Por primera vez, en la Ciudad de México vecinos de una alcaldía buscan hacer uso de las herramientas de democracia directa previstas en la Ley de Participación Ciudadana para revocarle el mandato a su gobernante. Se trata de José Carlos Acosta, alcalde de Xochimilco.
Alejandro Velázquez, integrante de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco, denunció que, a lo largo de los cuatro años y cuatro meses que Acosta ha estado al frente de la demarcación, pues fue reelecto para el periodo 2021-2024, los actos de represión en contra de la población han caracterizado el gobierno del morenista.
Tras el actuar de las autoridades de la alcaldía y del gobierno capitalino el pasado 2 de diciembre, cuando al pueblo de San Gregorio Atlapulco llegaron cientos de policías a encapsular a vecinos que se manifestaban en exigencia de información sobre las obras hidráulicas que se realizaban —lo que resultó en un enfrentamiento con un saldo de 24 heridos—, los pobladores comenzaron a analizar la situación y decidieron acercarse al Instituto Electoral de la Ciudad (IECM) para documentarse sobre el procedimiento que deben seguir.
“Él como alcalde, desde el año 2019, estuvo ejerciendo violencia en contra de las asambleas comunitarias que organizaron los 14 pueblos para tener sus propios representantes. Mandaba grupos de choque, golpeadores, campañas de difamación, de acoso en redes sociales… tanto él como su director de jurídico y gobierno son personas muy incendiarias. De una u otra forma, han venido a romper el tejido comunitario de los pueblos y los barrios de Xochimilco”, afirmó Velázquez.
Cuestionado al respecto, el IECM confirmó que los vecinos de Xochimilco se han acercado para pedir asesoría sobre el proceso que deben seguir para hacer la solicitud de revocación de mandato, el número de firmas que deben recabar y los tiempos para realizarlo.
Mauricio Huesca, consejero del IECM, confirmó que esta es la primera ocasión que vecinos de cualquiera de las 16 alcaldías de la Ciudad de México se acercan formalmente a solicitar orientación sobre el proceso. “Sería inédito en nuestra ciudad”, dijo.
Animal Político buscó al alcalde José Carlos Acosta para saber si estaba al tanto de la situación y conocer su opinión.
En entrevista telefónica, el alcalde dijo estar al tanto de la propuesta que impulsan algunos vecinos para revocarle el mandato, aunque consideró que se trata de actos de revancha política en los que están inmiscuidos dirigentes, alcaldes y diputados locales del PAN.
Agregó que en ningún momento se pronunciaría contra ejercicios como la revocación de mandato, que es un derecho de toda la ciudadanía, aunque recordó que él en 2024 dejará el cargo y no buscará la reelección porque la ley se lo impide.
“En el caso propio, deben quedarse tranquilos, no puedo reelegirme, no me voy a reelegir, la ley no lo permite”, señaló.
De acuerdo con la Ley de Participación Ciudadana de la CDMX, para poder llevar a cabo un proceso de revocación de mandato se deben cumplir ciertos requisitos. Uno de los más importantes es que el gobernante a quien se busca revocarle el mandato ya haya cumplido al menos la mitad del periodo, además de que el procedimiento no se puede llevar a cabo al tiempo que en la CDMX se efectúe otro proceso electoral, por ejemplo, elección de titular del Ejecutivo local, o bien, alcaldes.
El proceso contra el alcalde de Xochimilco está en tiempo para realizarse, pero si la recolecta de firmas toma más tiempo del esperado, o las autoridades capitalinas no autorizan un presupuesto específico para llevar a cabo la votación antes del último trimestre del año, la votación no podrá llevarse a cabo porque en septiembre inicia formalmente el proceso electoral local 2023-2024.
“La consulta nos implicaría pedir recursos al gobierno central para poder llevarla a cabo, capacitación, la instalación de mesas directivas de casilla… calculamos que todo esto que te estoy diciendo, desde que nos presentan las firmas, (nos tomaría) entre cinco y muy apretadito cuatro meses. Ya estamos con los dedos en la puerta”, dijo el consejero Huesca.
