Revocación de mandato en Oaxaca: 58 % votaron a favor de que Salomón Jara siga; participación se queda por debajo de 40 %
Oaxaca se convirtió este domingo en la primera entidad del país en realizar una consulta estatal de revocación de mandato para decidir la permanencia del gobernador morenista, Salomón Jara Cruz, en un ejercicio inédito que transcurrió con baja participación ciudadana y múltiples incidentes.
Con la última actualización del conteo de votos, 58.82 % de los ciudadanos se pronunció a favor de que el morenista se mantenga en el cargo, con 551 mil 274 votos. En tanto, un 38.16 %, que representa más de 357 mil votos, se mostró en contra por pérdida de confianza.
En la jornada de consulta se registraron 28 mil 201 mil votos nulos, un 3.01 %. En tanto, una casilla no fue instalada y dos paquetes electorales no fueron entregados, según el corte de las 13:43 del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca.
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La participación ciudadana registrada en el sistema de cómputo de revocación de mandato se ubicó en 29.9 %, con un avance del 100 % en el conteo de los votos, de acuerdo con la última actualización.
Previo al cierre de los cómputos distritales, las autoridades electorales confirmaron que no se alcanzó el 40 % de participación de la lista nominal, requisito indispensable para que el resultado sea vinculante.
La mayoría de las y los ciudadanos que acudieron a las urnas votó en contra de que se revoque el mandato del titular del Ejecutivo estatal, lo que implica que Jara permanecerá en el cargo.
Una figura inédita en el país
El ejercicio celebrado este domingo se sustentó en la Ley de Revocación de Mandato del Estado de Oaxaca, promulgada en 2023 y que convirtió a la entidad en pionera a nivel nacional. La Ley de Revocación de Mandato fue aprobada por el Congreso local el 21 de diciembre de 2022.
El instrumento jurídico definió que el proceso solo procede cuando lo solicita al menos el 10 % de la lista nominal, con representación en la mitad más uno de los municipios, y que, para revocar el mandato en la jornada de votación, se necesita una participación mínima del 40 % del padrón estatal.
La boleta planteó la pregunta única: “¿Estás de acuerdo en que Salomón Jara Cruz, Gobernador del Estado, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Gubernatura hasta que termine su periodo?”.
“Revocación debe ser vinculante”
Tras emitir su voto por la mañana del domingo, el gobernador Salomón Jara dio un posicionamiento sobre el requisito del 40% de participación. Calificó el umbral como “muy alto” y consideró necesaria una reforma constitucional profunda. “Yo estoy en la idea de que ni siquiera debemos tener un porcentaje. Si el pueblo decide que se vayan, que se vayan con 10%, 15%. Tiene que ser vinculatoria con cualquier resultado”, afirmó.
El gobernador añadió que, desde su visión, la decisión ciudadana debe respaldarse con “mayoría simple”. Además, aseguró que la consulta en Oaxaca ofrece una “lección para el país” en el marco del debate nacional sobre la reforma político-electoral: “Oaxaca, siendo cuna del humanismo mexicano y de la democracia comunitaria, es ejemplar en nuestros sistemas normativos indígenas”.
Coordinación con el INE y organización en tiempo récord
En conferencia de prensa, al concluir la jornada, consejeras y consejeros del IEEPCO destacaron que la consulta se llevó a cabo gracias a una “colaboración estrecha, constante y técnica desde el 18 de octubre” con el INE. Negaron “categóricamente cualquier versión sobre división o falta de cooperación” entre ambas instituciones.
Recordaron que el ejercicio se organizó en apenas 35 días, pero “se cumplió al 100 %” con la instalación de consejos distritales, contratación de personal, integración de casillas y demás fases del proceso. Explicaron que, por razones técnicas y constitucionales, no fue posible instalar casillas especiales, dado que el sistema para consultar la lista nominal estatal es exclusivo del INE y los organismos públicos locales no tienen atribuciones para operarlo.
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Subrayaron que las funciones esenciales del instituto nacional —como lista nominal definitiva, integración de funcionariado, ubicación de casillas y soporte informático— fueron determinantes para garantizar certeza.
Las autoridades electorales recordaron que solicitaron 270 millones de pesos para la organización del ejercicio, pero solo se autorizaron 99 millones. Aun así, indicaron que el derecho humano a la participación política obligaba al órgano a realizar la consulta con los recursos disponibles, apoyándose en economías internas.
Una jornada marcada por incidentes
La consulta transcurrió con tranquilidad en la mayoría de la entidad, aunque los reportes de la sesión permanente del Consejo General del IEEPCO confirmaron 524 incidentes a lo largo de la jornada.
Hasta las 14:30 horas de ayer se acumularon 491 incidentes, con 393 resueltos y 126 en atención. Entre 13:30 y 17:00 horas se agregaron 33 nuevos reportes, de los cuales 18 se resolvieron y cinco seguían en proceso.
La mayoría correspondió a retrasos en la instalación de casillas, ausencia de funcionariado, confusiones sobre lista nominal y cambios de domicilio previamente autorizados. No obstante, se registraron episodios considerados graves.
