Sin la presencia de testigos, abogado o de un notario público, ‘L’ firmó el contrato para convertirse en gestante subrogada. Eran apenas dos hojas de papel bond sin membrete, sello o identificación fiscal de la clínica que supuestamente la contrató. Esa hoja sin validez legal, con la que no podría demandar a la empresa, es lo único que recibió como garantía de las tantas promesas que le hicieron cuando comenzó su tratamiento: por ejemplo, que si durante el procedimiento perdía el útero, se le daría una compensación de 2 mil dólares.
Sin seguro, sin indicaciones sobre los tratamientos hormonales a los que sería sometida y sin saber cómo sería el seguimiento médico o si alguien la acompañaría durante el proceso, la mujer, en ese entonces de 30 años, aceptó ser madre subrogada para una pareja de australianos. Fue en noviembre de 2019.
Con un bolígrafo negro escribió en la parte final de las hojas su nombre y la fecha, mientras que una mujer, en supuesta representación de la clínica, puso un nombre y un garabato como firma. No hubo detalles por compensaciones y atención médica en caso de complicaciones, información sobre el procedimiento durante el parto, y tampoco sobre que ella perdía el derecho a tomar decisiones sobre su cuerpo, como es el caso de un aborto aun cuando su vida estuviera en peligro.
El acuerdo se formalizó en las instalaciones de New Life México, ubicada en Cancún, Quintana Roo, uno de los 27 estados del país donde no está legislada ni regulada la práctica, pero que desde 2015 se ha convertido en el “paraíso de la maternidad subrogada” cuando en la entidad comenzó operaciones New Life, una de las agencias internacionales de subrogación más exitosas del mundo, con presencia en al menos 50 países.
New Life inició operaciones de maternidad subrogada en 2008 en la ciudad de Tbilisi, Georgia. Dos años después, sumó sucursales en Ucrania e India y hoy asegura tener presencia en 73 países, incluido México.
New Life señaló en 2018 que, en sus primeros 10 años de operaciones, apoyó con el nacimiento “de más de 7 mil bebés”, y ahora asegura que realiza la transferencia de entre 80 y 100 embriones cada mes. Según información que entregó a una pareja en octubre, actualmente en Cancún, Quintana Roo, está la única sede que opera y “en la que pueden aceptar padres solteros o del mismo sexo”, lo que ha aumentado sus actividades en el país.
La investigación global Baby Broker Investigation, en la que por nueve meses participaron periodistas de Reino Unido, Kenia, Georgia, Camboya, Estonia y reporteras en México de Animal Político, encontró que New Life opera con contratos sin valor legal, relacionando a personas con intención de contratar un vientre con mujeres vulnerables y de contextos pobres, como ‘L’, quienes aceptan las condiciones del tratamiento sin información correcta, llevando embarazos peligrosos y violando su derecho a la salud y a decidir sobre su cuerpo.
El proyecto, coordinado por Finance Uncovered y apoyado con financiamiento del Pulitzer Center, también revela cómo los posibles padres están firmando acuerdos supuestamente legales con una compañía llamada New Life Global Network LLP, una empresa ficticia registrada en Reino Unido, pero que no cuenta con personal o activos fijos.
Aunque los websites oficiales en distintos países dicen que la sede de New Life Global Network LLP “se ubica en Gran Bretaña”, en la dirección que reportan no hay operaciones ni personal; la propiedad está ocupada por un negocio de correos y otras empresas que tampoco tienen registro oficial o activos fijos. La empresa, según muestran los datos de propiedad de Reino Unido, se maneja desde firmas ubicadas en las Islas Marshall, un paraíso corporativo y fiscal en el Océano Pacífico.
Tres abogados expertos en maternidad subrogada que revisaron los contratos que New Life Global Network LLP entrega a contratantes y gestantes, incluido uno de México, coincidieron en que estos no solo violan la ley de Reino Unido, donde está registrada la empresa, sino que son inaplicables a cualquier recurso legal.
En particular, las gestantes reclutadas en otros países —como es el caso de ‘L’— no tendrían acceso a acciones legales contra New Life en caso de que algo saliera mal en el proceso en sus países.
Según los registros oficiales de México, New Life inició operaciones en 2015 tras la fundación en Quintana Roo de la empresa New Life Fertility Clinic Mexico, S de RL de CV. Como ocurre en los registros de otros países, los titulares de esa firma mexicana son la empresaria de Georgia Mariam Kukunashvil —que públicamente se dice fundadora—, y el también georgiano y “jefe del consejo de New Life” David Bezhuashvili.
