El Tren Maya atrae a soldados, no turistas, a Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Los atletas de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, ya no tienen donde entrenar: desde hace meses la Secretaría de Marina (Semar) se ha instalado en la cancha de la unidad deportiva Chan Santa Cruz, mientras cerca de allí, en el predio llamado Expo Maya, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye unidades habitacionales militares y recientemente remodeló el museo histórico de la ciudad en el parque central.
La presencia militar en el municipio de Felipe Carrillo Puerto no se limita a la cabecera: en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, la Sedena construye el megaproyecto turístico Puerta al Mar y se multiplican los bancos de extracción de material pétreo que la dependencia explota para sus obras.
Sólo este año, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó al Ejército abrir once nuevas grandes “sascaberas” —excavaciones a cielo abierto para extraer sascab, un material proveniente de la piedra caliza del subsuelo—, en el municipio.
En Felipe Carrillo Puerto operan dos estaciones del Tren Maya. Una se ubica dentro del Aeropuerto Internacional de Tulum, administrado por el Ejército. En su recinto se encuentra un hotel gestionado por la misma Sedena y la base aérea militar no. 20. Además, en cada salida del pueblo hay cuarteles de la Guardia Nacional y para la construcción del ferrocarril se instaló un campamento militar, que nunca se levantó.
Consecuencias del Tren Maya en Felipe Carrillo Puerto
La estación del Tren Maya de Felipe Carrillo Puerto luce vacía y en las calles del pueblo no hay turistas. Hasta ahora, a este poblado maya del centro de Quintana Roo el ferrocarril no ha traído visitantes ni desarrollo, sino soldados.
En marzo de 2022, unos meses después de que el Batallón de Seguridad Turística empezó a patrullar las playas del Caribe mexicano, la Sedena llegó a Felipe Carrillo Puerto para construir el aeropuerto de Tulum y el Tren Maya, y ya no se fue.
En los años siguientes las obras de la Sedena se multiplicaron y una vez que entraron en funciones, los militares se quedaron: empezaron a patrullar las avenidas principales, a sobrevolar el pueblo en helicóptero y se volvió cotidiano encontrarlos armados en las tiendas, en las gasolineras o en el parque central. Las cámaras llenaron las esquinas y los altos mandos se volvieron vecinos. La vigilancia hacia la población empezó a ser constante, con implicaciones en su vida cotidiana y en los derechos humanos.
“Hay casos de chavas acosadas y chavos golpeados por elementos de la Guardia Nacional. Las niñeces y las juventudes ya no crecen de la misma forma”, dice la carrilloportense Wilma Esquivel Pat, quien forma parte del Congreso Nacional Indígena.
La irrupción militar se expande
La organización civil Cohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (CCIS) alerta que en Felipe Carrillo Puerto —como en los municipios de Calakmul y Othon P. Blanco— se está desarrollando un proceso que llama “irrupción militar”, que puede darse también en otros territorios donde la Sedena construye sus obras civiles.
En su investigación ¿A qué vinieron?, Militares en contexto de megaproyectos y sus implicaciones para la vida cotidiana y los Derechos Humanos, CCIS define la “irrupción militar” como algo que va más allá de la militarización (que supone la delegación de funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas) y consiste en la vigilancia de las personas y de la naturaleza, no por interés de seguridad nacional, sino como parte de una estrategia comercial de corporativización e integración militar.
“Con corporativización militar entendemos la estrategia de holding que consistió primero en conformar, por separado, empresas de participación estatal mayoritaria adscritas a la Sedena y que luego se fusionaron en GAFSACOMM, ahora llamado Grupo Mundo Maya”, explica Suhayla Bazbaz Kuri, directora de CCIS.
“Cuando hablamos de integración militar nos referimos a la concentración y acaparamiento de los eslabones de una cadena de suministro: ahora puedes comprar tu boleto con Grupo Mundo Maya, volar con ellos, aterrizar en su aeropuerto, dormir en su hotel e ir a su parque turístico”. Es en el marco de esta estrategia comercial, señala Bazbaz Kuri, que se da la irrupción militar.
