“Queremos la detención lo más pronto posible”: piden justicia por Ale y Andrea, dos hermanas asesinadas en Chimalhuacán
Los presuntos agresores de las hermanas Alejandra y Andrea están prófugos desde el 11 de enero de 2025, cuando las asesinaron a balazos afuera de su domicilio, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. A casi tres meses, su familia pide que sean detenidos para empezar el proceso judicial y que no se repita un caso como este.
“Nosotros queremos la detención lo más pronto posible”, dice Manuel Ávalos, papá de las víctimas, en entrevista con Animal Político.
Se refiere a José Rummin, exnovio de Alejandra, quien tenía 22 años al momento del feminicidio, y a Sebastián, tío de Rummin, quien disparó el arma de fuego contra ella y contra Andrea, asesinada a los 28 años. En el ataque también hirió a María Teresa Gutiérrez, madre de ambas víctimas y sobreviviente de las heridas de bala, y a Eduardo, tío de las jóvenes, quien también sobrevivió.
“Una súplica a los vecinos de Chimalhuacán: que denuncien a estas mujeres que pudieron sacar a mis hijas de la casa porque siento que por ahí va a avanzar más rápido la detención de estos tipos”, agrega el padre de familia.
Familia Ávalos Gutiérrez acusa ataque planeado contra sus hijas
Manuel Ávalos, conductor de autos por aplicación de 57 años, y María Teresa Gutiérrez, trabajadora del hogar de 48 años, acusan que el asesinato de sus hijas fue un ataque planeado en el que participaron al menos cinco personas: Rummin, su mamá, su tío Sebastián y dos mujeres que siguen sin identificar.
Alrededor de las 9:30 de la noche del sábado 11 de enero, las dos mujeres tocaron la puerta de la casa donde vive la familia Ávalos Gutiérrez, en la colonia Nueva Santa Cruz, en el municipio de Chimalhuacán.
Alejandra, la hija menor, les abrió, pero no las conocía. Cerró la puerta al darse cuenta de que habían sido enviadas por su exnovio Rummin, pues una de ellas mentía con que estaba metiéndose en su relación.
Las mujeres insistieron y la hermana de María Teresa Gutiérrez abrió para impedir que localizaran a Alejandra y Andrea o que las desconocidas entraran. Pero como ellas volvieron a insistir golpeando la puerta, todas salieron. Querían subir a Ale a un vehículo y su familia trató de impedirlo.
“Antes de la esquina vi a Sebastián salir de un carro, yo me puse enfrente de él y le dije que por favor a mis hijas no les fuera a hacer daño, pero él sacó la pistola y me disparó primero a mí”, rompe en llanto María Teresa Gutiérrez, en entrevista con Animal Político.
La mamá cayó al suelo, pero siempre estuvo consciente. Escuchó más discusiones, más balazos. Vio sus manos ensangrentadas y los ojos de su hija mayor que se quedaba sin vida. También vio a la madre de Rummin.
“Que se toque el corazón como mamá si ella sabe dónde están”, ruega María Teresa Gutiérrez para dar con los autores, materiales e intelectuales, de los asesinatos.
Policía de Chimalhuacán no impidió que agresores se fugaran, denuncia familia
“Imagínate llegar y ver a toda tu familia que le acaban de disparar. Es lo más horrible que he visto en mi vida”, comenta Manuel Ávalos, quien volvió a su domicilio después de un partido de futbol al que también asistieron Ale y Andrea, pero se regresaron antes que él.
Ya no pudo auxiliar a nadie para no alterar la escena del crimen que dejó cuatro víctimas. Esperó a que llegaran los peritos, que levantaran a su esposa y a Alejandra y las llevaran al hospital mientras el cuerpo de Andrea estaba inmóvil en el suelo porque murió en el lugar de los hechos; además, su concuño resultó herido de bala.
Según recuerda, la calle estaba resguardada por al menos cinco patrullas de la Policía Municipal de Chimalhuacán.
“¿Qué hacen cinco patrullas donde ya estaba una persona muerta en vez darle una vuelta a la zona a ver si podían localizar a alguien?”, reclama el papá. Asegura que los avances de la investigación revelan que Sebastián ya tenía antecedentes penales.
María Teresa Gutiérrez pidió ser dada de alta voluntariamente ese mismo día para poder despedirse de Andrea, su hija mayor. Pero al día siguiente, el domingo 12 de enero, Alejandra también falleció en el hospital.
La familia interpuso una denuncia por el feminicidio de Alejandra; el homicidio de Andrea y el intento de homicidio de María Teresa y de Eduardo, esposo de su hermana. En medio de los trámites, decidieron no velar a sus hijas por el temor de otro ataque.
