Tren Maya: el poder que AMLO dio a la Sedena para controlar y vigilar los tramos 5, 6 y 7
El informe de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán evidencia que Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fueron omisos, durante su sexenio, a los daños socioambientales que causaron las obras y operación del proyecto Tren Maya en el territorio.
En el documento “Misión Civil de Observación sobre impactos y afectaciones del proyecto Tren Maya”, evidencian los impactos generados en los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
La promesa de “desarrollo económico” del proyecto emblema de Andrés Manuel trajo despojo y ocupación militar con la llegada del ejército a las comunidades indígenas y espacios públicos.
Incluso, se documentó un incremento en la inseguridad y diversificaciones de violencias como consecuencia de la militarización de este megaproyecto ferroviario.
De acuerdo con los testimonios recabados por la Misión Civil de Observación la ocupación militar trajo despojo y una fuerte presencia militar en sitios como las estaciones del Tren Maya, caminos, bancos de materiales, aeropuertos, hoteles, parques temáticos, museos, zonas arqueológicas, comunidades indígenas, escuelas y canchas públicas.
El despliegue militar en la zona comenzó a crecer con el inicio de las obras del Proyecto Integral de Desarrollo Tren Maya.
Desde ese momento la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han tenido una presencia multiplicada. Por un lado por las implicaciones socioambientales en torno a este megaproyecto ferroviario pero también por la premura con que se planificó e impulsó.
El inicio de la intervención militar en la península
Como es sabido, el proyecto Tren Maya se inició con irregularidades legales y la falta de una consulta idónea para las comunidades locales.
Pese a la cosmovisión de las comunidades maya, el gobierno federal no espero su consentimiento para las el inicio de las obras de este megaproyecto, violentando así el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas que, a su vez, promueven su identidad y participación en decisiones que les afecten.
De esta manera, los hallazgos en el informe de la Misión Civil de Observación determinaron que la intervención militar se convirtió en el mecanismo de disciplinamiento principal que dio paso al desarrollo de la obra.
Hasta junio de 2025, el director general del Tren Maya, Oscar David Lozano Águila, declaró que la presencia militar en el territorio donde se despliega este megaproyecto es de 6 mil 583 efectivos. Para la Misión Civil de Observación, esta cifra contrasta con los 3 mil 320 pasajeros promedio transportados por día, según datos proporcionados en ese mismo periodo.
¿Cómo llegaron los militares al Tren Maya?
Durante la primera fase de la construcción del proyecto Tren Maya, las obras se asignaron a empresas contratistas como Mota-Engil, ICA, CICSA y Carso.
Pero, en agosto de 2023, eso cambió cuando López Obrador decidió cambiar la estrategia y transfirió la construcción, la administración y sus beneficios a la Secretaría de la Defensa (Sedena).
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Para la Misión Civil esa dinámica empoderó a los militares e incrementó la militarización. De esta manera; el militarismo que se impuso al sur-sureste del país reconfiguró el territorio.
Una vez que la Sedena tuvo el control de las obras y operación del proyecto Tren Maya otros megaproyectos, emblema de la administración de López Obrador desde 2018, fueron incorporados paulatinamente a los militares.
De esta manera, subrayan en el informe, la Sedena se ungió como ocupante del territorio con una autoridad irremplazable y omnipresente, con el respaldo, además, del decreto del 22 de noviembre de 2021, en el que los proyectos y obras del Gobierno de México son considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional.
Dicho decreto otorgó el carácter de Proyecto de Seguridad Nacional al Tren Maya.
La Misión Civil de Observación determinó que la entrega de las obras del Tren Maya a la Sedena dio paso a que los militares ocuparan el territorio, donde caminos, estaciones, almacenes, cuarteles, bancos de material, hoteles, aeropuertos y otros, son figuras que pasaron a manos de la corporación militar en un proceso de ocupación del territorio.
