Corte ampara a GIRE contra criminalización del aborto en Guanajuato; “es un logro más hacia la despenalización”, dice organización
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) para que las mujeres y personas con capacidad de gestar que sean acompañadas por la organización en la interrupción voluntaria del embarazo no sean criminalizadas por la ley.
En sesión, la Primera Sala de la Corte resolvió por unanimidad amparar y proteger a la asociación civil en contra de los artículos 159, 160, 162 y 163 del Código Penal de Guanajuato, los cuales se refieren al aborto voluntario, la sanción al personal médico que participe en la práctica y que regula la interrupción del embarazo cuando sea resultado de una violación.
En ese sentido, determinó que la “inaplicación de las normas que criminalizan el aborto voluntario en Guanajuato deberá ser llevada a cabo por parte de cualquier autoridad jurisdiccional y administrativa, específicamente, por el personal de las instituciones de salud involucrado con la práctica de la interrupción del embarazo y los agentes del Ministerio Público que reciban las denuncias por estos hechos, en aquellos casos en los que las personas a quienes se dirigen sean acompañadas por la asociación quejosa”.
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No obstante, la resolución de la Primera Sala no significa que se hayan derogado los artículos que sancionan el aborto voluntario en Guanajuato, es decir que la práctica aún es penalizada en la entidad.
“Un logro más para avanzar hacia la despenalización del aborto”
En entrevista con Animal Político, GIRE dijo que la resolución de la Primera Sala representa un logro más en el camino hacia la despenalización del aborto voluntario en México.
“Es un logro más en avanzar hacia la despenalización del aborto, también representa una evidencia de que al final del día, los criterios jurisprudenciales están a favor del derecho a decidir de la autonomía reproductiva y de reconocer que las mujeres y personas con capacidades de gestar pueden decidir sobre su cuerpo y sobre continuar o no con un embarazo”, expresó Frania Colmenero, subdirectora de la organización feminista.
Colmenero detalló que la demanda obedece a la estrategia de litigio que la asociación tiene para combatir todos los Códigos Penales en el país que criminalizan la interrupción voluntaria del embarazo.
“Lo que resuelve la Sala pues es básicamente amparar a GIRE y a las personas que GIRE acompaña para que puedan acceder a los servicios de aborto voluntario sin que esto implique alguna criminalización por parte del estado”, explicó.
Añadió que la resolución de la Primera Sala también va de la mano con los criterios que ha emitido la Corte a partir de la acción de inconstitucionalidad 128 del 2017, cuando, a través de un análisis del Código Penal de Coahuila, se determinó que el aborto voluntario criminalizado de manera absoluta es inconstitucional.
En cuanto al amparo dirigido únicamente para las personas que son acompañadas por la organización, Colmenero dijo que GIRE deberá emitir una especie de constancia de acompañamiento que permita acceder a esos servicios de salud en Guanajuato.
¿Qué sucede con la despenalización del aborto en Guanajuato?
El pasado mes de marzo, la Comisión de Salud Pública del Congreso local llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma en materia de interrupción del embarazo. En ellas se planteó que se deberán prestar servicios de salud sexual y reproductiva, así como de planificación familiar, señaló un comunicado.
En tanto, este mes, la Comisión de Justicia avaló analizar el próximo 9 de mayo las iniciativas para despenalizar el aborto.
De acuerdo con Zona Franca, el 23 de abril se dio a conocer en la comisión que el Instituto de Investigaciones Legislativas (INILEG) entregó el Protocolo de Investigación en torno al tema.
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Las mesas de trabajo estaban programadas para el 14 de marzo, sin embargo, se pospusieron a propuesta del Partido Acción Nacional (PAN) hasta que se entregara el estudio completo.
En ese contexto, Colmenero dijo que GIRE está expectante a la discusión sobre el tema en Guanajuato, pues esperan que suceda en los términos que ha ocurrido en lo últimos meses en materia legislativa en otras entidades del país.
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El atentado al aspirante presidencial, Miguel Uribe Turbay, recordó los peores años de la violencia política que se vivió en Colombia a finales de los 80 con Pablo Escobar.
Que en 2025 atenten contra la vida de un precandidato presidencial en Colombia es reabrir una herida dolorosa que muchos creían cerrada.
Fuera de la Fundación Santa Fe de Bogotá, colombianos depositan flores, velas, banderas nacionales y rezan en vigilia por Miguel Uribe Turbay.
Este senador de 39 años del partido Centro Democrático permanece grave en esa clínica tras ser baleado este sábado durante un acto político en Bogotá.
Su salud y los motivos de su intento de homicidio tienen en vilo al país. Se sabe que el sospechoso, menor de edad, fue arrestado inmediatamente.
Para aquellos que vivieron los peores años de la violencia política de finales de los 80, con Pablo Escobar en guerra contra las instituciones públicas, el atentado recuerda a aquella sangrienta campaña presidencial de 1989 cuando, en seis meses, fueron asesinados tres candidatos presidenciales.
A pesar de la barbarie cometida contra Uribe Turbay, es osado comparar la Colombia de hoy a la de entonces.
“En datos, no tenemos la gran amenaza del narcotráfico de esa época. Aunque el acto fue vil, no estamos en el nivel de sometimiento estatal a las oleadas de violencia que tuvimos en el pasado”, aclara Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en Colombia.
“Pero sí llaman la atención algunas coincidencias de entonces con la situación actual del país”, añade la investigadora para BBC Mundo.
Colombia vive en medio de una tensa disputa política protagonizada por el gobierno izquierdista de Gustavo Petro contra un amplio sector del Congreso y miembros de la oposición, enfrentados por las reformas del presidente que, en su mayoría, no alcanzan los consensos necesarios para concretarse.
Uribe Turbay, político de la agrupación de derecha Centro Democrático, critica a Petro con frecuencia.
