El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó diversas denuncias ciudadanas presentadas en contra de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, con la que buscaban que recibiera una sanción administrativa por el presunto plagio de sus tesis de licenciatura.
Por unanimidad de votos, el Máximo Tribunal del país estableció que las y los ministros no pueden ser sancionados por responsabilidad administrativa, debido a que no existe un marco legal que lo permita, razón por la cual concluyeron que no cuentan con facultades para investigar ni sancionar a una ministra.
De esta forma, la ministra Esquivel Mossa, que actualmente compite en la elección judicial para repetir cargo dentro de la Corte y que incluso busca ganar la presidencia de ésta, logró esquivar uno de los últimos recursos que tenía abiertos en su contra.
El 21 de diciembre de 2022, el académico de la UNAM, Guillermo Sheridan dio a conocer que Esquivel Mossa, quien en ese entonces aspiraba también a presidir la Suprema Corte, había cometido un supuesto plagio en sus tesis de licenciatura de la UNAM, según lo aseguró en un artículo publicado en el portal de noticias Latinus.
A raíz de esta revelación y luego de diversos procedimientos en la UNAM, en junio de 2023 el Comité Universitario de Ética (Cuética) aseguró haber concluido el análisis de las tesis de la ministra Esquivel y del exalumno Ulises Báez y estar en “posibilidad de presentar un extenso y cuidadoso dictamen de naturaleza ética y técnico académica” del asunto.
La ministra Esquivel rechazó en múltiples ocasiones las acusaciones en su contra, presentando para ello cartas escritas a su favor por parte de personajes involucrados en su proceso de titulación, aunque aseguró que quedaría atenta a la determinación de la UNAM.
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Pese a lo anterior, su equipo legal comenzó a presentar una serie de amparos y recursos judiciales para impedir que la resolución del Cuética se diera a conocer, bloqueando de esta forma que se pueda conocer la determinación de la Máxima Casa de Estudios del país hasta el día de hoy.
Por este motivo, a principios de 2023, un grupo de ciudadanos acudió a la Suprema Corte para presentar diversas denuncias en contra de la ministra Esquivel con la intención de que la Suprema Corte pudiera fincarle responsabilidades administrativas por el presunto plagio.
Ante la falta de claridad del marco jurídico a seguir, la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) pidió a la presidenta Norma Piña hacer una consulta sobre este tema a las y los ministros de la Corte para saber qué camino seguir.
El asunto fue turnado a la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, a través de la cual finalmente resolvieron que la Corte no puede seguir aplicando un Acuerdo General que aprobó en 2005, que establecía que para atender quejas y denuncias contra los ministros había atribuciones del Pleno para sancionarlos.
El asunto fue discutido en sesión privada desde el pasado 3 de marzo de 2025; sin embargo, no fue hasta el día de hoy que se notificó sobre la resolución en la Corte.
En ella también se especifica que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tampoco podrá acusar de responsabilidades administrativas a integrantes de la Corte, ya que la Constitución solo permite que sean removidos de sus cargos por juicio político o por juicio de procedencia para ser acusados penalmente por algún delito.
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