Luna, quien pidió omitir su nombre real por seguridad, tenía 18 semanas de embarazo cuando tomó la decisión de abandonar la relación abusiva en la que estaba y abortar. Ella vivía en Guadalajara, Jalisco, cuando el procedimiento médico ni siquiera estaba despenalizado en la entidad.
No contaba con los medios ni los recursos para criarlo por sí misma, además de ser ya madre de un niño de 6 años.
Luna, como decenas de mujeres y personas gestantes en México, experimentan la necesidad de abortar por complicaciones económicas, de situaciones de violencia, o falta de recursos, pero la limitación de 12 semanas para interrumpir sus embarazos les ha quedado corta ante sus circunstancias.
“En un inicio yo sí quería, pero lo que me hizo tomar esta decisión fue que me empecé a dar cuenta que realmente yo no quería esta vida”, comparte Luna en entrevista. “Estaba yo viviendo un tema económicamente vulnerable, en la relación empezó a haber violencia física y la psicológica ya la traíamos de muchos meses atrás”.
En México, 22 de las 32 entidades federativas han despenalizado el aborto, ya sea por vía legislativa o judicial. La mayoría de ellas permiten la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, un hecho que ha sido criticado por organizaciones y personas que han abortado debido a los obstáculos que pueden impedir que el procedimiento se realice a tiempo.
“Por ejemplo, falta de recursos económicos, o de redes de apoyo, y también una preocupación que ha surgido mucho y que es principal después de las 12 semanas es la desinformación de cómo se concibe el aborto después de este periodo”, dice Brenda Gutiérrez, coordinadora de Fondo MARIA, organización que apoya a mujeres y personas gestantes en procesos de aborto.
“Las personas que van llegando con más semanas de gestación, muchas veces es porque tienen alguna situación específica que las pone en un lugar más vulnerable. Puede ser una cuestión de violencia, en la que es mucho más complicado, por ejemplo, marcar a la línea telefónica o buscar la información porque hay una vigilancia, o si hay violencia es menos el tiempo o los recursos que tienes para gestionar tu aborto, pero también pueden ser cuestiones de mucha vulnerabilidad económica”.
Estas también incluyen a mujeres y personas gestantes que han vivido violencia sexual y tuvieron que navegar un “laberinto” burocrático para poder acceder a la interrupción del embarazo por la norma mexicana NOM-046-SSA2-2005, la cual marca los criterios de atención médica en instituciones de salud federales en casos de violencia sexual.
En países como Colombia, por ejemplo, el aborto está permitido hasta las 24 semanas de gestación, y en Canadá el procedimiento médico se puede realizar en cualquier momento del embarazo sin alguna repercusión penal.
Luna comenzó a buscar redes de apoyo y colectivas feministas de Guadalajara para informarse sobre cómo proceder con la interrupción de su embarazo, que en ese momento tenía alrededor de 8 semanas de gestación.
“Me empecé a escribir con una chica por WhatsApp que me empezó a asesorar de qué podía pasar, qué no podía pasar. En ese inter yo todavía estaba en esta relación, donde yo inclusive no le quería decir que ya me quería ir porque cada que intentaba salir de esta relación había mucho chantaje y manipulación”, dice.
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Fue ahí donde pidió el apoyo de organizaciones y de sus amistades para obtener el dinero para mudarse a la Ciudad de México, y ahí abortar en una clínica pública de Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
Sin embargo, una vez ahí le notificaron que tenía 15 semanas de gestación, tres más de las permitidas por el Código Penal local para hacer el procedimiento. Entonces recordó la información que le había brindado la acompañanta de aborto de Guadalajara, así como el procedimiento con medicamento, y decidió buscar nuevamente asesoramiento de colectivas y organizaciones en la capital para poder realizarse el aborto.
Estas colectivas y organizaciones se apoyan en su mayoría en el “Manual de práctica clínica para un Aborto seguro” de la Organización Mundial de Salud (OMS), el cual explica opciones de tratamiento tanto para una interrupción previo a las 12 semanas, como para después de ello. Se recomiendan distintos métodos según el tiempo de gestación: mifepristona y misoprostol, sólo misoprostol, abortos quirúrgicos mediante un aspirado o dilatación y evacuación.
