Tras más de medio año de reveses, Jimena Akari busca apoyo del gobierno de Edomex para cirugía de reasignación de género
Ante la negativa de los servicios de salud del Estado de México para atender el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que señala que las cirugías de reasignación de género no deben ser consideradas como estéticas y tras batallar legalmente más de medio año para que su derecho sea reconocido, Jimena Akari advierte que no se dará por vencida.
Con ese fin, pidió formalmente la intervención directa de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez, luego de que el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym) se negara por completo a continuar con su proceso hasta que haya una sentencia definitiva.
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“Continúa proceso jurídico aún sin resolución ni sentencia, indica no contar con una fecha establecida. De igual forma se continúa sin respuesta del Comité de Ética institucional por lo que se indica continuar seguimiento de proceso al tener sentencia. Por indicación de dirección general se decide no otorgar cita de seguimiento hasta contar con resolución de sentencia”, consigna una nota de evolución expedida por el Issemym el pasado 16 de octubre de 2025.
En julio de este año, Animal Político publicó que Jimena Akari, una mujer trans servidora pública desde hace 9 años, se había enfrentado a que los servicios de salud del Estado de México le negaran la posibilidad de una cirugía de reasignación de género, pese a antecedentes de jurisprudencia nacional e internacional que protegen el derecho de las personas trans a acceder a servicios de salud integrales.
El Issemym inicialmente había dado su visto bueno e incluso hizo una primera programación de la cirugía, cuando llegó el día indicado comunicó que no se haría por falta del visto bueno del comité de bioética.
Ante ello, Jimena ingresó una demanda de amparo, ante la que recibió una respuesta que califica como transfóbica, discriminatoria y obsoleta. Después de que el juez reafirmara la posición del instituto, ingresó una nueva demanda y la queja respectiva ante comisiones de derechos humanos.
Segunda demanda
Ahora, sufrió un nuevo revés con la segunda demanda, que tampoco tuvo un resultado positivo. Luego, al escalar el tema ante el Gobierno del Estado de México, este respondió mediante un oficio el 8 de agosto de 2025 que “se está realizando el diagnóstico situacional de las competencias y habilidades del personal médico que permita otorgarle una atención médica de calidad, debido a que este tipo de procedimientos quirúrgicos no se realizan en el Instituto, y por ende es de suma importancia garantizar la experiencia del personal de salud”.
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En entrevista, Jimena Akari califica de ambigua esa respuesta, además de no fundada ni motivada. Aunque eso sirvió para ingresar nuevas demandas de amparo, estas fueron sobreseídas: una respecto a la omisión del Issemym de emitir un dictamen —lo que ha peleado desde abril— y otra en la que se descartó entrar en materia pretextando un memorándum del 2025, del propio instituto, donde se afirma que la cirugía no puede hacerse por ser estética.
“Ahí es donde me hace muchísimo ruido, porque a final de cuentas un memorándum que no era parte de ese juicio, sino del otro, lo está usando para cerrar también la puerta de este juicio, en primera, y en segunda, la Suprema Corte en noviembre emitió un criterio de que las cirugías de reasignación de género no pueden ser consideradas como estéticas; entonces, en cuanto se publicó, lo metí como evidencia, como hecho notorio, a los dos juicios”, explica.
Resultados
En ambos casos, recurrió a las impugnaciones correspondientes pero será hasta enero, después del periodo vacacional, cuando pueda saber el resultado. Mientras tanto, dijo, esas dos puertas están cerradas, pero “yo no me voy a dejar y voy a seguir fregando”, afirmó.
Por ello, ingresó una nueva solicitud a la oficina de la gobernadora Gómez para pedir su intervención y una nueva queja ante el buzón interno del Issemym.
Para Jimena Akari, el responsable principal de la violencia institucional que ha vivido es el Issemym, y se ha convertido en una violencia institucionalizada, pues de la violación a sus derechos son responsables la dirección general del Centro Médico Arturo Montiel Rojas, la dirección de servicios de salud e irónicamente, el área de no discriminación e igualdad de género del instituto, que validó esas conductas.
