Colombia cumple 3 años de despenalizar el aborto hasta la semana 24; todavía persisten retos de acceso
El 21 de febrero de 2022, Colombia se convirtió en el país de Latinoamérica con la legislación más avanzada en materia de despenalización del aborto, al legalizarlo hasta la semana 24 de gestación en la sentencia C-055 gracias al movimiento Causa Justa.
A partir de ello, el impacto en la despenalización social es destacable, coinciden activistas: encuestas impulsadas por la sociedad civil muestran que hoy el 48 % de la ciudadanía reconoce que el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho, mientras que el rechazo ha descendido en un 10 %. En tanto, hay un incremento en la cantidad de mujeres que buscan información para obtener el servicio.
Aunque uno de los pendientes que persiste en ese país es contar con cifras oficiales certeras, de acuerdo con datos generados por organizaciones de la sociedad civil —en particular Fundación Oriéntame—, desde la despenalización hasta julio de 2024 se han atendido 26 mil 016 procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo, de los cuales únicamente el 0.5 % fueron practicados después de la semana 22.6.
Visita nuestro especial | Cuidadoras sin oportunidades: marginación con rostro de mujer
En entrevista, Ana Cristina González Vélez, investigadora y activista pionera del Movimiento Causa Justa, destaca que esta cifra es precedente y prueba de que despenalizar el aborto de manera total —no solo considerando un periodo mayor, sino incluso eliminándolo de los códigos penales— no significa que las mujeres necesariamente elegirán interrumpirlo cuanto mayor tiempo de embarazo tengan.
“Derivado de eso la mayoría de los abortos suceden en las primeras semanas de gestación. Entonces esta fantasía de que el aborto hasta las 24 semanas iba a hacer que todas las mujeres salieran a abortar apenas cumplieran 24 semanas, pues es fácilmente desbaratable con los números”, apunta.
La realidad es que la mayoría de las mujeres buscan acceder en las primeras semanas de gestación. Otro aspecto relacionado es que antes de la sentencia C-055, no bastaba con proveer a las mujeres de información desde las organizaciones, sino que había que hacer acompañamiento administrativo y de litigio, o hacerlo con tutela.
Eso se invirtió completamente, precisa González Vélez, pues ahora una asesoría jurídica sirve para que el 72 % de las mujeres accedan al servicio de manera legal y gratuita –antes era solo el 45 %–. En tanto, antes de la sentencia se litigaban hasta un 52 % de los casos que llegaban a Causa Justa; ahora son menos del 30 %.
“Sí se ven unos cambios muy significativos en ese imaginario de la despenalización social”, subraya. Además, otro punto importante a partir de la despenalización en ese país, es que su Corte ha reafirmado la decisión muchas veces, mediante sentencias en temas relacionados con mujeres indígenas y decisiones sobre violencia obstétrica.
La especialista destaca que la decisión judicial de Colombia, como todas, por un lado es vulnerable. En este punto recuerda la revocación en los Estados Unidos de la sentencia Roe vs. Wade después de 50 años de garantía del aborto. Sin embargo, considera que en su país al mismo tiempo la decisión está apalancada en la protección de derechos fundamentales de su carta magna: igualdad, salud y libertad de conciencia.
“No es solamente la privacidad, como en el caso de Estados Unidos, sino derechos que están muy protegidos en nuestra Constitución”, puntualiza.
Aunado a ello, a partir de la despenalización ha habido otros avances normativos importantes, como regulaciones sanitarias del Ministerio de la Superintendencia Nacional de Salud y circulares, todas ellas demandadas por la derecha, lo que se ha vuelto una estrategia habitual ante el avance en la garantía de los derechos de las mujeres. Sin embargo, nada ha perdido vigencia porque no hay fallos definitivos en esas demandas ni suspensiones provisionales.
“Yo no quiero sonar triunfalista ni ingenua, pero yo sí creo que hay que reconocer que eso significó un cambio muy importante”, sostiene. Sin embargo, la otra cara de la moneda es reconocer los desafíos que persisten, sobre todo en relación a lo que viven las mujeres día a día a la hora de ejercer su derecho.
Te recomendamos | Fiscalía de Querétaro se desiste de acción penal contra Esmeralda, niña de 14 años acusada de homicidio por aborto
Pendientes desde la despenalización
En cuanto al acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, González Vélez explica que este sigue siendo problemático, pero al mismo tiempo es preciso reconocer que ahora acceden más mujeres por la vía del sistema de salud, que tiene cobertura general.
