
La extensa región del Urabá, fronteriza con Panamá y alrededor de un golfo con salida al Caribe, fue dominada en los 90 por las guerrillas del Ejército Popular de Liberación (EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Luego entraron las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el ejército paramilitar que enfrentaba a la insurgencia.
El EPL y las AUC marcaron el origen de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, o Clan del Golfo, puesto que exmiembros de ambos bandos, en teoría opuestos y desmovilizados, se articularon en una nueva agrupación que, bajo la mirada de analistas y el Estado, adquirió un corte más criminal que político.
Las AGC, hoy llamadas EGC, crecieron en poder y control territorial.
Una investigación de la Fundación Pares en Colombia estima que el grupo está presente en 302 de los alrededor de 1.100 municipios del país.
Según expertos, es esa la clave por la cual hoy dominan rentas ilegales como la extorsión, el narcotráfico, la migración y la minería ilegal.
Víctor Barrera, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) en Bogotá, señaló que el grupo “tiene una gran capacidad de movilidad en el territorio, porque operan a través de la subcontratación de servicios específicos según lo demande la situación”.
Este sistema, similar al de franquicias empresariales y con integrantes asalariados, dificulta saber su extensión y les facilita encontrar reemplazo rápido a los líderes que son capturados o dados de baja.
“Hoy se estima que el EGC tiene alrededor de 9.000 miembros, según cifras oficiales, aunque se está llevando a cabo un nuevo conteo en que seguramente aumentará el dato”, le dice a BBC Mundo Gerson Arias, investigador asociado en la Fundación Ideas para la Paz (FIP).
Arias señala que una tercera parte del grupo actúa como ejército, mientras que el resto son redes de apoyo, “milicias y redes de inteligencia”, que en el interior de la organización como “puntos urbanos, rurales o militares”.
Los tentáculos del Clan también han sido detectados en países como Brasil, Argentina, Perú, España y Honduras, donde algunos de sus miembros han sido capturados.
Quiénes lideran la organización
Durante 15 años, desde comienzos de los 2000, la organización fue controlada por los hermanos Dairo Antonio (Otoniel) y Juan de Dios Úsuga.
Al grupo también se le solía llamar Clan Úsuga.
Otoniel se convirtió en líder máximo cuando su hermano murió a manos de la Policía Nacional durante un asalto a una “narcofiesta” de fin de año, el 1 de enero de 2012.
Otoniel fue el criminal más buscado de Colombia hasta su captura y extradición a EE.UU. en 2021. Hoy cumple 45 años de condena en una prisión estadounidense.
Tras su caída, los nombres de sus sucesores aparecieron rápido en medios colombianos.
Uno de ellos, Wílmer Giraldo, alias Siopas, fue asesinado en 2023 presuntamente por miembros de su propia organización.
Otro, Jesús Ávila, conocido como “Chiquito Malo”, comanda al EGC y es uno de los hombres más buscados del país sudamericano.
Crecimiento reciente
Los analistas de Pares indican que el modelo de operación del EGC, flexible y basado en acuerdos con estructuras locales legales e ilegales, les permite crecer sin necesidad de confrontaciones abiertas.
En los últimos años, los también conocidos como “Urabeños” ampliaron su presencia en otros territorios como el Bajo Cauca, Córdoba, norte del Chocó y parte del Magdalena Medio.
“Este crecimiento se apoyó en la capacidad de absorber bandas locales, presionar a autoridades municipales y ocupar espacios donde la Fuerza Pública no logró mantener una presencia suficiente y permanente”, dice un informe de Pares.
El grupo también ha destacado por su flexibilidad y diversificación económicas.
Durante los cierres de la pandemia en 2020 y 2021 ofrecían bienes y servicios y cuando explotó el éxodo migratorio por el Darién se aliaron con comunidades locales para sacar cuantiosas rentas del fenómeno.
Al igual que otros grupos armados en Colombia, el EGC aprovechó con éxito los espacios dejados por la desmovilización de las Farc.
Entre 2022 y 2025, Pares señala que los gaitanistas crecieron a menor ritmo, aunque reportes de su expansión a zonas mineras en el sur del departamento de Bolívar muestran una búsqueda de incrementar más su presencia territorial.
Negociaciones con el gobierno de Petro
Cuando Petro llegó al gobierno en agosto de 2022, prometió negociar con varios grupos armados en su búsqueda de la paz total.
Su iniciativa de también conversar con el EGC generó críticas en el país, ya que expertos y opositores políticos dudan sobre cómo una organización, considerada como criminal por el Estado colombiano, renunciará a las armas y las rentas millonarias que deja su control territorial.
El EGC se considera a sí mismo como grupo político y reclama recibir un trato similar al de las guerrillas y los paramilitares en las negociaciones de paz.
Recientemente, en una reunión en Doha, Qatar, representantes del EGC y el gobierno colombiano firmaron un acuerdo para trabajar progresivamente hacia un posible desarme y la pacificación de territorios.
El tiempo corre en contra de Petro, quien terminará su mandato en agosto de este año.
Las acciones de EE.UU., que no parece cedar en su ofensiva contra el narcotráfico en América Latina, añaden más incertidumbre si cabe a unas negociaciones de paz en Colombia que no dan los resultados esperados.
Y, a la vez, alimentan el temor de que se produzcan ataques en territorio colombiano, como ha advertido Trump.
Ya lo dijo el Departamento de Estado en su anuncio: “EE.UU. seguirá usando todas las herramientas disponibles para proteger nuestra nación y detener las campañas de violencia y terror cometidas por carteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”.
Petro consideraría cualquier amenaza contra la soberanía colombiana como una “declaración de guerra”, según ha expresado.
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