Como resultado de esta ocupación, tras el decreto que otorgó a las obras del tren el estatuto de seguridad nacional, dio como resultado que la Sedena actuará como depositaria y beneficiaria de la obra. Ésto determinaría una compleja interacción entre constructores, administradores y habitantes de la zona.
¿Cómo ha afectado la militarización en el territorio?
Con la ocupación militar, el informe de la Misión Civil de Observación señala que han sido expropiadas las tierras de los ejidos y directamente los militares han invadido propiedades.
De manera que, las atraviesan con caminos y negocian en condiciones muy desfavorables para los dueños.
Además de la construcción de los seis hoteles de lujo que han construido a un lado de sitios arqueológicos emblemáticos o en reservas de la Biósfera, como Calakmul. Estas acciones ponen en riesgo el patrimonio arqueológico, social y ambiental.
Lo anterior acrecienta en la zona el uso de agua, genera basura y contaminantes, y aumenta la afluencia de personas en las inmediaciones de las edificaciones prehispánicas.
De la libertad, al miedo y la violencia
De acuerdo con los testimonios recabados y los recorridos realizados por representantes de la Misión Civil de Observación en la Península de Yucatán, encontraron que “la impunidad y la amplia circulación de miembros de las fuerzas armadas en toda la región, es una ocupación que no termina con la construcción del tren”.
La documentación de la presencia militar acompañada del despojo territorial cambió la dinámica y el perfil comunitario de las comunidades que colindan con las estaciones cercanas a los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya.
“Lo mismo pueden encontrarse en un restaurante que en el supermercado, la tienda, la farmacia, las salas de cine, los bares y los parques, moviéndose entre los pobladores a pesar de estar ostensiblemente armados. La libertad con que circulaban los niños, las mujeres y la población en general se ha transformado en miedo y violencia”, sentenció la Misión Civil en el informe.
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Asimismo, los testimonios recabados durante los recorridos que realizó la Misión Civil insistieron en la indefensión de las comunidades frente a las arbitrariedades de los militares, tanto en terreno, en las dinámicas sociales, en la manera descuidada como transitan por caminos o a campo traviesa y en la disposición unilateral de los territorios.
Sin embargo, el atropello al estado de derecho y la acción de la justicia también son parte de esa acumulación de violencias por parte de los militares en el territorio.
La Misión Civil indicó que “ni los amparos concedidos por los jueces correspondientes han sido respetados. Mucho menos las quejas de los pobladores”.
Las instalaciones militares continúan siendo parte del paisaje a lo largo del proyecto Tren Maya como ocurre con el levantamiento de instalaciones militares en toda la vía trazada que, desde un inicio, se utilizaron para realizar y proteger la obra.
Sin embargo, la Misión Civil reveló que en poblaciones como Carrillo Puerto se observan campamentos militares a la entrada, a la salida y en el centro de la ciudad.
“Ahí es donde se planean desarrollos más intervencionistas o donde la resistencia al proyecto es mayor, ahí la presencia militar es mucho más explícita y reiterada. El despliegue y presencia acrecentada de la corporación militar no es exclusivo de la zona, aunque ahí sea especialmente notorio y abundante”, advierten.
Violencias documentadas a lo largo del Tren Maya
Como parte de los resultados a hallazgos en los recorridos que la Misión Civil realizó a lo largo del Tren Maya, detectaron sitios específicos donde las violencias crecieron.
Actos documentados como el despojo de tierras, trata de personas en modalidad de explotación sexual y pederastía, incluso el boom inmobiliario en sitios naturales.
Uno de estos sitios es la ruta norte de Quintana Roo donde se encuentra el tramo 5 norte del Tren Maya, correspondiente al área del sistema de cuevas inundadas Sac Aktun. En ese lugar la violencia se relaciona con el daño al territorio, principalmente, con la instalación de las más de 15 mil pilas de metal y concreto en el sistema de cuevas.
Los 850 kilómetros de costa de Quintana Roo también se han visto afectados con las obras y operación del proyecto Tren Maya ya que, se incentivó la extensión de la industria turística. Una de las múltiples violencias relacionadas son las extorsiones y el derecho de piso que se han incorporado a la cotidianidad de los pequeños negocios.