Antes de la despenalización, las cifras mostraban que entre el 1 % y el 8% –el porcentaje más alto en Bogotá– de los abortos eran legales, es decir, por la vía del sistema de salud, mientras que hoy hay un incremento que casi triplicó ese porcentaje: después de la sentencia, ha alcanzado un 23%.
“Esas mujeres experimentan barreras: tienen que buscar organizaciones para que les den información o para que les ayuden a litigar la posibilidad de acceder. El comportamiento en las ciudades es distinto: no es lo mismo estar en Bogotá que estar en un pueblo pequeño; no es lo mismo ser una mujer migrante, una niña, una mujer rural”, apunta.
Por otro lado, también se han presentado casos de criminalización, que se consideran totalmente anómalos: pese a que en 2023 la Fiscalía General de la Nación en Colombia ordenó el cierre de los procesos abiertos por el delito de aborto consentido, en 2023 se registraron aún 110 casos asociados a ese delito, y para 2024 en lugar de disminuir, se presentó un incremento del 13 %. Aun así, hay una disminución general del 72 % respecto a los registros anteriores.
“Esto evidencia que hay un aumento en la criminalización de las mujeres a pesar del marco de legalidad que da la sentencia C-055 de 2022. Se conoce que la mayoría de procesos abiertos se encuentran en Bogotá y Valle del Cauca. El movimiento insta a la Fiscalía para que haga un trabajo de difusión y pedagogía de la sentencia al interior de la entidad y de esta manera evitar cualquier tipo de criminalización”, señaló Causa Justa en un comunicado por el aniversario de la despenalización.
También lee | Desmitificar el aborto: lo que aún se cree erróneamente sobre este evento de salud reproductiva
Esto implica, además, que vuelve a repetirse un patrón que la organización ya había conocido en estudios previos, que consiste en que se criminaliza a las mujeres que voluntariamente buscaron interrumpir el embarazo, pero en ningún caso se castiga el aborto forzado. “Está muy clara la intención del que persigue, porque estamos persiguiendo la voluntad de las mujeres; es mucho más difícil sostener esto de que todo se trata de la protección de la vida fetal”, agrega González Vélez.
Al mismo tiempo, lanza una advertencia, al igual que en otras causas, ante la emergencia de los autoritarismos y los grupos antiderechos, que es generalizada en la región aunque algunos países aún escapan. Sin embargo, los marcos normativos de Colombia hasta ahora parecen bastante sólidos, sostiene, y esos discursos no son hoy la voz más dominante.
“No se nos puede olvidar que la razón por la que los antiderechos han elegido el feminismo, las feministas, la igualdad de género y nuestros derechos como el blanco de sus ataques es porque logramos avanzar mucho. Si no hubiéramos conquistado tanto, ni siquiera se tomarían el trabajo de desbaratar lo que hemos hecho; es tan amenazante para ellos, y a mí me gusta pensar que ellos no son la oposición. La oposición somos nosotras. Es interesante que se tengan que reconfigurar en torno a nosotras”, enfatiza.
Relacionado
Durante más de seis meses Gurpreet viajó en su intento de cumplir el sueño americano. Pero no tuvo éxito y fue deportado.
Gurpreet estaba esposado, sus piernas atadas con una cadena que subía hasta su cintura. Él estaba siendo dirigido por la patrulla fronteriza de Estados Unidos hacia un C-17, un poderoso avión militar.
Era 3 de febrero de este año y después de meses de un largo viaje, él se dio cuenta de que el sueño de vivir en EE.UU. se había acabado. Estaba siendo deportado a su país, India.
“Sentí que el suelo se resbalaba debajo de mis piernas”.
Gurpreet, de 39 años, fue uno de los miles de indios que en los últimos años han gastado sus ahorros para cruzar varios continentes con la idea de entrar de forma ilegal a EE.UU. a través de su frontera sur y de ese modo escapar al desempleo que acosa a la India.
Se estima que hay unos 725.000 indios indocumentados viviendo en EE.UU., la tercera nacionalidad más numerosa después de los mexicanos y los salvadoreños, de acuerdo a las cifras del Pew Research Center de 2022.
