Vinculan a proceso a excolaboradores de Silvano Aureoles; los acusan de presunto desfalco por 3 mil mdp en Michoacán
Una jueza federal vinculó a proceso a cuatro excolaboradores del exgobernador Silvano Aureoles por haber cometido un presunto desfalco por más de 3 mil millones de pesos en Michoacán.
Se trata de Carlos “N”, exsecretario de Finanzas y Administración; Mario “N”, exdelegado administrativo de la misma dependencia; Elizabeth ”N”, exdirectora de Catastro y José Antonio “N”, exsecretario de Seguridad Pública.
Tras una audiencia de casi 22 horas, la jueza de control Patricia Sánchez Nava del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente dictó la vinculación a proceso en contra de los cuatro señalados, quienes son acusados de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, administración fraudulenta, asociación delictuosa y peculado.
La audiencia comenzó alrededor de las 11:00 horas del jueves 6 de marzo y concluyó este viernes a las 8:30 horas.
La juzgadora ratificó además la medida de prisión preventiva oficiosa dictada en contra de los cuatro funcionarios y fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.
De acuerdo con Proceso, la Fiscalía General de la República (FGR) señala a los excolaboradores de haber participado en la adjudicación directa de contratos a favor de la empresa Inmobiliaria DIP para la renta, mantenimiento y posterior venta de siete cuarteles que fueron adquiridos por el gobierno de Michoacán en más de 3 mil 400 millones de pesos.
Según la FGR, el entonces gobernador Silvano Aureoles (2015-2021), actualmente prófugo de la justicia, habría autorizado la compra a sobreprecio.
En la última parte de la audiencia, la defensa de los acusados indicó que en noviembre del año pasado la empresa firmó un acuerdo de reparación con el gobierno de Michoacán para devolver más de 90 millones de pesos.
Sin embargo, la jueza descartó que este acuerdo pueda favorecer a los cuatro exfuncionarios o al resto de personas acusadas en esta misma causa penal y que están pendientes de ser detenidas.
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La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
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