“Evidentemente a mí sí me vino el miedo, de qué tal si algo sale mal y más por el tema de mi hijo, porque yo soy madre autónoma”, expone Luna. “Pero llegué a un lugar seguro, tanto en la cuestión médica, y hubo atención psicológica, y fue ahí donde se cortó un poco el miedo”.
Luna pudo concluir con su proceso médico, pero reflexiona ahora sobre el tiempo que dan las legislaciones locales para poder llevar a cabo el aborto y lo considera completamente insuficiente.
“No estoy de acuerdo en que sólo sean las 12 semanas, justamente porque todavía hay forma de resolverlo tiempo después y no tenemos por qué estar forzadas a maternar cuando realmente no lo deseamos. Yo sí creo mucho en esto, que la maternidad se tiene que querer o no ser”, asegura. “Quiero que se quiten mitos, de justo que te metan este miedo de forma médica de que te vas a morir y te va a pasar algo”.
Kaori, otra mujer que habita en Puebla y quien pidió usar otro nombre por seguridad, apenas logró estar a tiempo para realizar su aborto.
Desde temprana edad, supo que ella no quería maternar, por lo que cuando se enteró de su embarazo, ya a sus 30 años de edad, quiso terminarlo. Inició su procedimiento con medicamento cuando tenía ocho semanas de gestación, con el apoyo de su pareja y colectivas locales.
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Ella pensó que había logrado retirar el producto, pero continuó presentando síntomas de embarazo por lo que se hizo un ultrasonido y ahí se percató que aún tenía residuos en su útero.
“El impacto fue mayor, porque ya había hecho un procedimiento antes. Después, al ver que el procedimiento no había funcionado, fue un shock”, expresa. “Fueron muchas cosas las que me hicieron pensar, ‘No, pues a lo mejor sí lo debes de tener’”.
Aún así, Kaori estaba segura que no quería ser madre, entonces empezó a investigar clínicas de la Ciudad de México donde podía acudir para hacer un aspirado y poder retirar el resto del producto.
“Yo sabía que ya no tenía más tiempo, sabía que las 12 semanas eran el límite para poder tomar una decisión, y realmente no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido más tiempo (de gestación)”, dice.
Desde Fondo MARIA, Brenda Gutiérrez señala la desinformación que existe en torno al aborto después de las 12 semanas de gestación. “La necesidad de abortar continúa, pero hay una pausa, o a veces se desaniman pensando, o tomándose más tiempo para investigar, si realmente está en peligro sus vidas, o creen que es algo que no se va a poder o que nadie lo sabe hacer”, detalla.
Tal fue el caso de Val, quien pudo abortar en Puebla a sus 16 semanas de gestación gracias al apoyo de colectivas.
A pesar de que supo de su embarazo cuando tenía 6 semanas de gestación, el procedimiento aún no se había despenalizado en su entidad federativa, y viajar a la capital del país para recibir atención era complicado. Ella aún era una estudiante de universidad y la relación amorosa en la que estaba terminó al poco tiempo de saber de su embarazo, por lo que se sintió sola y sin apoyo.
“Pasaron semanas, yo no sabía qué hacer y también sentía que (mi embarazo) no era verdad, pero obviamente sí, solamente que no sabía qué hacer”, dice Val. “No tenía información, ni conocía a gente que lo ha hecho, entonces no sabía a quién acudir”.
Antes de vivir su interrupción del embarazo, Val consideraba que las 12 semanas eran tiempo suficiente para llevar a cabo el procedimiento, pero hoy tiene una opinión distinta.
“La verdad es que hasta que te pasa, lo entiendes. No creo que sea suficiente el tiempo que ellos establecen porque no saben las condiciones que las chicas están pasando, si es por dinero, por salud, por salud mental, cómo se sienten. En ese momento, yo creo que no piensas en nada más porque tienes miedo. No sabes qué hacer, y no sabes si la decisión que vas a tomar es la correcta”.
