De los chats a las calles: el frente de ciudadanos estadounidenses que desafía la “cacería” de migrantes de Trump
“Desde que Trump anunció el ‘gran y hermoso proyecto de ley’ que aumentó el presupuesto militar y de defensa –el 1 de julio de 2025–, el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU) ha realizado redadas en diferentes ciudades del país para intentar arrestar a tantas personas como puedan, sean o no ciudadanos, sean o no inmigrantes. En Minnesota empezamos a protestar mucho antes de que vinieran, pero sabíamos que era solo cuestión de tiempo”, cuenta Wes, un joven activista.
En agosto pasado, la organización 50501 Minnesota, de la que Wes forma parte, comenzó a monitorear la actividad del edificio federal Bishop Henry Whipple para anticipar la llegada de agentes de ICE y tratar de liberar a personas detenidas. Sin embargo, tras una gran redada realizada en noviembre en una fábrica textil, el grupo convocó a protestas que, con el paso de los meses, se han vuelto cada vez más tensas ante el despliegue policial.
Desde entonces, la vida en Minnesota, un estado situado en la frontera con Canadá, en la región de los Grandes Lagos, cambió por completo. En el caso de Wes, dice que prácticamente dejó de tener tiempo libre. “Me despierto por la mañana, voy al edificio Whipple para ver cómo está la situación y cuáles serán las actividades del día. Luego me traslado al trabajo, en Lake Street, Minneapolis, y desde ahí estoy pendiente de los vehículos de ICE. A veces los veo por la ventana y salgo a confrontarlos o le pido a alguien más que lo haga. El resto del tiempo lo paso dando seguimiento a los reportes que envían los vecinos en redes sociales”.
En Minnesota, como en el resto de Estados Unidos, el espacio virtual se ha convertido en la principal herramienta de comunicación y organización ciudadana para hacer frente a las acciones del ICE. En chats vecinales y redes sociales se comparten alertas sobre la ubicación de agentes, solicitudes de apoyo de familias que no pueden salir de sus casas por miedo a ser detenidas, campañas de fondeo para pagar abogados y convocatorias a movilizaciones.
Sin embargo, conforme crece la polarización y se amplían las facultades de los agentes federales, incluso esta comunicación se ha vuelto más difícil. Los grupos reciben cada vez más reportes falsos de operativos y ataques verbales contra quienes participan en iniciativas de apoyo a la comunidad migrante. A esto se suma la incertidumbre por el posible envío de más de mil 500 soldados desde Alaska para la contención de las protestas contra los agentes del ICE, según informaron dos funcionarios a la agencia Reuters.
Silbatos contra gas lacrimógeno y balas en Minnesota
Wes es ciudadano estadounidense y participa activamente en patrullajes vecinales para confrontar a los agentes del ICE en la vía pública, además de distribuir alimentos y suministros médicos a personas que no se atreven a salir de sus casas.
“Nos organizamos en chats del vecindario para cuidarnos unos a otros. Todos estamos armados con silbatos para alertar a nuestros vecinos y amigos”, explica. “La respuesta de las autoridades, sin embargo, ha sido violenta”.
Durante las protestas, los agentes han utilizado gas lacrimógeno y balas contra los manifestantes. La tensión escaló aún más tras el asesinato de Renee Good, poeta estadounidense y madre de tres hijos, que murió por disparos de un agente del ICE, pese a que, según videos difundidos desde distintos ángulos, se retiraba de la escena.
“Ha habido una presencia ciudadana constante frente al edificio Whipple porque la gente está enojada y exige que ICE rinda cuentas”, dice Wes. “Pero ellos solo responden enviando más agentes. No quiero decir que estamos en guerra, pero estamos siendo atacados por esta administración”.
El impacto se siente en toda la ciudad. “Los restaurantes están vacíos, hay menos gente en las calles. No se necesita ser experto en política para entender que algo anda muy mal”, subraya. Aun así, el movimiento no se repliega. En los últimos días, sus acciones han incluido identificar los hoteles donde se hospedan los agentes del ICE para acudir a protestar y hacer ruido durante la noche.
Wes considera que, a diferencia del primer año de Trump en su administración anterior, ahora el presidente actúa convencido de que cuenta con un respaldo mayoritario. También cree que la violencia desatada en Minnesota tiene relación con las secuelas de los disturbios de 2020, tras el caso de George Floyd, afroamericano asesinado por un policía blanco durante un arresto en la ciudad de Minneapolis.
Pese a ello, insiste en que el movimiento 50501 —abreviatura de “50 protestas, 50 estados, un día”— se mantiene firme en la no violencia. En Minnesota, los grupos locales suman cerca de 10 mil integrantes en redes sociales, de los cuales unos 250 participan activamente como voluntarios. A nivel nacional, el movimiento cuenta con más de 399 mil seguidores.