“También marco como responsables al juzgado primero y noveno de distrito en Toluca en materias administrativas civil y de trabajo porque prefirieron la forma al fondo, prefirieron quitarse una posible discusión de encima, prefirieron la técnica sobre la vida, así que hago responsables a esas personas de todo este pesar que cargo y de todo lo que me pueda ocurrir en el futuro próximo”, advirtió en sus redes sociales hace unos días.
Sumado a todos sus esfuerzos anteriores, ahora Jimena conserva también una cadena de correos que envió directamente al buzón del Instituto para pedir alguna respuesta, mediación o mesa de trabajo, lo cual fue completamente ignorado. “Claramente, hay una omisión de esa parte, están ignorando el caso, están tratando de que me canse, por lo visto, y esa es la situación actual”, resume.
La Corte sienta precedente, pero el Issemym lo desoye
El memorándum que los juzgados quieren usar como pretexto para no analizar de fondo el caso de Jimena Akari fue expedido por el Issemym el 10 de septiembre de 2025, con el número 207C04010101121/100/2025 en respuesta al juicio de amparo 1531/2025-VII y firmado por el médico Juan Manuel Melchor González, adscrito a la jefatura del servicio de cirugía plástica, reconstructiva y maxilofacial.
“Me permito emitir la siguiente respuesta que corresponde al Servicio de Cirugía Plástica y Reconstructiva: Conforme a lo expuesto por la quejosa en su demanda, y tras una revisión del expediente clínico de la paciente, le informó que el procedimiento de Cirugía de Reasignación de Género (CRG) que solicita no ha podido llevarse a cabo debido a las siguientes circunstancias: ‘Artículo 54. La atención médica no incluirá: Cirugía estética”, señala el documento.
El citado artículo se extrae del capítulo sexto de la atención médica del Reglamento de Servicios de Salud del Issemym, para luego afirmar que la cuestión médico-quirúrgica de la paciente no compromete su vida ni pone en riesgo su salud física, por lo que realizar el procedimiento solicitado — “no requerido médicamente”, subraya entre paréntesis— no es imprescindible para poder continuar con su salud desde el punto de vista médico.
“Es importante señalar que la programación inicial de la paciente para dicho procedimiento obedeció a un error derivado de mi desconocimiento del contenido específico del Reglamento de Servicios de Salud del Issemym en lo relativo a la exclusión de cirugías de carácter estético. En ningún momento existió dolo, negativa intencional ni discriminación hacia la paciente; por el contrario, la intención fue ofrecer una alternativa de atención, sin tener pleno conocimiento de la restricción normativa aplicable”, justifica el médico.
Sin embargo, dicho argumento es contrario a estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, fortalecidos en diversas sentencias de la Suprema Corte, pero sobre todo con una de sus más recientes tesis, de noviembre de 2025, relativa al amparo en revisión 1782/2024, derivado de la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a practicar una cirugía de reasignación de género con el mismo argumento que el Issemym.
En su tesis, el máximo tribunal determina que “no es aceptable que la cirugía referida tenga como único propósito mejorar la apariencia física de la persona quejosa” y , en consecuencia, no debe catalogarse como estética. Por el contrario, los servicios de salud deben atender a las circunstancias específicas que se presentan: transexualidad, disforia y/o trastorno de identidad de género, reasignación sexual y reafirmación legal.
“Su práctica constituye un medio quirúrgico de la ciencia médica que tiene como propósito alcanzar un mayor grado de bienestar general en cuanto a su estado físico, mental, emocional y social. En consecuencia, la solicitud de la persona quejosa debe analizarse desde la perspectiva de que corresponde al Estado, a través de sus instituciones de seguridad social, como el Instituto Mexicano del Seguro Social, garantizar a la persona el derecho de acceso a la salud”, sostiene la Suprema Corte.
Servicios de salud
Ante ello, Jimena Akari subrayó la importancia de que hoy todos los servicios de salud se ajusten a este criterio. “Si bien la tesis habla del IMSS, realmente por analogía aplica para todas las instituciones de seguridad social y es un paso importante para que este derecho pueda llegar incluso a personas que no cuentan con el beneficio de la seguridad social. Lamentablemente, todo esto ha sido ignorado por el Issemym, fue ignorado por los juzgados”, señaló recientemente en un TikTok.