Más allá del número de semanas de gestación al cual se permite la interrupción del embarazo, colectivas y organizaciones como Fondo MARIA exigen que el aborto se elimine por completo de todos los códigos penales en el país, al ser el procedimiento médico –junto con la eutanasia– en ser considerado como un delito.
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La despenalización en varios estados hasta las 12 semanas “sí es de celebración, pero también es decir, ‘Esto nos queda corto’, y seguir comunicando que ese plazo queda corto y que es insuficiente, que siempre lo ha sido, pero que actualmente tenemos como muchos otro, o sea, tenemos otros ejemplos en la región de avanzada”, expone Brenda Gutiérrez.
El riesgo de seguir hablando del aborto desde una lógica penal es que siga existiendo el estigma y miedo alrededor de la palabra, denuncia, lo que a su vez implica que personal de salud tiene dudas sobre la legalidad de su aplicación y en recibir capacitación para realizarlos.
“Los procedimientos médicos tienen que estar regulados y pensados desde otras esferas, como un asunto de salud pública, de derechos humanos, pero no desde la penalización”, resalta.
“Creemos que el siguiente paso es poder hablar de abortos en plural, como todos los abortos que sean necesarios, pero también abortos de más de 12 semanas con toda la complejidad que esto puede tener, y con todo el cuidado que también queremos poner en la discusión”.
En 2024, el 51 % de todas las muertes relacionadas con el terrorismo se produjeron en el Sahel, según el Índice Global del Terrorismo.
La región africana del Sahel se ha convertido en el “epicentro del terrorismo mundial” y, por primera vez, es responsable de “más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo”.
Así lo expone el Índice Global de Terrorismo (GTI), que en su informe más reciente señala que, en 2024, “el 51% de todas las muertes relacionadas con el terrorismo” se produjeron en el Sahel, es decir, 3.885 de un total mundial de 7.555.
El informe del GTI añade que, si bien la cifra mundial ha disminuido desde un máximo de 11.000 en 2015, la cifra correspondiente al Sahel se ha multiplicado casi por diez desde 2019, ya que los grupos extremistas e insurgentes “siguen desplazando su objetivo” hacia la región.
El índice lo publica el Instituto para la Economía y la Paz, un think tank dedicado a investigar la paz y los conflictos mundiales.
Define el terrorismo como la “amenaza o el uso real de la fuerza ilegal y la violencia por parte de un actor no estatal para alcanzar un objetivo político, económico, religioso o social a través del miedo, la coacción o la intimidación”.
Situado justo al sur del desierto del Sahara, el Sahel se extiende desde la costa occidental de África hacia el este, a lo largo de todo el continente. La definición de la GTI de la región incluye partes de 10 países: Burkina Faso, Mali, Níger, Camerún, Guinea, Gambia, Senegal, Nigeria, Chad y Mauritania.
El Sahel tiene una de las tasas de natalidad más altas del mundo, y casi dos tercios de la población tiene menos de 25 años.
A diferencia de Occidente, donde “el terrorismo de actor solitario va en aumento”, el Sahel ha sido testigo de la rápida expansión de grupos yihadistas militantes, según el informe.
La mayoría de los atentados fueron perpetrados por dos organizaciones: la filial del grupo Estado Islámico en el Sahel y Jama’at Nusrat al Islam wal Muslimeen (JNIM, por sus siglas en inglés, Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes), una rama de al Qaeda.
“Intentan introducir nuevos ordenamientos jurídicos”, explica Niagalé Bagayoko, presidente de la Red Africana del Sector de la Seguridad. “Intentan administrar sobre todo justicia basándose en la sharia”.
Y en el proceso, dice, “compiten entre sí” por la tierra y la influencia.
El Estado Islámico del Sahel habría duplicado el territorio que controla en Mali desde los golpes de Estado de 2020 y 2021, principalmente en el este del país, cerca de las fronteras con Burkina Faso y Níger, al tiempo que el JNIM ha seguido ampliando su alcance, según un grupo de expertos de la ONU sobre Mali.
El informe del GTI señala que ambos grupos han reclutado más combatientes, entre ellos niños soldados en el caso del EI.
