Para entender mejor
El barco humanitario Madleen, que llevaba ayuda a Gaza con la activista sueca Greta Thunberg a bordo, fue desviado por las autoridades israelíes, que declararon que sus pasajeros deberán “regresar a sus países”.
El barco de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC), un movimiento internacional no violento de solidaridad con los palestinos, zarpó de Italia el 1 de junio con el objetivo de entregar ayuda a Gaza.
“Se perdió la comunicación con el Madleen. El ejército israelí ha abordado el barco”, dijo la FFC en Telegram. Afirmó que la tripulación fue “secuestrada por las fuerzas israelíes”.
“Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales”, indicó Thunberg en un video pregramado divulgado por la FFC.
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La organización dijo en un comunicado que las fuerzas armadas israelíes interceptaron al Madleen a la 01:02 hora local cerca de la costa de Gaza.
El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó que su marina desvió el barco a las costas israelíes.
“El ‘yate de selfies’ de las ‘celebridades’ está navegando de manera segura a las costas de Israel. Se espera que los pasajeros regresen a sus países de origen“, publicó el ministerio en sus redes sociales.
“La diminuta cantidad de ayuda en el yate que no fue consumida por las ‘celebridades’ será transferida a Gaza por los canales humanitarios reales”, agregó el ministerio.
El territorio palestino, gobernado por Hamás, enfrenta un bloqueo israelí desde antes del inicio de la actual guerra, desencadenada tras el ataque de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023.
A bordo del barco hay ciudadanos de Alemania, Francia, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos, quienes esperaban llegar a la Franja de Gaza la mañana del lunes.
Entre ellos está, además de Thunberg, la eurodiputada francesa Rima Hassan.
Los activistas dijeron en X que anticipaban ser interceptados y “atacados” por Israel, y pidieron a sus gobiernos protegerlos.
El gobierno israelí acusó a “Greta Thunberg y los otros de intentar montar una provocación mediática con la única intención hacer publicidad”.
En mayo, otro barco de la Flotilla de la Libertad denunció haber sido atacado con drones.
Israel enfrenta fuerte presión internacional para poner fin a la guerra en Gaza, cuya población es bombardeada a diario, y la ONU advirtió que está en riesgo de hambruna por las restricciones israelíes a la ayuda.
En Gaza, la Defensa Civil informó que los ataques israelíes mataron al menos a 10 personas este domingo.
Los civiles se dirigían a un centro de distribución de ayuda al oeste de Rafah, en el sur de Gaza, gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), contaron testigos.
El organismo, con una financiación opaca respaldada por Estados Unidos e Israel, es objeto de críticas de la ONU y de varias organizaciones humanitarias, que se niegan a trabajar con ella.
El Ejército israelí dijo que disparó contra personas que “siguieron avanzando de forma que ponían en peligro a los soldados” a pesar de las advertencias.
La GHF aseguró en un comunicado que no hubo incidentes ni heridos “en ninguno de los tres sitios” que gestiona el organismo.
La Defensa Civil también reportó que otras cinco personas, entre ellas dos niñas, murieron en un ataque nocturno que impactó contra una tienda de campaña en el campo de desplazados de Al Mawasi, en el sur de Gaza.
El ataque de Hamás en Israel de octubre de 2023, que desató la guerra, provocó la muerte de mil 218 personas del lado israelí, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en datos oficiales.
De las 251 personas secuestradas ese día, 55 siguen cautivas en Gaza, y, de estas, al menos 31 han muerto, según las autoridades israelíes.
Más de 54 mil 880 palestinos, en su mayoría civiles, murieron en la operación militar israelí, según datos del Ministerio de Salud gazatí, considerados fiables por la ONU.
El Ejército israelí afirmó este domingo que localizó e identificó los restos de Mohamed Sinwar, presunto dirigente del movimiento islamista palestino Hamás en Gaza, asesinado en un bombardeo el 13 de mayo.
