Jorge Sánchez recuerda que, en 2015, cuando su padre el periodista Moisés Sánchez fue asesinado en el municipio de Medellín de Bravo, en Veracruz, el entonces diputado local Cuitláhuac García exigió justicia al exgobernador Javier Duarte.

Ocho años después, con Duarte sentenciado por asociación delictuosa y Cuitláhuac García como gobernador de Veracruz, el asesinato de Moisés Sánchez sigue impune.

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Además, el gobierno de Cuitláhuac García es señalado por acosar a comunicadores que cuestionan su gobierno.

Familiares de las víctimas se han tenido que organizar en una red para demandar justicia y recientemente casos como el de la periodista Claudia Guerrero, quien acusa persecución por parte del ejecutivo estatal, colocan la atención en el maltrato a la prensa en la entidad con más periodistas asesinados en México durante este siglo.

De acuerdo con los registros de la organización Artículo 19, desde que inició el actual gobierno de Cuitláhuac García, cinco periodistas han sido asesinados: Jorge Celestino Ruiz Vázquez (2 de Agosto de 2019); María Elena Ferral (30 de Marzo de 2020); Julio Valdivia (9 de septiembre de 2020); Jacinto Romero Flores (19 de agosto de 2021); José Luis Arenas Gamboa (10 de enero de 2022).

Estos asesinatos se suman a los 26 crímenes contabilizados en la entidad desde el año 2000.

Ante la inacción de las autoridades, en septiembre de 2022, el Tribunal de los Pueblos para los Periodistas Asesinados responsabilizó al Estado mexicano por el asesinato de Miguel Ángel López Velazco, conocido con el seudónimo Milo Vela —como firmaba sus columnas en Notiver—, luego de que un grupo armado entró a su casa para asesinar al periodista, a su esposa y a uno de sus hijos.

En esta entidad, de acuerdo con una encuesta realizada a 220 comunicadores por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, se registró que 22.2%  de los periodistas recibió intimidaciones por policías estatales y el 17.7% dijo haber recibido intimidaciones por algún personaje del gobierno veracruzano.

Red de memoria y lucha

En enero de 2019, Cuitláhuac García develó una placa en Xalapa con los nombres de periodistas asesinados en Veracruz en los 18 años previos. El gobierno estatal se comprometió a no entorpecer la labor periodística y enaltecer y fomentar la libertad de expresión.

Familiares de periodistas asesinados y desaparecidos le reclamaron al gobernador que no los había recibido y éste se comprometió a que daría seguimiento a cada caso y se reuniría con las familias, pero no cumplió.

Familiares de periodistas agredidos se han organizado para pedir justicia ante la inacción de las autoridades. Una de estas asociaciones es la Red de memoria y lucha de periodistas asesinados o desaparecidos, que conforman 17 familias de comunicadores, 15 de ellas provenientes de Veracruz.

En enero de 2023 una comisión de esta Red se presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina para pedir una audiencia. Sólo así lograron reuniones con representantes de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y las autoridades veracruzanas. Tuvieron un encuentro con autoridades federales en febrero y otro en marzo. Asimismo, el 28 de ese mes, la Red se reunió con el gobernador Cuitláhuac García y la fiscal general de Veracruz, Verónica Hernández Giadáns, para exigir justicia para los periodistas asesinados; también estuvieron funcionarios federales de Segob y Seguridad.

Los familiares informaron que algunos casos llevan hasta una década en la impunidad, las investigaciones están mal hechas o se perdió evidencia, por lo que difícilmente se logrará el esclarecimiento o sentencias. Sin embargo, el gobernador y la fiscal insistieron en que ya se terminó la impunidad y que detendrían a los responsables.

La Red también pidió reivindicar la memoria de los periodistas asesinados, porque desde el gobierno se ha revictimizado a los comunicadores. Los familiares manifestaron la falta de atención a las víctimas, principalmente porque la mayoría no ha tenido acceso a los programas que se supone fueron hechos para estos casos.

En esas reuniones, tanto el gobierno estatal como el federal se comprometieron a darle seguimiento a las investigaciones con encuentros periódicos; sin embargo, los suspendieron ante la falta de avances, según explicaron a la Red.

“Iba a haber otra reunión se supone que en abril, ya no se llevó a cabo. Después la recorrieron para mayo, y tampoco. Ya prácticamente esas fueron todas las reuniones. Nos dijeron que no tenían resultados y que no iba a haber reuniones hasta que tuvieran algo qué mostrarnos”, explica Jorge Sánchez.

Cuitláhuac García se había comprometido a pedir una disculpa pública para el 7 de junio. El gobernador tampoco cumplió y no notificó a los familiares.