ICE Out: mapear la persecución
Además de la organización vecinal, han surgido plataformas digitales para documentar y verificar los operativos antiinmigrantes a escala nacional. Una de ellas es ICE Out, un sitio web creado por la organización Pueblo Project.
Celeste, una de sus fundadoras, explica que la plataforma funciona gracias a donativos ciudadanos y al trabajo voluntario de más de 150 personas, encargadas de verificar y publicar más de mil 500 alertas diarias sobre la actividad del ICE.
“El proyecto empezó casi por accidente”, relata. “Vi a una creadora de contenido de Chicago que alertaba en TikTok sobre operativos migratorios. Me contacté con ella y le propuse crear un mapa. Lo anunciamos y la respuesta fue enorme”.
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Para evitar el pánico, los voluntarios verifican cada reporte con ubicación, cruces de información en redes sociales y otras fuentes. “No es solo para personas indocumentadas”, aclara Celeste. “También sirve a periodistas y a cualquiera que quiera evitar encontrarse con agentes federales”.
A su juicio, las políticas de Trump constituyen una “cacería” basada en perfiles raciales. “La gente vive con ansiedad, deja de ir a trabajar, a la escuela, a comprar comida. Y la violencia no es solo contra migrantes, también contra quienes resistimos”.
Miedo en LA: “No todos los estadounidenses están de acuerdo con esta locura de Trump”
Aunque California se ha presentado históricamente como un estado santuario, en ciudades como Los Ángeles el temor se ha instalado incluso entre ciudadanos estadounidenses.
“Las redadas siguen ocurriendo prácticamente todos los días”, explica Stephany Cuevas, activista por los derechos de las personas migrantes y ciudadana estadounidense de ascendencia mexicana. “Antes los agentes llegaban solo por la mañana, ahora aparecen a distintas horas y repiten los operativos en los mismos lugares. Escogen puntos específicos, como tiendas Home Depot o zonas donde se reúne la gente, y centros de trabajo donde saben que van a encontrar migrantes”.
El miedo, advierte en entrevista con Animal Político la también abogada, ya no distingue estatus migratorio. “No solo tienen miedo las personas indocumentadas, también residentes legales e incluso ciudadanos. La gente ya no se atreve a salir a trabajar, a la tienda, a hacer cosas normales”.
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Cuevas ha observado un endurecimiento claro en la actuación de los agentes. “Primero decían que iban por criminales. Luego comenzaron a pedir documentos a cualquiera que pareciera latino. Ahora ni siquiera eso: si te ven hispano, te detienen. No te dan oportunidad de mostrar papeles. Te arrestan y después, si acaso, te sueltan”.
Aunque, como abogada conoce perfectamente sus derechos como ciudadana, el temor persiste. “No tengo miedo por mí, pero sí por mi familia, por mis vecinos, por personas cercanas que no tienen documentos. Hay gente que ya no se atreve ni a ir a la esquina por temor al ICE”.
Desde Los Ángeles, Cuevas participa en redes de apoyo que distribuyen alimentos directamente en domicilios, recaudan fondos comunitarios para cubrir rentas y servicios, y acompañan a familias con orientación legal. “No todos los estadounidenses estamos de acuerdo con esta locura del ICE ni con Trump. Eso también hay que decirlo”, afirma.
Ha visto, además, a personas que optan por irse del país para evitar detenciones que les impidan en un hipotético regreso de manera legal. “Algunos se van para no generar un récord criminal, pero con esta administración ya no se sabe qué es verdad. Ni siquiera la vía legal está ya garantizada. Eso derrumba el argumento de ‘hazlo legalmente’”.
“Los criminales son niños y madres”
Para Martín Cruz, otro activista pro derechos de migrantes en Los Ángeles y también ciudadano estadounidense con raíces mexicanas, la narrativa oficial se desplomó desde hace tiempo.
“Supuestamente iban a localizar criminales, pero los criminales resultaron ser niños inocentes, madres inocentes”, dice en entrevista con este medio. “Personas cuyo único ‘pecado’ ha sido buscar trabajo y seguridad”.
Cruz describe una sociedad partida. “Hay estadounidenses que apoyan a los migrantes y otros que justifican todo diciendo que Trump está cumpliendo lo que prometió. Pero también prometió que íbamos a vivir mejor, y hoy todo está carísimo. Los únicos beneficiados son los millonarios”.
La violencia, advierte, es la señal más clara del rumbo que ha tomado el país. “Lo vimos con el asesinato de Renee Good en Minnesota. Dicen que atacó al agente, pero los videos muestran que se estaba retirando. Aun así, le dispararon tres veces”.
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Según Cruz, los agentes actúan “como un pitbull que no escucha razones”. “Te tiran al suelo, te ponen la rodilla en el cuello, te esposan y, si lo consideran necesario, te disparan”.