Felipe Carrillo Puerto tiene una posición estratégica
Buena parte de los habitantes de Felipe Carrillo Puerto normalizaron la irrupción militar en su territorio, pero también hay voces críticas. Doscientas cincuenta familias de ejidatarios, por ejemplo, rechazan la presencia de los uniformados, sobre todo a partir del conflicto que se generó con la Sedena tras la ocupación de la Expo Maya, en noviembre de 2024, donde la dependencia construye departamentos para militares.
Los ejidatarios consultados no tienen claro cuál es el interés del Ejército en este municipio, que ya había sido militarizado durante la Guerra de Castas, cuando fue cuna de la resistencia maya.
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De acuerdo con Ángel Sulub Santos, del Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on, Felipe Carrillo Puerto tiene una posición estratégica para el control militar y económico de la Península de Yucatán. “Siempre decimos que aquí estamos cerca de todo, de Cancún, Chetumal, Mérida, de Valladolid, y ahora cerca de la Puerta del Mar y del aeropuerto de Tulum, que es una base militar”, dice Sulub Santos.
Turismo masivo e inseguridad
El gobierno suele justificar la presencia militar con el combate a la inseguridad, que en Felipe Carrillo Puerto ha crecido exponencialmente, aunque es baja en comparación con el promedio nacional. Por ejemplo, las denuncias de desaparición, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pasaron de 1 en 2015 a 7 en 2024.
“Las justificaciones dadas por el Poder Ejecutivo federal para el despliegue de las fuerzas armadas en México no corresponden con la realidad en los territorios irrumpidos”, afirma el CCIS en la investigación ya citada.
Por otro lado, el Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on afirma que la inseguridad es impulsada justo por el turismo masivo que el Tren Maya pretende potenciar. Como ejemplo, la evolución de la incidencia delictiva en municipios caribeños que en la última década incrementaron significativamente el flujo de visitantes, aun antes de la obra. En Solidaridad, cuya cabecera es Playa del Carmen, los homicidios dolosos pasaron de 20 en 2015 a 76 en 2024; en el mismo periodo, en Tulum aumentaron de 9 a 62.
En su artículo ¿Por qué los destinos turísticos son atractivos para la delincuencia transnacional? El caso de la Riviera Maya, Elisa Norio, de la George Mason University, afirma que los altos flujos económicos existentes en Quintana Roo agilizan el blanqueamiento de dinero. Norio escribe que, además, los prófugos de la justicia pueden considerar el Caribe mexicano como un lugar atractivo porque existe una gran rotación de turistas, trabajadores y empresarios que garantiza un alto nivel de anonimato. De acuerdo con las autoridades mexicanas, en 2019 en Quintana Roo existían células criminales que tenían vínculos con 10 organizaciones criminales transnacionales.
Resistencia cultural
Marcelo Jiménez, artista y ex director del museo histórico de Felipe Carrillo Puerto, prefiere no asistir al espacio tras la remodelación que hizo el Ejército, porque alguien le dijo que lloraría si viera cómo quedó.
Jiménez se enteró de que la Sedena iba a realizar las obras alrededor del 20 de septiembre de 2023, cuando en una reunión los militares le informaron sobre el proyecto de rehabilitación, previsto por el megaproyecto turístico Puerta al Mar. Le dijeron que tenía poco más de un mes para retirar las piezas expuestas, que en parte le pertenecían.
Con ellas, el artista decidió instalar una galería en el patio de su casa, inspirándose en la iniciativa de una conocida que inauguró un museo autónomo en su comunidad. “Estos espacios representan una forma de resistencia cultural para nosotros como mayas, de la misma forma que preparar nuestra comida tradicional, organizar nuestras fiestas y ceremonias o hablar nuestro idioma”, dice Marcelo Jiménez.
“Como mayas no tenemos concepto de museo, pero sí de cómo deberíamos transmitir nuestra memoria histórica. Es con base en este criterio que en su momento construimos el museo en el parque central de Felipe Carrillo Puerto, y tuvimos un reconocimiento justo por eso”, dice el artista.
