El régimen de excepción en El Salvador, instaurado por el presidente Nayib Bukele desde marzo de 2022, ha dejado hasta ahora al menos 72 mil detenciones arbitrarias y 185 muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, de acuerdo con los casos documentados por la asociación salvadoreña Cristosal.
Esto se da en un contexto en el que el estado de excepción ha dejado de ser una norma temporal para convertirse en una forma de gobernar permanente, y en la principal herramienta de seguridad del gobierno salvadoreño, acusaron el director ejecutivo y el abogado de la organización, que están en México para presentar la actualización de las estadísticas del informe “Un año bajo el régimen de excepción”.
La Asamblea Legislativa del país centroamericano ha aprobado ya 17 prórrogas a los decretos que determinan el régimen de excepción, mediante el que se suspende el derecho a recibir información sobre los motivos de las detenciones, así como los de no ser obligado a declarar y tener acceso inmediato a una defensa técnica.
Hoy, de facto, hay una suspensión permanente de esos derechos y garantías, así como del de presunción de inocencia y el de inviolabilidad de la morada.
Gobierno de El Salvador viola derechos en detenciones masivas, dice ONG
Esta medida, acusa Cristosal, está basada en la represión y ha derivado en capturas masivas sin investigación previa, así como violación sistemática y continua de los derechos fundamentales de las personas detenidas y sus familias.
“La aplicación de este régimen ha sido acompañada de una intensa campaña publicitaria extendida a nivel nacional e internacional que promueve la imagen del presidente Nayib Bukele a partir de la denominada ‘guerra contra las pandillas’, el supuesto desmontaje de estas estructuras y la disminución de los homicidios en el país”, señala la agrupación.
De acuerdo con David Morales, abogado de Cristosal, este supuesto no es verídico, pues no existe realmente una política de seguridad que explique una disminución de homicidios con el éxito sobre grupos delictivos. Al contrario, existe la presunción –documentada por investigaciones periodísticas en El Salvador– de que altos funcionarios de la administración de Bukele han negociado con liderazgos de pandillas.
Mientras tanto, el otro punto fuerte de la actual administración salvadoreña es su política comunicacional, que, con cargo al erario, consiste en la máxima publicidad del régimen no sólo mediante la captación de medios tradicionales, sino con la creación de nuevos medios totalmente afines al gobierno. A ello se suma, denunciaron, una estructura informal de cuentas de redes sociales que reaccionan con ataques masivos ante cualquier oposición o cuestionamiento al régimen de Bukele.
Características de detenciones arbitrarias y muertes bajo la custodia del Estado
Las decenas de miles de detenciones arbitrarias que ha contabilizado y documentado Cristosal a 18 meses del régimen de excepción en El Salvador muchas veces son resultado únicamente de poseer tatuajes –incluso si son artísticos–, vivir en zonas asediadas por pandillas, o incluso derivadas de llamadas anónimas de denuncia.
Además, las prácticas de tortura sistemática al interior de centros de reclusión son igualmente una constante. Mientras que apenas en marzo de este año, Cristosal documentaba 139 muertes bajo la custodia del Estado, para este septiembre ya han crecido a 185. La mayoría son personas jóvenes –entre 38 y 48– y pertenecientes a poblaciones en pobreza, comerciantes, agricultores, taxistas o albañiles.
Aunado a esto, Morales explicó que ni siquiera son los centros penitenciarios quienes avisan a la familia, sino que las funerarias han terminado haciendo esa labor. De acuerdo con lo documentado por Cristosal, muchas de estas personas han presentado laceraciones, hematomas, golpes, enfermedades de la piel y desnutrición.
Hacinamiento en cárceles y cooptación de tribunales, saldo del régimen de excepción
En los centros de reclusión se han registrado hacinamientos de más de 250 personas en lugares destinados a 70. Esto apoyado abiertamente por un discurso de Bukele que privilegia malos tratos y el otorgamiento de menos alimento del necesario a internos, recordó Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal.
El régimen de excepción, denunciaron los activistas, ha terminado por ser una medida permanente gracias a la toma total del Estado que ha logrado Bukele mediante una purga judicial y fiscal, la cooptación de tribunales estratégicos, y una política de opacidad que ha neutralizado el acceso a la información pública, la cual ahora está totalmente reservada.
A esto se suma que todos los juicios del régimen de excepción han quedado bajo resguardo y son llevados –a partir de casos sin pruebas– por jueces con menos experiencia que expiden sentencias colectivas, es decir, agrupan varios casos para establecer condenas de 20 a 40 años. Esto aunado a detenciones indefinidas que pueden durar más de tres años.
Este sistema judicial paralelo está permitiendo que continúen los abusos, señalaron los activistas. Denunciaron, además, el peligro de que otros países de Centroamérica ya hayan dado señales de tener intenciones de replicar ese régimen.
Hoy, en El Salvador hay 112 mil personas privadas de la libertad, una cifra que supera por 22 mil a las 90 mil que se contabilizan, por ejemplo, en Venezuela, mientras que el país centroamericano tiene apenas una tercera parte de la población que hay en este último.