Además, añadió en entrevista, la aprobación de la Ley Integral Trans a nivel nacional es un pendiente que, de aprobarse, también ayudaría a casos como el suyo y los otros que han llegado incluso a la Suprema Corte. Esta iniciativa fue presentada ante el Congreso de la Unión en noviembre de 2023 y contempla uniformar y agrupar todos los derechos de las personas trans, así como tipificar el transfeminicidio.
Esta batalla, que hoy se ha extendido por más de medio año, para ella ha sido muy cansada, valora, desde los efectos en su salud mental de la primera negativa, que se han ido agravando con las subsecuentes. Hasta ahora sigue tomando medicamentos para lograr algún nivel de estabilidad.
“Solo así puedo estar en condiciones de seguir peleando, porque emocionalmente estoy mal… Gracias al apoyo de mi familia, pude salir adelante, pero es algo que no le deseo a nadie… Aparte del desgaste emocional, es una revictimización de que saben que lo que están haciendo está mal y les vale, porque saben que van a salir impunes”, apuntó.
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Con un proceso que pudo haber quedado resuelto en febrero o marzo de este año, Jimena Akari llega a finales de este 2025 con un desgaste físico y emocional terrible, remarca, ante la negativa del Estado a garantizar su acceso integral a la salud.
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La periodista venezolana Mirelis Morales relata su intento por legalizarse en EE.UU. y cómo se vio obligada a abandonar el trámite migratorio durante el gobierno de Trump.
Migrar a Miami nunca estuvo en mis planes. Sin la posibilidad de una green card, no me atrevía ni a soñarlo. Pero la aprobación del Estatus de Protección Temporal para los venezolanos (TPS por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 me abrió un camino de permanecer legal en Estados Unidos que parecía improbable.
Mi travesía migratoria había comenzado en junio de 2018, cuando me fui a Perú en un acto desesperado por salir de la crisis humanitaria que ahogaba a Venezuela.
La aprobación del Permiso Temporal de Permanencia (PTP) en Perú se convirtió en un salvavidas para salir con mi hijo de 1 año y medio a un país que me prometía un poco de normalidad.
Perú me devolvió la calma. Sin embargo, la pandemia de covid me hizo cuestionar qué tan conveniente era seguir sola allí con un niño de 4 años. La idea de que pudiera contagiarme y no tener quién cuidara de mi hijo, me hizo pensar que debía buscar un nuevo destino donde tuviera red de apoyo. Entonces, ya en 2021, pensé en Miami o en Madrid.
Pero la duda volvía a surgir: “¿Cómo logro sacarme los papeles en Estados Unidos?”. Frente a mi falta de opciones, decidí que lo mejor era irme a Madrid y solicitar una visa humanitaria. Antes, quise hacer una parada en Miami para pasar Navidad con mi hermano y recargarme de abrazos luego de meses de aislamiento.
Ese era mi plan. Sólo que no contaba con que las fronteras de España seguían cerradas para los no residentes y me tocó quedarme en Miami con la esperanza de que ese asunto se resolviera lo más pronto posible.
Entonces, pasó lo inesperado.
El gobierno de Joe Biden aprobó el TPS para los venezolanos que estuvieran indocumentados en el país, como una medida de protección humanitaria ante la crisis que persistía en Venezuela. El TPS te daba la opción de obtener tanto el seguro social, como el permiso de trabajo. Y eso lo cambió todo.
Miami se convirtió en un refugio. Me permitió estar cerca de mis afectos, me concedió el privilegio de trabajar como periodista, me permitió formalizar mi negocio editorial y hasta me dio una segunda oportunidad de encontrar el amor.
El último lugar donde pensaba vivir me abría un mundo de posibilidades. De modo que inicié con determinación mis trámites para obtener “mi visa para un sueño”, como tantas veces le escuché decir a Juan Luis Guerra.
Sólo que nadie me preparó para la pieza que me tocó bailar.
El efecto Trump
“Mirelis, tienes premios, publicaciones, reconocimientos… Puedes pedir una visa de talentos extraordinarios”, me decían mis conocidos.
Todo indicaba que mi perfil calificaba. Así que contacté a un abogado que les había hecho el trámite a otros periodistas venezolanos y desembolsé los primeros US$6.000.
Lo hice con los ojos cerrados, porque ellos habían logrado conseguir sus papeles. ¿Por qué yo no?
