
A Cristian lo sacaron al patio de su casa, en Culiacán, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, para interrogarlo mientras lo golpeaban porque presuntamente les habían reportado que su hogar era un “punto” de venta de droga.
Le robaron el celular y también lo amenazaron con matar a parte de su familia si no decía dónde escondía la droga.
Desde temprano, Cristian sale a trabajar a la fábrica durante ocho horas, ese día su familia estaba fuera. Él habría terminado su turno y estaba descansando cuando al menos cinco patrullas arribaron a su hogar.

Sin una orden, los oficiales de “Harfuch” entraron al domicilio. Uno inspeccionó la casa, otro más interrogó a Cristian y un tercero lo golpeó con la rodilla en el pecho y le propinaba cachetadas, mientras otros cinco más observaban la escena.
Revisaron su celular, el cual apagaron y se robaron después.
“Me dijeron: ‘ya métete a la ver… y no voltees, sino te vamos a chingar’”, cuenta.
Por miedo, Cristian decidió olvidar todo y no interponer denuncia ante la Fiscalía General del Estado ni la Fiscalía General de la República. Las secuelas físicas, dice, están en proceso de sanación, pero la escena y el miedo a represalias aún siguen en su mente.

Tras el estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa en 2024, miles de elementos federales han sido desplegados en el estado para atender la situación.
Pero también han aumentado los señalamientos por uso arbitrario de la fuerza pública, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
La CNDH no incluye a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana dentro de las autoridades señaladas en este sistema, por lo que no es posible conocer cuántos expedientes o quejas corresponden a esta corporación federal. El registro únicamente desglosa información sobre la Sedena, la Marina y la Guardia Nacional.
Según las cifras disponibles, Sinaloa concentró algunos de los mayores señalamientos por empleo arbitrario de la fuerza pública y por quejas generales contra corporaciones federales durante 2024 y 2025.
En 2024, la Guardia Nacional ubicó a Sinaloa en el primer lugar nacional por este hecho violatorio, con siete expedientes registrados, todos en Culiacán.
En ese mismo año, Sinaloa se colocó en el tercer lugar por presuntas acciones de empleo arbitrario de la fuerza pública cometidas por la Secretaría de la Defensa Nacional, con tres expedientes, dos de ellos también en Culiacán.

La Secretaría de Marina no apareció entre los primeros lugares durante ese periodo.
Para 2025, la situación se agudizó, pues en el caso de la Marina, Sinaloa pasó al primer lugar nacional con seis expedientes por empleo arbitrario de la fuerza pública, con casos registrados en Culiacán, Guasave, Mazatlán, Mocorito, Navolato y San Ignacio.
La Defensa también posicionó a Sinaloa en el primer lugar por este mismo hecho con 14 expedientes, siete de ellos en Culiacán y el resto distribuidos en Rosario, Concordia, Navolato y Sinaloa de Leyva.
En cuanto a la Guardia Nacional, Sinaloa ocupó el tercer lugar, con tres expedientes en Culiacán y uno en Ahome.

Además de los señalamientos por uso arbitrario de la fuerza, Sinaloa también registró un alto número de quejas generales contra corporaciones federales en 2025.
La entidad se colocó en el segundo lugar nacional por expedientes abiertos contra la Secretaría de Marina, con 24; también en el segundo lugar por quejas contra la Sedena, con 47; y nuevamente en el segundo sitio por expedientes contra la Guardia Nacional, con un total de 28.
Un año antes, en 2024, la posición de Sinaloa en quejas generales había sido menor: décimo lugar en expedientes contra la Guardia Nacional, séptimo en señalamientos contra la Sedena, con 20 casos, y octavo contra la Marina, con ocho expedientes.
Desde el pasado 9 de septiembre de 2024 Sinaloa vive una ola de violencia a causa de un conflicto interno de grupos del crimen organizado. Debido a lo anterior, hasta el 29 de noviembre de 2025 se han registrado 2 mil 401 homicidios dolosos, un promedio de 5.4 diarios.
Además, se tiene registro de 2 mil 829 personas privadas de la libertad y 8 mil 490 vehículos robados en el mismo lapso. De igual forma, han sido asesinados al menos 61 policías en la entidad.
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En contraste, se han detenido a mil 966 personas y otras 158 fueron abatidas. Esto como parte de la estrategia de Seguridad en Sinaloa para acabar con el conflicto interno.