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En Santiago Amoltepec, en la sección 1959, se detectaron 199 boletas marcadas —folios 66701 al 6900— introducidas irregularmente en la urna, mientras que en Santa María Sola de Vega, en la casilla 1950, se reportó llenado de urnas y la retención de un supervisor electoral.
En San Juan Guichicovi, específicamente en Estación Sarabia, se informó sobre la quema de boletas, y en Magdalena Tequisistlán se reportó quema de urnas, lo que interrumpió el funcionamiento de las mesas de votación.
Uno de los episodios más críticos ocurrió en la casilla 579 básica de San Martín Mexicapam. Allí, un grupo de aproximadamente ocho personas “introdujo boletas de manera forzada y amenazó a las y los funcionarios, advirtiendo que repetirían la acción ‘por las buenas o por las malas’”.
Más tarde, el grupo regresó para exigir que borraran las hojas de incidentes, que cubrieran las cámaras de seguridad e intimidar al policía asignado, lo que llevó a las y los funcionarios a solicitar apoyo urgente por temor a agresiones y para garantizar la continuidad del proceso.
El IEEPCO informó también que existen al menos cuatro carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía estatal en Santa María Apazco, Reforma de Pineda, Santiago Amoltepec y San Martín Mexicapam, debido a hechos relacionados con posible manipulación de material electoral, retención de personal o conductas que podrían constituir delitos electorales.
Además, se reportaron casos de movilización irregular de votantes, coacción, uso de teléfonos celulares para fotografiar boletas, votos de personas no registradas en la lista nominal e intentos de compra de papeletas.
En San Pedro Pochutla, en la casilla 521, un escrutador habría recibido una oferta económica a cambio de entregar 100 papeletas, situación que aún se encuentra bajo verificación.
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El cuerpo creado para vigilar las fronteras internacionales del país ha terminado siendo empleado por Trump en su cruzada nacional contra la inmigración ilegal.
La muerte de un segundo ciudadano estadounidense en menos de un mes en el marco de redadas migratorias en Mineápolis no solo ha provocado airadas protestas y condenas en el país, sino que también ha puesto la atención en el comportamiento de los agentes de uno de los organismos que participa en la ofensiva contra la inmigración ilegal impulsada por el gobierno de Trump: la Patrulla Fronteriza.
El enfermero Alex Pretti, de 37 años, murió el sábado a consecuencia de los disparos que le propinaron agentes de esa fuerza.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmaron que los uniformados utilizaron sus armas de fuego en defensa propia después de que Pretti, quien según ellos tenía una pistola, se resistiera a sus intentos de desarmarlo.
Sin embargo, videos y testigos indican que lo único que el enfermero sostenía en su mano era su teléfono celular, con el cual estaba grabando las acciones de los agentes.
¿Qué es la Patrulla Fronteriza y en qué se diferencia del no menos controvertido Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que ha venido ocupando los titulares en los últimos meses?
Parte de un gran aparato
La Patrulla Fronteriza “es la rama policial móvil y uniformada de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés)”, se lee en el sitio web de esta dependencia adscrita al Departamento de Seguridad Nacional.
Con más de 60.000 empleados, la CBP asegura tener bajo su mando a una de las organizaciones policiales “más grandes del mundo” y su misión es “la gestión y el control de fronteras”.
Su tarea abarca el combate contra el contrabando de productos y mercancías y garantizar la seguridad agrícola y sanitaria mediante la vigilancia de sus puertos y aduanas; la lucha contra el terrorismo, el crimen organizado y la inmigración ilegal, y facilitar los viajes de turismo y negocios a EE.UU.
La Patrulla Fronteriza, que es parte de la CBP, nació en 1924, aunque sus orígenes se remontan a décadas anteriores.
Uno de los antecedentes del cuerpo fueron los Vigilantes Montados del Servicio de Inmigración, unos oficiales que desde 1904 patrullaban a caballo la frontera con México para prevenir los cruces ilegales, en especial de personas provenientes de China, se lee en el sitio web de la CBP.
Sin embargo, la combinación de unas leyes migratorias más duras y de la prohibición de la producción y venta de alcohol que entró en vigor en 1920 en EE.UU. impulsó la creación de un organismo que se dedicara a la vigilancia permanente de las zonas fronterizas.
Frank W. Berkshire, un funcionario del servicio de inmigración nacido en Kentucky en 1870, es considerado el padre de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., pues fue él quien a finales de la década de 1910 comenzó a escribir a sus superiores sobre la necesidad de establecer una fuerza que vigilara las fronteras terrestres, en particular la del sur con México, según documentos disponibles en el Archivo Nacional de Washington.
Con el paso del tiempo, los legisladores fueron ampliando las facultades del cuerpo.
“En 1952, se permitió por primera vez a los agentes de la Patrulla Fronteriza abordar y registrar un medio de transporte en busca de inmigrantes ilegales en cualquier lugar de EE.UU. Por primera vez, quienes ingresaran ilegalmente al país podían ser arrestados”, se lee en su sitio web.
Tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, el sistema de control migratorio estadounidense fue reformando, con más fondos y la creación de nuevas estructuras, como el Departamento de Seguridad Nacional y el ICE.
¿Por qué está en Mineápolis?
Aunque nació para vigilar las fronteras internacionales e impedir el ingreso ilegal de productos y personas a EE.UU., la Patrulla Fronteriza también puede actuar dentro del territorio estadounidense.
Los agentes del cuerpo pueden realizar patrullajes en las zonas y barrios en los que pueda haber inmigrantes ilegales, y pueden establecer puestos de control, tanto fijos como temporales, según se explica en el sitio web de la CBP.
Lo anterior es posible porque el artículo 287 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza a los integrantes de la Patrulla a realizar procedimientos, incluidas detenciones, sin necesidad de una orden judicial “dentro de una distancia razonable de cualquier límite externo de EE.UU.”.
La legislación fija en 160 kilómetros esa “distancia razonable” a cualquier límite fronterizo, explica la organización de derechos humanos American Civil Liberties Union (ACLU, por sus siglas en inglés) en su sitio web.
A pesar de que la frontera con Canadá más cercana a Mineápolis está a unos 500 kilómetros de distancia, la ciudad cuenta con un aeropuerto internacional que es un paso fronterizo internacional y ello explicaría por qué los agentes del cuerpo están en la ciudad.
No obstante, esta interpretación no es compartida por organizaciones como el Consejo Estadounidense para la Inmigración, desde donde aseguraron que la administración de Trump ha recurrido al cuerpo simplemente por sus facultades.
“La zona de los 160 kilómetros limita la autoridad de la Patrulla Fronteriza hasta cierto punto: no pueden abordar autobuses ni trenes fuera de la zona, ni establecer puntos fijos de control vehicular. Sin embargo, sí tienen la facultad de detener a un conductor e interrogarlo sobre su estatus migratorio si tienen una ‘sospecha razonable’ de que no es ciudadano”, explicaron en un artículo disponible en su sitio web.
Esta tesis fue confirmada recientemente por el gobierno de Trump.
“Su capacidad para operar en todo el país garantiza que la Patrulla Fronteriza pueda hacer cumplir las leyes de inmigración, combatir el contrabando y hacer frente a las amenazas a la seguridad nacional en cualquier lugar de EE.UU”, afirmó Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional.
“Y la aplicación de las leyes de inmigración no se limita a las regiones fronterizas, pues las personas que evaden la detección en la frontera pueden ser detenidas en otros lugares”, agregó.
A lo largo de los años la actuación del cuerpo ha sido cuestionada.
“Los agentes de la Patrulla Fronteriza han estereotipado y deshumanizado a quienes son objeto de sus acciones (…) Los agentes de la Patrulla Fronteriza rara vez son sancionados por mala conducta , incluso cuando esta resulta en muerte”, denunció el Consejo Estadounidense de Inmigración.
Por su parte, la ACLU aseguró que ha registrado 372 muertes a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza desde 2010, de las cuales 79 fueron por uso de arma de fuego y 49 afectaron a ciudadanos estadounidenses o residentes legales.
Diferencias con el ICE
El ICE y la Patrulla Fronteriza son ambos policías migratorias, aunque la última -como ya se mencionó- también es responsable de luchar contra el contrabando de bienes y productos, contra el terrorismo y de asegurar el normal ingreso y salida de visitantes extranjeros a EE.UU.
El ICE se creó como parte de la Ley de Seguridad Nacional de 2002, en respuesta a los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Sus más de 20.000 agentes tienen la facultad de detener y arrestar a personas sospechosas de estar en EE.UU. sin la documentación necesaria, para lo cual pueden realizar redadas en casas o lugares públicos en cualquier parte del país, se explica en su página web.
El año pasado, la Corte Suprema emitió un fallo que allanó el camino para que los agentes de este cuerpo pudieran utilizar la raza, el acento y el lugar de trabajo como factores para decidir a quién detener. Fue una decisión que activistas de derechos humanos han calificado de discriminatoria.
Asimismo, el ICE investiga delitos relacionados con inmigración como la trata de personas y fraude de documentos y, también puede detener a ciudadanos estadounidenses en circunstancias limitadas; por ejemplo, si una persona interfiere en un arresto o agrede a uno de sus agentes.
¿Cómo distinguir a un agente de la Patrulla Fronteriza de otro del ICE? Los agentes de la Patrulla Fronteriza suelen vestir de color verde oscuro o con ropa de camuflaje, y a menudo identifican en sus chalecos en los que se lee: U.S. Border Patrol (Patrulla Fronteriza).
Sin embargo, en los últimos meses se ha visto en varias operaciones a agentes que no van uniformados ni exhiben ninguna identificación del cuerpo al que pertenecen y que, además, portan lentes de sol o máscaras que cubren sus rostros.
Con la administración de Trump, el ICE se ha convertido en una de las agencias de seguridad mejor financiadas del país, por encima del FBI y la DEA, con un presupuesto que asciende a unos US$ 84.000 millones, de acuerdo con los datos de USASpending, una organización independiente que monitorea el gasto público estadounidense.
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