Entre blindajes y misas: la planta de Cruz Azul en Tula tardará meses en volver a operar
Unas mil 500 personas trabajan a marchas forzadas para recuperar la planta cementera de la Sociedad Cooperativa La Cruz Azul, ubicada en el pueblo de Jasso, en Tula, Hidalgo. Al mismo tiempo, una brigada de trabajadores con equipos de soldadura y láminas de hierro blinda cada uno de los posibles accesos al lugar, incluida cada reja y hueco. La misma escena se repite en el estadio, auditorio y salón de usos múltiples.
Así es la situación en la cementera —propietaria histórica y fundadora del equipo de futbol del mismo nombre— a seis días del operativo policial en el que 33 personas fueron detenidas y que configura el más reciente capítulo en una larga disputa por la representación legal de la cooperativa.
La intervención respondió a una restitución ordenada por un juez del Estado de México en favor de Víctor Manuel Velázquez, actual presidente del Consejo de Administración, quien anunció el inicio de una nueva etapa y la recuperación legal de las instalaciones, que por cinco años estuvieron en poder de un grupo liderado por Federico Sarabia Pozos, dirigente de un grupo de socios que buscan el control de la empresa, hoy preso.
En ese periodo, la Cruz Azul perdió el 45 por ciento de su producción. El panorama sigue sin ser alentador.
Durante un recorrido hecho por Animal Político en las instalaciones se constataron diversos daños y carencias, desde la falta de un regulador, hasta el robo de la transmisión de un motor, así como estragos en equipos que cuestan millones de dólares.
“Hay que hacer estudios (…) hay equipo que tiene más de 20 años, quizá ya no hay piezas y comprar equipo nuevo puede tardar hasta 24 meses su entrega”, explica José Antonio Mucio Monroy, encargado del suministro de energía eléctrica.
Desaparición de equipo, una subestación eléctrica que requiere de grandes inversiones, meses de análisis y peritajes necesarios dificultan que la cementera vuelva a estar en pie produciendo al ciento por ciento en seis meses o un año. “Hay piezas que requieren hasta dos años para su manufactura”, reconoce Mucio Monroy.
Cuidan la planta tras rescate
Cooperativistas de Jasso —junto a otros provenientes de Puebla, Aguascalientes, Ciudad de México y Oaxaca— llegaron a la planta desde el 12 de febrero, día en que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en coordinación con autoridades de Hidalgo, tras una orden judicial, tomaron el control del lugar para entregárselo a sus actuales administradores.
Como si se tratara de una película de acción, quien se acerca es recibido por hombres vestidos de pantalón caqui y chamarras oscuras, casquete corto o gorra, cualquiera diría que son militares retirados. Algunos portan armas de alto calibre, pasean con pastores belgas y otros usan armas de gotcha, de las que disparan balas de pintura. Es el equipo de seguridad que resguarda las instalaciones.
“Es el que nos acompaña en todas las plantas”, dice un socio para justificar la presencia de un equipo de elementos privados de seguridad en las calles de una ciudad que no termina de superar los momentos de tensión que ha vivido, relacionados con la disputa por la cementera de la Cooperativa Cruz Azul.
En su momento, por allá de 2020, en plena pandemia de coronavirus, quienes se encontraban a cargo de la seguridad privada “se vendieron”, lo que facilitó que el grupo liderado por Guillermo Álvarez Cuevas, mejor conocido como Billy Álvarez, exdirector general de la cooperativa, tomara la cementera.
Paradójicamente, Billy Álvarez, quien por más de 32 años fue una figura icónica del cooperativismo en México, y quien se encuentra en prisión, es ahora repudiado en su propia tierra. Un busto de su padre, don Guillermo Álvarez Macías, permanece tapado por una bolsa de basura, en un intento de olvidar el pasado.
Autopatrullas sin placas, vehículos “rinos” blindados y artillados con equipo para repeler agresiones y brigadas de trabajadores que resguardan las instalaciones son la estampa de lo que pasa ahora en la Cruz Azul: un territorio que estuvo en guerra y que ahora busca una tregua.
Basta recordar los ocho muertos que dejó un enfrentamiento el 27 de abril de 2022, cuando un grupo de personas, proveniente del Estado de México, intentó tomar por la fuerza las instalaciones.
¡Son millones de pesos de desfalco!