“En algunos casos, la gente suele estar en una situación en la que no tienen elección cuando deciden unirse a un grupo militante”, afirma Beverly Ochieng, analista especializada en África francófona de Control Risks, una consultora de riesgos geopolíticos. “Son comunidades muy vulnerables”.
El informe del GTI explica cómo la inestabilidad política y la precariedad del gobierno están creando las condiciones ideales para que proliferen los grupos insurgentes, y señala la guerra como “el principal motor del terrorismo”.
A veces se hace referencia al Sahel como el “cinturón golpista” de África.
Desde 2020 se han producido seis golpes de Estado con éxito en la región: dos en Mali, dos en Burkina Faso, uno en Guinea y uno en Níger. Todos estos países están ahora gobernados por juntas militares.
“El Sahel ha experimentado un desmoronamiento de la sociedad civil”, apunta Folahanmi Aina, experto en la región de la Universidad SOAS de Londres.
“Ha sido el resultado de años de abandono por parte de los líderes políticos, que no han priorizado la gestión pública centrada en las personas, lo que ha agravado los problemas locales y ha dado lugar a que los grupos terroristas traten de aprovecharse de ellos”.
Se ha tenido la impresión de que los gobiernos civiles eran incapaces de combatir las amenazas a la seguridad de los grupos insurgentes, “pero a pesar de que estas juntas han asumido el poder, no han mejorado necesariamente la percepción sobre el terreno y, de hecho, la inseguridad ha empeorado”, sostiene Aina.
“Las juntas no están profesionalmente preparadas para hacer frente al rigor de la gestión pública”.
De hecho, en 2024, Burkina Faso “seguía siendo el país más afectado por el terrorismo por segundo año consecutivo”, según la GTI.
En los 14 años transcurridos desde el inicio del informe, es el único país que encabeza la lista que no es Irak o Afganistán.
Los grupos yihadistas sostienen sus operaciones en el Sahel con diversas actividades económicas ilícitas, como el secuestro para exigir rescates y el robo de ganado, según el informe del GTI.
El Sahel se ha convertido también en una ruta clave para los narcotraficantes que llevan cocaína de Sudamérica a Europa, y el informe señala que “el narcotráfico representa una de las actividades ilícitas más lucrativas vinculadas al terrorismo en el Sahel”.
Sin embargo, señala que algunos grupos evitan participar directamente en el crimen organizado y prefieren “ganar dinero imponiendo impuestos o proporcionando seguridad y protección a cambio de un pago”.
“Este modelo no sólo genera ingresos, sino que también ayuda a estos grupos a integrarse en las comunidades locales, reforzando su influencia”, prosigue el informe.
Los grupos insurgentes también compiten por el control de los ricos recursos naturales del Sahel.
Níger es el séptimo productor mundial de uranio, y las minas de oro no reguladas y de tipo artesanal que se encuentran por toda la región suelen ser aprovechadas por grupos como Estado Islámico en el Sahel y JNIM.
Tras la reciente oleada de golpes de Estado, los gobiernos del Sahel se han alejado de sus aliados occidentales, como Francia y Estados Unidos, y se han acercado a China y Rusia en busca de apoyo para hacer frente a los militantes.
“En estos momentos, Rusia está asumiendo un control más firme sobre los paramilitares rusos de la región, conocidos como Africa Corps (antes Wagner)”, explica Ochieng.
“Su labor es entrenar y apoyar a los ejércitos locales para que puedan contrarrestar la insurgencia en la región, pero hasta ahora no han sido eficaces”.
En consecuencia, el informe del GTI advierte del riesgo de que el llamado “epicentro del terror” se extienda a los países vecinos.
En Togo se registraron 10 atentados y 52 muertes en 2024, el mayor número desde que se empezó a elaborar el índice. Estos atentados se concentraron principalmente a lo largo de la frontera del país con Burkina Faso.
Ochieng coincide con esta valoración y afirma que “la expansión de grupos militantes dentro de la región en países como Benín o Togo u otros estados costeros de África Occidental parece inminente”.
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