Tras la remodelación de la Sedena, el espacio se volvió ajeno: un museo con el que ya no se sienten representados en la comunidad.
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Hasta 7 naciones o territorios en el Caribe están dando apoyo logístico al ejército estadounidense en su despliegue militar.
La creciente campaña de presión militar del presidente estadounidense Donald Trump sobre Nicolás Maduro en Venezuela cuenta con la oposición de muchos líderes latinoamericanos, pero el apoyo logístico de varias naciones en el Caribe.
En el arco geográfico que va de República Dominicana a Trinidad y Tobago han surgido distintos aliados a la “Operación Lanza del Sur” de Estados Unidos con roles disímiles.
El enorme despliegue de fuerzas militares de la primera potencia del mundo necesita todo tipo de asistencia: pistas de aterrizaje, puntos de abastecimiento, radares en puestos avanzados, maniobras o campamentos para sus soldados. También misiones de reconocimiento o espacio para almacenar equipos.
En agosto de este año, Trump ordenó el envío de tres buques de guerra de la Armada al Caribe Sur para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas que salían de Venezuela. Hasta la fecha Estados Unidos realizó más de 20 ataques contra estos botes en aguas internacionales, que causaron la muerte de más de 80 personas.
Desde entonces, el despliegue acumula en aguas de la región al menos 12 buques de guerra, un submarino nuclear, aviones, helicópteros y drones, además dos portaviones: el USS Gerald R. Ford y el Iwo Jima. Se cree que el número de efectivos militares supera ya los 15.000.
“En general, es probable que los aliados en el Caribe proporcionen vigilancia, logística o apoyo de contingencia, siendo la República Dominicana la nación que más explícitamente lo está haciendo”, le dice a BBC Mundo Evan Ellis, profesor e investigador de estudios latinoamericanos en el Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Pero todos evitarán ser puntos de lanzamiento de ataques ofensivos, a menos que las circunstancias cambien”, añade.
Washington asegura que su objetivo es frenar el tráfico de drogas hacia EE.UU., pero tanto Caracas como numerosos observadores creen que lo que se pretende es forzar un cambio de gobierno en Venezuela.
De hecho, la mayor parte del tráfico de drogas que los carteles latinoamericanos envían al norte el pasa por el Océano Pacífico oriental -el 74% de los envíos según la DEA- y no es ahí donde se concentran ahora mismo las operaciones militares.
“El hecho de que la administración Trump presente las operaciones antidroga como un acto de autodefensa nacional marca un giro profundo en la política exterior estadounidense”, afirma Björn Beam, responsable de Investigación Tecnológica y analista geopolítico senior de la firma Arcano Research.
Beam explica que al declarar un “conflicto armado” contra actores no estatales que operan desde territorio venezolano, Washington ha difuminado la frontera entre la lucha contra el terrorismo y el cambio de régimen.
“El resultado es una operación jurídicamente flexible, que podría evolucionar desde ataques limitados en el mar hasta acciones selectivas en tierra, todo ello sin necesidad de contar con la aprobación del Congreso”, añade.
Hasta el momento, además de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses, República Dominicana y Trinidad y Tobago le han dado acceso a EE.UU. a sus infraestructuras, pero hay más.
Estas son hasta la fecha las islas y territorios que están dando cobertura al ejército estadounidense:
Aruba, Curazao y Bonaire
Aruba, Curazao y Bonaire están a 80 kilómetros de Venezuela. Son territorios de ultramar que pertenecen a los Países Bajos y aunque poseen un estatus especial y de autogobierno, su uso para cualquier ataque requeriría, en teoría, autorización del país europeo.
Estados Unidos tiene una base de operaciones avanzada en Curazao y una más pequeña en Aruba. Su misión, según fuentes oficiales, es la detección y monitoreo aéreo de presuntas actividades de narcotráfico aéreo y marítimo.
En sus conversaciones con diplomáticos y altos rangos del ejército, Ellis nota nerviosismo.
“Creo que parte de su preocupación radica en que si Venezuela percibe que apoyan militarmente a Estados Unidos, podría dirigir operaciones contra ellos. Aunque probablemente Maduro no sería tan insensato, hay inquietud ante un posible escenario como este”, dice el experto militar.