Aunque tiene pasaporte estadounidense, reconoce que él también vive con miedo. “Siempre lo llevo conmigo y mi esposa también. El racismo no es nuevo, pero estaba escondido. Trump vino a sacar lo peor de mucha gente de Estados Unidos”.
También señala una fractura dentro de la propia comunidad latina. “Hay hispanos que obtienen la ciudadanía y se olvidan de dónde vienen, de quién los ayudó. Para mí, apoyar a este gobierno desde ahí no es correcto”.
Elecciones intermedias en noviembre, esperanza y temor
Tanto Cuevas como Cruz coinciden en que las elecciones intermedias de noviembre próximo representan una esperanza frágil. “Incluso familiares que votaron por Trump ahora se están dando cuenta de que esto no los beneficia”, dice Cuevas. “Pero noviembre todavía se siente lejano”.
Cruz observa avances demócratas en estados clave y cree que eso puede atemorizar a Trump. Sin embargo, ambos temen que, ante ese escenario, la administración radicalice aún más la persecución para exacerbar al electorado más conservador.
“Parece que está tratando de hacerlo todo más caótico para impedir que lleguemos al punto de poder votar, o que lleguemos en un clima de mucha crispación”, concluye Cuevas.
Arizona: redes de observación, boicots y protestas frente al ICE
En Arizona, uno de los estados históricamente más hostiles para la población migrante, el clima de persecución se ha profundizado durante el segundo mandato de Donald Trump. Kai Newkirk, maestro de meditación y fundador de Arizona for All, una organización defensora de derechos humanos, describe un escenario de miedo extendido tanto en la comunidad como en su propia familia. Su organización forma parte de una coalición ciudadana que creó una red de observadores para vigilar las actividades del ICE, informar a las personas sobre sus derechos y documentar operativos que consideran ilegales.
La red trabaja en barrios de Phoenix para alertar sobre redadas en tiempo real, organizar protestas frente a oficinas de ICE y otros puntos estratégicos, y conectar a personas migrantes con una red de abogados. Además, ha impulsado boicots contra empresas que colaboran con deportaciones. Uno de los casos más visibles fue el de la aerolínea Avelo, que a inicios de 2026 canceló su participación en vuelos de deportación en cuatro ciudades, incluida Mesa, Arizona. También han protestado contra tiendas como Home Depot, señaladas por facilitar operativos en lugares donde migrantes buscan trabajo.
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“Es el momento más peligroso en la historia moderna, después de la Segunda Guerra Mundial”, afirma Newkirk. Aunque Arizona ya había vivido episodios críticos —como la ley SB 1070 o el periodo del sheriff Joe Arpaio—, el activista sostiene que la actual ofensiva es inédita por su alcance nacional. Aun así, considera que los discursos de odio provienen de una minoría: “La mayoría en Arizona y en el país apoya la democracia y es proinmigrante. Cada vez más gente ve la violencia y los abusos del ICE y dice: basta”.
En la misma línea, la senadora mexicana Karina Ruiz, nacida en México y criada en Phoenix, advierte que el aumento del presupuesto al ICE y la falta de capacitación de sus agentes han derivado en violaciones sistemáticas a derechos humanos. “Hoy se prioriza cumplir cuotas. Hay un sistema que gana dinero con la detención de personas migrantes”, señala. Ruiz llama a documentar los abusos, mantener la protesta pacífica y avanzar hacia una reforma migratoria que regularice a trabajadores indispensables para la economía estadounidense, así como a abrir diálogos interparlamentarios entre México y Estados Unidos que coloquen los derechos humanos en el centro de la relación bilateral.
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En un supermercado en el este de Caracas hace unos días me enfrenté con un dilema: ¿cuánto estaría dispuesto a pagar por un kilo de manzanas?
Me pasó lo mismo cuando al tratar de adquirir mi desodorante habitual me di cuenta de que en la capital venezolana debía abandonar la fidelidad a un producto que he utilizado durante casi una década.
¿Por qué pagaría US$13 por un desodorante que en Londres cuesta 2,5 libras esterlinas (US$3,4)? ¿Y quién puede pagar en Venezuela US$10 por un kilo de manzanas?
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En mercados y comercios de Caracas, los precios suben con enorme rapidez en un contexto marcado por la inestabilidad política y cambiaria y en un país marcado desde hace años por la inflación.
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Afirma que a finales del año pasado costaba entre US$3,5 y US$4 el kilo, y hoy está en US$6.
“Cuesta casi el doble de repente”, se queja.
En el centro de Caracas se repite la historia. Con una gran cantidad de bolívares en la mano, que parecen mucho, pero en realidad valen poco, Yarilén, una pensionada de 55 años, afirma que además de la caída del poder adquisitivo, el volátil tipo de cambio es difícil de seguir en una economía que en los últimos años vivió una dolarización de facto.