Otro sitio donde se detectó una crecida de violencias es la ruta Chetumal a Xpujil donde la apertura del derecho de vía arrasó con la selva o pasó sobre tierras de las comunidades y ejidos dedicados a la apicultura, la agricultura o la ganadería.
Una de las violencias más marcadas en esa región está relacionada con el acceso al agua donde, una buena parte de las comunidades carece de un servicio eficiente de este recurso.
“El gobierno les ofreció la reparación del acueducto para proveerles el líquido vital a cambio de su aceptación al proyecto del tren, promesa que no se ha cumplido. Los testimonios de compromisos incumplidos son recurrentes. Sea que los ejidatarios o pobladores aceptaron vender parte de sus tierras, los militares las ocuparon, y hasta ahora no han entregado el pago”, señalaron en el informe.
Además, lugares como Calakmul, Escárcega y Candelaria no se quedan atrás. Ahí, los militares arremetieron con los modos de vida, su cultura y cosmovisión de las comunidades que habitan en esos sitios.
La Misión Civil resaltó que los testimonios y las observaciones directas registran un constante paso de camiones, volquetes, tráileres de carga y otros vehículos militares propiedad de la Sedena, que ocupan buena parte de la carretera y con frecuencia impiden el paso.
“Van y vienen, no siempre con el cuidado necesario, al punto que atropellaron a un joven que murió y por el que hubo una fuerte protesta de la población. Ocurre que la gente debe orillarse para dejarlos pasar y así evitar nuevos accidentes”, señalaron testimonios dentro del informe.
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El candidato del Partido Republicano se reunió esta semana en privado con el ministro de Seguridad de El Salvador. Ya antes ha reivindicado la fórmula del país centroamericano para combatir el crimen: “Necesitamos más Bukele y menos Boric”.
Sabiendo que la inseguridad es una de las principales preocupaciones de los chilenos, José Antonio Kast reivindica la fórmula para combatir la criminalidad más conocida del continente: el llamado “modelo Bukele”.
“Necesitamos más Bukele y menos Boric”, ha dicho el candidato del Partido Republicano, quien se juega la presidencia del país sudamericano en segunda vuelta el 14 de diciembre, en referencia a las políticas del mandatario de El Salvador frente a las de su homólogo chileno.
Tras una campaña plagada de mensajes como ese, en el balotaje del pasado 16 de noviembre Kast obtuvo el 24% de los votos y ahora pretende aglutinar el apoyo de los votantes de oposición para imponerse a la candidata oficialista, la comunista Jeannette Jara, quien obtuvo el 26%.
Ya el año pasado visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel en El Salvador convertida en la piedra angular de las políticas de seguridad de Bukele, para conocer cómo funciona, pese a las denuncias de violaciones de derechos humanos que la envuelven.
Tras el recorrido, rechazó la posibilidad de enviar presos cárceles chilenas a cumplir su pena en prisiones salvadoreñas: “Él (el delincuente) entró a delinquir y aquí va a cumplir; una vez que cumpla, lo vamos a expulsar y jamás va a volver a entrar a nuestra patria”.
Y aunque no se reunió con el popular mandatario, mantuvo reuniones de trabajo con los ministros de Seguridad, Gustavo Villatoro, y de Defensa, René Merino.
En ese contexto, a nadie sorprendió que esta semana se volviera a juntar en privado con Villatoro, el hombre al frente de la llamada “guerra contra las pandillas” de Bukele, cuando este viajó a Chile para participar en un seminario sobre seguridad.
Ni que describiera la reunión como “más que positiva”.
“Nosotros hemos recibido de él muchos comentarios y observaciones sobre cosas que no son iguales, pero podrían también eventualmente aplicarse en Chile”, le dijo a los medios locales -sin querer ahondar en los detalles de la conversación- este abogado católico y conservador que ya contribuyó a transformar la derecha tradicional chilena.