Ahora Gurpreet se ha convertido en uno de los primeros indios indocumentados que han sido deportados desde que Donald Trump asumió la presidencia de EE.UU., con la promesa de hacer una deportación masiva como prioridad.
La intención de Gurpreet era solicitar asilo basado en las amenazas que él dice que recibió en India, pero -en el marco de la orden ejecutiva de Trump de devolver a los migrantes sin darles ni siquiera la posibilidad de una audiencia para solicitar asilo- fue enviado de vuelta sin que su caso fuese siquiera considerado.
Cadenas y esposas
Cerca de 3.700 indios fueron deportados durante la era de Joe Biden, pero las nuevas imágenes de estos migrantes siendo deportados con esposas y cadenas en los pies ha generado una fuerte reacción en India.
La oficina de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. publicó un video en internet con esas imágenes, acompañadas de una música estrambótica y la advertencia: “Si cruzas de manera ilegal, serás expulsado”.
“Estuvimos sentados, esposados y encadenados por más de 40 horas. Incluso las mujeres fueron tratadas de la misma manera. Solo a los niños no los encadenaron”, le dice Gurpreet a la BBC en India.
“No nos permitían pararnos. Si queríamos usar el baño, teníamos que estar escoltados por un soldado y solo nos quitaban una de las esposas”, añade.
Los partidos de oposición en el parlamento indio protestaron frente a lo que señalaban era un “trato inhumano y degradante” para los deportados.
“Hay muchos comentarios de que el primer ministro de India, Narendra Modi, y Donald Trump son buenos amigos, entonces, ¿por qué permitió esto?”, le dijo a la BBC Priyanka Gandhi Vadra, un líder de la oposición.
Por su parte, Gurpreet dice: “El gobierno indio debió decir algo sobre esto. Ellos debieron decirle a EE.UU. que hiciera las deportaciones como las hacía antes, sin las cadenas ni las esposas”.
El vocero de la oficina de Relaciones Exteriores de India señaló que el gobierno ha comunicado a EE.UU. estas preocupaciones y, como consecuencia, en los siguientes vuelos no se encadenaron a las mujeres.
Pero las imágenes intimidantes y la retórica de Trump parecen haber conseguido el objetivo, al menos como efecto inmediato.
“Nadie va a tratar de ir a EE.UU., sobre todo por una ruta ilegal y complicada, mientras Trump esté en el poder”, dice Gurpreet.
A largo plazo, esto podría depender de si continúan las deportaciones, pero por ahora muchos de los traficantes indios, llamados localmente “agentes”, se han escondido por temor a redadas en su contra por parte de la policía india.
Gurpreet relata que las autoridades indias le pidieron el teléfono del “agente” que él había utilizado para ir hasta EE.UU., pero el traficante ya no podía ser localizado.
“No los culpo. Nosotros queríamos ir, era nuestra decisión. Ellos no vinieron a buscarnos”, señala Gurpreet.
Desempleo alto
Aunque las cifras del gobierno ponen la tasa de desempleo de apenas 3,2%, lo cierto es que la realidad es más precaria para muchos indios.
Solo el 22% de los trabajadores tienen salarios regulares. La mayoría de ellos son independientes y cerca de una quinta parte de ellos son “ayudantes sin paga”, que incluyen a decenas de mujeres que trabajan en negocios familiares.
“Dejamos India porque nos vimos obligados a hacerlo. Si tuviera un empleo que me pagara al menos 30.000 rupias (US$340) al mes, podría ayudar a mi familia y nunca pensaría en irme”, anota Gurpreet, quien tiene a su esposa, un bebé y su madre que dependen de él.
“Se puede decir lo que sea sobre la economía en el papel, pero necesitas ver la realidad en la calle. No hay oportunidades para nosotros, para trabajar o crear un negocio”, añade.
La compañía de camiones de Gurpreet estuvo entre las empresas, fuertemente dependientes del dinero en efectivo, que fueron duramente golpeadas cuando el gobierno indio, con apenas cuatro horas de aviso, retiró cerca del 86% de los billetes que estaban en circulación en el país.
Eso hizo, explica Gurpreet, que sus clientes no le pagaron más y él no pudo mantener a flote su negocio.
Y otro pequeño negocio que había montado, dedicado al manejo de logística para otras compañías, también colapsó debido a la pandemia del Covid-19.
También relata que pidió visas para viajar a Canadá y a Reino Unido, pero sus aplicaciones fueron rechazadas.
