Para hacer resonar la Marea Verde, surgida originalmente en Argentina en pro del derecho de las mujeres a abortar, IPAS Global, Clacai, Médicos del Mundo Francia y Reprod’Action Santé impulsan la iniciativa MAREAS (Movimientos por la Autonomía Reproductiva, la Igualdad y la Solidaridad) entre dos regiones, con la finalidad de fortalecer la capacidad comunitaria, técnica y económica de organizaciones locales en países de Latinoamérica y África.

Esto ante una realidad en la que persiste el estigma como la barrera principal, y transversal a varios países, que permea a la sociedad, los sistemas y las estructuras con ideas negativas sobre el aborto como un acto que no debería existir y, sobre todo, negando su legitimidad como un servicio más de salud.

En entrevista, Mara Zaragoza, subdirectora de fortalecimiento a las vías de acceso para el aborto seguro en Ipas Latinoamérica y el Caribe (Ipas LAC), explica que el estigma influye en políticas públicas y leyes, que incluso resultan regresivas, como en Estados Unidos, o derivan en limitaciones no técnicas o injustificadas —como ocurrió en México, en Aguascalientes— para restringir la edad o la etapa gestacional para abortar.

Si bien en lo social, continúa, podemos pensar como comunidades que el aborto no es deseable, cuando este pensamiento impregna las políticas públicas, las leyes o la normatividad, afecta profundamente los derechos de las mujeres. “No es lo mismo que una persona de la comunidad sienta incomodidad sobre el aborto, y simplemente se repliegue ante esa idea o acto, a que una política pública se elabore con base en estigmas”, especifica.

Un ejemplo de ello es cuando se limita la edad de las mujeres o personas con capacidad de gestar para tener un aborto. Esto fue lo que ocurrió en Aguascalientes, México, cuando el 28 de agosto de 2024, a menos de un año de haberlo despenalizado, el Congreso local aprobó una reducción del límite para abortar de 12 a 6 semanas de gestación, mediante una reforma en la que también eliminó la categoría personas gestantes y suprimió las causales imprudencial, riesgo a la salud y peligro de vida.

Esto pese a las sentencias previas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que han declarado inconstitucional la despenalización del aborto, y pese a que las directrices sobre la atención para el aborto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen explícitamente que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que restrinjan el aborto basándose en supuestos, mientras que sí se recomienda que el aborto esté accesible a demanda de mujeres, niñas y personas embarazadas.

De igual manera, ese documento establece que no se recomienda la promulgación de leyes y otras reglamentaciones que prohíban el aborto basándose en límites de edad gestacional, lo que también subraya Zaragoza al apuntar que esos son ejemplos muy claros de limitaciones que no responden a consideraciones técnicas, sino a estigmas.

A la hora de establecer estas condiciones arbitrarias, también sería conveniente pensar un poco en aquellos abortos que son necesarios porque la vida de una mujer o persona gestante está en riesgo, porque se ha vuelto peligroso o porque su salud está amenazada por alguna condición de salud preexistente o detonada por el embarazo. Otro factor importante a considerar son aquellos que buscan cesar los efectos de una violación.

“Mujeres, niñas y jóvenes viven constantemente embarazos que no buscaron, que no desearon, que les fueron impuestos con coerción o violencia, y creer que ese aborto no es legítimo, evidentemente no hay razones técnicas tras ello, sino una consideración de que al final el aborto no es correcto, y esto permea políticas públicas que inhiben derechos, obstaculizan y erigen barreras”, subraya.

¿Cómo surge y en qué consiste MAREAS?

MAREAS es un proyecto internacional que busca unir dos continentes, América y África, en donde existen países con diferentes grados de aceptación, desarrollo y libertad respecto al aborto.

Las naciones involucradas son Benín, República Democrática del Congo, Madagascar, Uganda, Kenia y Senegal, en África, y Argentina y México, en Latinoamérica. El nombre se deriva de la Marea Verde surgida en Argentina, país que persiguió largamente la despenalización del aborto, con intentos que poco a poco se consolidaron en una gran campaña por el aborto seguro.