Supervisor de la “guerra contra las pandillas”
Para cuando el 26 de marzo de 2021 Bukele nombró a Villatoro ministro de Justicia y Seguridad Pública, este veterano funcionario llevaba ya décadas de carrera en la esfera pública.
Fue director de Aduanas de 2004 a 2009 bajo la presidencia de Antonio Saca (Arena, derecha), cargo en el que repetiría bajo el mandato de Bukele en 2019.
A finales de julio de 2020, fue nombrado titular de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF). Y ese mismo año, con la promesa de reducir los homicidios y la extorsión, aspiró a convertirse en fiscal general del país, puesto con el que finalmente se hizo Raúl Melara.
Desde que asumiera la cartera de Seguridad hace más de cuatro años, Villatoro ha supervisado la llamada “guerra contra las pandillas” en El Salvador, con la que el gobierno del presidente Bukele ha logrado desarticular dichas organizaciones y reducir drásticamente los homicidios.
Sus críticos, así como organizaciones nacionales e internacionales, lo acusan de hacerlo a costa de convertir a El Salvador en uno de los países con la tasa de encarcelamiento más alta, con un régimen que coarta derechos constitucionales y enviando a cientos a prisión tras juicios masivos y sin respetar el debido proceso.
Esas políticas han llevado a la detención de más de 85.000 personas –según las cifras oficiales más recientes, de marzo de 2025– y a mantener al país bajo un régimen de excepción permanente desde que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista, lo aprobara por primera vez en marzo de 2022.
“Mantener el régimen de excepción a la fecha es justamente por el mismo respeto y seriedad que hay que tenerle al fenómeno de las maras, porque no son una organización criminal cualquiera”, le dijo Villatoro al respecto en abril, cuando el periodista Roberto Valencia lo entrevistó para un reportaje en BBC Mundo.
“Esto es como que una religión negra y mantener el régimen va en el sentido de mantener siempre esa guerra permanente”, agregó.
—¿A corto o medio plazo no vislumbra razones para dejar de prorrogarlo?
— No, aunque es algo que analizamos día con día. Es cierto que se ha dicho que acabará cuando agarremos al último homeboy (pandillero) en territorio salvadoreño, pero como ministerio tenemos que estar preparados para cualquier decisión del presidente.
También se había mostrado tajante en su rechazo a las críticas sobre el Cecot en una entrevista anterior con la BBC.
“Tenemos con los salvadoreños el compromiso de que (los presos del Cecot) nunca volverán a las comunidades. Y vamos a asegurarnos de construir los casos necesarios (contra ellos) para garantizar que nunca regresen”, le dijo en mayo de 2023 al periodista Will Grant.
“Para nosotros, el Cecot representa el monumento más grande a la justicia que hemos construido jamás. No tenemos nada que ocultar”.
Visitas de aliados
Sea como fuere, los resultados en seguridad de su modelo han brindado a Bukele una popularidad sin precedentes para un presidente salvadoreño, lo que a su vez ha inspirado a gobiernos y políticos de todo el continente.
Y es Villatoro el que se ha encargado de reunirse con unos y otros, enarbolando siempre la bandera de la “mano dura” contra la criminalidad.
Así, el 9 de diciembre de 2023 se encontró con la ministra argentina de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, en Buenos Aires, y al día siguiente asistió en lugar de Bukele a la toma de posesión de Javier Milei como presidente.
A los seis meses, en junio de 2024, acompañó a Bullrich en un recorrido por el Cecot, similar al que le ofreció a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, en marzo de este año.
Y al día siguiente escoltó por esos pasillos y frente a las mismas celdas al ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Gerald Campos Valverde.
El salvadoreño llegó a Santiago de Chile este lunes para participar en un seminario organizado por la Universidad San Sebastián sobre los desafíos actuales de los sistemas penitenciarios, viaje que aprovechó para reunirse en privado con el candidato presidencial Kast.
Durante la ponencia, volvió a repetir que El Salvador, en su día “capital de los homicidios”, se volvió bajo el mandato del actual presidente “el país más seguro del hemisferio”.
