
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó este martes que la explosión de un vehículo ocurrida el fin de semana en Coahuayana, Michoacán, frente a instalaciones de la Policía Comunitaria no corresponde a un “coche bomba”, y que forma parte de una disputa entre grupos del crimen organizado que operan en esa región.
Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el tema fue planteado por la prensa al preguntar si la explosión podía interpretarse como una afrenta directa del crimen organizado por el Plan Michoacán y en un contexto que coincidió con la celebración por los siete años de la 4T.

Sheinbaum pidió entonces a García Harfuch exponer el contexto en la entidad, señalando que su gobierno no vinculaba el hecho con un ataque al gobierno federal o al festejo oficial que se realizó ese mismo fin de semana en la Ciudad de México.
García Harfuch afirmó que la zona ya había registrado otros incidentes con explosivos, y agregó: “Este es una pugna entre un grupo afín al Cártel Jalisco Nueva Generación y a otro grupo que son Cárteles Unidos”, dijo.
Detalló que el hecho fue una confrontación directa entre liderazgos delictivos locales: “Una pugna de dos personas líderes que están en la zona, muy específicos, que fue una pugna entre ellos, fue un ataque directo a la Policía Comunitaria que está vinculada con uno de estos líderes”.
García Harfuch insistió en que los peritajes deberán clarificar el mecanismo exacto de la explosión, pero recalcó que no corresponde a un coche bomba abandonado. Subrayó: “Tomemos en cuenta que donde explota la camioneta arriba iban dos personas, arriba de la camioneta”.
Añadió que la Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación y que esto permitirá ampliar las líneas indagatorias: “Entonces también ahorita, ya que lo atrajo la Fiscalía General de la República, se abren nuevas líneas de investigación, se van a hacer otros peritajes para determinar exactamente qué pasó, porque no fue un vehículo, digamos, un coche bomba que hayan dejado y que después haya detonado, sino que hay conductores, hay un conductor y una persona adicional que ingresan, llegan, se estacionan y el vehículo es cuando explota”.
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Las declaraciones federales se dan un día después de que el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, calificara como “especulación” atribuir el ataque a una respuesta del crimen organizado por la implementación del Plan Michoacán.
“Sería especular, es una especulación”, respondió el morenista cuando se le preguntó si el hecho estaba relacionado con la estrategia de seguridad estatal. Señaló que la Fiscalía General de la República atrajo el caso por el uso de explosivos, y que había equipos especializados tanto estatales como federales trabajando en el sitio.
Ramírez Bedolla informó que hasta el momento se tenían cinco personas fallecidas y siete lesionadas, y que “no hubo víctimas civiles”. Agregó que el Congreso de Michoacán aprobó un aumento de mil 450 millones de pesos para fortalecer instancias de seguridad estatales, incluida la fiscalía y los Centros de Reinserción Social.
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Este lunes, la presidenta Sheinbaum había sido cuestionada sobre la decisión de la FGR de reclasificar la investigación del delito de terrorismo a delincuencia organizada. La Fiscalía había informado el 6 de diciembre que abrió una indagatoria “derivado de la utilización de explosivos para atentar contra elementos de la policía comunal del municipio de Coahuayana”.
Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR justificar su determinación: “Fue la fiscalía, tiene que explicar la fiscalía también y todo tiene que ver (…) muy claramente cómo se clasifica un delito de terrorismo en México, qué quiere decir en términos del Código Penal o delincuencia organizada y saber exactamente qué pasó”.
Insistió en que la investigación debe esclarecer tanto las causas como la clasificación jurídica: “Es importante que se haga una investigación, y a partir de la investigación también catalogar el delito y que todo el mundo sepamos qué pasó, cuál fue la causa, quiénes son los responsables y que la fiscalía haga su parte en la investigación”.