Los activistas denunciaron que además de la arbitrariedad y la cooptación del sistema de justicia, se han detectado patrones como familias que denunciaron detenciones arbitrarias solo para ver cómo los soldados regresaban y capturaban a otros integrantes, o personas que han sido puestas en libertad, concluido el protocolo de salida y al final, esperadas por la policía en la puerta de los reclusorios para detenerlas de nuevo y procesarlas por organización terrorista.
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Las imágenes son desoladoras. Cadáveres abandonados en las calles, personas sacando cuerpos debajo de los escombros con sus propias manos.
Testigos directos del horror le dijeron a la BBC que barrios y edificios enteros fueron arrastrados al mar mientras la gente dormía.
Y ahora “el mar está devolviendo decenas de cadáveres”, relató Hichem Abu Chkiouat, ministro de Aviación Civil y miembro del Comité de Emergencia en el este de Libia.
Esa es la situación que se vive en la ciudad portuaria de Derna tras las inundaciones causadas por la tormenta Daniel que arrasaron el este del país dejando una estela de destrucción con miles de muertos y desaparecidos.
Familiares buscan desesperados a sus seres queridos con la esperanza de encontrarlos vivos o al menos identificar sus cuerpos para darles sepultura.
Mientras los equipos de emergencia continúan trabajando, en algunas zonas de la ciudad cuerpos envueltos en sábanas están siendo arrojados en fosas comunes.
El número de muertos que dejaron las inundaciones en el este de Libia sigue aumentando. Las autoridades dicen que se han encontrado más de 5.000 cadáveres solo en la ciudad de Derna, mientras que en los alrededores y en el resto del país ya se contabilizan decenas de miles desplazados.
Voluntarios han llegado a la zona para socorrer a los sobrevivientes
“Es un completo desastre. Estoy realmente en shock”, dijo un médico que viajó a Derna para tratar a los heridos.
“Como si hubiera caído una bomba nuclear”
El medio de comunicación local Derna Zoom publicó en la red social X (anteriormente Twitter) que una cuarta parte de la ciudad quedó “completamente aniquilada”.
“Es como si hubiera caído una bomba nuclear”, decía el mensaje.
Quienes han logrado comunicarse con familiares y amigos en la zona afectada están desconsolados.
La gente está viviendo el “día del juicio final”, le dijo a la BBC el periodista libio Johr Ali.
Un amigo encontró a su sobrino “muerto en la calle, arrojado por el agua desde su tejado”, relató el reportero.
Ali, que vive exiliado en Estambul debido a los ataques a periodistas en Libia, comentó que otro de sus amigos perdió a toda su familia en el desastre.
“Su madre, su padre, sus dos hermanos, su hermana Maryam, su esposa (…) y su pequeño hijo de 8 meses… Todos ellos murieron, toda su familia está muerta y él me pregunta qué debe hacer”.
En otro caso, Ali dijo que un sobreviviente le contó que había visto a “una mujer colgada de las farolas, porque las inundaciones se la llevaron”.
“Murió allí”, añadió Ali.
Las calles de Derna están cubiertas de barro y escombros y llenas de vehículos volcados.
“La gente escucha los llantos de los bebés bajo tierra y no saben cómo llegar hasta ellos”, relató el periodista.
“Parecía un tsunami”
El rescatista Kasim al Qatani le dijo a la BBC que no hay agua potable en Derna y que escasean los suministros médicos.
Agregó que el único hospital de Derna ya no podía recibir pacientes porque “hay más de 700 cadáveres esperando en el hospital y no es tan grande”.
Aunque la tragedia comenzó con las intensas lluvias causadas por la tormenta Daniel, testigos dijeron que la situación se salió de control cuando oyeron la explosión de una gran presa que terminó expulsando un gigantesco torrente de agua que “parecía un tsunami”.
La información disponible hasta ahora señala que las lluvias provocaron el colapso de dos represas en el río Derna, “que arrastraron barriadas enteras con sus residentes hasta el mar”, según explicó Ahmed Mismari, portavoz del Ejército Nacional Libio, que controla el este del país.
Además de Derna, también se han visto afectadas las ciudades de Bengasi, Susa y Al Marj, todas ellas en el este, así como Misrata, en el oeste, en medio de las peores inundaciones en las últimas cuatro décadas en el país.
Un país partido en dos
El médico libio Najib Tarhoni, que trabaja en un hospital cerca de Derna, pidió ayuda con urgencia.
“Tengo amigos aquí en el hospital que han perdido a la mayoría de sus familias… han perdido a todos”, le dijo a la BBC.
“Sólo necesitamos gente que entienda la situación: ayuda logística, perros que realmente puedan oler a la gente y sacarla de debajo de la tierra. Sólo necesitamos ayuda humanitaria, gente que realmente sepa lo que está haciendo”.
También existe una necesidad urgente de equipos forenses y de rescate especializados y otros dedicados a la recuperación de cadáveres, les dijo a los medios turcos el jefe del Sindicato de Médicos Libios, Mohammed al Ghoush.
Los esfuerzos de rescate se han visto complicados por el hecho de que Libia está dividida entre gobiernos rivales y el país lleva más de una década de conflicto.
La lucha entre facciones ha llevado al abandono de la infraestructura y ha dado lugar a una pobreza generalizada en un país con pocos recursos y experiencia para enfrentar este tipo de catástrofes.
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