Una vez que se presente la solicitud con firmas de apoyo, el IECM debería suscribir un convenio con el INE para la revisión de las firmas a fin de validar que no haya duplicadas, de personas muertas, de personas que tengan sus derechos político-electorales suspendidos o de personas de otra alcaldía o entidad.
No existe un tiempo límite para que los vecinos de la alcaldía recolecten las firmas y las presenten al IECM, pero si se busca que el proceso contra el alcalde se inicie, tendrían que hacerlo lo más pronto posible atendiendo las limitantes de los tiempos electorales.
Son alrededor de 35 mil firmas las que deben recolectar, es decir, el 10% de las 350 mil personas inscritas en la lista nominal en Xochimilco.
“La tarea es juntar 40 mil firmas, por lo menos, para que se inicie el proceso de revocación de mandato, porque lo que buscamos es que la decisión sea vinculante”, explicó el vecino Alejandro Velázquez, de la Coordinación de Pueblos de Xochimilco.
“Nosotros podremos manifestarnos y exigir la renuncia del alcalde, como lo hemos hecho, pero él por cuenta propia no va a renunciar, por eso pensamos que este mecanismo que puede ser formalmente vinculante lo obligaría a dejar el cargo en caso que se tenga la votación requerida”, agregó.
Si bien estos procesos de participación son benéficos para fortalecer la democracia, Velázquez lamentó que tengan requisitos tan altos, por ejemplo, que el 10% del listado nominal debe firmar, pues en ocasiones ni siquiera los partidos logran estos números en elecciones.
“Esto desincentiva que la población utilice estos mecanismos, pero nosotros creemos en la capacidad organizativa de los pueblos ante este descontento generalizado para lograr la cantidad de firmas”, sostuvo.
Durante los últimos días, los vecinos han encabezado una pequeña precampaña para conocer cuál es el sentir de la comunidad respecto de la posibilidad de revocar el mandato al alcalde, la cual, aseguró Velázquez, ha sido muy positiva porque los vecinos han reiterado su rechazo a la administración.
Este 7 de febrero, anunciarán el inicio de la recolección de firmas y estiman en un mes lograr 40 mil de apoyo para presentarlas al IECM y, con ello, comenzar el proceso.
Velázquez dijo que el rechazo al alcalde se dio prácticamente desde el inicio de su gestión en 2018 y 2019, cuando los 14 pueblos de Xochimilco estaban en un proceso para elegir a sus representaciones propias, es decir, ejercer sus derechos como pueblos originarios a la autonomía y al autogobierno.
En aquellos días, afirmó, a las asambleas de los distintos pueblos el alcalde enviaba grupos de choque y golpeadores, y aunque han hecho marchas, manifestaciones y bloqueos para hacer saber su descontento con la administración, cada vez ese derecho a la libre manifestación se ha ido limitando.
“No es que tengamos miedo, pero siempre que planteamos una acción pública estamos en alerta constante porque no sabemos si va a llegar gente a golpearnos, a agredirnos”, dijo Velázquez.
“Lo que detonó la decisión de revocar el mandato fue la represión del pasado 2 de diciembre. Fue la gota que derramó el vaso porque cientos de granaderos estuvieron ahí amedrentando a mujeres de la tercera edad, destruyendo las propiedades, las casas de los habitantes, y sabemos que eso fue por órdenes de José Carlos Acosta. Seguramente hay otros involucrados de parte del Gobierno de la Ciudad de México, pero digamos que este es el clima de violencia que ha imperado por parte de la alcaldía”, detalló.
“Es insostenible vivir con un gobierno así en donde quieres manifestarte, expresar alguna idea, y lo primero que recibes es la violencia estatal representada por el alcalde y su director de jurídico y gobierno, Francisco Pastrana”.