“Ahí vemos que el discurso es exactamente el mismo, un discurso vacío solamente para salir del fango en el cual están metidos”, agrega Jorge Sánchez, cuyo padre Moisés Sánchez fue desaparecido y asesinado en enero de 2015.

“Nosotros percibimos que cerraron las puertas debido a su ineptitud, a que no tienen nada. Y eso es algo no sé si entre insultante o hipócrita, el descaro que tienen. No tienen el valor de reunirse con nosotros y aceptar que no tienen nada, que no han hecho nada. No puede ser que nos reunamos y nos reunamos y no haya ningún avance”, agrega.

Sánchez relata que los familiares han dicho a las autoridades que les digan si no habrá justicia para los casos más antiguos debido a que las pruebas se perdieron y diligencias no se realizaron.

“Las personas que detengan van a salir por faltas al debido proceso porque todo está mal hecho… Si no va a haber justicia para los casos, principalmente que llevan más de cinco años, que lo acepten. El gobernador en su momento, y (Alejandro) Encinas y los fiscales dijeron ‘sí va a haber justicia porque ya no es como antes…’. Repiten ese mantra que es hipócrita porque tú no puedes decir que ya no va a haber impunidad, pero no haces nada para que no haya impunidad”, puntualiza.

“Se van a ir y los casos van a seguir en la impunidad. Eso es lo que creemos que ellos quieren evitar, quedar expuestos de que no han hecho nada, que son iguales prácticamente”.

“Nos han tratado con la punta del pie”

Alma Elia Ramírez Herrera, esposa de Víctor Manuel Báez, lleva más de una década a la espera de justicia por el asesinato de su pareja en junio de 2012. Las líneas de investigación de las autoridades, acusa, buscan manchar el nombre de los periodistas. No hay ningún culpable ni un sospechoso.

En el caso de su esposo, relata Alma Ramírez, las autoridades han insistido en vincularlo con grupos delictivos, pero no le han mostrado ningún documento.

La médica de profesión señala que no percibe ninguna diferencia entre las tres administraciones estatales de partidos distintos —PRI, PAN y Morena—. Todos los gobiernos se encargan de hacer omisiones, dice.

“Todos se echan la bolita. Lo único que han hecho es humillarnos. En mi caso sufrí maltrato, sufrí agresiones, sufrí trato como si fuera familiar de un delincuente. Sé que todos mis compañeros han pasado por las mismas, que no soy la única, pero soy la que más tiempo ha llevado. Recibí amenazas. Yo trabajo para la Fiscalía, soy médico forense y siempre fue la agresión de que o me calmaba o me corrían, y yo era la fuente de ingreso para el bienestar de mi familia. Yo por temor o desconocimiento mucho tiempo me mantuve callada”.

Las autoridades le dijeron a Alma Ramírez que las personas que secuestraron a su esposo murieron después en un enfrentamiento, pero no le han enseñado ninguna prueba. A ella no le informaron nada, lo que supo fue a través de investigación propia y notas periodísticas.

Además, explica que denunció al funcionario Ricardo Cárdenas, encargado de la Fiscal Especializada en Delitos Electorales y en Delitos Contra la Libertad de Expresión, ante la Comisión de Derechos Humanos por el maltrato que recibió de su parte. Sin embargo, eso ha derivado en que no tenga información de lo ocurrido con su caso desde octubre de 2022.

La violencia contra periodistas continúa

La organización Propuesta Cívica comprobó que las desapariciones y los asesinatos de periodistas cometidos en Veracruz durante el periodo de Javier Duarte continúan en la impunidad hasta ahora; y además se han sumado nuevos casos que la Fiscalía estatal no investiga de forma adecuada.

El 30 de marzo de 2020, la periodista María Elena Ferral Hernández fue baleada por dos hombres que iban a bordo de una motocicleta. Ferral era corresponsal de los periódicos Diario de Xalapa y El Heraldo de Poza Rica; también fundó el portal Quinto Poder de Veracruz.

Propuesta Cívica documentó que la actual Fiscalía de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, no ha garantizado la participación en todas las etapas del procedimiento penal de las víctimas indirectas, no informa con claridad los procesos penales de cada uno de los presuntos responsables a las víctimas indirectas y no ha garantizado la reparación integral del daño.

En este crimen, ocurrido 16 meses después de que Cuitláhuac García tomara protesta en el cargo, quedan aún por ejecutarse órdenes de aprehensión, incluidas las de los presuntos autores intelectuales. Está pendiente que todas las personas implicadas sean llevadas a juicio y sentenciadas y que la familia de María Elena Ferral reciba una reparación integral.

La organización precisa que a pesar de que la periodista dejó muchas pistas sobre quiénes se verían afectados con su trabajo periodístico, los autores de su asesinato siguen libres. No obstante, tanto la fiscalía como otras autoridades han desarrollado un discurso político y asegurado que el asesinato de la periodista ha sido esclarecido y la investigación está cerrada.