Sin embargo, según pudieron constatar los periodistas de esta investigación, el contrato para el proceso de gestación en México se firma con New Life Global Network LLP, la empresa con sede en Reino Unido, y con David Bezhuashvili, que aparece como representante legal en los acuerdos.
Sobre estos hallazgos, el mismo David Bezhuashvili respondió en una carta que New Life Global Network LLP opera como la firma para marketing y operación internacional, pero que “el servicio lo proveen las compañías locales”.
Aunque para el caso mexicano no está claro cómo se regula la operación de la clínica de New Life. El estado de Quintana Roo respondió que no cuenta con datos sobre la firma, nacimientos o tratamientos registrados de maternidad subrogada porque “en el estado no hay leyes que regulen la práctica”.
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) explicó que su gestión solo implica la entrega de licencias a establecimientos autorizados para procesos de reproducción asistida, pero que no regula la maternidad subrogada porque esta no cuenta con una legislación federal.
En un listado de licencias para práctica de reproducción asistida que Cofepris entregó por transparencia en junio de 2022, no aparece la clínica de New Life en Quintana Roo, pero en uno de la administración federal anterior disponible en internet aparece con el número: 16AM230050002.
Desde junio se le solicitó entrevista, pero Cofepris no aceptó explicar el estatus de New Life para la práctica de reproducción asistida, aun cuando sus operaciones están vigentes.
David Bezhuashvili dijo que, en el caso específico de México, “New Life opera en pleno cumplimiento de la ley local (…) los términos contractuales se rigen de acuerdo con las regulaciones locales”. Aunque no dio detalles sobre qué leyes, pues en el estado no existe legislación local sobre maternidad subrogada.
Los periodistas también confirmaron que en México se puede lograr un acuerdo en el que la gestante no tenga derecho a decidir sobre la posibilidad de un aborto, independientemente de las circustancias —como que su vida esté en peligro—, ni pueda negarse a la decisión de los padres contratantes si ellos desean interrumpir el embarazo.
En los acuerdos entre New Life Global Network LLP y los padres contratantes firmados en México, se establece que deberán pagar 12 mil 500 dólares a la gestante tras el parto de un bebé, además de un pago adelantado de 4 mil 500 dólares.
También se les informa que en “caso de un embarazo ectópico” se deberán pagar mil 500 dólares de servicios médicos, de los que 500 dólares son en compensación para la gestante, y 2 mil dólares adicionales si se trata de gemelos.
En el documento que reciben las gestantes, según pudo constatar Animal Político, no se establece tarifa adicional por gemelos sino “10 mil 400 como compensación en caso de nacimiento de gemelos entre las semanas 34 y 40”, y la tarifa por el parto de un solo bebé depende en función de la semana en que este ocurra: desde 2 mil dólares “si por razones más allá de mi control el embarazo es terminado entre las semanas 20 y 26” o hasta 9 mil 400 dólares entre la semana 37 y 40.
En palabras de ‘L’, aunque en 2019 firmó un contrato sin valor legal que puso en riesgo su salud durante el embarazo que tuvo para una pareja de australianos, el procedimiento en el que participó fue un éxito: le pagaron lo que le prometieron, tuvo un embarazo sin complicaciones y se siente lista para repetir el proceso. Desde su punto de vista, la clínica hace lo necesario para garantizar que otras familias tengan a sus bebés, mientras ayudan a mujeres que lo necesitan.
Durante la investigación en México, Reino Unido, Kenia, Georgia, Camboya y Estonia también se encontró que New Life ha reclutado mujeres en refugios de violencia, privilegia madres solteras en situación de pobreza para negociar las tarifas y los contratos con ellas y, en algunos casos, ha ofrecido la “garantía” de que los padres contratantes puedan abandonar a los bebés si presentan alguna discapacidad.
La investigación completa y los hallazgos en otros países pueden leerse, en inglés, en el sitio de Finance Uncovered.
El proyecto Baby Broker Investigation contó con la participación de periodistas de Animal Político en México, iFact en Georgia, The Observer en el Reino Unido y Eesti Päevaleht en Estonia. Reporteras independientes en Kenia y Camboya también participaron. La investigación fue coordinada por Finance Uncovered y recibió apoyo y financiamiento del Pulitzer Center.