Entonces, con todos sus ahorros y con la ayuda de familiares, logró juntar cerca de US$45.000 para pagarle a un traficante para que lo ayudara en su viaje.
Una travesía de decenas de países
El 28 de agosto de 2024, él voló desde la Indiana hasta Guayana para iniciar su viaje a EE.UU.
Gurpreet marcó todas las paradas que hizo en un mapa que tiene en su teléfono.
Desde Guyana él viajó a través de Brasil, Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, la mayoría de las veces en bus, otras en carros y en bote y una parte pequeña en avión, pasando de traficante a traficante y detenido y liberado por algunas de las autoridades de los países.
En Colombia, los traficantes trataron de ponerlo en un avión hacia México, para de esa forma evitara atravesar el Tapón del Darién.
Pero la inmigración colombiana no le permitió abordar el avión, por lo que tuvo que hacer el peligroso viaje por la selva.
Un territorio denso e inhóspito entre Colombia y Panamá, el Tapón del Darién solo puede ser cruzado a pie, con riesgo de sufrir accidentes, enfermedades y ataques de bandas criminales.
El año anterior, 50 personas murieron intentando cruzar el Darién.
“No estaba asustado. He sido deportista toda mi vida, así que pensé que iba a estar bien. Pero fue la parte más dura. Caminamos durante cinco días por ríos y selvas. En muchas partes, mientras atravesaba un río, el agua me llegaba al pecho”, recuerda Gurpreet.
Cada grupo estaba acompañado por un contrabandista, o un “donker”, como Gurpreet y otros inmigrantes los llaman, una palabra aparentemente derivada del término “ruta del burro”, utilizado para referirse a los viajes de migración ilegal.
A la noche, levantaban carpas en la selva, comían un poco y trataban de descansar.
“Llovió todos los días que estuvimos ahí. Estábamos mojados hasta los huesos”, señala.
Primero los llevaron por unas montañas y después por un camino marcado con bolsas azules, que habían puesto los traficantes.
“Mi pie comenzó a hincharse, las uñas estaban destrozadas y las palmas de las manos estaban secas. Pero tuvimos la fortuna de no encontrarnos con ladrones”, explicó.
Cuando llegaron a Panamá, Gurpreet explica que él y cerca de 150 otros migrantes fueron detenidos y llevados a un lugar que lucía como una cárcel.
Tras 20 días detenidos fueron liberados y después, tras un mes de travesía, finalmente llegaron a México después de pasar por Costa Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala.
Gurpreet anota que ellos esperaron por cerca de un mes en México hasta que hubo una oportunidad de cruzar la frontera cerca de San Diego.
“No escalamos un muro. Hay una montaña cerca que escalamos. Y hay un alambre de púas que el ´donker´ cortó”, dijo.
Gurpreet entró en los EE.UU. el 15 de enero, cinco días antes de que el presidente Trump asumiera el cargo, creyendo que había llegado justo a tiempo, antes de que las fronteras se volvieran impenetrables y las reglas se tornaran más estrictas.
Una vez en San Diego, se entregó a la Patrulla Fronteriza de los EE. UU. y luego fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por siglas en inglés).
Durante la administración Biden, los inmigrantes ilegales o indocumentados comparecían ante un oficial de inmigración que realizaba una entrevista preliminar para determinar si cada persona tenía un caso de asilo.
Si bien la mayoría de los indios emigraron por necesidad económica, algunos también se fueron por temor a la persecución debido a sus antecedentes religiosos o sociales, o su orientación sexual.
Si pasaban la entrevista, los liberaban, a la espera de una decisión sobre la concesión de asilo por parte de un juez de inmigración.
El proceso a menudo demoraba años, pero se les permitía permanecer en los EE.UU. mientras tanto.
Esto es lo que Gurpreet pensó que le sucedería. Había planeado buscar trabajo en una tienda de comestibles y luego dedicarse al transporte de camiones, un negocio con el que está familiarizado.
En cambio, menos de tres semanas después de entrar en los EE. UU., se encontró siendo conducido hacia ese avión C-17 y regresando al lugar de partida.
En su pequeña casa en Sultanpur Lodhi, una ciudad en el estado norteño de Punjab, Gurpreet ahora está tratando de encontrar trabajo para pagar el dinero que debe y mantener a su familia.
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