Tanto su partido como el expresidente fundador del mismo, Álvaro Uribe Vélez, son también blanco frecuente de los reproches del presidente contra sus adversarios.
La disputa política alcanzó una tensión crítica en esta semana que acaba con todo un país pendiente de la supervivencia de un líder político baleado en público.
La polémica reforma laboral
Después de que el proyecto de reforma laboral de Petro se hundiera en el Congreso el pasado marzo, éste lleva intentando lanzar una consulta popular para que sea el pueblo colombiano quien se pronuncie y apoye, o no, sus reformas.
Dicha consulta fue también rechazada por el Congreso en mayo, pero Petro, alegando irregularidades en la votación, anunció esta semana que firmaría lanzar la consulta popular por decreto.
Esto generó un rechazo inmediato desde la oposición, varios juristas y expertos, quienes alertaron que, como poco, el “decretazo” podría romper el orden constitucional.
Horas antes del atentado, Uribe Turbay dijo en X que demandaría por prevaricato a los ministros que firmaran el decreto con el que Petro pretende lanzar una consulta popular en Colombia.
Esto ocurrió justo después de que el mandatario dijera en la misma plataforma que “ministro que no firme el decreto presidencial, de inmediato se va”.
El ya llamado “decretazo” de esta consulta popular es el origen de la tensión agravada esta semana.
“El alegato de Petro no parece convencer mucho a especialistas y juristas. Da la impresión que está cruzando la frontera en su enfrentamiento con el Congreso por más que ya tenía una retórica agresiva en contra del mismo”, le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
“Retórica violenta”
El presidente es frecuentemente criticado por sus largos trinos en X y en televisión, donde a menudo emplea un lenguaje hostil contra sus adversarios.
El atentado, precisamente, fue utilizado por algunos de sus rivales para criticar este estilo de gobierno.
Uno de los pronunciamientos más fuertes se produjo desde el exterior de Colombia.
El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo en X que “esta es una amenaza directa a la democracia y el resultado de la violenta retórica izquierdista proveniente de los niveles más altos del gobierno colombiano”.
Petro, durante su alocución presidencial en la noche del sábado, criticó -por su parte- a quienes politizan la tragedia:
“Tengo también que rechazar el intento oportunista, bajo, de truhan, de utilizar con fines políticos el dolor de la familia y del mismo Miguel Uribe Turbay (…) Los patrones del crimen repiten los patrones de la muerte de la mayoría de los dirigentes políticos de Colombia”.
Pero el presidente no es el único en utilizar sus redes para lanzar dardos contra sus oponentes.
En el caso de la reforma laboral, por ejemplo, mientras que los críticos más cautos han tildado la consulta popular como anticonstitucional, los más fervientes lo han acusado de autoritario y “dictador”.
“¡Petro cruza la línea y se convierte en dictador! Convocar su consulta por decreto es un zarpazo a la democracia, un abuso de poder descarado (…) Las Fuerzas Armadas de Colombia deben estar alerta ante cualquier golpe contra la Constitución y la democracia por parte de Petro y su Gobierno”, dijo en un par de publicaciones entre el 3 y 4 de junio en X la precandidata derechista Vicky Dávila.
Un pasado traumatizante
Aunque pide no frivolizar, Laura Bonilla, de Pares, ve en el clima político colombiano de 2025 coincidencias con la violencia de fines de los 80.
“Que esto se produzca en la llegada del primer gobierno de izquierdas de la historia moderna de Colombia hace que en la memoria colectiva fluya el pasado”, explica.
En aquellos fatídicos seis meses entre 1989 y 1990, los tres candidatos asesinados eran de corte izquierdista.
El primero, Luis Carlos Galán Sarmiento, abanderado de la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, murió el 18 de agosto de 1989 tras ser baleado por sicarios en una acción atribuida al cartel de Medellín con apoyo de sectores corruptos del Estado.
Menos de un año después, el 22 de marzo y el 26 de abril 1990, fueron asesinados respectivamente Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro Leongómez.
Jaramillo Ossa era miembro de la Unión Patriótica, alianza fundada por miembros de las Farc-EP y del Partido Comunista Colombiano en 1985.
Pizarro Leongómez era candidato de la Alianza Democrática M-19, surgida a raíz de la desmovilización de la guerrilla izquierdista M-19.
La propia madre de Uribe Turbay, Diana Turbay, murió en 1991 durante un intento de rescate tras pasar meses secuestrada por hombres comandados por Pablo Escobar.
Aquellos años fueron el punto más álgido que se recuerda de una historia política bañada en sangre en Colombia, siendo el asesinato del líder Jorge Eliécer Gaitán en 1948 el desencadenante para muchos de la violencia y la guerra que por décadas ha estigmatizado al país.
Desde entonces, políticos, miembros de la fuerza pública, sindicalistas, medioambientalistas y líderes sociales viven bajo frecuentes amenazas de muerte, presiones y atentados.
La tasa de asesinatos en Colombia sigue siendo, junto a Ecuador y Brasil, de las más altas de la región.
Según la fundación Insight Crime, dedicada a la investigación de la seguridad en América Latina y el Caribe, en 2024 Colombia registró una tasa de asesinatos de 25.4 por cada 100 mil habitantes, la más baja de los últimos cuatro años.
En 1990 la tasa de homicidios superaba los 70 por cada 100 mil habitantes.
Con una clara tendencia a la baja, comparar a esta Colombia con la del pasado es, cuanto menos, prematuro.
Podría incluso argumentarse que solo el hecho de que el país haya elegido hace tres años a su primer presidente izquierdista es signo de madurez democrática.
Pero los datos difícilmente tranquilizarán a quienes en las últimas horas viven, traumados, fantasmas de otros tiempos.
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