María Corina Machado: de la clandestinidad al Nobel de la Paz y su rol en la oposición al régimen de Nicolás Maduro
María Corina Machado, una activista valiente con carisma de estrella de rock, es el rostro de la oposición al régimen autoritario del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Aclamada como “la libertadora”, en alusión al héroe de la independencia Simón “El libertador” Bolívar, Machado fue galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz por su labor.
“¿Es en serio? ¡No lo puedo creer!”, dijo en una conversación con el candidato opositor exiliado Edmundo González Urrutia.
Machado fue inhabilitada para competir contra Maduro en las elecciones de julio de 2024 y se vio obligada a esconderse tras los comicios, que la oposición y gran parte de la comunidad internacional acusan al mandatario de haber manipulado.
Aun así, siguió siendo una incansable promotora de la democracia a través de las redes sociales, donde publica videos con frecuencia asegurando a los venezolanos que el cambio está cerca.
Vestida con jeans y camisa blanca, Machado recorrió Venezuela el año pasado para hacer campaña por el fin de un cuarto de siglo de régimen socialista cada vez más represivo.
Sus discursos encendidos despiertan una devoción casi religiosa entre sus seguidores, muchos de los cuales se conmueven hasta las lágrimas al verla como su valiente “libertadora”.
En 2023, ganó las primarias opositoras con el 90% de los votos, pero las autoridades afines a Maduro la declararon rápidamente inelegible.
Machado aceptó hacerse a un lado y respaldar al candidato sustituto de último momento, el exdiplomático González Urrutia, poco conocido.
El conteo opositor de las urnas mostró que González Urrutia derrotó ampliamente a Maduro en las elecciones, pero el mandatario socialista fue proclamado ganador, lo que desató disturbios mortales, reprimidos con brutalidad.
González Urrutia se exilió tras ponerse precio a su cabeza, mientras Machado permaneció en el país para encabezar la resistencia.
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Tras meses oculta, reapareció brevemente en vísperas de la tercera investidura de Maduro, en enero, para dirigirse a un mitin opositor.
“No tenemos miedo”, declaró antes de huir en motocicleta para evitar ser arrestada.
Golpes de Estados Unidos
El anuncio del Nobel llega en un momento crítico de tensión entre Estados Unidos y Venezuela.
El presidente Donald Trump ordenó un gran despliegue militar en el Caribe sur, cerca de Venezuela, y autorizó ataques contra supuestas embarcaciones del narcotráfico que han dejado al menos 21 muertos en las últimas semanas.
Washington, que reconoce a González Urrutia como líder legítimo de Venezuela, acusa a Maduro de encabezar un cártel de drogas.
Machado ha respaldado la presión militar estadounidense sobre Maduro, considerándola una “medida necesaria” para una transición democrática en el país.
“Hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales aliados para lograr la libertad y la democracia”, escribió el viernes en X.
“Traer a nuestros hijos de vuelta”
Ingeniera de profesión y nacida en Caracas, Machado ingresó a la política en 2002 al frente de la asociación Súmate, impulsando un referéndum para revocar al mentor de Maduro, el fallecido líder socialista Hugo Chávez.
Fue acusada de traición por esa iniciativa y recibió amenazas de muerte, lo que la llevó a enviar a sus tres hijos a vivir al extranjero.
En el Parlamento, se enfrentó directamente a Chávez.
“Expropiar es robar”, le dijo en 2012, en referencia a las nacionalizaciones de cientos de empresas nacionales y extranjeras.
Durante la campaña del año pasado, se le prohibió volar, por lo que recorrió el país por carretera, con un rosario al cuello.
“Vamos a liberar el país y traer a nuestros hijos de vuelta”, prometió, jurando poner fin al gobierno de Maduro y a la grave crisis económica que ha obligado a más de 7 millones de venezolanos a emigrar del otrora próspero Estado petrolero.
En octubre, ella y González Urrutia recibieron el principal premio de derechos humanos de la Unión Europea por haber “defendido sin miedo los valores de la justicia, la democracia y el Estado de derecho.”
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La medida de paralización de los procesos migratorios afecta a las personas provenientes de 19 países no europeos.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes la suspensión de las solicitudes de inmigración presentadas por ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y otros 16 países no europeos, a los que les había restringido la posibilidad de viajar a Estados Unidos a principios de este año.
La decisión paraliza las solicitudes de residencia y ciudadanía pendientes de las personas procedentes de ese grupo de países y exige que todos los inmigrantes procedentes de esos estados “se sometan a un proceso de revisión exhaustiva”.
Además de los países latinoamericanos mencionados, la lista afecta a los ciudadanos de Afganistán, Burundi, Chad, Eritrea, Guinea Ecuatorial, Irán, Laos, Libia, Myanmar, República del Congo, Somalia, Sudán, Yemen, Sierra Leona, Togo y Turkmenistán.
La medida fue formalizada a través de un memorando del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos en el que se anuncia un proceso exhaustivo de reevaluación, para analizar a fondo “las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como cualquier otro motivo de inadmisibilidad o inelegibilidad”.
El texto oficial que detalla la nueva política hace referencia al ataque armado ocurrido la semana pasada en Washington D.C. contra dos miembros de la Guardia Nacional, uno de los cuales falleció.
Por ese ataque fue detenido como sospechoso Rahmanullah Lakanwal, un hombre afgano que había colaborado con las fuerzas estadounidenses en Kabul y que entró a EE.UU. en 2021, beneficiado por un programa que otorgó protección especial a los migrantes de ese país, tras la retirada de los militares de EE.UU. de ese país.
La oleada de restricciones ocurridas tras el ataque a los miembros de la Guardia Nacional sugiere un enfoque creciente del gobierno de Trump sobre la inmigración legal, enmarcado en la protección de la seguridad nacional.
Desde que volvió a la presidencia en enero, Trump firmó una orden ejecutiva en la que busca “proteger a los ciudadanos estadounidenses de extranjeros que puedan intentar cometer actos terroristas, representar amenazas a la seguridad nacional, promover ideologías de odio o explotar las leyes de inmigración con fines maliciosos”.
En ese contexto, Trump ha ordenado enviar a decenas de agentes federales a las principales ciudades de Estados Unidos para detener migrantes indocumentados y concretar deportaciones.
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