Pasé un año armando mi expediente. Un año recabando evidencias –hasta debajo de las piedras– para demostrar los 10 criterios que me avalaban como una persona sobresaliente en mi área.
Cada carta de respaldo ameritaba una búsqueda casi detectivesca para ubicar a la persona responsable de la firma y luego un lobby para convencerlo de que no era un caso inventado. Hubo muchos que se negaron. Otros ni lo dudaron.
Tenía toda mi esperanza puesta en este proceso. No sólo porque me abría la posibilidad de una residencia –y el camino hacia la ciudadanía– sino porque me permitía darle un estatus a mi hijo y a mi pareja que, para ese entonces, tenía más de 11 años a la espera de la entrevista por solicitud de asilo.
Pagué otros US$3.500 entre gastos administrativos y el servicio exprés para obtener respuesta en 15 días. Ello sin contar el gasto en traducciones certificadas.
“Esto es una inversión a futuro”, me repetía cada vez que me tocaba desembolsar más dinero.
El 15 de febrero de 2024 se envió mi expediente. El 27 de febrero llegó la respuesta: caso rechazado. Sabía que existía esa posibilidad. Igual, no pude evitar la frustración ni la impotencia. Lloré hasta que no pude más. Me sentía tan vulnerable…
¿Ahora qué? Tenía la posibilidad de apelar. Pero preferí pedir una segunda opinión.
“Tu caso está mal de base. No tiene sentido apelar. Lo mejor es armar uno nuevo”, me dijo otro abogado.
La buena noticia es que tenía otra oportunidad. La mala es que debía pagar US$12.570 entre honorarios y gastos administrativos.
“Esto es una inversión a futuro”, me volvía a decir.
Me embarqué en armar otro caso. Esta vez más exhaustivo.
¿El resultado?
Un expediente de 700 páginas con pruebas suficientes para demostrar mis aportes en el campo del periodismo, mi rol liderando investigaciones periodísticas en reconocidas organizaciones como BBC y The New York Times, mis publicaciones en los medios más importantes del mundo, mi papel como jurado del trabajo de otros periodistas y mi participación en instituciones periodísticas internacionales.
La solicitud se envió el 24 de enero de 2025, cuatro días después de que Donald Trump asumiera su segundo mandato.
A los días llegó una notificación de Uscis (el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos) en la que solicitaba evidencias adicionales. “¡¿Qué más quieren de mí?!”, pensé. Se envió lo requerido y sólo quedaba esperar.
Se había hecho tan buen trabajo que estaba segura de que esta vez sí obtendría una respuesta positiva. Debía lograr que me aprobaran al menos 3 criterios de los 10 expuestos. Me aceptaron 4.
Solo que no me dieron la residencia, porque, según el funcionario, “no tenía el high-level of expertise requerido” para este tipo de visas.
A juicio de mi abogado, Uscis se había excedido en el uso de la discrecionalidad. A criterio de muchos, mi caso había caído en el hoyo generado por el “efecto Trump”.
Tenía el derecho de apelar ante una corte federal por incumplimiento de la ley. Pero lo descarté al saber que el trámite podía demorar dos años y suponía desembolsar otros US$10.000 sin garantía de nada.
Para aquel momento, el futuro del TPS ya pendía de un hilo. La Secretaría de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional luchaban por revocarlo de forma definitiva.
Se habían abierto varias demandas contra la decisión. Un juez determinó que el gobierno no podía interferir. Se asomó la posibilidad de una extensión hasta octubre de 2026. Sin embargo, nada era definitivo. Mi TPS se vencía en septiembre de 2025 y tenía el tiempo en contra.
Mi abogado me propuso optar por la visa O, a través de una empresa que me patrocinara. Otros US$4.000 que debía sumar a mi abultada deuda de la tarjeta de crédito.
Decidí quemar mi último cartucho, a sabiendas de que esa opción no me daba residencia ni ciudadanía. Sólo 3 años de permanencia legal, renovables por tres años más. El tiempo suficiente para que el país tomara otro rumbo migratorio y las aguas se calmaran. Pensé.
Lo que se suponía era un trámite sencillo, terminó por demorarse más de cinco meses y entré en desesperación.