El vecino acepta que será un camino largo por recorrer para lograr la revocación de mandato del alcalde porque, además de recolectar las firmas, el día de la votación debería participar al menos el 40% del listado nominal y, de ellos, el 60% de los votos deberían ser en favor de la revocación del mandato.
“Nuestro mensaje es llamar al entusiasmo de la participación, que la gente sienta que tienen la posibilidad de decidir cómo quieren vivir en su propio territorio y que tengan la oportunidad de decidir cuándo un gobernante ya no está cumpliendo con lo que se comprometió. Que se sepa que nosotros podemos cambiar esa situación, que no es algo estático”, resumió.
En breve entrevista, el alcalde dijo que está al tanto del proceso y, aunque aseguró que no podría pronunciarse respecto del derecho de la población para realizarlo, sí acusó que el PAN de la CDMX está inmiscuido.
“Es un punto de vista político, no es de ninguna manera ciudadano, son intereses políticos y están inmiscuidos desde el PAN”, señaló.
“El escudo es ciudadano con Alejandro Velázquez, quien desestabiliza en los pueblos. Es un operador político que por toda la ciudad se encarga de andar desestabilizando en el tema que se escuda de pueblos y barrios… Están en su derecho y tendrán que seguirlo ejerciendo”, agregó.
Insistió en que se trata de un acto político y lo comparó con las críticas y los señalamientos que ha tenido la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con el tema de los problemas del Metro.
“Ya no hay nada extraño, el proceso electoral del 2024 se ha adelantado y ellos están desesperados. Finalmente, es un mecanismo al que no le tenemos miedo, hay que tenerles respeto a todos los procedimientos (…) El presidente ha sido muy claro y la revocación de mandato está en la Constitución y nosotros estamos de acuerdo y que nunca daremos una postura en sentido contrario”, abundó.
Cuestionado sobre los hechos de represión que integrantes de la Coordinación de Pueblos han denunciado, el morenista rechazó que su gobierno reprima a los ciudadanos.
“El que acusa está obligado a probar”, sostuvo. “Lo niego categóricamente, nunca ha existido (represión)”.
El día de hoy reinicia labores el Congreso de la Ciudad de México.
Los pueblos y barrios originarios reafirmamos que no permitiremos leyes sin consulta o que afecten a nuestros territorios. pic.twitter.com/XIIUEOzt8B
— Coordinación de Pueblos de Xochimilco. (@CPByCXochimilco) February 1, 2023
Así como se busca revocarle el mandato a él, Acosta opinó que los vecinos también deberían iniciar procesos en contra de los alcaldes de Benito Juárez, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.
“Ahí sí hay actos claros de prepotencia, de gandallez, de formas que no son las que en un espacio, en un Estado democrático deben existir”, dijo.
Agentes federales desplegaron un gran operativo en una zona agrícola al norte de Los Ángeles que generó un caos y que se saldó con la muerte de un migrante mexicano y cientos de detenciones. El caso ha aumentado la tensión en California.
Fue una de las mayores redadas que se hayan visto desde el presidente Donald Trump lanzara su política antiinmigrante al llegar a la Casa Blanca en enero.
Decenas de agentes federales y de la Guardia Nacional, con armas que lanzan balas de goma, gases lacrimógenos y vehículos pesados, llegaron el pasado 10 de julio a una zona agrícola del condado Ventura, al norte de Los Ángeles.
Habían llegado allí para “ejecutar órdenes judiciales”, según dijo el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés). Pero a la escena pronto le siguió el caos.
Y es que la presencia de los agentes generó alarma y protestas en una región en la que desde hace semanas ha crecido la tensión por las redadas contra indocumentados.
“(Los agentes) llegaron como si fueran a la guerra”, contó un testigo a la cadena Telemundo desde el lugar. “Todos armados, con pistolas grandes, cascos, tanques (latas) de gas”, relató.