Mario Francisco Morán Lagunes, gerente general de la planta de Cementos Cruz Azul Lagunas, Oaxaca, con más de 34 años de servicio, señala directamente al grupo liderado por Billy Álvarez no sólo de los daños, sino de haber usufructuado de manera ilegal millones de pesos de la cementera durante más de año y medio, desde 2022 hasta que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) le quitó la energía.
El funcionario acusa del deterioro y las pérdidas directamente a Federico Sarabia, Guillermo Morales, Gabriel Jiménez, Alfredo Valdez, Alan Valverde, Héctor Ortega, Miguel Ángel Trejo, Ignacio Trejo, José Godoy, Hilario González, así como a alguno de los líderes del movimiento, que mantuvieron bajo su poder la planta insignia de la cooperativa.
“Desconocemos quién inyectaba dinero”, afirma Morán Lagunes. “Hay quien dice que es dinero que se robó Víctor Garcés; otros, que era del crimen organizado o de algunos jubilados que querían tener el control”.
Por año y medio —relata— el grupo disidente obtuvo ganancias de miles de millones de pesos. “Modificaron el logo de la cementera y vendían producto de mala calidad”, asegura.
Además, acusa, crearon una administración paralela, apoyada por empresas factureras. “Pedimos que se investigue dónde quedaron esos millones de pesos, más de 7 mil”.
Fue en 2022 cuando la CFE retiró el servicio de la planta. Entonces, quienes mantenían el poder llevaron equipo para intentar echarla a andar, “pero no correspondía con lo requerido”. De ahí el maltrato a los equipos. “Es más por ignorancia que por mala fe”, dice Morán Lagunes.
¡Qué viva la Cruz Azul!
Son las 8:30 de la mañana del miércoles 18 de febrero y unas cien personas con palas, escobas y recogedores se reúnen en torno al director de la planta y otros dirigentes. El llamado es el mismo: la unidad y la reconciliación. Entre ellos están Armando Vargas, director de la planta de Hidalgo; Mario Francisco Morán Lagunes, gerente de Oaxaca, y un par de habitantes.
Comenzaron las labores de limpieza de la zona, cerca de la puerta 1, luego del discurso que dieron los directivos. En contraste con días pasados, se nota mayor actividad en Ciudad Cooperativa Cruz Azul.
Fueron cinco años en los que no sólo hubo un conflicto por quién controlaba la empresa. La comunidad también se dividió en dos bandos y la ciudad se convirtió en un pueblo fantasma.
Actualmente, 33 personas se encuentran en el penal de Pachuca, Hidalgo, tras el operativo policial del 12 de febrero. Dos de ellas acusadas de portación ilegal de armas y narcomenudeo y 31 de desobediencia y resistencia en pandillas. Algunos, dice Morán Lagunes, eran cooperativistas que ya perdieron sus derechos y solo les interesa arreglar su situación y pelear por lo que les corresponde.
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“Esto era una ranchería. Mis padres fueron cooperativistas, también mis hijos. Hay que recuperar esta ciudad que creció tras la llegada del Cruz Azul a primera división”, dice José Pipino Valdez Lara, de 82 años.
En total —cuentan los habitantes— la planta tenía a unos 3 mil trabajadores, entre los que había empleados de las unidades de transporte, de almacén, escuelas, tiendas, más unos 15 mil empleos indirectos. Nadie dejó de cobrar. Por cinco años las tres plantas de cemento del país mantuvieron la carga económica.
Este era el “Corredor Azul” y había crecimiento económico, presume Morán Lagunes. Hoy, la población tiene la esperanza de que la situación cambie, aunque todo parece indicar que no será tan fácil volver a operar la planta.
Blindarse también con oraciones
Son las 11 de la mañana y el sol pega a plomo sobre el camino que lleva de la puerta 3 a los hornos. Ahí, más de 100 trabajadores escuchan una misa con la cual la cooperativa busca blindarse.
Para ellos es importante darle gracias a Dios por lo que han promovido como un nuevo comienzo. Es miércoles de ceniza e inicia la cuaresma.
Con ello comienza el trabajo de cientos de personas que esperan recuperar la planta insignia de una marca que evoca la lucha social, el cooperativismo, pero también la transa, la disputa y el despilfarro de un grupo de dirigentes que están en la cárcel. Y como dicen hoy en la Cruz Azul, regresan a donde empezó todo: Jasso, Hidalgo.
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Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, pero la industria estatal ha estado desprovista de inversiones durante muchos años.
