A sólo 44 días de la jornada electoral, la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEPCO), Elizabeth Sánchez González, fue removida de su cargo por orden del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción del estado, que resolvió inhabilitarla para ejercer cargos públicos.

Aunque las leyes electorales establecen que sólo el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) puede nombrar o remover a los integrantes de los también llamados Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), el cambio en la presidencia del organismo en Oaxaca se operó sorpresivamente, y anoche, en una sesión extraordinaria urgente, se nombró como presidente interino al consejero Alejandro Carrasco Sampedro.

Sin embargo, la consejera presidenta hizo pública una carta en la que acusa que la sanción del Tribunal Administrativo, que ordenó efectos legales inmediatos para removerla, es contraria a la Constitución y a las leyes, y la dejó sin derecho a la legítima defensa; además de motivarse en fines políticos.

“La sanción se enmarca en una persecución política y administrativa que inició en mi contra el encargado de despacho de la Contraloría General del IEEPCO, Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, a quien los intereses económicos le nublaron la vista y dedicó todo el 2023 y lo que va de este año para presionarme en la toma de decisiones administrativas, y denostar mi imagen y mi desempeño en el cargo.

La consejera electoral acusó que el actuar de la Contraloría del IEPCO y el Tribunal Administrativo del estado contradicen sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ya con anterioridad había evitado su remoción derivada de las acusaciones del contralor.

“Desde este momento denuncio la intención evidente de privarme arbitrariamente de mi libertad. Reitero la falsedad de los señalamientos en mi contra. Agotaré todas las instancias legales internas y de ser necesario acudiré a instancias internacionales hasta limpiar mi imagen. No permitiré, por ningún motivo, que mi caso se convierta en el ejemplo de lo que les puede pasar a las mujeres que no son condescendientes con un sistema racista, clasista, machista, misógino y patriarcal al interior de las instituciones y de los gobiernos, ni a las formas tradicionales de ejercer un cargo o presidir una institución”, añadió en su misiva.

Presunto desvío de recursos

Ante esta sentencia, ayer la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales del Instituto Nacional Electoral, se dio por enterada de la generación de la vacante en la presidencia del OPLE Oaxaca y se ordenó la designación de una consejera o consejero que asuma las funciones.

Respecto a esta determinación, la presidenta removida dijo en su pronunciamiento: “Convencida del estado de derecho, la democracia y la institucionalidad; acato la decisión que comunicó la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Electorales, a cuyas Consejerías, y del Consejo General, respeto, admiro y reconozco su enorme compromiso con la democracia mexicana. Reitero que daré la batalla en los tribunales hasta limpiar mi nombre y mi prestigio, y para generar un precedente que ayude a que ninguna mujer tenga miedo a sufrir esta persecución por miedo a atreverse a ser titular de un órgano autónomo del Estado o a ejercer cualquier algún cargo público”.

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