Hace tan solo unas semanas, el portal de monitoreo aéreo Flightradar24 documentó la presencia de bombarderos estadounidenses sobrevolando el espacio aéreo entre Aruba y Curazao.
Trinidad y Tobago
A 11 kilómetros de la costa este venezolana, estas islas son las más cercanas a Venezuela y por lo tanto las más expuestas. Durante mucho tiempo han sido uno de los países más perjudicados por el flujo de migrantes venezolanos y las actividades de diferentes grupos criminales.
El gobierno de Kamala Prisad-Bisisier -que asumió en mayo- ha mostrado posiciones muy proestadounidenses desde el principio. En sus primeros meses al frente del país, se reunió con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, para estrechar lazos y favorecer el intercambio de datos de inteligencia militar.
Recientemente el gobierno de Trinidad y Tobago recibió buques de guerra estadounidenses y facilitó entrenamiento de fuerzas especiales de Estados Unidos. Prisad-Bisisier confirmó que infantes de marina estadounidenses operan en el aeropuerto de Tobago, trabajando en una pista, en una carretera y que están instalando y modernizando un radar. Además, varios aviones militares han usado la isla para reabastecerse de combustible.
El gobierno justifica el proyecto como parte de la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico en sus aguas.
“Han apoyado mucho la operación de las fuerzas estadounidenses y ven con buenos ojos la presencia de infantes de marina en el territorio, pero han dejado muy claro que, a menos que Venezuela los ataque, no se lanzarán operaciones ofensivas estadounidenses desde su territorio. Esa es la línea trazada”, explica Ellis.
República Dominicana
Es otro de los países que se ha visto gravemente afectado por el flujo de drogas, el crimen organizado y la migración en la región y es el que más abiertamente ofreció apoyo logístico a la “Operación Lanza del Sur”.
Desde la primera administración de Trump, el gobierno de Luis Abinader siempre ha estado muy alineado con Washington. República Dominicana se beneficia enormemente del turismo que llega desde Estados Unidos y del acceso al mercado estadounidense a través del Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR.
“Esta lucha contra el narcotráfico constituye una prioridad para su administración [la de Trump], por tratarse de una amenaza que afecta la estabilidad nacional y regional”, afirmó Abinader.
“Esta lucha es esencial para proteger a nuestras familias y para preservar la estabilidad. Ningún país puede ni debe enfrentarla sin aliados”, añadió.
En medio de la escalada con Venezuela, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, visitó República Dominicana y firmó una serie de acuerdos, que incluían el uso militar de zonas restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
Además, República Dominicana permite el reabastecimiento de combustible a naves estadounidenses, traslado de equipos y de personal técnico a través de su territorio.
“A Abinader le interesa la cooperación de Trump para contener el problema de Haití, pero la estrategia de las autoridades de República Dominicana de posicionarse como un aliado clave de Washington responde a la ambición de tener un papel más importante en los asuntos regionales”, estima el profesor de la Escuela de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
“Por ejemplo, recientemente, el país solicitó integrarse como miembro asociado de Caricom, un espacio clave para el comercio y la cooperación de las naciones del Caribe, lo que aumentaría considerablemente su cooperación en temas como el intercambio de información de inteligencia contra el crimen organizado”, dice Ellis.
El apoyo a las operaciones de Estados Unidos se presenta como temporal, técnico y limitado, enfocado en reforzar vigilancia aérea y marítima contra el crimen organizado transnacional.
Granada
La distancia entre la isla de Granada y Venezuela es de aproximadamente 145 km en línea recta a través del mar Caribe.
EE.UU. solicitó instalar equipos de radar y personal técnico de forma temporal en el Aeropuerto Internacional Maurice Bishop. Ellis señala que esta solicitud se remonta al mandato de Biden o incluso antes, pero al parecer está siendo efectiva ahora.