Trump afirma ahora que tiene previsto visitar Venezuela, aunque aún no se ha fijado una fecha.
Sus comentarios, realizados el viernes pasado, se produjeron después de que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, completara un viaje de dos días a Venezuela para ver cómo el país está empezando a reabrir su sector petrolero a las empresas estadounidenses.
La visita de Wright se produjo poco después de que la Asamblea Nacional venezolana aprobara una ley para permitir la inversión privada y extranjera en su industria petrolera, tras dos décadas de estricto control estatal.
A los ojos de Trump, se trata de una gran oportunidad de negocio para el sector petrolero estadounidense: “Vamos a extraer cantidades de petróleo como pocas personas han visto”, afirmó en una conferencia de prensa a mediados de enero, tras una reunión con los directivos del sector energético en la Casa Blanca.
Pero para las empresas petroleras estadounidenses que Trump quiere que inviertan fuertemente en Venezuela, la pregunta es sencilla: ¿salen las cuentas?
Complicado
William Jackson, economista jefe de mercados emergentes de Capital Economics, afirma que el objetivo del presidente estadounidense es “reactivar el sector petrolero de Venezuela y utilizar esa energía para aumentar la oferta y reducir los costos para el consumidor, lo que posiblemente proporcionaría una fuente de ingresos para que un gobierno venezolano más favorable reconstruyera la economía tras años de mala gestión”.
Sin embargo, para las empresas energéticas estadounidenses hay enormes dificultades prácticas que superar. La petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), es una sombra de lo que fue.
Los gobiernos de Maduro y su predecesor, Hugo Chávez, exprimieron la empresa al máximo y utilizaron el dinero para financiar el gasto social en vivienda, salud y transporte, así como una inédita expansión del Estado.
Pero no invirtieron en mantener los niveles de producción de petróleo, que se han desplomado en los últimos años, en parte, pero no solo, debido a las sanciones de Estados Unidos, que ahora podrían revisarse.
“En Venezuela, se trata de una infraestructura que se ha degradado tras muchos años de abandono”, afirma Jackson. “Hace diez o quince años, Venezuela producía 1,5 millones de barriles al día más que en la actualidad”.
Mónica de Bolle, investigadora principal del Instituto Peterson de Economía Internacional, coincide en que PDVSA se encuentra en una situación precaria.
“Hay muchas cosas que hay que desechar por completo y reconstruir desde cero”, afirma a la BBC. “De hecho, si las restricciones políticas no importaran, lo mejor sería desmantelar PDVSA, pero eso no va a suceder”, continúa.
“Es un gran símbolo nacionalista, está ligada a la soberanía. ¿Estarían los venezolanos dispuestos a hacer lo que diga Estados Unidos y rendirse? No lo creo”.
Muchas reservas, poca producción
Trump ha pedido a las empresas petroleras estadounidenses que inviertan al menos US$100. 000 millones en restaurar la maltrecha infraestructura de Venezuela, algo absolutamente necesario para que su plan de aumentar las ventas pueda hacerse realidad.
Oficialmente, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas de petróleo, pero en 2023 solo exportó 211,6 millones de barriles, por un valor aproximado de US$4.000 millones.
Comparado con Arabia Saudita, que ocupa el segundo lugar, con 267.000 millones de barriles de reservas, el país de Medio Oriente tuvo exportaciones por valor de US$181.000 millones en el mismo periodo, es decir, 45 veces más.
Así que, al menos sobre el papel, hay margen para mejorar.
Sin embargo, Jackson afirma que existen dudas sobre el verdadero tamaño de las reservas petroleras de Venezuela.
Durante la presidencia de Chávez, Venezuela reclasificó sus reservas. Anteriormente, se pensaba que solo había 80.000 millones de barriles de petróleo extraíble, pero en 2011 la cifra comunicada casi se había cuadruplicado.
Ese cambio estadístico fue posible gracias a los altos precios del petróleo en ese momento, que permitieron que proyectos anteriormente inviables parecieran factibles.
“Hubo un gran salto que la gente ha cuestionado”, afirma Jackson. “Pero ahora el mundo está inundado de petróleo y no está claro que los mismos cálculos sigan siendo válidos”.
Factores en contra
Cuando Chávez asumió la presidencia de Venezuela en 1999, los precios del petróleo estaban subiendo. A principios de la década de 2010, un barril solía alcanzar unos US$100, lo que proporcionaba a Caracas mucho dinero para invertir en programas sociales. Pero con los precios actuales rondando los US$65, el país parece menos atractivo como inversión.