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“Lograron una movilización impresionante, salieron a las calles, exigieron los derechos, la despenalización, y lograron aglutinar a personas en lo individual, pero también a organizaciones exigiendo este derecho. El impacto de esta campaña fue tan grande que aun dentro de las estructuras oficiales de salud, por ejemplo, hay muchas integrantes, médicas, enfermeras, trabajadores sociales, directores de hospitales, personal de salud que si bien tienen esta profesión, en su vida comunitaria y social son parte de la campaña”, explica.

Ese movimiento permeó prácticamente en toda la región latinoamericana, incluso en contextos restringidos, como Centroamérica, donde a pesar de que las leyes no lo permitan, la comunidad, de manera individual, las organizaciones y las colectivas encabezan la lucha aunque haya restricciones serias no solo de persecución, sino de criminalización hacia el aborto. La Marea Verde, a final de cuentas, es muestra de que más allá de las leyes y políticas, si una sociedad organizada tiene oportunidades de cohesión y financiamiento, es poderosa, puede hacer escuchar su voz e incluso exigir derechos e influir en la desestigmatización del aborto a nivel social, legal y político.

Hoy incluso países de África han sido permeados por ese fenómeno, pero también han gestado sus propios movimientos nacionales y locales de búsqueda de derechos, que encuentran reflejos en la Marea Verde. Además, gracias a las organizaciones que ya tienen nodos en ambas regiones, como IPAS, existen diálogos previos: se comunican, conviven e intercambian experiencias y lecciones.

“Lo que estamos haciendo es aprovechar esta gran capacidad de cohesión y unirnos con otras organizaciones para consolidarnos como un consorcio en donde tenemos acciones compartidas en este proyecto. Esto para operarlo y apoyar a organizaciones locales en diferentes países, con iniciativas diversas, que desde ámbitos comunitarios puedan establecer diálogos, hacer campañas, fortalecer los sistemas de salud, sensibilizar y hacer capacitación”, explica Zaragoza.

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La raíz del proyecto es el fortalecimiento de la capacidad comunitaria, técnica, pero también económica, a través de subvenciones, de lo local, subraya. Con ello, las cinco organizaciones buscan consolidar un movimiento capaz de desafiar las estructuras del poder, cuestionar la normatividad, los lineamientos, las leyes y políticas e incluso permitir a personas que son parte de estructuras institucionales identificarse y abrir espacios donde se puedan generar cambios aun dentro del sistema.

MAREAS ante contextos regionales y locales diversos 

La iniciativa MAREAS recorre países de dos regiones diversas entre sí, pero también con diferencias locales importantes en todo tipo de ámbitos, e igualmente en lo relativo a sus regulaciones y restricciones en torno al derecho de las mujeres y personas gestantes a abortar.

Mientras que Argentina logró una despenalización hasta las 14 semanas a nivel nacional desde 2020 —que hoy se enfrenta a un gobierno con discursos regresivos—, lo que marcó un hito en Latinoamérica, México se posicionó como un país de referencia tras la despenalización en la Ciudad de México en 2007; sin embargo, en nuestro país tomó años que se empezara a extender en el resto del territorio.

Otro paso importante marcó un precedente en México: la resolución de 2021 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional la criminalización del aborto. Aunque a partir de entonces se consideró que nuestro país había despenalizado a nivel nacional, en realidad el delito se persigue en el fuero común de cada entidad de la República, por lo que para hacerla efectiva se requiere que cada una de ellas reforme sus leyes locales.

En 27 de 32 estados el aborto ya se ha despenalizado mediante reformas a los códigos penales aprobadas por los congresos locales, o por la vía judicial gracias a resoluciones de la Suprema Corte; sin embargo, en al menos cuatro todavía está pendiente legislar para armonizar las leyes locales. En tanto, Guanajuato, Querétaro, Nuevo León, Tamaulipas y Sonora siguen sin despenalizarlo.

