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Departamento del Tesoro en EU sanciona a 13 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Sonora acusados de traficar fentanilo
Departamento del Tesoro en EU sanciona a 13 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Sonora acusados de traficar fentanilo
La OFAC a 13 miembros del Cártel de Sinaloa varios de los cuales son fugitivos y a cuatro entidades con sede en Sonora, México. Foto: Departamento del Tesoro
3 minutos de lectura
Departamento del Tesoro en EU sanciona a 13 presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Sonora acusados de traficar fentanilo
Integrantes del Cártel de Sinaloa y cuatro empresas en Sonora fueron sancionados por su presunta relación en el tráfico de fentanilo a EU
07 de noviembre, 2023
Por: Redacción Animal Político
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Estados Unidos sancionó a 13 presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa y cuatro empresas que operaban en Sonora y están presuntamente relacionadas con el tráfico de fentanilo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de EU informó que entre las personas sancionadas está a Juan Carlos Morgan Huerta, “El Cacayo”, actualmente fugitivo.

Sin embargo lo consideran como supuesto jefe de plaza con una red en Nogales, Sonora, y supervisaba el tráfico de toneladas de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo a través de camiones con remolque.

En la lista también están algunos de sus familiares como cuatro de sus hermanos José Arnoldo “Chachio”, José Luis “Gordo”, Miguel Ángel y Martín Morgan Huerta. Así como a su tío, Oscar Murillo Morgan, también conocido como “Chino”.

“Cada uno desempeña un papel fundamental en la organización en acciones como sobornos, obtención de fuentes de suministro de drogas ilícitas, la gestión del transporte y logística, negociación de acuerdos comerciales y el lavado de ingresos de drogas ilícitas”, detalló el Departamento del Tesoro.

Otros sancionados son David Alonso Chavarin Preciado, Jesús Francisco Camacho Porchas, Oscar Enrique Moreno Orozco, Ramiro Martín Romero Wirichaga, Sergio Isaías Hernández Mazón y Álvaro Ramos Acosta, así como el colombiano Cristian Julián Meneses Ospina.

La OFAC incluyó también a cuatro empresas: un restaurante con sede en Nogales, Sonora, Conceptos Gastronómicos de Sonora, S. de RL de CV también conocido como “Habanero’s” y una empresa minera, Morgan Golden Mining, SA de CV , que tiene su sede en Hermosillo, Sonora.

Además de una empresa comercial de piedra, Comercializadora Villba Stone, SA de CV , y una empresa de importación/exportación, Exportadora del Campos Ramos Acosta, S. de RL de CV.

De acuerdo con el comunicado, las acciones fueron coordinadas “estrechamente” con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con esto, todas las propiedades e intereses en la propiedad de las personas que se encuentran en Estados Unidos o en posesión o control de las personas de Estados Unidos deben ser bloqueadas e informadas a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros.

fentanilo departamento del tesoro
La cción fue coordinada “estrechamente” con el Gobierno de México, incluida la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Foto: Archivo Cuartoscuro

Sancionan a familiares del “Chapo” ligados a red de tráfico de fentanilo

Estados Unidos sancionó en julio de 2023 a una red de fentanilo dirigida por el cártel de Sinaloa, concretamente por familiares de los narcotraficantes mexicanos Joaquín el “Chapo” Guzmán y los hermanos Zamudio Lerma, informó el Departamento del Tesoro.  

El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden le ha declarado la guerra al fentanilo, un opioide hasta 50 veces más potente que la heroína que ha causado buena parte de las casi 110,000 muertes por sobredosis en el país en 2022.

Washington afirma que la mayor parte del fentanilo que entra a Estados Unidos proviene de los cárteles mexicanos que lo fabrican con sustancias (llamadas precursores) que importan sobre todo de China.

la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 10 individuos y una empresa radicada en México por estar “relacionados con proveedores de precursores químicos” y por actuar al servicio del cártel de Sinaloa y Los Chapitos, señala el Departamento del Tesoro en un comunicado.

La OFAC asegura que los mexicanos Noel López Pérez y Ricardo Páez López están “implicados en el tráfico y transporte de drogas, venta de precursores químicos, supervisión de laboratorios de drogas ilícitas, túneles transfronterizos y operaciones de represión para Los Chapitos”.

El primero de ellos es cuñado del “Chapo” Guzmán, encarcelado en Estados Unidos, y el segundo es primo materno de dos Chapitos.

También castiga a los mexicanos Dora Vanessa Valdez Fernández, Néstor Isidro Pérez Salas (alias “Nini”), Óscar Noé Medina González (alias “Panu”) y Jeuri Limón Elenes, quien trafica con metanfetaminas.

 

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Colectivo 82: los 8 estudiantes colombianos desaparecidos por la policía en los años 80 que ahora recibieron un título universitario
5 minutos de lectura
Colectivo 82: los 8 estudiantes colombianos desaparecidos por la policía en los años 80 que ahora recibieron un título universitario

En 1982, 13 jóvenes colombianos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por la fuerza pública.

10 de abril, 2024
Por: BBC News Mundo
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En 1982, 13 jóvenes colombianos, la mayoría de ellos estudiantes universitarios, fueron detenidos, torturados y desaparecidos por fuerzas policiales.

Este 8 y 9 de abril, 42 años después de estos hechos, la Universidad Nacional de Colombia les entregó simbólicamente el título universitario a 4 de ellos.