Mi abogado y su equipo estaban colapsados. No respondían los mensajes. Nadie sabía el estatus de mi solicitud. Ni tampoco me daban la cara.
Cuando finalmente se dispusieron a cerrar el expediente para enviarlo, me enteré de las repercusiones tributarias y decidí desistir.
No era sostenible económicamente para mí.
España: otro cantar
Hasta entonces, había gastado más de US$25.000 sin obtener ningún resultado.
Fueron más de dos años de un intenso desgaste emocional y financiero, dentro de un contexto país cada vez más hostil contra los migrantes, en especial contra los venezolanos.
La única opción que me quedaba para extender mi permanencia en Estados Unidos era acogerme a un asilo extemporáneo, pero, con mis papás en Venezuela, estaba negada ya que eso habría supuesto no poder salir de EE.UU. durante años.
Madrid se abría, de nuevo, como una alternativa.
Por esas cosas del destino, llegué a una publicación en Instagram sobre la visa de nómada digital en España. Pedí una cita con un gestor para conocer con detalle los requerimientos y esa reunión me pintó un panorama más esperanzador: podría obtener la residencia en un plazo de 20 días hábiles y a los dos años optar por la nacionalidad.
Era eso o regresarme a Venezuela.
Fueron días muy complicados emocionalmente. Irme de Estados Unidos implicaba dejar lo más valioso que había construido en los últimos cinco años: mi familia. Y por mucho que mi abogado intentó resarcir el daño con la exoneración del último pago, nada ni nadie me devolvería esa pérdida.
Me tomó un mes cerrar mi vida en Miami. Metí lo que pude en cuatro maletas y viajé a Caracas con el único propósito de renovar mi pasaporte y el de mi hijo para seguir a Madrid.
Tenía la opción de pedir la visa en la embajada de España en Caracas, pero lo descarté al no saber con certeza cuánto duraría el trámite por la vía consular.
Aterricé en Madrid el 8 de septiembre de 2025.
A la semana me reuní con el gestor para entregarle los requisitos de la visa de nómada digital: documentos de mi empresa, estados de cuenta para avalar que gano más de 2.200 euros (unos US$2.580), seguro privado, mis antecedentes penales en Estados Unidos y Venezuela, así como una carta en la que explicara que podía ejercer mis funciones a distancia. Nada más.
Presentamos los documentos el 2 de octubre de 2025. Al mes recibí la noticia: mi residencia en España había sido aprobada por tres años. ¡No lo podía creer!
La resolución llegó en el tiempo establecido y a un costo que no superó los US$825.
Después de tantas vueltas, finalmente había logrado una respuesta afirmativa. De camino a casa, las lágrimas se me salían solas.
Aún no asimilo la sensación de desarraigo que me dejó la salida intempestiva de Miami. De una u otra forma, sentí que Estados Unidos me expulsó. Y me quedó ese mal sabor de no haber logrado permanecer en el país, a pesar de haber hecho las cosas bien.
Cuando me preguntan qué tal va mi adaptación, siempre respondo lo mismo: “No sé si Madrid sea mi lugar, pero, al menos, me ha hecho sentir más que bienvenida”.
España me ha permitido algo que había olvidado en Estados Unidos: ahorrar. Hasta entonces, mi sueldo se iba directo al bolsillo de los abogados y no me quedaba para mucho más. Mi pareja era quien asumía casi toda la carga económica.
Ahora logré recuperar un poco mi autonomía financiera al salir de mis deudas y el dinero me alcanza para cubrir mis gastos: renta, comida, colegio, entretenimiento.
Aquí volví a sentir la libertad de no tener que depender de un auto para moverme de un lugar a otro. El día que llevé a mi hijo caminando al colegio no me lo podía creer.
Ya no tengo que andar contando millas para saber cuánto gastaré en gasolina o en peaje. El sistema de transporte público en España te permite llegar a cualquier parte y te puedes mover por Madrid a una tarifa plana mensual de 32,7 euros (unos US$38).
No falta quien te mete miedo con la cuota que hay que pagar por ser trabajadora autónoma o quien me advierte que tenga cuidado con Hacienda, que no perdonó ni a la mismísima Shakira.
Pero, con todo y eso, aquí he experimentado una sensación que no tenía desde la llegada de Trump a Estados Unidos: sentirme a salvo.
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