“Chimalhuacán es tierra de nadie”, lamenta María Teresa. El Estado de México es la entidad con mayor número de víctimas de feminicidio en el país, con 10.8 % del total nacional; y por homicidio doloso está en cuarto lugar con 6.8 % de víctimas totales en lo que va de 2025, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
¿Quiénes eran las hermanas Ale y Andrea?
Ilse Andrea Ávalos Gutiérrez arriesgó su vida por defender a su hermana. Era la hija mayor. Estudiaba Contaduría a pesar de que ya trabajaba como auxiliar contable desde hace años, pero quería terminar su carrera para ascender a un mejor puesto.
La caracterizaba ser trabajadora. Su papá y su mamá cuentan que consiguió su primer empleo cuando estudiaba el bachillerato, pues en las vacaciones de verano entró a la Feria de Chapultepec.
Cuando a su papá le pidieron recomendar a alguien de toda su confianza para el área contable de un restaurante, no dudó en decir que su hija Andrea. Y aunque en la pandemia se quedó sin trabajo, vendió pizzas con ayuda de su mamá.
Andrea era la más apegada a la familia. El fin de semana salía con su mamá a la plaza, al cine o se quedaban en casa viendo series. Con su papá disfrutaba de la Fórmula 1, el Super Bowl y los partidos de los Pumas.
“Ale era la bebé de los tres”, dice María Teresa sobre su hija menor. Alejandra Anette Ávalos Gutiérrez estaba estudiando Pedagogía.
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Le gustaba mucho bailar. La describen como divertida y ocurrente, sólo que era más cohibida con su familia que con sus amistades.
Para su mamá y su papá, el cariño que la gente le tenía a las hermanas Ávalos Gutiérrez se ve reflejado en las protestas que han realizado en el Estado de México para exigir justicia desde el 18 de enero, que fue la primera, hasta la más reciente, el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres.
Ale vivió distintos tipos de violencia en su relación
Ale y Rummin se conocieron en segundo de secundaria. Iban a la misma escuela, pero en diferente salón. Fue hasta después de que egresaron que comenzaron, por la insistencia de él, una relación intermitente, en la cual cortaban y regresaban, y ella vivió distintos tipos de violencia, desde psicológica hasta física.
Aunque la familia llegó a convivir con él, no notaron la violencia que vivía Alejandra hasta que terminaron definitivamente. Su mamá, María Teresa, encontró una carta en la que Ale le escribió a Rummin sobre sus celos, mentiras, engaños y menciona: “Cada día había más lágrimas, más peleas y más problemas hasta que llegó el primer golpe”.
Además, en al menos otra ocasión una mujer la fue a buscar hasta su casa para reclamarle, con imágenes falsas, que le seguía escribiendo a Rummin. Ale cerró sus redes, cambió su número de teléfono y acudió a terapia psicológica en su preparatoria.
Para enero de 2025 que ocurrió el feminicidio ya llevaban más de un año separados, pero él seguía hostigándola.
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El crimen de Franco fue motivado por su resistencia contra una ley que legalizaría unos condominios en la zona oeste de Río de Janeiro.
Un tribunal en Brasil condenó este miércoles a cinco hombres implicados en el asesinato a tiros de la concejala Marielle Franco y de su chofer, Anderson Gomes, ocurrido en 2018 en Río de Janeiro.
Todos ellos ocuparon cargos en el gobierno del país sudamericano.
Y, de acuerdo con la policía, la ejecución se debió a la resistencia de la también activista y su agrupación, el Partido Socialismo e Liberdade, a un proyecto de ley que legalizaría los condominios en la zona oeste de la ciudad carioca.
Los barrios del área están controlados por milicias que explotan desarrollos inmobiliarios ilegales.
Los condenados son: Domingos Brazão, miembro del Tribunal de Cuentas del Estado de Río de Janeiro; el exdiputado federal Chiquinho Brazão, hermano de Domingos; el mayor Ronald Alves de Paula, de la Policía Militar; y el expolicía militar Robson Calixto, asesor de Domingos.
El exjefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Rivaldo Barbosa, fue absuelto por el asesinato. Sin embargo, fue sentenciado a 18 años de prisión por los delitos de obstrucción a la justicia y corrupción pasiva, por haber recibido dinero de la milicia para obstaculizar las investigaciones.
“El tema político se combinó con la misoginia, el racismo y la discriminación. Marielle era una mujer negra y pobre que estaba desafiando los intereses de los milicianos. ¿Qué mensaje más fuerte se podía enviar? Y en las mentes misóginas de los perpetradores, ¿a quién le importaría eso?”, señala un comunicado del ministro Alexandre de Moraes, relator del caso.
Los hermanos Brazão, señalados como los autores intelectuales, recibieron condenas de 76 años y 3 meses de prisión cada uno por doble homicidio, tentativa de homicidio y asociación delictiva armada.