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Cumpliendo milimétricamente con una coreografía ya anunciada, este martes Nayib Bukele anticipó que se apartará de la presidencia de El Salvador durante medio año.
“Primero que nada, como todos saben, dentro de tres días aproximadamente voy a pedir una licencia a la Asamblea Legislativa para dedicarme a la campaña, y no estaré ejerciendo como presidente”, dijo el mandatario.
Bukele no especificó quién lo sustituirá en el cargo en los seis meses que quedan hasta que el 1 de junio finalice su mandato de cinco años.
Con esta decisión de pedir licencia quedará superado, según el gobierno y analistas afines, el último escollo legal para que Bukele pueda competir por un segundo mandato en las elecciones generales del 2 de febrero de 2024, después de que en 2021 la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) avalara la reelección presidencial inmediata.
Algo que sus críticos siguen sosteniendo es inconstitucional, argumentando que seis artículos de la Carta Magna la prohíben.
A continuación te explicamos lo que significa de cara a los comicios este último paso de uno de los líderes mejor valorados del mundo, quien se jacta de haber transformado el país centroamericano al liberarlo del control de las pandillas, pero sobre el que pesan señalamientos de haber incurrido en detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos para lograrlo, de maniobrar para controlar los tres poderes del Estado y de una cada vez mayor deriva autoritaria.
1. ¿Por qué Bukele pedirá una licencia de 6 meses y qué tiene que ver con la búsqueda de la reelección?
Para responder a esta pregunta hay que retroceder primero dos años, hasta la polémica resolución del 3 septiembre de 2021 con la que la entonces nueva Sala de lo Constitucional del CSJ le dio luz verde a la reelección presidencial inmediata.
Los magistrados de dicho órgano habían sido nombrados el 1 de mayo por la Asamblea Legislativa en la que ya tenía mayoría absoluta Nuevas Ideas, el partido con el que Bukele gobierna El Salvador desde 2019.
El parlamento unicameral los eligió tras haber destituido a los que hasta entonces lo conformaban, en un controvertido proceso que fue criticado dentro y fuera del país y que la oposición llegó a tachar de “golpe de Estado”.
La Sala está facultada para decidir si determinadas leyes o decretos presidenciales son contrarios a la Constitución, y era una de las instancias judiciales que había emitido veredictos contrarios a las políticas de Bukele.
En septiembre, los nuevos magistrados, que los críticos señalan de ser leales a Bukele, publicaron en la red social X (antes Twitter) una resolución de 28 páginas en respuesta a una demanda de pérdida de derechos de ciudadanía contra una diputada por presuntamente haber violado la Constitución al promover la reelección presidencial.
Con el auto sobreseyeron el proceso argumentando que carecía de fundamento, pero también hicieron una lectura de una serie de artículos de la Constitución; entre ellos, el 152.
En su ordinal primero, este artículo establece que no podrá ser candidato a presidente:
El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
Sin embargo, los magistrados consideraron que “permite que el presidente participe en la contienda electoral por una segunda ocasión y es el pueblo quien decide si este resulta electo”.
Y que para poder inscribirse como candidato, el presidente tendría que pedir un “permiso o licencia” seis meses antes del inicio del período presidencial.
Para ello, argumentaron que el texto constitucional por el que se rige hoy el país (en vigor desde 1983) “responde a las necesidades de hace 20, 30, 40 años”, y que, a la luz de los nuevos tiempos, eso representa una “excesiva restricción disfrazada de certeza jurídica y el actuar de representantes que se resisten al cambio soberano, que se resisten a escuchar la voluntad del pueblo”.
Asimismo, ordenaron al Tribunal Supremo Electoral (TSE) dar cumplimiento a la resolución y permitir que “una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”.
La posibilidad de aspirar a un segundo mandato ya había sido reconocida mediante sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2014, aunque entonces esta resolvió que había que esperar dos períodos (10 años) para optar a la reelección.
El 4 de septiembre el TSE anunció que acataría la nueva disposición del máximo tribunal. En un escueto comunicado de tres párrafos resaltó el hecho de que, si así lo deseaba el actual presidente, podría postularse de nuevo.
Y es que hasta entonces Bukele no había hecho pública su intención de volver a aspirar al cargo.
Lo anunció el 15 de septiembre de 2022, durante una alocución con motivo del aniversario de la independencia del país.
“Después de discutirlo con mi esposa Gabriela y mi familia, le anuncio al pueblo salvadoreño que he decidido que seré candidato a la presidencia de la República”, dijo el mandatario de 40 años.