La ley pionera en el mundo tiene como objetivo reducir los riesgos a los que se enfrentan los niños en internet, pero ha recibido críticas.
Las empresas de redes sociales deberán tomar “medidas razonables” en Australia, a partir del 10 de diciembre para garantizar que los menores de 16 años no puedan crear cuentas en sus plataformas. Además, las ya existentes deberán ser desactivadas o eliminadas.
El gobierno de ese país asegura que la prohibición, una política pionera a nivel mundial y popular entre muchos padres, tiene como objetivo reducir las “presiones y los riesgos” a los que los niños pueden estar expuestos en las aplicaciones.
Riesgos derivados del “diseño que los incita a pasar más tiempo frente a las pantallas, a la vez que les ofrece contenido que puede perjudicar su salud y bienestar”.
Un estudio encargado por el gobierno australiano a principios de este año reveló que el 96% de los niños de entre 10 y 15 años utilizan redes sociales y que 7 de cada 10 habían estado expuestos a contenido y comportamientos dañinos.
Estos comportamientos van desde material misógino hasta vídeos de peleas y contenido que promovía trastornos alimentarios y el suicidio.
Uno de cada siete de chicos también informó haber sufrido acoso sexual por parte de adultos o niños mayores, y más de la mitad afirmó haber sido víctima de ciberacoso.
Greg Attwells, director del grupo activista australiano 36 Months, que ha presionado para que se aumente la edad mínima para usar las redes sociales de 13 a 16 años, le dijo a la BBC que esto no es una prohibición.
Es más bien una “medida que permitirá a los jóvenes conocerse a sí mismos antes de que el mundo lo haga. Se trata de retrasar 36 meses el momento en el que se convierten en ciudadanos digitales de un ecosistema de redes sociales”.
Hasta ahora, el gobierno australiano ha nombrado nueve plataformas que se incluirán en la prohibición: Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit y Kick, plataforma exclusiva de streaming.
También está presionando para ampliar la prohibición a los videojuegos en línea. Ante el temor de ser blanco de la medidas, plataformas como Roblox y Discord han implementado recientemente controles de edad en algunas funciones, aparentemente para evitar ser incluidas.
El gobierno ha declarado que continuará revisando la lista de plataformas afectadas y que considerará tres criterios principales: si el propósito principal o único de la plataforma es permitir la interacción social en línea entre dos o más usuarios, si habilita a los usuarios a interactuar con otros usuarios o si los usuarios pueden publicar contenido.
YouTube Kids, Google Classroom y WhatsApp no están incluidos, ya que no se consideró que cumplieran con estos criterios. Los niños también podrán seguir viendo la mayor parte del contenido en plataformas como YouTube que no requieren una cuenta.
Ni los niños ni sus padres serán sancionados por infringir la prohibición. Serán las empresas de redes sociales las encargadas de hacer cumplir la norma y podrían llegar a enfrentar multas de hasta US$49,5 millones por infracciones graves o reiteradas.
El gobierno afirma que estas empresas deben tomar “medidas razonables” para impedir el acceso de los menores a sus plataformas y utilizar tecnologías de verificación de edad, sin especificar cuáles.
Hasta ahora, se han planteado varias posibilidades. Entre ellas el uso de documentos de identidad oficiales, el reconocimiento facial o de voz y la inferencia de edad.
El gobierno está instando a las plataformas a utilizar diversos métodos de verificación de edad. También ha indicado que las plataformas no pueden basarse en la declaración de edad de los usuarios ni en la aval de los padres.
Meta, propietaria de Facebook, Instagram y Threads, ha anunciado que comenzará a cerrar las cuentas de adolescentes a partir del 4 de diciembre. Quienes sean expulsados por error podrán utilizar un documento de identidad oficial o un vídeo selfie para verificar su edad, según la compañía.
Las demás plataformas afectadas aún no han comunicado cómo acatarán la prohibición.
Sin una idea clara de los métodos que utilizarán las empresas, es difícil determinar la efectividad de la prohibición de las redes sociales.
Sin embargo, existe preocupación por la posibilidad de que las tecnologías de verificación de edad bloqueen erróneamente a algunos usuarios y no detecten a otros menores de edad.
El propio informe del gobierno australiano concluyó que la tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, es el método menos fiable para el grupo demográfico específico al que se dirige.
También se ha cuestionado si las multas por infracción son lo suficientemente elevadas.
Como declaró Stephen Scheeler, exejecutivo de Facebook, a la agencia Australian Associated Press: “Meta tarda aproximadamente 1 hora y 52 minutos en generar US$50 millones en ingresos“.
Los críticos argumentan que la prohibición, incluso si se implementa correctamente, no reducirá el daño en línea para los niños.
No incluye sitios web de citas ni plataformas de juegos, ni tampoco los chatbots de IA, que recientemente han sido noticia por supuestamente incitar a los niños al suicidio y por mantener conversaciones de contenido sexual con menores.