Tras el fallo de la Corte el gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
La Corte Suprema de Estados Unidos permitió a la administración del presidente Donald Trump reanudar las deportaciones de migrantes a naciones distintas de su país de origen.
Con seis votos a favor y tres en contra, los jueces revocaron una orden de un tribunal inferior que exigía al gobierno brindar a los migrantes una “oportunidad significativa” para informar a las autoridades sobre los riesgos que podrían enfrentar al ser deportados a un tercer país.
Las tres juezas liberales de la corte emitieron una larga disensión argumentando que el fallo mayoritario “premiaba la ilegalidad”.
El gobierno podrá ahora enviar a los migrantes a una base militar estadounidense en Yibuti o Sudán del Sur.
El caso surgió a raíz de una orden emitida en abril por el juez de distrito Brian Murphy, con sede en Boston, para suspender las deportaciones de migrantes a terceros países.
El juez afirmó que esos migrantes tenían derecho al debido proceso, es decir, a ser notificados de su destino y a la oportunidad de argumentar que corrían peligro de ser torturados o asesinados si eran enviados a dichos países.
Posteriormente, el juez declaró que un vuelo de deportación a Sudán del Sur había violado su orden.
La deportación incluía a ocho migrantes de Myanmar, Sudán del Sur, Cuba, México, Laos y Vietnam, enviados en un avión que supuestamente se dirigía a ese país africano, un país plagado de violencia y en el que la mayoría de ellos nunca habían puesto un pie.
El vuelo, sin embargo, aterrizó en Yibuti, donde hay una base militar estadounidense. Los hombres han permanecido retenidos allí desde entonces.
Aunque la orden del juez Murphy se aplicaba a muchos migrantes, la atención pública desde entonces ha estado centrada en esos ocho hombres, que habían sido calificados por la administración Trump de “lo peor de lo peor”.
La decisión de la Corte Suprema bloquea temporalmente la orden del juez Murphy.
En su disensión, las juezas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson criticaron el fallo de la mayoría, calificándola de “grave abuso”.
“Aparentemente, la corte considera más aceptable la idea de que miles de personas sufran violencia en lugares lejanos que la remota posibilidad de que un tribunal de distrito se exceda en sus facultades correctivas cuando ordenó al gobierno que proporcionara la notificación y el proceso al que los demandantes tienen derecho constitucional y estatutariamente”, escribió Sotomayor.
“Ese uso de discreción es tan incomprensible como inexcusable”, agregó.
La declaración de un solo párrafo, sin firmar, de la mayoría conservadora de la Corte Suprema no explica sus razones para poner en pausa la decisión de Murphy.
El fallo de la Corte de este lunes representa otra victoria para el presidente Trump en su búsqueda de deportaciones masivas.
El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que el fallo era “una victoria para la seguridad del pueblo estadounidense”.
“¡Que se enciendan los aviones de deportación!”, dijo la portavoz de la agencia, Tricia McLaughlin.
El gobierno de Trump afirmó que los ocho migrantes vinculados al caso habían cometido “crímenes atroces” en Estados Unidos, incluyendo asesinato, incendio provocado y robo a mano armada.
Sin embargo, los abogados de los migrantes declararon ante la Corte Suprema que muchos de los detenidos no tenían antecedentes penales.
La Alianza Nacional de Litigios de Inmigración, que representa a los demandantes, calificó el fallo de la corte de “horrendo”.
Su directora ejecutiva, Trina Realmuto, afirmó que la decisión expone a sus clientes a “tortura y muerte”.
Poco después del fallo, los abogados de los migrantes presentaron una moción de emergencia ante el juez Murphy solicitando que continuara bloqueando las deportaciones.
En una breve orden emitida el lunes por la noche, el juez indicó que los migrantes en Yibuti por ahora están protegidos de una remoción inmediata debido a un fallo distinto emitido previamente por él.
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