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“Existe, sin duda, la obligatoriedad de respetar la medida de nivel constitucional, pero para que eso se materialice, se necesita que las instituciones, el personal que provee servicios, sepa que estos deben de estar disponibles, pero también se necesita que a nivel comunitario esto se reconozca como un derecho, se exija y se reivindiquen los derechos. Entonces hay un trabajo importante que hacer”, opina Zaragoza.

En tanto, en el caso de los países africanos, en Benín se han logrado avances con una despenalización hasta las 12 semanas en caso de dificultades socioeconómicas, lo cual es muy significativo, pues gran parte de los abortos en los sistemas públicos están relacionados con la falta de recursos. Es importante para la activista destacar que a nivel global se busca la exigibilidad del derecho en el sistema público.

En cambio, en Senegal el aborto está severamente restringido y criminalizado, y se permite solo para salvar la vida de las mujeres embarazadas. Además, en contextos muy específicos, la vida suele interpretarse solo en su faceta fisiológica, mientras que las amenazas a esta y al bienestar también atraviesan lo social, psicológico y económico.

En la República Democrática del Congo, donde persiste una grave afectación a los derechos de las mujeres, se han adoptado estándares y directrices un poco más progresistas: desde el 2019, se acepta el aborto en varias zonas del país por diferentes motivos, pero no está ampliado a todo su territorio, como sucede en México.

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En Madagascar, por otra parte, hay un entorno muy hostil para el ejercicio de los derechos reproductivos, con iniciativas muy incipientes de legalización, y una sociedad civil trabajando por el derecho. En tanto, en Kenia desde 2010 rige una nueva constitución que reconoce la salud como un derecho, incluido el aborto y la atención posaborto como un tratamiento médico de emergencia, lo que lo coloca en mejores condiciones.

Sin embargo, en Uganda a lo largo de los años se han ido reduciendo las oportunidades y los derechos en espacios cívicos. El aborto sigue siendo altamente restringido, con zonas grises y vacíos en sus leyes, lo cual no deja claro cuáles son los casos en los que las mujeres pueden tener la oportunidad de acceder a un aborto. En todos esos países, a pesar de las restricciones, hay movimientos sociales vibrantes, subraya Zaragoza, y organizaciones que con recursos y asistencia técnica, pueden incidir en la realidad de sus países, lo cual les ofrecerá MAREAS.

Al mismo tiempo, advierte que a nivel global, las organizaciones ya están acostumbradas a los movimientos antiderechos, con algunos momentos más activos, como el presente, que es de mucha resistencia y fortalecimiento de estos grupos mediante el afinamiento de sus narrativas, así como la internación en estructuras. Los mejores ejemplos son Argentina y Estados Unidos, con la regresión de la sentencia Roe vs. Wade, que desapareció la protección constitucional al aborto.

“Esto nos demuestra que los derechos hay que defenderlos siempre, que en ningún momento puede el movimiento feminista y el movimiento de derechos bajar la guardia, porque sin duda son grupos muy bien organizados, también bien financiados, con estrategias claras.

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“Como organizaciones que buscamos el derecho a la vida de las mujeres, el respeto y la defensa del espacio cívico, democrático y de la ciudadanía, no nos queda más que estar vigilantes, escuchar sus argumentos, conocer dónde están, cómo se movilizan, y permanecer siempre activando acciones resilientes, en defensa y promoción de los derechos de maneras muy específicas; no dejar espacios sin información, sin contenido”, invita.

Además, es preciso recordar que para los movimientos feminista y de derechos, el aborto es una opción legítima y válida que las mujeres tienen derecho a elegir o no, mientras que el movimiento antiderechos busca activamente infiltrarse en las estructuras y movilizar a mujeres para influenciar directamente su decisión.