Otros señalan que los adolescentes que dependen de las redes sociales para sentirse parte de una comunidad quedarán aislados y argumentan que sería más efectivo educar a los niños sobre cómo usarlas.
La ministra de Comunicaciones de Australia, Annika Wells, ha reconocido que la prohibición podría no ser “perfecta”.
“Se verá un poco desordenada durante su implementación”, sostuvo Wells a principios de noviembre. “Las grandes reformas siempre lo son”.
Los críticos también han expresado su preocupación por la recolección y el almacenamiento a gran escala de datos que serán necesarios, y su posible mal uso, a medida que las plataformas intenten verificar la edad de los usuarios.
Australia, al igual que gran parte del mundo, ha sufrido en los últimos años una serie de filtraciones de datos de gran repercusión, incluyendo varias en las que se robó, vendió o publicó información personal sensible.
Sin embargo, el gobierno afirma que la legislación incorpora “sólidas protecciones” para la información personal. Estas estipulan que dicha información no puede utilizarse para ningún otro fin que no sea la verificación de edad y debe destruirse una vez realizada, con “severas sanciones” por incumplimiento.
Asimismo, indica que las plataformas deben ofrecer una alternativa al uso de documentos de identidad oficiales para la verificación de edad.
Las empresas de redes sociales se mostraron consternadas ante el anuncio de la prohibición en noviembre de 2024. Argumentaron que sería difícil de implementar, fácil de eludir y consumiría mucho tiempo para los usuarios, además de suponer riesgos para su privacidad.
También sugirieron que empujaría a los niños a los rincones oscuros de internet y privaría a los jóvenes del contacto social. Snap, propietaria de Snapchat, y YouTube también negaron ser empresas de redes sociales.
Según se informa, Google, la empresa matriz de YouTube, aún está considerando si emprender acciones legales contra la inclusión de la plataforma en la prohibición. La compañía no respondió a la solicitud de comentarios de la BBC.
Aunque anunció que la implementaría pronto, Meta argumentó que la prohibición dejaría a los adolescentes con una protección inconsistente en las distintas aplicaciones que utilizan.
En las audiencias parlamentarias de octubre, TikTok y Snap afirmaron que seguían oponiéndose a la prohibición, pero que la implementarían.
Kick, la única empresa australiana incluida en la prohibición, declaró que introducirá una serie de medidas y que continuará colaborando de forma constructiva con las autoridades.
“Hablé con alguien de una de las grandes plataformas tecnológicas y le pregunté qué les preocupaba”, dijo el activista Greg Attwells a la BBC.
“Me dijeron que esto representa un riesgo de contagio global. Les preocupa que lo que está sucediendo en Australia se extienda a otras partes del mundo y quieren contenerlo dentro del país”, agregó.
La prohibición del uso de redes sociales para menores de 16 años es una primicia mundial, y otros países la observarán con atención.
En otros lugares se han intentado diferentes enfoques para limitar el tiempo que los niños pasan frente a las pantallas y en redes sociales, y evitar que accedan a contenido dañino, pero ninguno ha impuesto una prohibición total a las plataformas implicadas.
En Reino Unido, las nuevas normas de seguridad introducidas en julio implican que las empresas en línea se enfrentan a fuertes multas o incluso al encarcelamiento de sus directivos si no implementan medidas para proteger a los jóvenes del contenido ilegal y dañino.
Otros países europeos permiten el uso de redes sociales a menores de cierta edad solo con el consentimiento de los padres.
En septiembre, una comisión parlamentaria francesa recomendó prohibir el uso de redes sociales a los menores de 15 años, así como establecer un “toque de queda” para el uso de redes sociales para los jóvenes de entre 15 y 18 años.
Dinamarca ha anunciado planes para prohibir las redes sociales a los menores de 15 años, mientras que Noruega está considerando una propuesta similar. El gobierno español ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que exige que los menores de 16 años cuenten con la autorización de sus tutores legales para acceder a ellas.
Mientras tanto, un intento en el estado estadounidense de Utah de prohibir a los menores de 18 años el uso de las redes sociales sin el consentimiento de sus padres fue bloqueado el año pasado por un juez federal.
Adolescentes entrevistados por la BBC afirmaron estar creando nuevas cuentas con edades falsas antes de la entrada en vigor de la prohibición, a pesar de que el gobierno ha advertido a las empresas de redes sociales que espera que detecten y eliminen dichas cuentas.
En internet, los adolescentes también recomiendan aplicaciones alternativas de redes sociales o dan consejos con la esperanza de que les ayuden a sortear la prohibición.
Algunos jóvenes, incluidos influencers, han optado por cuentas conjuntas con sus padres. Los analistas también predicen un aumento en el uso de VPN (que ocultan el país desde el que se accede a internet).
“Sí, los niños encuentran la manera de saltarse las normas. Eso no significa que no deba existir la ley. Seguimos teniendo normas que existen para su seguridad”, concluye Attwell.
*Con información de BBC News y BBC Global Journalism
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