Mientras algunos trabajadores trataban de huir, otros arrancaron a protestar y se generó confrontación, según se puede ver en videos difundidos por los propios empleados y activistas en redes sociales.
En medio de la redada, Jaime Alanís, un inmigrante mexicano de 57 años, se comunicó con sus parientes para contarles lo que pasaba. Poco después cayó del techo de un invernadero, asegura la familia.
“Fue perseguido por agentes del ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU.) y nos dijeron que cayó desde una altura de 30 pies (unos 9 metros)”, señaló su sobrina Yesenia Durán.
En un principio hubo confusión sobre el estado de Alanís, ya que varios medios, citando al sindicato United Farm Workers, informaron el viernes que había fallecido. El sábado por la mañana, sin embargo, su familia informó que seguía conectado a una máquina que lo mantenía con vida, algo que confirmó el Centro Médico del Condado de Ventura. Fue el sábado por la noche cuando fue desconectado.
“Seguimos buscando justicia. Murió a causa de la imprudente redada del ICE. Sufrió una fractura en el cuello y el cráneo… Mi tío Jaime era un granjero inocente y trabajador”, añadió en una petición de apoyo en línea para los gastos de repatriación a México.
El DHS se deslindó de la muerte de Alanís. “Aunque no estaba siendo perseguido por las fuerzas del orden, este individuo subió al techo de un invernadero y cayó desde una altura de 30 pies (unos 9 metros)”, señaló la oficina de prensa en un comunicado.
Los agentes solicitaron ayuda, agrega el comunicado hecho público por el DHS, atribuible a la portavoz Tricia McLaughlin, “para que (Alanís) pudiera ser atendido lo antes posible”.
Pero sus familiares demandan justicia por la muerte del mexicano que, aseguran, era el único sostén de su esposa e hija en el estado mexicano de Michoacán.
Las redadas tuvieron como blanco dos granjas de Glass House Farms, una de las mayores empresas que cultiva cannabis de venta legal en California.
La llegada masiva de agentes federales generó alerta en una región del estado donde desde hace semanas se vive un ambiente de gran tensión por las acciones contra indocumentados del gobierno de Donald Trump.
El DHS aseguró que entre los objetivos estaba la detención de “extranjeros ilegales” con “cargos criminales”.
Según informó la agencia, los agentes llevaron a cabo dos redadas y detuvieron “al menos a 361” indocumentados en los dos centros de trabajo de Camarillo, un municipio unos 60 kilómetros al norte de Los Ángeles, en el condado de Ventura, y en Carpintería, en el vecino condado de Santa Bárbara.
El DHS también dio a conocer que durante la operación en las instalaciones de Glass House Farms “rescataron” a 14 menores de edad “de lo que parece ser explotación, trabajo infantil forzoso y, potencialmente, trata o tráfico de personas”.
El comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Rodney Scott, dijo en esa línea que Glass House Farms está ahora bajo investigación por presunta violación de las leyes sobre trabajo infantil.
La empresa negó los señalamientos y aseguró que nunca ha contratado menores a sabiendas de ello.
“Glass House nunca ha violado deliberadamente las prácticas aplicables a la contratación y no emplea ni ha empleado nunca a menores”, declaró la compañía.
Según la leyes que regulan el trabajo infantil y que se pueden consultar en la página del Departamento de Trabajo de EE.UU., la edad mínima para el empleo agrícola es de 14 años fuera del horario escolar y 12 con el consentimiento parental por escrito.
Asimismo, la empresa añadió que fue notificada de órdenes de detención por casos migratorios y de naturalización, que verificó que eran válidas y las acató.
Según las autoridades, más de 500 manifestantes intentaron detener la operación y durante la confrontación en la zona de Camarillo, se grabó a un manifestante aparentemente apuntando a los agentes con una pistola.
El Departamento de Seguridad Nacional informó el viernes que el manifestante disparó contra los agentes del orden y que el FBI ofrecía US$50.000 dólares por información que condujera a su arresto.