Desde octubre de 2021, Propuesta Cívica y Reporteros sin Fronteras han documentado omisiones de las autoridades que han obstaculizado el acceso a la justicia, la verdad y la reparación del daño, como la anulación de las audiencias de juicio oral por decisión judicial.

El abogado Víctor Javier Martínez, de Propuesta Cívica, explica en entrevista que ante los pocos avances con casos que rebasan incluso más de una década, buscan que a través de mecanismos internacionales se pueda garantizar saber qué sucedió y definir la responsabilidad penal.

“Podríamos decir ya de primera mano desde la área de defensa legal de Propuesta Cívica que las autoridades de Veracruz no han cambiado o más bien el estado de Veracruz no ha cambiado las labores de debida diligencia de este tipo de investigaciones porque lamentablemente no hay una infraestructura real en la Fiscalía de Veracruz que permita realizar investigaciones diligentes”.

Martínez explica que se han topado con deficiencias graves en las investigaciones para la identificación de los responsables.

El abogado advierte que pese a testigos y pruebas, falta una diligencia mucho más grande de parte de la Fiscalía y seriedad al momento de realizar este tipo de investigaciones.

“En la ley hay una autonomía de la Fiscalía respecto al gobierno pero en los hechos a veces la autonomía no queda tan clara. Derivado de esta falta de autonomía a veces impacta las líneas políticas de los casos, pero más allá de eso hay una responsabilidad directa de lo que se conoce como la parte acusadora: quién está armando la investigación, quién te tiene identificado como una persona que presuntamente cometió un delito. Y hay un mar de actores que participan en la investigación que están bajo el mando de la fiscalía —peritos, policías de investigación, analistas— sobre quienes corre mucha responsabilidad de cómo llegan los casos a los jueces”.

Libertad de expresión

El pasado 15 de junio, la columnista veracruzana Claudia Guerrero recibió un citatorio para comparecer por una carpeta abierta en la Dirección de investigaciones ministeriales de la Fiscalía General del Estado de Veracruz.

Guerrero explica en entrevista que, ante el temor de una persecución, decidió ampararse antes de presentarse ante las autoridades.

“Desgraciadamente no confiamos en las instituciones ministeriales aquí en el estado de Veracruz, que ha sido una persecución de opositores, de empresarios, de medios de comunicación, y no iba a ser la excepción en una servidora que se ha dedicado a puntualizar los actos de corrupción aquí”, señala.

La columnista destaca que no sabe de qué se le acusa y responsabiliza a Cuitláhuac García de perseguirla por su labor periodística con la intención de intimidarla.

“Esto es una persecución. Es callar a la mensajera, tratar de intimidar y ponerme como ejemplo ante todos los medios de comunicación en el estado y en el país, para que vean lo que le pasa a un periodista metiche que se dedica a mostrar los actos de corrupción y evidenciando que el gobierno de Cuitláhuac García no es honesto y que ha hecho una serie de violaciones al Estado de derecho y a contratos fantasmas, prestanombres, enriquecido de forma inexplicable muchos políticos aquí en el estado de Veracruz y el gobernador ha tratado de ocultar estas anomalías; también la grave anomalía que está prevaleciendo en el estado porque sus policías se han dedicado a proteger a grupos delincuenciales”.

Guerrero identifica como razones del citatorio publicaciones periodísticas que realizó en torno al caso de Juan Alan Cuetero Meza, director de la Policía Vial del estado, cuya desaparición forzada derivó en la renuncia del secretario de seguridad pública Hugo Gutiérrez Maldonado.

“También colaboramos con otros medios de comunicación en torno a las bodegas que tenían medicamentos caducos, que también conllevó a la renuncia del propio secretario de Salud y hemos estado poniendo muy incisivamente todas las pruebas de todos estos actos de corrupción”.

Cuitláhuac García se deslindó de responsabilidad en una conferencia de prensa y dijo que se trata de un caso entre particulares.

“Es una violación también a mis derechos como periodista y a mi libertad de expresión. El gobernador es muy sensible, no le gusta que lo critiquen, se siente agredido y lo toma todo de manera personal (…) Lamentablemente estamos temerosos todos, no sólo yo”.

“El Pinocho de la semana”, una copia del formato federal

El pasado 22 de junio, el gobernador Cuitláhuac García presentó una nueva sección dentro de sus conferencias ante medios de comunicación llamada “La nota Pinocho de la semana”, que le servirá, dijo, para ejercer su derecho de réplica y defenderse ante las “notas falsas”, tanto de medios locales como nacionales. Se trata de una copia de presuntos desmentidos contra la prensa, similar al Quién es quién en las mentiras, implementada a nivel federal por el presidente López Obrador, que estigmatiza y descalifica el trabajo de la prensa, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.