“Está jugando con fuego”: Trump arremete contra el alcalde de Mineápolis por declarar que no aplicará las leyes migratorias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó al alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, de “jugar con fuego”, luego de que este afirmó que la ciudad no aplicará las leyes federales de migración. Esta declaración se registra en el marco de las protestas contra las redadas migratorias y el asesinato de dos personas a manos de agentes.
“Sorprendentemente, el alcalde Jacob Frey acaba de declarar que ‘Minneapolis no aplica ni aplicará las leyes federales de inmigración’. Esto después de haber mantenido una conversación muy agradable con él”.
“¿Podría alguien de su círculo más cercano explicarle que esta declaración supone una grave violación de la ley y que está jugando con fuego?”, publicó el mandatario republicano en su red social, Truth Social.
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El alcalde Jacob Frey afirmó ayer que la ciudad no aplicará las leyes federales de migración y que su gobierno seguirá centrado “en mantener la seguridad de nuestros vecinos y nuestras calles” tras sostener una conversación con Tom Homan, encargado de la política migratoria de la Casa Blanca.
En tanto, tras el señalamiento Trump, el alcalde demócrata dijo que el trabajo de la policía de la ciudad “es mantener a la gente segura, no hacer cumplir las leyes federales de migración”.
“Quiero que prevengan los homicidios, no que persigan a un padre trabajador que contribuye a Mineápolis y es de Ecuador. Es similar a la política que tenía su amigo Rudy en Nueva York”, respondió al presidente republicano.
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Esperan “desescalada”
Mineápolis espera este miércoles la “desescalada” que el presidente Donald Trump prometió hacer en su campaña migratoria, mientras Estados Unidos sigue conmocionado por la muerte a manos de agentes federales del ciudadano Alex Pretti.
La noche del martes, Stephen Miller, alto asesor de Trump, incluso reconoció que los agentes pudieron haber infringido el “protocolo” antes del incidente en el que murió el sábado el enfermero estadounidense Alex Pretti durante un altercado con la Patrulla Fronteriza (CBP).
El fallecimiento del hombre de 37 años sigue al de otra ciudadana estadounidense, Renee Good, el 7 de enero a manos de la policía migratoria (ICE) en esa misma ciudad de 400 mil habitantes.
Dos agentes federales dispararon sus armas durante el fatal forcejeo con Pretti en una protesta en Mineápolis, según un informe del Departamento de Seguridad Nacional al Congreso publicado el martes por la prensa local.
El texto dice que un agente gritó: “¡Tiene un arma!”, mientras los agentes intentaban someter al enfermero.
“Aproximadamente cinco segundos después, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su Glock 19, proporcionada por la CBP, y un agente de Aduanas y Protección Fronteriza también disparó su Glock 47, proporcionada por la CBP, contra Pretti”, dice el documento.
No precisa si las balas de ambos agentes alcanzaron al hombre ni especifica cuántos disparos se realizaron. Tampoco menciona si Pretti desenfundó el arma que llevaba, como sugirió la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras el tiroteo, lo que generó duras críticas.
Agreden a legisladora
El martes por la noche, la legisladora demócrata de origen somalí Ilhan Omar fue agredida por un hombre que se lanzó sobre ella para rociarla con un líquido desconocido durante un mitin.
Omar, figura destacada de la izquierda estadounidense y uno de los blancos favoritos de los ataques verbales de Trump, salió ilesa y continuó con su discurso.
“Debemos abolir de una vez por todas” la policía migratoria, insistió, exigiendo la renuncia de la secretaria Noem.
La izquierda estadounidense se opone al amplio despliegue en Mineápolis de agentes federales, que han acudido para detener a un gran número de migrantes con el fin de cumplir la promesa de Trump de multiplicar las deportaciones.
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La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
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