“Como parte de la lucha contra el narcotráfico, Granada necesita un radar para su aeropuerto que le dé visibilidad sobre vuelos con posibles cargamentos. El ejército estadounidense estaba de visita, pero no ha trascendido públicamente si era para la instalación o se llevaron a cabo conversaciones técnicas que ayuden a instalarlo”, afirma Ellis.
Washington es uno de los principales socios comerciales de Granada. El país se beneficia de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que otorga entrada libre de aranceles a muchos de sus productos.
Granada y Estados Unidos han firmado varios tratados para facilitar la cooperación policial y el intercambio de información y el ejército de EE.UU. ha proporcionado capacitación y equipo a las fuerzas de seguridad granadinas.
Puerto Rico e Islas Vírgenes de EE.UU.
Los dos territorios estadounidenses, que se encuentran aproximadamente a 800 kilómetros de Venezuela, se están utilizando para albergar personal militar y brindar apoyo logístico a las operaciones.
Según una investigación gráfica realizada por la agencia Reuters, la estación naval estadounidense Roosevelt Road -una antigua base de la Guerra Fría clausurada en 2004- se encuentra en proceso de modernización, con la repavimentación y la ampliación de las pistas, en las que ya están operando aeronaves de gran tamaño, como el gigantesco Boeing C-17 Globemaster, usado por las fuerzas estadounidenses para el transporte rápido de tropas y de suministros.
Además, la Administración Federal de Aviación (FAA) anunció una zona de vuelo restringida que afectará el espacio aéreo frente a la costa sureste de Puerto Rico desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026.
Esto facilitaría las operaciones militares de alta intensidad cerca del Aeropuerto José Aponte de la Torre. Allí han sido desplegados los cazas F-35 de última generación movilizados por el Pentágono y se han visto operaciones de aviones de combate y transporte.
En estas instalaciones se queda la mayor parte del personal terrestre.
También hay registro de aviones militares en el Aeropuerto Henry E. Rohlsen de Islas Vírgenes, que funciona como plataforma operativa y logística para despliegues regionales.
En Saint Croix, la mayor de las Islas Vírgenes estadounidenses, se aloja personal militar adicional en el “Man Camp” de Port Hamilton Refining and Transportation (PHRT).
Y el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS) reportó que la Base Naval que Estados Unidos tiene en la Bahía de Guantánamo (Cuba) ha aumentado el número del personal militar estacionado permanentemente.
¿Desde donde se lanzaría?
Todo este progresivo aumento de fuerzas lleva a una pregunta. Si hay una operación de Estados Unidos, ¿cuál es el punto en el que se lanzararía?
“Cualquier operación se lanzaría desde múltiples puntos. Personalmente, creo que podríamos ver ataques terrestres limitados antes de una operación de derribo importante”, cree Ellis.
“Si hubiera ataques terrestres limitados, probablemente provendrían de misiles estadounidenses, tal vez los misiles Tomahawk. Porque Venezuela aún tiene algunas defensas aéreas bajo su control. No son las mejores, pero los sistemas rusos S-300, por ejemplo, representan una amenaza para las aeronaves de Estados Unidos”, añade.
Por eso, cree el experto, no se lanzarían los F-18 de los portaaviones mientras esas defensas aéreas siguieran funcionando.
“Quizás podríamos ver el despliegue militar de algunas Fuerzas de Operaciones Especiales en el terreno, pero si tuviera que adivinar, diría que los ataques iniciales serían con misiles, simplemente porque es la forma más segura de hacerlo”.
“También se podrían lanzar misiles desde submarinos, ya que con un submarino se puede llegar relativamente cerca. Pero si se realizara una operación mayor, probablemente se necesitarían múltiples bases”.
Según el CSIS, las fuerzas estadounidenses comprometidas actualmente son insuficientes para un desembarco anfibio o una invasión terrestre. Esto requeriría al menos 50.000 soldados. “Sin embargo, los recursos aéreos y navales acumulados en los últimos tres meses han proporcionado suficiente potencia de fuego al Caribe para lanzar ataques aéreos y con misiles contra Venezuela”, explican los expertos del think tank.
Mapas por Caroline Souza y diseño de imagen por Daniel Arce, del Equipo de periodismo visual de BBC Mundo
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