El petróleo de Venezuela también es de peor calidad que el de Arabia Saudita. Su crudo ácido y pesado es difícil de extraer y refinar, mientras que su alto contenido en azufre lo hace corrosivo para los oleoductos.
El resurgimiento de la industria venezolana podría plantear problemas a Canadá, que produce un petróleo igualmente viscoso y exporta gran parte de él a Estados Unidos, pero los analistas consideran que el riesgo es menor.
Según un estudio de Capital Economics, el petróleo canadiense debería seguir teniendo un precio competitivo, incluso si aumenta la producción venezolana.
Mientras tanto, la crisis económica de Venezuela ha provocado el éxodo de casi ocho millones de personas que se han marchado en busca de una vida mejor.
Esto incluye conocimientos técnicos esenciales para mantener en funcionamiento las bombas de petróleo: ahora que los ingenieros cualificados que antes trabajaban para PDVSA ejercen su profesión en otros lugares, el sistema sigue funcionando a duras penas con una plantilla mínima.
¿Puede lograrlo EE.UU.?
Thomas Watters, director general y responsable del sector del petróleo y el gas de la empresa de investigación S&P Global Ratings, afirma que las empresas estadounidenses tienen la capacidad de reparar la infraestructura de Venezuela, pero que debe tener sentido desde el punto de vista económico.
“Al fin y al cabo, las empresas petroleras y de gas tienen que aportar valor a los accionistas”, afirma. “Cuentan con muy buenos gestores. Se puede construir cualquier cosa, siempre y cuando se pueda pagar”.
“Pero se necesita un precio del petróleo que lo haga rentable. A menos que se pueda generar suficiente dinero para justificarlo, es muy difícil que la industria se recupere”.
Además, las empresas petroleras estadounidenses ya han sufrido consecuencias negativas por operar en Venezuela en otras ocasiones. En 2007, grandes firmas como ExxonMobil y ConocoPhillips vieron cómo se embargaban sus activos al negarse a permitir que PDVSA tomara el control mayoritario de sus proyectos.
Acudieron a los tribunales internacionales y se les concedieron enormes indemnizaciones por daños y perjuicios -US$8.300 millones en el caso de ConocoPhillips- que nunca se han pagado.
Dado que el actual gobierno venezolano sigue prácticamente intacto, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez como mandataria interina, será muy difícil disipar los temores de una nueva expropiación.
Además, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, ha declarado que el gobierno de Trump no tiene previsto ofrecer garantías de seguridad a las empresas petroleras en Venezuela, una omisión preocupante en un país donde los grupos paramilitares vinculados al gobierno, conocidos como “colectivos”, suelen actuar como bandas criminales.
Sin mayores incentivos gubernamentales, las empresas petroleras se mostrarán reacias a dar un paso que podría resultar muy costoso. No es de extrañar, pues, que el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, haya calificado a Venezuela de “inviable para la inversión” en su estado actual.
Es revelador que Trump no haya vuelto con una oferta de incentivos para promover la inversión. En cambio, amenazó con bloquear la inversión de ExxonMobil en Venezuela. La política es “todo palo, nada de zanahoria”, afirma De Bolle, del Instituto Peterson usando la expresión en inglés que significa “todo castigo, nada de premio”.
“Y no parece que entiendan que necesitan zanahorias”, añade.
En opinión de De Bolle, el gobierno de Trump tiene una “visión imperialista” de América Latina que la lleva a considerar los recursos de la región como de su propiedad. Para ella, la aversión de las empresas petroleras privadas hacia Venezuela es una barrera bienvenida a ese tipo de apropiación de recursos.
“Es un momento en el que uno piensa: ‘Gracias a Dios que Estados Unidos no tiene una empresa petrolera estatal'”, afirma. “Necesitan al sector privado, pero por el momento, este no se mueve. ¿Y qué empresa en su sano juicio va a invertir dinero en Venezuela?”.
Pero si la producción petrolera de Venezuela acaba aumentando, ¿podría hacer bajar los precios mundiales del petróleo? Los analistas se niegan a pronunciarse.
“Depende de la escala en la que se produzca”, afirma Jackson, de Capital Economics.
“La situación es muy fluida, muy opaca, y hay un gran ángulo geopolítico. Estamos en las primeras etapas en lo que respecta a la producción venezolana”, apunta.
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