“Un negocio cobra en bolívares y el siguiente en dólares. Tienes que hacer las cuentas todo el tiempo en tu cabeza”, explica.
Crecimiento moderado y alta inflación
La economía venezolana está siendo impactada de nuevo por la inestabilidad política, que tradicionalmente ha elevado el precio del dólar, además de por la incapacidad ahora de vender su petróleo libremente, su principal producto de exportación, debido a las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y al bloqueo marítimo que impide a Caracas colocar crudo en el mercado negro con ayuda de una “flota fantasma”, como solía hacerlo desde que se impusieron las primeras sanciones en 2017.
Según las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), publicadas en octubre, Venezuela cerró 2025 con una inflación de 548%.
La misma fuente preveía un crecimiento económico moderado de 0,5%, una cifra muy modesta considerando que el Producto Interno Bruto (PIB) del país es hoy casi un 80% menos al pico histórico de 2012 que logró impulsado por los altos precios del petróleo.
Estas proyecciones no tomaban en cuenta los eventos del 3 de enero, cuando el presidente Nicolás Maduro fue detenido y trasladado a una cárcel de Nueva York, donde se espera que enfrente a la justicia estadounidense por cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas.
Se espera una mejora de la situación
Ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegura que quiere controlar y vender el petróleo de Venezuela, país que tiene las mayores reservas de crudo del mundo.
Pero un gran número de venezolanos se opone a la idea.
“Este es un país rico en petróleo, oro y minerales (…) Que vengan de afuera a tomar el control es como que alguien entre en tu casa sin pedir permiso”, le dice a BBC Mundo Sandra, quien vende helados para mantener a su familia.
A ella también le ha afectado el bolsillo la inestabilidad del país, y asegura que el temor a nuevos episodios de violencia hace que los venezolanos sean aún más cautelosos con los gastos.
“La gente trabaja con miedo. A tempranas horas ya todos están en su casa”, añade. “Yo quiero un cambio para el país, pero no así”.
Según el economista Jesús Palacios, la economía venezolana se enfrenta a corto plazo a desafíos como la galopante inflación y la presión cambiaria.
“La pérdida de poder de compra ya se sintió en diciembre y eso repercute en un menor ritmo de crecimiento”, le dice el profesor de la UCAB a BBC Mundo.
Señala además que la escasez de divisas por las trabas a la exportación petrolera y la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo han empujado a muchos comercios a subir precios incluso en dólares, generando inflación también en moneda extranjera.
El tipo de cambio oficial establece que un dólar cuesta unos 330 bolívares. Pero el cambio paralelo es mucho mayor y es el que se usa muchas veces como referencia para marcar precios, lo que ha sido denunciado por el gobierno como una herramienta de distorsión y especulación.
Palacio advierte que si no hay un ajuste de precios a la baja en dólares, Venezuela podría convertirse en uno de los países más caros de la región, e incluso del mundo.
Pero añade que hay expectativas de que la situación mejore tras los acuerdos petroleros anunciados por Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez.
“Probablemente en un par de semanas empiece a notarse un flujo de caja importante”.
“Constantemente rebuscándose”
José Guerra, profesor de Economía de la Universidad Central de Venezuela, concuerda.
“Los anuncios del presidente Trump han logrado crear expectativas favorables: el dólar paralelo ha disminuido más del 40% desde el día 8 de enero, cuando se hizo el anuncio, hasta el día 13 de enero. Y la brecha cambiaria se ha ido reduciendo”, le dice a BBC Mundo.
Oficialmente, el salario mínimo en Venezuela está fijado en 130 bolívares, lo que equivale a menos de un dólar, pero ambos economistas explican que la remuneración real tiende a ser algo mayor.
“El gobierno otorga bonos que hacen que el salario promedio esté entre US$60 y US$70, algo aún muy por debajo de la canasta básica alimentaria, que para una familia de cuatro miembros estaba en US$470 por mes”, apunta Guerra, firme opositor al gobierno actual.
El economista Jesús Palacios añade que el venezolano común tiende a tener varios empleos y no depende tanto de su sueldo oficial, sino que busca actividades complementarias.
“Vende tortas, busca comprar algo y revenderlo. Está constantemente rebuscándose. Cerca del 60% de la población tiene actividades complementarias”.
Nadie en Venezuela quiere hablar abiertamente de la diferencia entre el bolívar oficial y el paralelo por miedo a repercusiones.
Pero es un tema que rige la economía actual.
Mientras tanto, la mayoría, vive buscando alternativas a productos básicos.
Pensativos, dan vueltas en los mercados de la capital venezolana comparando precios y preguntándose si pueden permitirse comprar lo que planeaban.
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