Desde 2015, el año más mortífero de su historia reciente (106,3 por cada 100.000 habitantes), la tasa de homicidios ha ido bajando año con año.
El año que Bukele llegó a la presidencia, 2019, la tasa era ya de 36 por cada 100.000 habitantes, en 2020, con el Plan Control Territorial ya en marcha, cayó a casi la mitad (19,7), y 2024 cerró con 1,9, según cifras oficiales.
Sobre la presencia del crimen organizado en Chile, durante el seminario el ministro planteó que cualquier país que busque enfrentar mafias o bandas debe “ordenar su sistema penitenciario para impedir que los delincuentes comunes se mezclen con quienes responden a una organización criminal”.
Y agregó que otra de las claves del éxito de su modelo es impedir que los líderes criminales sigan operando desde prisión, mientras defendió el apoyo de las Fuerzas Armadas en el combate contra la delincuencia.
En entrevistas con medios locales, volvió a hacer hincapié en los mismos puntos y mostró una vez más una defensa férrea de las políticas del gobierno salvadoreño frente a las críticas de organismos de derechos humanos.
“No tenemos empatía con terroristas. Les respetamos la vida y les damos comida, pero si las críticas vienen hacia nuestras cárceles de terroristas, no nos importa lo que digan”, le dijo a Radio Pauta.
“La democracia es hacer lo que el pueblo manda”, señaló, y destacó la alta popularidad sin precedentes para un mandatario que las encuestas le siguen otorgando a Bukele.
Con ello se hizo eco de las palabras del propio jefe de Estado, quien en un discurso en junio por motivo del primer año de su segundo mandato, dijo: “¿Saben qué? Me tiene sin cuidado que me llamen dictador. Prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños en las calles”.
La seguridad, clave en campaña chilena
Kast se postuló inicialmente a la presidencia en 2017, cuando quedó cuarto con apenas 8% de apoyo.
Volvió a intentarlo en 2021, tras el estallido social, y ganó la primera vuelta, pero perdió el balotaje con 44% de votos ante el actual presidente de izquierda Gabriel Boric, quien obtuvo 56%.
Y aunque sufrió otra derrota electoral con el rechazo a la propuesta de reforma constitucional que impulsó en 2023, su paso al balotaje del 14 de diciembre muestra la vigencia de su movimiento político.
“Kast ha tratado de representar una derecha ‘nueva’, lo que yo llamo la derecha nacionalista populista”, le dijo a BBC Mundo Robert Funk, politólogo de la Universidad de Chile.
Y añadió que el candidato “ha tratado durante estos años de acercarse a otros modelos que hemos visto en distintas partes del mundo” como el presidente estadounidense Trump, el argentino Milei, el salvadoreño Bukele y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.
Esta vez, a diferencia de las dos campañas anteriores, Kast puso en el centro de su agenda conservadora la economía, la migración y la seguridad, las principales preocupaciones ciudadanas.
Casi dos de cada tres chilenos adultos (63%) señalan el crimen y la violencia como los temas que más les preocupan, de acuerdo a una encuesta de la firma Ipsos divulgada en octubre.
Se trata de un nivel inquietud mayor que en México (59%) o Colombia (45%), según el mismo estudio, pese a que las tasas de homicidios en estos países son más de cuatro veces superiores.
De hecho, Chile figura con el segundo mayor porcentaje de preocupación por el crimen y la violencia entre 30 naciones de distintos continentes incluidas en la encuesta, apenas tres puntos abajo de Perú, que también tiene mayores tasas de homicidios.
“Chile es un país que está extremadamente atemorizado”, dijo en entrevista con BBC Mundo Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, que evalúa políticas públicas en justicia y seguridad en este país
Y eso, los candidatos que se enfrentarán en las urnas el 14 de diciembre lo saben.
*Con el reporteo adicional de los periodistas de la BBC Gerardo Lissardy y Will Grant, y el colaborador Roberto Valencia.
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