La agencia también dio a conocer que cuatro ciudadanos estadounidenses estaban siendo procesados, acusados de agredir o resistirse a los agentes, y que los manifestantes habían dañado vehículos.
Angélica Preciado, una portavoz de California Rural Legal Assistance, le dijo a la agencia Reuters que algunos trabajadores de Glass House Farm estuvieron incomunicados por horas y solo pudieron llamar a sus familiares después de firmar documentos en los que accedían a la deportación voluntaria.
Mientras, colectivos y organizaciones de defensa de migrantes denuncian estas operaciones como acciones que siembran el terror entre la comunidad local.
“Estas acciones federales violentas y crueles aterrorizan a las comunidades estadounidenses, perturban la cadena de suministro alimentario del país, amenazan vidas y separan familias”, declaró por su parte la United Farm Workers, una asociación de trabajadores del campo con sede en California.
“No hay ninguna ciudad, estado o distrito federal en el que sea legal aterrorizar y detener a personas por ser de piel morena y trabajar en la agricultura. Estas redadas deben cesar de inmediato”, reclamó.
El DHS tachó los comentarios de “rotundamente falsos”.
United Farm Workers no es la única organización que ha denunciado arrestos migratorias en base al color de la piel y sin ningún otro fundamento.
Tras una denuncia presentada por una serie de colectivos ante un tribunal de distrito por el caso de unas detenciones en Pasadena, California, la jueza federal Maame Frimpong dictó el viernes dos órdenes de restricción temporales que impiden al DHS arrestar migrantes sospechosos basándose en perfiles raciales y negar a las personas aprehendidas el derecho a hablar con un abogado.
En su fallo, la jueza Frimpong afirmó que existía una “montaña de pruebas” de que los agentes federales habían estado llevando a cabo “detenciones selectivas que van contra la Constitución”.
Argumentó que las autoridades no se pueden basar “únicamente” en factores como “la raza o el origen étnico”, “si hablan español o inglés con acento” o “la presencia en un lugar concreto”.
Al margen de esto, el gobierno de Trump insiste en que está dando prioridad a detener a “delincuentes violentos”, mientras ICE intenta cumplir con una cuota diaria de 3.000 detenciones.
“Los valientes hombres y mujeres de Estados Unidos están expulsando a asesinos, miembros de la banda MS-13, a pedófilos, a violadores… realmente lo peor de lo peor de las comunidades de Golden State [California]”, escribió el Departamento de Seguridad Nacional en la red social X, en respuesta al fallo de la jueza Frimpong.
A raíz de las redadas del condado Ventura y Santa Bárbara, organizaciones de trabajadores aseguran que seguirán con las protestas en rechazo a las políticas antiinmigración e hicieron un llamado a una huelga en los campos de 16 al 18 de julio.
“Es un paro laboral para defender nuestros derechos”, dijo Lourdes Cárdenas, una activista del Valle Central de California, una de las regiones más productivas de la industria agroalimentaria del país.
“No somos delincuentes. Somos la columna vertebral de nuestro sistema alimentario y estamos cansados de que nos traten como si fuéramos desechables”, añadió la prominente activista y defensora de migrantes Flor Martínez Zaragoza.
Aunque el presidente Trump ha prometido que deportará a cientos de miles de indocumentados, también dijo el mes pasado que los trabajadores agrícolas no estarían entre sus prioridades.
Los expertos aseguran que de cortarse la fuerza laboral en los campos, donde una considerable parte de los trabajadores son indocumentados, Estados Unidos experimentaría el encarecimiento de los alimentos y un aumento de la inflación.
más del 40% de sus trabajadores no tienen papeles, según estimaciones del 2022 del Departamento de Agricultura; un porcentaje que en California alcanza el 50%, de acuerdo a una investigación de la Universidad de California, Merced.
Conforman el 4% de toda la fuerza laboral indocumentada del país, calcula el Center for Migration Studies.
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