Congreso de Guanajuato rechaza la despenalización del aborto; diputada del Partido Verde cambió su voto
El Congreso de Guanajuato rechazó la despenalización del aborto. La iniciativa no consiguió la mayoría de votos en la sesión de este jueves, luego de que la semana pasada se registrara un empate.
De último momento, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Luz Itzel Mendo González, anunció que cambiaría su decisión, por lo que se sumó al voto panista y perredista. De esta manera se alcanzaron 19 votos a favor de mantener la penalización del aborto y se registraron 17 en contra.
La decisión de la legisladora desató un fuerte caos en el pleno: colectivos feministas le gritaban “¡pinche vendida, pinche vendida!”, mientras que grupos en contra de la despenalización del aborto le aplaudían y ovacionaban.
“Hablé con mujeres compañeras, hablé con mi conciencia y hoy he cambiado de opinión (…) “No soy ninguna vendida, hoy votaré a favor del dictamen”, dijo.
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Insistió en que no estaba de acuerdo con que el aborto sea tratado como un servicio más y que en Guanajuato no hay ninguna mujer encarcelada por aborto, por lo que consideraba que no era necesario quitarlo como delito para proteger a las mujeres.
“Este no es tema de colores partidistas, el Partido Verde Ecologista al cual pertenezco orgullosamente reconoce la libertad de conciencia y en uso de plena libertad hoy defiendo con serenidad mi voto, yo no quiero que las mujeres vayan a prisión pero tampoco quiero que el aborto se imponga como política pública”, expresó Mendo González.
El aborto en Guanajuato
Previo a la discusión, organizaciones civiles hicieron un llamado a resolver el empate de la votación anterior y garantizar los derechos reproductivos de las mujeres; recordaron que el acceso a la interrupción del embarazo es un tema de salud pública, particularmente en un estado que durante 2023 fue la segunda entidad con mayor incidencia de abortos en el país.
En 2023 Guanajuato registró 5 mil 421 abortos, según el Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios de la Secretaría de Salud de México. Mediante este se sabe también que de quienes vivieron esos eventos de salud, el 1.2 % (64) eran niñas de 10 a 24 años, y el 21.1 % (mil 143) tenía entre 15 y 19 años de edad.
Por otro lado, León (27.2 %), Irapuato (10.4 %) y Celaya (7.3 %) fueron los municipios donde hubo mayor incidencia de abortos. Del total registrado en el estado, 3 mil 065 (56.6 %) se realizaron mediante legrado uterino instrumental.
Guanajuato es uno de los estados con leyes en torno al aborto más restrictivas en el país, pues lo permite solo en casos de violación y riesgo a la vida, por lo que no permite que las mujeres guanajuatenses tengan una vida reproductiva libre de estigma y con respeto a su autonomía reproductiva.
Diputados a favor y en contra de la despenalización del aborto
Durante su intervención, la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco, destacó que la despenalización del aborto no es un asunto ideológico, sino que tiene que ver con la salud pública y con los derechos de las mujeres.
“Es un asunto de salud pública, no ideológico (…) La penalización mata en silencio, mata con miedo”.
“¿Quiénes somos nosotros para imponer? ¿Quiénes somos nosotros para obligar a una mujer a tener un destino que no eligió?”, dijo frente al pleno al enfatizar que es falso que en Guanajuato ya no se criminaliza a las mujeres que abortan.
Asimismo, destacó que de archivarse la iniciativa, las mujeres no van a olvidar. “Será una traición con nombre y apellido, y el costo será alto porque ya no estamos en el siglo pasado y esta generación está presente”, advirtió.
Recordó que ya existe un amparo en trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que podría obligar al Congreso de Guanajuato a despenalizar el aborto.
Por el contrario, el diputado del PAN, Jorge Espadas, reafirmó su postura en contra de la despenalización del aborto. “Abortar es matar. Este tema tiene que ver con la vida, y el PAN no vino aquí a debatir sobre la vida, vino a defenderla”, enfatizó.
“Las y los diputados hicimos campaña, registramos una plataforma legislativa, y ahí establecimos el compromiso con cada elector, con cada mujer y hombre: vamos a defender la vida desde la concepción. Hoy estamos cumpliendo con los ciudadanos”, afirmó.
En tanto, la diputada panista Jared González respaldó al legislador y destacó su postura en “defensa de la vida desde la concepción”, e insistió en que despenalizar el aborto significaría desproteger a las mujeres del estado.
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Tras el fallo de la Corte el gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a naciones distintas de su país de origen.
Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno brindar a los migrantes una “oportunidad significativa” para informar a las autoridades sobre los riesgos que podrían enfrentar al ser deportados a un tercer país.
Las tres juezas liberales de la corte emitieron una larga disensión argumentando que el fallo mayoritario “premiaba la ilegalidad”.
El gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
El caso surgió a raíz de una orden emitida en abril por el juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, para suspender las deportaciones de migrantes a terceros países.
El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países.
Posteriormente, el juez declaró que un vuelo de deportación a Sudán del Sur había violado su orden.
La deportación incluía a ocho migrantes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam, enviados en un avión que supuestamente se dirigía a ese país africano, un país plagado de violencia y en el que la mayoría de ellos nunca habían puesto un pie.
El vuelo, sin embargo, aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Los hombres han permanecido retenidos allí desde entonces.
Aunque la orden del juez Murphy se aplicaba a muchos migrantes, la atención pública desde entonces ha estado centrada en esos ocho hombres, que habían sido calificados por la administración Trump de “lo peor de lo peor”.
La decisión de la Corte Suprema bloquea temporalmente la orden del juez Murphy.
En su disensión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo de la mayoría, calificándola de “grave abuso”.
“Aparentemente, la corte considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares lejanos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se exceda en sus facultades correctivas cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.
“Ese uso de discreción es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.
La declaración de un solo párrafo, sin firmar, de la mayoría conservadora de la Corte Suprema no explica sus razones para poner en pausa la decisión de Murphy.
El fallo de la Corte de este lunes representa otra victoria para el presidente Trump en su búsqueda de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
“¡Que se enciendan los aviones de deportación!”, dijo la portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin.
El gobierno de Trump afirmó que los ocho migrantes vinculados al caso habían cometido “crímenes atroces” en Estados Unidos, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.
Sin embargo, los abogados de los migrantes declararon ante la Corte Suprema que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.
La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó el fallo de la corte de “horrendo”.
Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, afirmó que la decisión expone a sus clientes a “tortura y muerte”.
Poco después del fallo, los abogados de los migrantes presentaron una moción de emergencia ante el juez Murphy solicitando que continuara bloqueando las deportaciones.
En una breve orden emitida el lunes por la noche, el juez indicó que los migrantes en Yibuti por ahora están protegidos de una remoción inmediata debido a un fallo distinto emitido previamente por él.
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