El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Kevin McCarthy, anunció este martes la apertura de una investigación de cara a un juicio político contra Joe Biden por supuesta corrupción.
“Estoy pidiendo a un comité de la cámara que abra una investigación formal de impeachment”, dijo el congresista republicano, que considera que el líder demócrata ha “mentido” al pueblo estadounidense.
Para la Casa Blanca este proceso es “política extrema en su peor versión”.
Cultura de la corrupción
La Constitución estadounidense establece que el Congreso puede destituir al presidente por “traición, soborno u otros delitos graves y faltas”.
Los republicanos de la Cámara de Representantes, que ostentan la mayoría desde enero, están llevando a cabo una serie de investigaciones parlamentarias sobre los asuntos de Hunter Biden, el hijo menor del presidente.
Los legisladores republicanos dicen han “identificado acusaciones graves y creíbles sobre la conducta del presidente Biden”, declaró McCarthy, acusando al demócrata de alimentar una “cultura de la corrupción”.
Asimismo, aseguró que el mandatario “mintió al pueblo estadounidense sobre lo que sabía sobre los negocios de su familia en el extranjero”.
No obstante, por el momento esta investigación no tiene prácticamente ninguna posibilidad de conducir a la destitución de Biden, ya que los demócratas tienen la mayoría de escaños del Senado, la cámara encargada de juzgar a los presidentes.
Te puede interesar: Hunter Biden, hijo del presidente de EU, se declara culpable de evasión y posesión de arma
Hunter, hijo de los problemas
Hunter, exempresario de 53 años, se ha convertido en el blanco favorito de la derecha estadounidense.
Los representantes republicanos le acusan de haber hecho negocios en Ucrania y China ayudado por los contactos y el nombre de su padre, entonces vicepresidente de Barack Obama (2009-2017).
Biden siempre ha apoyado públicamente a su hijo, que tiene un historial de adicciones a las drogas y problemas con la justicia.
La apertura de un procedimiento de ‘impeachment’ es reclamada desde hace meses por el ala trumpista del Partido Republicano, con la que McCarthy tuvo que hacer numerosos compromisos para acceder al poder en enero.
Sin embargo, varios legisladores republicanos moderados se oponen a esta investigación por temor a transformar el procedimiento en un ejercicio puramente partidario.
La investigación estará dirigida por James Comer, jefe del comité de investigación de la Cámara, y Jim Jordan, jefe del comité judicial. Ambos hombres son aliados políticos de McCarthy.
Johnson, Clinton y Trump
Los demócratas responden que estos esfuerzos de la derecha no son más que cortinas de humo utilizadas para ocultar los problemas legales que se le acumulan a Trump, inculpado penalmente cuatro veces en menos de seis meses.
La Casa Blanca salió al paso de las declaraciones de McCarthy. “La Cámara de Representantes ha investigado al presidente durante nueve meses y no han encontrado ninguna prueba de irregularidades”, dijo Ian Sams, portavoz gubernamental para supervisión e investigaciones, en X.
La apertura de esta investigación es “política extrema en su peor versión”, añadió.
Hasta ahora, nunca un presidente ha sido destituido en un juicio político en la historia de Estados Unidos.
Tres fueron acusados: Andrew Johnson en 1868, Bill Clinton en 1998 y Trump en 2019 y 2021. Pero todos fueron finalmente absueltos.
Richard Nixon prefirió dimitir en 1974 para evitar una destitución segura por parte del Congreso a causa del escándalo Watergate.
Relacionado
La desarticulación de una red que traficaba con cubanos para que lucharan con el ejército ruso en Ucrania se ha saldado, por el momento, con la detención de 17 personas en la isla, según han informado medios oficiales.
La red prometía empleo y un sueldo sustancial en Rusia a los reclutados.
Dos jóvenes denunciaron la semana pasada haber viajado engañados, pensando que iban a trabajar en la construcción.
De los arrestados, hasta el momento, tres eran miembros del esquema de reclutamiento dentro de la isla, que era dirigido desde el exterior, según señalaron especialistas de la Dirección General de Investigación Criminal del Ministerio del Interior al diario digital “Cuba Debate”.
Los otros 14 aseguraron haberse sumado de forma voluntaria a la operación, a cambio de obtener la residencia en Rusia y de una importante remuneración económica.
Sus confesiones, además de la intervención de las comunicaciones de la cabecilla del grupo a nivel interno con el resto de implicados, han permitido a los investigadores conocer cómo operaba el grupo y recabar, según el medio oficial, las pruebas penales contra los detenidos.
Al parecer, los reclutadores buscaban especialmente personas que tuvieran antecedentes penales o que pertenecieran a familias disfuncionales.
La red también buscaba mercenarios entre los cubanos radicados en Rusia, donde existe una creciente comunidad. Debido a que Moscú no exige visado a los nacionales de Cuba, se calcula que, solo en 2019, 28.000 cubanos ingresaron en Rusia, aunque no está claro cuántos decidieron quedarse.
Por el momento se desconoce los delitos de los que se acusa a los 17 detenidos, aunque según “Cuba Debate”, el marco legislativo cubano establece sanciones severas para delitos como la trata, el tráfico y el mercenarismo.
Cuba, aliada de Moscú, no ha ocultado su apoyo político a Rusia en su guerra en Ucrania, según analiza Pascal Fletcher, de BBC Monitoring. Rusia es un importante socio comercial para la isla y, desde el inicio de la invasión, los medios oficialistas y el ejecutivo han defendido el relato ruso del conflicto.
“Mercenarios”
Varios medios en Miami, donde se encuentra gran parte del exilio cubano, habían informado de la presencia de mercenarios cubanos que luchaban en Ucrania en las filas rusas, y el pasado mayo se conoció que varios cubanos residentes en Rusia se habían inscrito en el ejército de ese país, según desveló el portal de noticias ruso “Ryazan Gazette”.
De acuerdo con el medio ruso, los cubanos iban a recibir un pago único de cerca de US$5.000.
Según explica Fletcher, el gobierno de Cuba prefiere utilizar el término “mercenarios” para condenar a los disidentes internos y a los activistas antigubernamentales que, según afirma, están financiados por el gobierno de Estados Unidos, “por lo que escuchar a los medios cubanos en el exilio acusar a Rusia de utilizar a los cubanos como ‘mercenarios’ y ‘carne de cañón’ en Ucrania es un anatema para las autoridades cubanas”.
En un comunicado, el gobierno de La Habana ha querido dejar claro que “Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania”, y que “está actuando y actuará de manera enérgica contra quien, desde el territorio nacional, participe en cualquier forma de trata de personas con fines de reclutamiento o mercenarismo para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país”.
El pasado 1 de septiembre, dos jóvenes cubanos, Andorf Velázquez García y Alex Vegas Díaz, denunciaron en redes sociales que fueron llevados a Rusia mediante engaños.
Ambos jóvenes aseguraron que habían sido llevados desde Cuba hasta Rusia con la promesa de trabajar como albañiles de construcción, pero una vez allá fueron llevados a las zonas de reclutamiento militar.
“Nos hicieron firmar unos documentos y nos prometieron un sueldo y comida a cambio de un trabajo, pero la verdad es que nos están llevando a trabajar en la zona de guerra”, dijo Velázquez a la cadena de televisión América TeVe.
Apenas cuatro días después, el gobierno de Cuba anunciaba la desmantelación de una banda de tráfico de personas “que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania”, según comunicó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.