“Hemos buscado en cada rincón, tocado cada puerta y agotado todos los recursos en nuestra búsqueda desesperada por encontrar a Humberto”, expresó Teresa Sanjuán al recibir el título de su hermano menor, Samuel Humberto.

En total, la universidad graduará simbólicamente a ocho estudiantes que fueron desaparecidos en 1982 por una alianza entre el F2, una temida estructura de inteligencia de la policía colombiana que se disolvió en 1995, y el grupo narcoparamilitar asociado a Pablo Escobar Muerte A Secuestradores (MAS).

Samuel Humberto fue detenido en Bogotá cuando tenía 22 años. Estudiaba Antropología. Desde el 8 de marzo de 1982 su familia no volvió a saber de él ni tampoco de su hermano, Alfredo Rafael, estudiante de Arquitectura e Ingeniería Catastral.

Alfredo y Humberto eran líderes estudiantiles. Según una de muchas versiones, fueron quienes pintaron la emblemática imagen del Che Guevara (que ha sido borrada y se ha vuelto a pintar decenas de veces) en uno de los costados de la plaza principal de la Universidad Nacional.

Son dos de las 13 víctimas de desaparición forzada cuyas familias se agrupan en el Caso Colectivo 82.

Sin conocerse previamente, las familias de los 13 jóvenes se unieron hace décadas para crear la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, dedicada a reclamar que se busque a los desaparecidos en Colombia.

En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado por las desapariciones. Y en 2022 fueron declaradas crímenes de lesa humanidad.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, son más de 100.000 los desaparecidos en el marco del conflicto armado colombiano.

La larga lucha por obtener justicia

Teresa Sanjuán
Getty Images
Teresa Sanjuán, hermana de los desaparecidos Humberto y Alfredo.

La Comisión de la Verdad, la institución creada por el Acuerdo de Paz con las FARC para reconstruir el largo conflicto colombiano, describió el Estatuto de Seguridad del gobierno de Julio César Turbay (de 1978 a 1982) como un momento de intensa estigmatización de los universitarios de izquierda por parte del Estado y la fuerza pública.

Fue en ese contexto que los ocho estudiantes universitarios, tres campesinos, un mecánico y un sastre fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el F2 en Bogotá y Cundinamarca entre marzo y septiembre de 1982.

Se los acusaba sin ninguna prueba de estar implicados en el secuestro y asesinato de los tres hijos del narcotraficante José Jader Álvarez, de 5, 6 y 7 años.

A cuatro de ellos se los vinculó en la investigación penal.

A dos, se los terminó condenando después de que hubieran desaparecido y, según sus abogados, “sin haberse llevado a cabo un juicio justo en el que pudieran defenderse con el pleno de garantías”.

Desde entonces, las familias de las víctimas acusaron a José Jader Álvarez y agentes de la fuerza pública de colaborar para hacer desaparecer a los jóvenes.

El caso fue inicialmente investigado por la justicia militar. Al menos 20 agentes fueron vinculados, pero en 1987 un inspector de policía decidió cerrarlo.

En 1992, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado fue responsable de las desapariciones y decretó, además, que no podía ser la justicia militar quien investigara el caso por tratarse de graves violaciones a los derechos humanos.

Pero no fue hasta 2008 que la Fiscalía colombiana pidió una revisión del caso, al reconocer que hubo una “omisión protuberante en el deber del Estado de investigar”. En junio de 2011, el caso se reabrió, pero desde entonces no se ha avanzado ni en sanciones para los responsables ni en la búsqueda de los jóvenes.

Al cumplirse 40 años de las desapariciones, Cajar, el colectivo de abogados que acompaña a las víctimas del Colectivo 82, pidió declarar el caso como un crimen de lesa humanidad.

La Fiscalía lo hizo tras reconocer que la investigación ha estado rodeada por un “halo de impunidad y desidia”.

Un capítulo que no se cierra

Universidad Nacional de Colombia
Getty Images
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, son más de 100.000 los desaparecidos en Colombia durante el conflicto.

Solo dos de las 13 personas desaparecidas del Colectivo 82 han sido encontradas.

Teresa y Yolanda siguen buscando a sus hermanos, Alfredo Rafael y Samuel Humberto, y reclamando justicia.

“Quisiera decirles que llevo su sangre en mis venas, sus ideales en mi cabeza, sus canciones en mis oídos y su amor en mi vida”, les escribió en una carta pública Hilda Maritza, hija de Teresa, a sus tíos que desaparecieron cuando era apenas una niña.

Martha Ospina, hija de otra de las víctimas del Colectivo 82, les escribió a quienes desaparecieron a su padre: “Deseo que la conciencia los toque y los moleste y los conmueva a contar la verdad”.

El título que les otorga la Universidad Nacional a los ocho desaparecidos es para sus familias una medida de reparación y un homenaje.

“Es una lucha para que la memoria no desaparezca. Son homenajes que hay que rendirle solamente por su memoria, porque no tenemos más”, expresó Teresa en la graduación simbólica de su hermano Samuel Alberto.

Los 13 desaparecidos del Colectivo 82 son Orlando García Villamizar, Pedro Pablo Silva Bejarano, Alfredo Rafael Sanjuán, Samuel Humberto Sanjuán, Rodolfo Espitia Rodríguez, Edgar Helmut García Villamizar, Gustavo Campos Guevara, Hernando Ospina Rincón, Rafael Guillermo Prado, Edilbrando Joya Gómez, Francisco Antonio Medina, Bernardo Acosta Rojas y Manuel Darío Acosta Rojas.

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