El proceso que debía seguir para materializarlo lo explicó el vicepresidente Félix Ulloa durante un evento el 24 de abril, algo que los críticos tachan directamente de “farsa con aspecto de legalidad”.
Bukele debía inscribirse en un partido político, ganar las elecciones internas y presentar su candidatura ante el TSE. “Ya cuando sea candidato oficial inscrito ante el tribunal, entonces decidirá en qué momento se separa del cargo”, enumeró el también doctor en Derecho.
Y en una entrevista con la BBC, Ulloa especificó que eso último debía hacerlo “al menos seis meses antes de que comience el nuevo mandato”; esto es, antes del 1 de diciembre.
El mandatario llegó a inscribir su candidatura el pasado 26 de octubre, a pocos minutos de vencerse el plazo y con decenas de sus seguidores esperando afuera de la sede del TSE.
“El pueblo salvadoreño va a decidir si quiere seguir construyendo el nuevo El Salvador o si quieren regresar al pasado (…). Vamos, con la ayuda de Dios, a enterrar a esa oposición. Para eso necesitamos arrasar en todas las urnas”, declaró siguiendo el manual, rodeado de un fuerte dispositivo de seguridad.
Y el 3 de noviembre el TSE le dio luz verde, a pesar de los recursos de nulidad presentados por dos abogados constitucionalistas, dos partidos opositores (Alianza Republicana Nacionalista o Arena y Nuestro Tiempo) y un ciudadano particular contra la candidatura.
En su cuenta oficial de X, el ente electoral informó que la fórmula de Nuevas Ideas, compuesta por Bukele y su vicepresidente, Ulloa, fue aprobada con 4 votos de los 5 magistrados que componen ese organismo.
De acuerdo al procedimiento por ellos mismos adelantado, solo le quedaba separarse del cargo y que la Asamblea Legislativa nombrara a un sustituto provisional.
“Seguramente, este proceso lo vamos a hacer en la última plenaria de noviembre”, zanjó las dudas el propio presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, el 7 de noviembre.
Con el anuncio de este miércoles se allana el camino para que esto suceda.
2. ¿Qué dicen del proceso sus críticos? ¿Y qué señala exactamente la Constitución sobre la reelección?
“Farsa”, “conspiración”, “fraude a la Constitución”… son quizá los calificativos que más han repetido los críticos de Bukele desde aquella resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional.
Diversos abogados, organizaciones civiles y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la estatal Universidad de El Salvador (UES), por citar algunos, sostienen que la reelección presidencial inmediata es inconstitucional.
“La candidatura de Bukele, se vea por donde se vea, es contraria a la Constitución”, le reitera a BBC Mundo el abogado constitucionalista Salvador Enrique Anaya, quien presentó la demanda por la cual la Sala emitió en 2021 la polémica resolución.
También introdujo un recurso de nulidad ante el TSE, y uno de revisión al ser aquél rechazado.
“Ya sin acudir a la última frase del ordinal primero del artículo 152 es ilegal, porque ya ha sido presidente durante prácticamente cuatro años y medio en el periodo inmediato anterior al de la candidatura, en 2019-2024”, explica.
“Pero además en nuestro sistema el cargo de presidente no es renunciable, salvo por causas muy graves que debe de calificar la Asamblea Legislativa”, prosigue.
“Así que pedir permiso, licencia, exoneración, apartarse del cargo, dejarlo en depósito… es un eufemismo para no decir renuncia y es también fraude a la Constitución”, subraya.
Aclara además que el texto constitucional no habla de pedir permiso, porque este se diseñó para que no hubiera reelección inmediata.
Y argumenta, al igual que otros críticos, que al menos seis artículos de la Constitución prohíben la reelección presidencial inmediata o continua.
Los artículos de la Constitución que prohíben la reelección inmediata según los críticos de Bukele
- 88: La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos.
- 131: Corresponde a la Asamblea Legislativa: 16º- Desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un presidente provisional.
- 152: No podrán ser candidatos a presidente de la República: 1º- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
- 154: El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.
- 248: No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de Gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.
- 75: Pierde los derechos de ciudadano: 4º- Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin.
“Lo del permiso es un invento de los (magistrados) usurpadores de la Sala, aunque es la forma en la que le darán una apariencia de legalidad a la reelección”, zanja.