El cargo de tentativa de homicidio corresponde a que en el auto, que fue alcanzado al menos por nueve disparos, también viajaba la colaboradora de la concejala, Fernanda Chaves, quien sobrevivió al ataque.
Por su parte, Alves de Paula fue condenado a 56 años de prisión por doble homicidio y tentativa de homicidio, mientras que Calixto a nueve años de prisión por participación en asociación delictiva.
Todos quedaron inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Los hermanos Brazão
Los hermanos Brazão tienen una larga trayectoria en la política de Río de Janeiro.
Chiquinho Brazão, el hermano mayor, fue diputado federal por Río de Janeiro hasta su destitución en abril de 2025.
En octubre de 2023, fue nombrado por el alcalde de Río, Eduardo Paes, para la Secretaría Especial de Acción Comunitaria, pero dejó el cargo después de que el nombre de su familia fuera mencionado en el testimonio de Élcio Queiroz, expolicía militar arrestado y acusado de conducir el vehículo utilizado el día del asesinato de la concelaja.
Domingos Brazão, por su parte, mantuvo su cargo como miembro del Tribunal de Cuentas del Estado (TCE) hasta su condena, y recibió su compensación de 56.000 reales (más de US$10.000), incluso estando en prisión preventiva.
Exdiputado estatal y empresario de la industria petrolera, ganó sus primeras elecciones en 1996, convirtiéndose en concejal en Río de Janeiro.
Su base electoral es la zona oeste de la ciudad, cuna de las milicias del estado. En el año 2000, se postuló a la alcaldía, pero quedó en octavo lugar; su labor siempre fue regional.
En 2015 fue elegido miembro del Tribunal de Cuentas del Estado.
Controvertido, el nombre de Brazão fue incluido en un informe sobre milicias de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro en 2007.
El asesor del Tribunal de Cuentas siempre negó las acusaciones de participación en delitos e irregularidades. Las atribuyó a disputas políticas, a la lucha por votos y a bastiones electorales.
Brazão admitió, sin embargo, haber asesinado a un hombre durante un debate legislativo en 2014.
“Sí, maté a alguien”, dijo Brazão, quien también reconoció haber sido arrestado por el crimen, pero afirmó haber sido absuelto, según el periódico O Dia.
“Pero eso fue hace más de 30 años, cuando tenía 22 años. Fue un matón que fue a mi calle, a mi casa, el día de mi cumpleaños, para confrontarme a mí y a mi familia. La justicia falló a mi favor”, afirmó en aquel momento.
En 2017, también fue vinculado a una presunta trama de sobornos, caso del que salió airoso.
Un exdirector de la Policía
Rivaldo Barbosa, exdirector de la Policía Civil de Río de Janeiro, asumió el control de la agencia un día antes de la muerte de Marielle.
Fue condenado por obstrucción a la justicia y corrupción pasiva por usar su cargo para proteger a los hermanos Brazão de las investigaciones.
Dirigió la policía entre marzo y diciembre de 2018, dejando el cargo tras la investidura del exgobernador Wilson Witzel.
Se destacó como jefe de policía en la década de 2010, desempeñándose como director de la División de Homicidios de 2012 a 2015. Su labor resultó en un aumento en la resolución de casos de homicidio en Río.
Barbosa fue nombrado jefe de la Policía Civil en 2018 durante una intervención federal en Río de Janeiro ordenada por el entonces presidente Michel Temer tras un aumento de la delincuencia durante el Carnaval.
En la primera fase de la investigación del caso de Marielle Franco, dijo que garantizaría una investigación exhaustiva y que el crimen no quedaría impune.
En una entrevista con GloboNews, la madre de Marielle, Marinete Silva, confirmó que el jefe de policía recibió a la familia después del crimen.
“Era un hombre que decía que era una cuestión de honor para él resolver este caso”, declaró.
El mayor Ronald y Robson Calixto Fonseca
El expolicía militar Ronald Paulo de Alves, conocido como el “mayor Ronald”, está acusado de vigilar a la concejala. Anteriormente había sido arrestado por su participación en la milicia en Rio das Pedras y sus alrededores, en la zona oeste de Río.
En 2004, recibió una condecoración del entonces diputado Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro por sus servicios al Estado.
Estaba destacado en el 22.º Batallón de la Policía Militar en el Complexo da Maré y fue condecorado por el parlamentario tras un operativo que abatió a tres delincuentes en la comunidad.
Robson Calixto Fonseca, conocido como Peixe, es un policía militar retirado y exasesor de Brazão en la legislatura de Río de Janeiro y posteriormente en el Tribunal de Cuentas.
Según una denuncia presentada por la Fiscalía General de la República, también está involucrado en las milicias de Río.
Con información de Wilson Tosta para BBC News Brasil.
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