Con él concuerda el juez Juan Antonio Durán, y agrega que la interpretación de los magistrados es además “prevaricadora”.
“Que un juez dicte una sentencia ilegal o abiertamente injusta es delito de prevaricato y los magistrados, que son jueces, han incurrido en ello y lo saben”, le dice a BBC Mundo.
3. ¿Tiene el procedimiento seguido por Bukele algún precedente?
Todo esto hay que interpretarlo además “en el contexto de la historia constitucional de El Salvador”, señala el historiador salvadoreño Héctor Lindo Fuentes.
“Casi todas las constituciones salvadoreñas desde la de 1886, usando una redacción similar y de forma inequívoca, prohíben la reelección”, le dice a BBC Mundo quien es profesor emérito de la Universidad de Fordham, Nueva York.
Pero eso no significa que no haya habido en el pasado intentos de los gobernantes por volver a ser presidentes tras haberse vencido su período.
Un claro precedente de esto es el del general Maximiliano Hernández Martínez.
Habiendo asumido la vicepresidencia de El Salvador el 11 de marzo de 1931, en diciembre urdió un golpe de Estado para hacerse con la jefatura del Estado.
Las siguientes elecciones presidenciales eran en 1935, pero la Constitución de 1886 prohibía la reelección en al menos tres artículos.
Así que unos meses antes del fin del período, en agosto de 1934, Hernández Martínez solicitó una licencia a la Asamblea y dejó el cargo en manos de otro militar, hasta que ganó las elecciones de enero de 1935 con el 100% de los votos y en marzo inició su segundo mandato.
Cuatro años después, cuando tenía que dejar el poder, hizo reformar la Constitución para que lo habilitara para ser presidente en el período 1939-1944. El artículo 91 decía que eso se le permitiría “por esta única vez”.
Pero cinco años después se volvió a reformular, eliminando esa salvedad, con pretensiones de volver a repetir mandato. Pero una rebelión militar primero y una civil después, conocida como la “huelga de los brazos caídos”, precipitaron su caída y la salida del país.
“Realmente Bukele sigue una tradición muy larga”, advierte Lindo Fuentes. “Nuevas Ideas se llama su partido, pero muchas de sus ideas son repeticiones de lo que han hecho gobiernos autoritarios en El Salvador desde el siglo XIX”, zanja.
4. ¿Qué sigue ahora en el camino hacia los comicios de febrero?
El constitucionalista Anaya dice que ya no quedan vías internas para tratar de revertir la candidatura presidencial de Bukele.
Para quienes se oponen a ella, la opción que resta es acudir a instancias internacionales, como la Corte Interamericana. Es un mecanismo que se puede agotar, pero es sumamente lento, advierte. “Para cuando falla los hechos ya están consumados”.
Los comicios presidenciales y legislativos están previstos para el 4 de febrero de 2024, donde los ciudadanos elegibles tendrán derecho a votar por 44 alcaldes y concejos municipales, 60 diputados nacionales y la fórmula de presidente y vicepresidente que gobernará El Salvador por cinco años.
El Código Electoral salvadoreño prohíbe la propaganda electoral anticipada. Según el calendario electoral autorizado por el TSE, en el caso de los candidatos a presidente y vicepresidente solo podrán realizarla desde el 3 de octubre y hasta el 31 de enero.
Sin embargo, la oposición denuncia que Bukele vive en un “estado de propaganda permanente”.
Sea como fuere, este se encamina a los comicios con el viento a favor, según los sondeos más recientes.
Una encuesta organizada por la Universidad Francisco Gavidia en agosto apunta que el hasta ahora jefe de Estado lleva la ventaja en la preferencia popular para los comicios, con un 68,4% de apoyo.
Y otra llevada a cabo por Cid Gallup en noviembre le otorga a la fórmula presidencial que forma con Ulloa una intención de voto aún mayor: el 95%.
Muy por detrás sitúa a los otros dúos: a Joel Sánchez–Hilcia Bonilla de Arena, con el 4,3%; a Manuel flores–Werner Marroquín del FMLN con el 2,8 %; a Luis Parada-Celia Medrano, de Nuestro Tiempo, con el 2 %; y a José Renderos– Rafael Montalvo, de Fuerza Solidaria, con apenas el 1,5 %.
Bukele goza de uno de los índices de popularidad más altos en la región, a pesar de los múltiples reportes sobre violaciones a los derechos humanos durante su mandato y sus polémicas con el orden constitucional vigente.
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